Viajar en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó un 2% la semana pasada y pasó a costar $742,81 para un recorrido de hasta 3 kilómetros. Sin embargo, podría no tratarse del último incremento, ya que en los últimos días la Secretaría de Transporte actualizó la tarifa técnica, el valor de lo que cuesta mover un pasajero, a 1.816 pesos. Esta cifra no convenció a los empresarios del rubro, quienes aseguran que los cálculos oficiales utilizan valores alejados a los del mercado y que, si bien habrá mayores subsidios, no descartan más ajustes en el boleto.

Según fuentes del sector de las empresas de colectivos, la suma de compensaciones para las líneas de jurisdicción nacional (las que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo) ascendió de $74.000 millones en junio de 2025 a $98.500 millones en el mismo mes de este año. Esta suba del 33% acompañó la inflación interanual, aunque advierten que la variación es mucho menor si la comparación se hace con otros períodos recientes: contra abril, el aumento es de solo 2,7%, y respecto a diciembre de 2025, de 8,8 por ciento. La actualización responde, en parte, a una baja de actividad, ya que el sistema calculó un 3% menos de coches y un 2% menos de kilómetros recorridos, lo que significa que la asistencia estatal se distribuye en una red más chica.

Así, el número oficial de la tarifa técnica total, que combina recaudación y subsidios por pasajero, quedó en $1.816 por viaje, apenas un 2% más que los $1.778 reconocidos hasta abril. No obstante, representantes de las firmas del sector aseguran que este valor está subestimado porque la estructura oficial parte de precios de insumos que no se corresponden con los valores reales de mercado.

“Si vos corregís los precios de la estructura de costos y ponés los precios reales, la tarifa técnica debería pasar de $1.816 a $2.300”, comentó una fuente a Infobae. Esta diferencia se debe, en parte, a que el tipo de cambio tomado en los cálculos oficiales es el de abril, aunque en junio y julio hubo un salto importante que no fue considerado.

El valor del vehículo nuevo es otro punto de fricción: la estructura oficial lo fija en USD 132.000, mientras que, según las empresas, un colectivo 0 kilómetro cuesta 200.000 dólares. Esta diferencia impacta también en los gastos de mantenimiento, que se calculan en función del valor del vehículo.

“Si ellos reconocen un valor de vehículo más bajo, eso te impacta en el reconocimiento del costo de mantenimiento”, explicaron. Y agregaron que cuando la tarifa técnica no refleja el costo real del sistema, las compañías con menos recursos ajustan la operación y la consecuencia inmediata es una menor cantidad de colectivos en circulación.

El peso de la mano de obra en la estructura de costos alcanza el 50%, el combustible representa el 15% y el mantenimiento junto a los seguros suman otro 10 por ciento. El 25% restante corresponde a tasas, impuestos, patentes, alquileres de predios y servicios.

Una vez definida la tarifa técnica, surge la pregunta de cómo se financia: parte la abona el usuario, el resto lo cubre el Estado mediante subsidios. El esquema tarifario mostró una suba del 40% entre febrero y marzo, lo que permitió reducir subsidios en ese momento. Después de marzo, los ajustes en la tarifa del boleto quedaron por debajo de la inflación, con aumentos del 2% en mayo, junio y julio.

“Ahora ponen más subsidios para que los aumentos de tarifas sigan en el orden del 2 por ciento. Para adelante no hay definidos nuevos incrementos, aunque puede ser que en cualquier momento los actualicen. En el Ministerio de Economía revisan las cuentas y, si detectan problemas presupuestarios, pueden decidir bajar el subsidio y subir el boleto”, detalló una fuente empresarial.

Siempre que se debe tomar una decisión respecto al boleto de colectivo el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentar un dilema: si otorga más subsidios a las empresas, compromete el superávit fiscal; pero si aumenta el valor que pagan los usuarios, presiona a la inflación. Ambos escenarios resultan complejos, por lo que necesita realizar movimientos precisos cuando se presente la oportunidad.

El sector empresarial observa que la brecha entre los costos reconocidos oficialmente y los costos reales genera tensiones sobre la operación cotidiana. Cuando los subsidios no alcanzan para cubrir esas diferencias, las empresas con menor respaldo financiero ajustan su actividad y retiran unidades de la calle, lo que termina impactando en la frecuencia y disponibilidad del servicio.

Por ahora, el esquema vigente prevé un aumento de los fondos estatales destinados a las empresas, pero los empresarios advierten que este refuerzo no garantiza la estabilidad de la tarifa ni permite asegurar la cantidad de colectivos circulando.

La Secretaría de Energía dio de baja las antiguas reglamentaciones que exigían autorizaciones previas y oferta prioritaria al mercado interno para poder exportar petróleo y gas. Aunque el principio de libre comercio exterior ya estaba fijado por la Ley de Bases, la operatoria diaria ante la Aduana seguía supeditada a resoluciones históricas que mantenían vivo el trámite burocrático.

Con la adecuación de los manuales de procedimiento, el Estado oficializó este miércoles la Resolución 166/2026 y pone en marcha de forma efectiva el régimen de silencio positivo a los 30 días, garantizando a las empresas la previsibilidad necesaria para cerrar contratos de exportación a largo plazo.

El núcleo de la medida ratifica el cambio de paradigma en la comercialización al exterior de petróleo crudo, derivados y gas licuado de petróleo (GLP). A través de las reformas introducidas a la Ley de Hidrocarburos 17.319 por la Ley de Bases 27.742, la legislación establece la libertad comercial como principio rector para la industria energética.

Para respaldar jurídicamente este criterio sin margen de interpretación discrecional, la Resolución 166/2026 se fundamenta formalmente en los textos legales vigentes. Según se destaca de manera textual en los considerandos de la disposición, «los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía».

Asimismo, la disposición restringe el margen de intervención estatal al establecer un límite taxativo para cualquier posible observación oficial sobre los cargamentos. El texto aclara expresamente que «la eventual objeción de la Secretaría de Energía sólo podrá ser formulada dentro de los 30 días de puesta en su conocimiento las exportaciones a practicar, debiendo estar fundada en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro. Transcurrido dicho plazo, no podrá realizar objeción alguna».

La instrumentación operativa en la Aduana

Para canalizar la operatoria de forma transparente, la norma formaliza la creación del Registro de Operaciones de Exportación, en el cual deberán asentarse todas las notificaciones, objeciones y constancias emitidas en el marco de la desregulación.

Asimismo, la resolución delimita en su articulado de manera taxativa cuáles son los productos cuya exportación queda sujeta a este procedimiento estandarizado, identificados bajo las Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) como aceites crudos de petróleo y aceites crudos de mineral bituminoso, gasolinas excepto de aviación y gasóleo / gasoil, y gases como propano crudo, otros propanos, butano y mezcla de Gas Licuado de Petróleo.

Aunque la Ley 27.742 consagró la libertad de exportación en el Congreso y el Decreto 1.057/2024 detalló su marco general a fines de 2024, en el plano administrativo faltaba adaptar la normativa secundaria. Las operadoras de la cuenca neuquina y del resto de las áreas productivas requerían la baja formal de los viejos regímenes procedimentales que subsistían en los sistemas informáticos oficiales.

En el terreno práctico, la Resolución de hoy cumple la función indispensable de despejar la normativa previa. Así, la norma deroga las reglamentaciones que obligaban a tramitar autorizaciones explícitas o a ofrecer prioritariamente los volúmenes en el mercado local bajo esquemas de verificación previa.

Al quedar dados de baja dichos manuales de procedimiento, los sistemas de la Dirección General de Aduanas (DGA/AFIP) se alinean de forma definitiva con el principio de silencio positivo a los 30 días.

El circuito administrativo queda configurado bajo tres ejes operativos clave. El primero de ellos es la presentación directa, por lo cual la empresa comunica su intención de despacho informando las posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) correspondientes al cargamento.

El otro eje es el plazo perentorio, dado que comienza a correr el plazo de 30 días corridos para que el organismo estatal analice los datos de respaldo, y finalmente, la aprobación automática, la que en caso de no existir observaciones de índole técnica o de seguridad de abastecimiento formuladas en tiempo y forma, la operación queda formalmente habilitada sin requerir un acto administrativo expreso de aprobación.

Previsibilidad para contratos de largo plazo

La trascendencia de esta resolución radica en otorgar certidumbre al eslabón aduanero y logístico. La exportación hidrocarburífera en la Argentina involucra compromisos internacionales de gran escala, fletes marítimos programados con estricta antelación y financiamiento de infraestructura de evacuación masiva, como oleoductos y terminales marítimas.

Al erradicar la incertidumbre sobre eventuales bloqueos de despachos a último momento, las empresas refinadoras y productoras disponen de una herramienta concreta para suscribir contratos de suministro a largo plazo con compradores internacionales (take-or-pay o compromisos plurianuales).

La estandarización del procedimiento aduanero consolida la previsibilidad indispensable para el desarrollo de inversiones en Vaca Muerta y en las distintas cuencas productivas de la Argentina.

El ordenamiento de la Secretaría de Energía llega en un momento clave para la balanza comercial energética. Esta semana, la cartera económica destacó que durante mayo se exportaron 9,4 millones de barriles desde Puerto Rosales, marcando el mayor volumen mensual jamás registrado para esa terminal clave en la evacuación de la producción no convencional de la Argentina.

El salto operativo consolida una tendencia de fuerte aceleración en los despachos al exterior. Entre enero y mayo de este año, Puerto Rosales registró un incremento del 115% en los volúmenes exportados en comparación con el mismo período de 2025.

En este escenario de crecimiento exponencial en la salida de crudo, la simplificación del trámite aduanero y la certeza sobre el plazo de aprobación automática pasan a ser elementos determinantes para acompañar el ritmo logístico del sector.