POLITICA
El Gobierno busca avanzar con nuevos pliegos judiciales en el Senado, pero el PJ rechaza a un camarista laboral

Siete candidatos pasarán por la Comisión de Acuerdos del Senado, que encabeza el libertario Juan Carlos Pagotto, para defender sus postulaciones al Poder Judicial. Varios de ellos buscan extender su vínculo con la Justicia luego de haber alcanzado el límite de 75 años de edad.
Se da luego de la sesión de la semana pasada, en donde se aprobaron 74 pliegos, incluido el de María Verónica Michelli, pese a que Javier Milei quería retirarlo.
Entre los postulantes está Leopoldo Jorge Rago Gallo, actual juez federal de San Juan, propuesto para continuar por otros cinco años al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de esa provincia. En una situación similar se encuentra Víctor Arturo Pesino, cuyo pliego es uno de los más cuestionados: el Poder Ejecutivo propuso extender su nombramiento como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.
Los otros cargos corresponden a María Claudia Jueguen, postulada como vocal de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Marina Edith Pisacco, propuesta para la Sala VI; Diego Javier Tula, para la Sala II; Diego Fernando Manauta, para la Sala V; y Claudio Fabián Loguarro, también propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Cuestionamientos a Pesino
La bancada justicialista, que lidera José Mayans, cuestiona el pliego de Víctor Pesino por su actuación en causas laborales sensibles. Uno de los planteos apunta a su rechazo a las presentaciones contra la reforma laboral impulsadas, en primer término, por la Confederación General del Trabajo (CGT). También lo cuestionan por la anulación de las elecciones del gremio de la UOM y el posterior dictado de la intervención del sindicato.
En el bloque de Mayans, tras reunirse con el desplazado secretario general de la UOM, Abel Furlán, señalaron: “Este ataque contra la UOM está claramente alineado con las políticas de industricidio desplegadas por la administración de Javier Milei, ya que en lo que va del actual gobierno se perdieron 25 mil puestos de trabajo en el sector y el poder adquisitivo del salario de los metalúrgicos se redujo en el orden del 20%”.
Pesino fue uno de los camaristas que firmó la intervención de la UOM y también integró el tribunal que rechazó el planteo de la CGT contra la reforma laboral. Para varios de los participantes de la reunión con Furlán, esas decisiones expusieron un presunto intercambio de favores entre el postulante y la administración central.
En ese encuentro, además, se sostuvo que “la medida judicial busca disciplinar y castigar a la conducción de la UOM por ser uno de los gremios que más viene enfrentando las políticas de ajuste y de destrucción de la industria promovidas desde el Poder Ejecutivo”.

La Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), que encabeza Matías Cremonte, también cuestionó el envío del pliego de Pesino al Senado. “El juez Pesino, luego de hacerle un gran favor al Gobierno del presidente Javier Milei al poner en vigencia la reforma laboral, pide al Senado la prórroga de su mandato. La abogacía laboralista en unidad les pide a las y los senadores que, por el bien de la Justicia, rechacen ese pedido”, señalaron desde la entidad.
Pesino integra la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y, como alcanzó los 75 años, su continuidad requiere un nuevo acuerdo del Senado. Ese trámite es resistido por asociaciones de abogados laboralistas y por sectores sindicales.
Otra de las observaciones al pliego fue presentada por el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart, quien cuestionó la actuación de Pesino en una causa de un trabajador de 65 años, trasplantado renal, portador de sarcoma de Kaposi e internado de urgencia con tres stents mientras esperaba sentencia.
Según la denuncia, el magistrado tardó 18 meses en resolver el expediente sin solicitar la autorización de su superior, como exige el Reglamento para la Justicia Nacional. La sentencia que finalmente dictó fue confusa y derivó en que ambas partes pidieran aclaratorias el mismo día para saber qué había resuelto el tribunal.
Los considerandos del fallo proponían declarar válido el acuerdo indemnizatorio objetado por el trabajador tras su despido. Sin embargo, la parte resolutiva confirmaba la sentencia de primera instancia que lo había declarado nulo. Es decir, los fundamentos decían una cosa y el dispositivo, otra.
El fiscal general interino propuso declarar la nulidad de todo lo actuado y Pesino terminó firmando la nulidad de su propio fallo. El trabajador lleva nueve años desde el despido sin sentencia firme.
Reclamos gremiales
Mientras se realizan las audiencias en el Senado, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato, realizará este martes 9 de junio un paro en el Fuero Nacional del Trabajo y una movilización en defensa de esa jurisdicción.
La medida forma parte del plan de lucha contra el proyecto de transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno podría avanzar en los próximos días con el traspaso del fuero del trabajo de la órbita nacional a la porteña.
Desde la UEJN sostienen que la Justicia Laboral cumple un rol central en la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores. Además, advierten sobre las consecuencias institucionales que, a su entender, podría generar la concreción de la transferencia.
Pliegos sin dictamen
Pagotto todavía no logró construir las mayorías necesarias para que otros pliegos, aún frenados en la Comisión de Acuerdos, consigan las firmas suficientes para llegar al recinto. Se necesitan al menos nueve firmas.
Entre ellos están los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Ambos magistrados cosecharon ocho firmas y están a una de alcanzar la mayoría requerida para que sus nombramientos queden en condiciones de ser tratados por el pleno del Senado.
En una situación más compleja aparece el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuestionado por la UCR y el PRO por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima. Su designación consiguió apenas tres firmas.
jueces, comisión de acuerdos, Senado
POLITICA
“Fue peor de lo esperado, qué va a decir”: Milei persiste en el silencio ante las derrotas de Trump y Bolsonaro

Javier Milei eligió el silencio como respuesta ante dos reveses electorales claves en su entramado internacional: el de Brasil, con el triunfo de Luiz Inacio “Lula” Da Silva, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento, y el de Estados Unidos, con la derrota de los republicanos, en las elecciones de medio término, en lo que significó una durísima derrota para Donald Trump, con quien mantiene un fuerte alineamiento.
En el caso de Lula, se trata de uno de los mayores enemigos de Milei, en la percepción del Gobierno argentino, a tal punto que se registró un cruce de acusaciones con consecuencias diplomáticas por el retiro de los embajadores. La derrota de Flavio Bolsonaro, el aliado natural de Milei, en el balotaje de hace dos semanas sumió al Presidente en el mutismo.
Desde esa elección, el 25 de octubre, Milei no se expidió sobre el tema, pese a que sí lo había lo había hecho en la primera vuelta, donde Bolsonaro se impuso sobre Lula. E incluso llevó el tema a la reunión de Gabinete del día siguiente a ese triunfo, a diferencia de lo que sucedió después. Fue el único mandatario de la región que no reconoció la victoria del líder del PT.
En el caso de Trump, se trata de una referencia vital para el presidente argentino, ya que incluso recibió un salvataje financiero desde Estados Unidos en septiembre del 2025, luego de la derrota del oficialismo en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires.
El resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos fue devastador para los republicanos y también para los libertarios en la Argentina, puesto que supieron subirse a su triunfo en 2024, cuando la mayor parte de los funcionarios fueron el día después del triunfo de Trump a trabajar con corbatas coloradas, en un guiño al color de ese partido.
Lejos de aquella oportunidad, las elecciones modificaron el mapa político de Estados Unidos, los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, conquistaron al menos siete bancas en la Cámara alta y lograron victorias inesperadas en estados considerados durante décadas bastiones conservadores.
En el Gobierno reconocen que sabían que las chances no eran buenas para los republicanos, pero admiten que no imaginaron la dimensión que terminó teniendo la derrota. La perplejidad era palpable en las redes, principal arena de los libertarios, con Milei a la cabeza. “Fue peor de lo esperado, qué va a decir”, se sinceró un funcionario.
¿Se verá con Lula?
Milei volvería a verse las caras con Lula el próximo 4 de diciembre de Montevideo, en la cumbre del Mercosur. El mandatario estaba de viaje en España cuando se conoció el resultado que complica los próximos dos años de la gestión de Trump y una eventual nueva ayuda a Estados Unidos.
Las de Estados Unidos fueron las últimas de una secuencia de tres elecciones que en la Casa Rosada miraban con atención: las otras eran la de Brasil, donde aspiraban a que llegara Bolsonaro y consolidar el bloque de derecha en la región; y la de Israel.
La tercera tuvo que ver con el escenario electoral en Israel, el otro país con el que junto a Estados Unidos, Milei muestra un total alineamiento. Y en el que, a diferencia de los dos casos anteriores, el mandatario se expresó públicamente, aunque ahora, ante la dificultad de Benjamín Netanyahu, para formar gobierno, pareció quedar en offside con su felicitación.
“Felicitaciones, querido amigo Netanyahu por la gran elección del Likud, que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra”, sostuvo Milei, a lo que agregó: “La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales.
Milei incluso, luego de eso, volvió sobre el tema durante una entrega de premios. Sin embargo, la felicitación pareció prematura, a la vista de que la la posición de Netanyahu en la batalla postelectoral para mantenerse como primer ministro de Israel se debilitó este jueves, después de que un partido judío ultraortodoxo se negara a apoyar a ningún candidato y una formación liderada por árabes respaldara a su principal oponente.
“El Gobierno tomó nota del resultado electoral en Brasil”, afirmó el portavoz Adrián Ravier, como todo reconocimiento del Gobierno a la reelección de Lula. Quien lo felicitó fue Patricia Bullrich, que volvió a diferenciarse de Milei, en pleno desmarque que cada vez suma más tensión en el oficialismo.
En el contexto de silencio público por el resultado estadounidense, más allá de la sorpresa por la contundencia del resultado, en el Gobierno hay una confianza en que el vínculo bilateral seguirá como hasta ahora, incluida una eventual ayuda financiera, en caso de necesitarla, para asegurar la reelección del Presidente.
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La Corte Suprema frenó la unificación de las causas de la AFA para que no sean investigadas por el juez cercano a Chiqui Tapia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló este jueves en contra de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en dos frentes. En materia civil, dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había dado por cancelada la inscripción de la entidad en el registro de la Inspección General de Justicia (IGJ) y, con ello, había obstaculizado la fiscalización nacional y la intervención en grado de veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia.
En materia penal, rechazó la pretensión de unificar en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, las denuncias por administración fraudulenta y lavado de activos contra la cúpula de la AFA y el empresario Javier Faroni.
En el conflicto por el cambio de domicilio, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron arbitrario el fallo de la Sala D de la Cámara Civil.
El conflicto se originó en la asamblea del 17 de octubre de 2024, cuando la AFA aprobó por unanimidad modificar su estatuto para establecer que “el domicilio social de la AFA se encuentre en la Provincia de Buenos Aires”. Esa decisión abrió el trámite para abandonar la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y pasar a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
La IGJ, sin embargo, rechazó la inscripción del cambio y la cancelación de la inscripción nacional, tras inspecciones en la sede declarada en Pilar por supuestas “graves irregularidades”.
La IGJ sigue al frente del control
En este expediente, la Cámara había anulado la resolución 140/2026 de la IGJ y, en consecuencia, la resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia que disponía la veeduría por 180 días hábiles.
La Corte revocó esa decisión. Señaló que “no existe, ni puede existir, fiscalización concomitante alguna” y que el trámite de cambio de domicilio exige la cancelación registral del domicilio anterior, aprobada por el órgano de control de origen. “Mientras ello no ocurra, la entidad queda sujeta a la fiscalización del órgano correspondiente a la jurisdicción de origen”, precisó.
Por lo tanto, la IGJ conserva aún las facultades de fiscalización que la ley prevé sobre la AFA.
En contra de la acumulación de causas
La Corte también rechazó que una causa por administración fraudulenta, radicada por el empresario Guillermo Tofoni, de World Eleven, se unifique con una investigación por lavado de activos que tramita en el juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.
El expediente permanecerá en el juzgado nacional en lo criminal y correccional a cargo de Paula Petazzi.
POLITICA
La Corte rechazó un planteo de Alberto Fernández para cambiar de fuero en la causa de violencia de género contra Fabiola Yañez

La Corte Suprema de Justicia rechazó la pretensión del expresidente Alberto Fernández para llevar a la justicia de la Ciudad la causa en que está procesado por violencia de género en contra de su exmujer Fabiola Yañez, actualmente en trámite en la justicia federal.
En sintonía con la opinión del procurador general Eduardo Casal, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que debe intervenir en la causa el juzgado federal 10.
Se trata de la respuesta a la decisión que, a pedido de la defensa de Alberto Fernández, había tomado hace un año la Cámara de Casación Contravencional y de Faltas de la justicia porteña para quedarse con la causa por violencia de género, amenazas y lesiones que radicó Fabiola Yañez.
La causa contra el expresidente se inició a raíz de chats telefónicos y fotos de Yañez que aparecían en el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández María Cantero.
Esos mensajes fueron detectados en una causa donde se investiga al expresidente, a su exsecretaria y su marido, Héctor Martínez Sosa, y distintos empresarios por presunta corrupción en el negocio de los seguros.
En ese contexto, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González abrieron una investigación en donde Yañez terminó denunciando abusos y lesiones.
En distintos tramos de la causa, la defensa de Fernández cuestionó la competencia de los jueces federales de Comodoro Py 2002 para investigarlo.
Primero buscó que el caso pasara a la justicia de San Isidro, porque los hechos habrían ocurrido cuando compartían la residencia de Olivos y, luego, al fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires.
Alberto Fernández radicó una denuncia en un juzgado porteño por presunto “hostigamiento” de Yañez hacia él, desde España.
En octubre del 2025, la Cámara de Casación en lo Contravencional y de Faltas ordenó que el juez instructor le pidiera al juez federal Ercolini que se inhibiera de seguir al frente de la causa por violencia de género y le remitiera el expediente.
Frente a ese conflicto de competencia, el caso llegó a la Corte Suprema, que entendió que la causa debía seguir siendo tramitada ante el juzgado federal 10.
Ahora, la causa está en manos del juez federal Daniel Rafecas, luego de que la Casación Penal decidiera apartar al juez Ercolini ante un planteo de recusación del expresidente, quien sostuvo que había sido amigo del juez y ahora estaban enemistados.
En febrero de 2025, Ercolini procesó a Alberto Fernández y en abril la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento por lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, lesiones graves y amenazas coactivas.
Además, Fernández está embargado por $10 millones. El fiscal González pidió que Fernández fuera enviado a juicio oral y público el 14 de agosto de 2025 y la querella de Yañez ya había pedido la elevación un mes antes.
La querella anticipó que pedirá la pena máxima posible, que en este caso corresponde a 12 años de cumplimiento efectivo, y que no aceptará ninguna “probation” ni reparación económica.
Rafecas ahora está produciendo medidas de prueba antes de decidir si eleva o no el caso a juicio oral y público. Antes, rechazó el pedido de Fernández para anular la causa y avaló la instrucción previa de Ercolini y las pruebas reunidas hasta el momento.
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