Después de un mes de que el Gobierno consiguiera media sanción de la Cámara de diputados sobre el proyecto de ley Hojarasca, esta madrugada se publicó en Boletín Oficial una medida que elimina más de 15 normas vinculadas al comercio y la industria que habían perdido sustento legal.

La decisión se conoció mediante la resolución 12/2026 firmada por el secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín Lavigne, en donde explicaron los motivos por los cuales se tomó la decisión.

Según manifestó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, tras el proceso de desregulación impulsado por la cartera que conduce Federico Sturzenegger desde que Javier Milei asumió su mandato, decidieron actuar en concordancia y derogaron normas estructurales, entre ellas la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley del Observatorio de Precios.

“En su espíritu de modernización y simplificación del marco regulatorio, se han derogado una serie de normativas que regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros”. De esta manera el Gobierno explicó la medida.

La resolución se apoya en la Ley de Bases (N° 27.742) y en el Decreto N° 70/2023 a partir de las cuales se eliminaron dichos marcos legales, por lo que las resoluciones y disposiciones que los reglamentaban quedaron sin objeto ni sustento jurídico. El texto oficial señaló que la acumulación de normas generó “superposición, desactualización y dispersión”. Además “deviene pertinente mantener una revisión integral continua de la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación”.

El listado de normas derogadas abarca resoluciones dictadas entre 2006 y 2025 por distintas secretarías, las cuales “resulta necesario formalizar la eliminación, habiendo sido dictados al amparo de los citados marcos jurídicos, han perdido su objeto y aplicabilidad”, explicaron.

Las principales resoluciones con sus modificatorias, son:

• La N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior, junto a sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos.
• 426/2022 y 296/2023, vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.
• 22/2006, 178/2007 y 167/2008, procedentes del ex Ministerio de Economía y Producción.
• La N° 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictada al amparo del Decreto N° 787/2025 que eliminó la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
• 82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
• La disposición N° 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
• 282/2021 y sus 21 modificatorias, que regulaban programas de fomento al consumo cuya vigencia venció sin prórroga.
• Las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022 con su modificatoria N° 148/2022, ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino
• 254/2019 y 43/2022 vinculadas a procedimientos de autorización para la importación de mercancías.

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La medida se inscribe en el mismo espíritu que la “Ley Hojarasca”, aunque opera por un carril diferente. Mientras la reciente resolución actúa en el plano administrativo, sin necesidad de intervención parlamentaria, la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta transita el Congreso y apunta a eliminar normas de rango legal.

El 20 de mayo pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Esta iniciativa busca derogar 58 leyes, modifica artículos de otras 8 y elimina 2 decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales”, y aguarda tratamiento en el Senado.

Los argumentos que sostienen ambas iniciativas son bastante parecidos. El texto oficial publicado hoy advierte que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes”, lo que “trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.

Respecto al debate sobre el primero de los objetivos sostienen que está orientado a “ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales” y que afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

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