“Cada vez que el Estado intervino, terminó mal”, resumió una importante fuente de Casa Rosada luego de que el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, advirtiera que la morosidad familiar se convirtió en un tema de debate público, y pidiera que el Gobierno no tenga “una mirada superficial”. Esta tarde, representantes de la administración libertaria esperan poder hablarlo cara a cara en el marco de la reunión por la organización de la visita del Papa León XIV.

Mientras crecen los cuestionamientos, el Poder Ejecutivo asegura que comenzó a detectar, en las últimas semanas, señales que, según su evaluación, indican que el aumento de la morosidad habría alcanzado un pico y empezaría a revertirse. Los primeros indicadores de agosto muestran una mejora en los atrasos tempranos, especialmente en las tarjetas de crédito.

Con esos datos, el equipo económico ratifica la decisión de no avanzar con una intervención general sobre el mercado y dejar que las entidades financieras administren y refinancien las deudas de sus clientes.

Una de las estadísticas que alimentan esa evaluación es la evolución de la denominada “premora” de las tarjetas de crédito, es decir, los atrasos iniciales que pueden anticipar un deterioro posterior de la cartera. En julio, el registro era de 57.306 casos con 30 días de atraso, mientras que en agosto la cifra descendió a 44.708. Son 12.598 casos menos en apenas un mes, una caída del 21,9%. Según los datos disponibles, la reducción se produjo además de manera generalizada entre los distintos grupos comparables.

El Banco Nación desplegó durante el año un proceso de refinanciación que el Gobierno exhibe como ejemplo de la estrategia que pretende aplicar: atender las dificultades de los deudores caso por caso, sin modificar las reglas generales del sistema financiero. Desde comienzos de 2026, la entidad concretó 102.505 operaciones correspondientes a 89.608 clientes, por un monto total de $476.300 millones. El ticket promedio alcanzó los $4,6 millones.

La magnitud de las cifras permite dimensionar las dificultades que enfrentó una parte de los tomadores de crédito y muestra, al mismo tiempo, el mecanismo elegido para atenderlas: renegociar plazos y condiciones antes que recurrir a una medida general para el sistema financiero.

Del total refinanciado por la entidad, 64.249 operaciones correspondieron a usuarios que ya se encontraban en mora, por $322.600 millones. Otras 36.424 fueron refinanciaciones de tarjetas de crédito en premora, por $129.600 millones, mientras que 1.832 operaciones por $24.100 millones correspondieron a otros casos de premora.

Además, la entidad habilitó diferentes instrumentos para sus clientes, que incluyen la consolidación y unificación de deudas, regularización de obligaciones en situación irregular y planes específicos para saldos impagos de tarjetas de crédito.

En el caso de las tarjetas, los clientes con atrasos de hasta 90 días pueden refinanciar saldos de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una tasa nominal anual del 35%. Para demoras superiores existen alternativas de hasta 96 meses.

Asimismo, para otras deudas, el Nación ofrece esquemas que pueden extenderse hasta 120 meses y, en determinados casos, alcanzar los $100 millones. El Gobierno apuesta así a facilitar mecanismos de regularización individual sin modificar las reglas generales del crédito. La caída de casi 22% registrada en la premora durante agosto aparece, por ahora, como la primera señal relevante para sostener esa decisión.

La morosidad familiar, sin embargo, tomó relevancia en la agenda pública durante los últimos días y, luego de que el Poder Ejecutivo negara la existencia de una crisis, la Iglesia planteó la necesidad de encontrar “alguna solución”.

Durante la última reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei habló del tema y aseguró que las estadísticas muestran una tendencia descendente en los indicadores que despiertan preocupación. “Los indicadores no reflejan una situación de crisis”, fue el mensaje que dio ante los ministros y secretarios bajo la instrucción de defender mediáticamente el programa económico. La misma indicación impartió en la reunión con diputados y senadores que tuvo lugar el pasado martes en la Casa Rosada.

En sintonía con la línea discursiva del libertario, distintos representantes de la administración libertaria culpan a la oposición por la trascendencia que adoptó la temática. “¿Crisis terminal? Es una crisis infligida en gran parte por la política y la especulación”, sentenció un integrante de la mesa política ante Infobae.

En la habitual conferencia de prensa de los martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó que se esté pensando en medidas para rescatar a los morosos, aunque en la cúpula del poder existe una coincidencia en torno a que el Costo Financiero Total (CFT), el porcentaje que refleja el costo real y completo de un préstamo o de una compra en cuotas, debe tener mayor visibilidad para los usuarios.

Sin embargo, según supo este medio de fuentes del reducido círculo que designó el mandatario, la problemática volverá a ser abordada este martes en la reunión de Gabinete prevista para las 10. Hay quienes detectan una alarma en la profundización de los números que reflejan el deterioro acelerado de la capacidad de pago de los hogares.

“Es un tema que no domino, pero me estuvieron explicando y resulta muy sencillo acceder al crédito, pero las tasas son demasiado elevadas. Es un problema”, planteó un funcionario al referirse a una de las principales billeteras virtuales.

Al respecto, la consultora 1816 reflejó que, en base a los datos del Banco Central (BCRA), la morosidad total del sector privado no financiero subió de 7,63% en junio a 7,73% el mes pasado, y los atrasos de más de 90 días en el segmento de préstamos a hogares aumentaron de 12,77% a 12,94%.

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