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POLITICA

El Gobierno de Chubut acordó subas salariales y bonos con estatales: los detalles de las negociaciones de cada sector

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En medio de la etapa de paritarias, el Gobierno del Chubut avanzó en la negociación de acuerdos salariales con los distintos sectores de la administración pública provincial. Tras arribar a un acuerdo con los empleados estatales, la policía y el área de salud, aún quedan pendientes debatirse las condiciones laborales de los docentes.

En los últimos días, se alcanzaron entendimientos con los gremios Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) para los trabajadores comprendidos en la Ley I N° 74 del Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial.

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Según la información a la que tuvo acceso Infobae, se estableció una recomposición salarial del 6% que se verá reflejada en tres tramos, es decir, entre los meses de mayo, junio y julio. Además, se incluyó la adjudicación de un bono remunerativo de $100.000 y mejoras en distintos adicionales, ubicando la suba por encima de la inflación informada por el INDEC.

Por otro lado, el Gobierno provincial firmó un acuerdo con los gremios de Salud que contempló un incremento trimestral del 8% sobre el valor móvil del salario básico. Al igual que en el caso de los empleados estatales, la suba será distribuida entre mayo, junio y julio.

Para los gremios de Salud, el incremento será del 8% trimestral

En línea con esto, también se incluyeron nuevos compromisos vinculados al arancelamiento hospitalario, horas de guardia y la regularización del personal contratado. Según el Ejecutivo, este acuerdo buscará dar respuesta a las demandas del sector y mejorar las condiciones laborales.

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En paralelo, se estableció una mejora salarial para el personal policial activo y retirado, mediante la incorporación progresiva al básico testigo del Código 1.124. También se abonará en tres tramos durante el trimestre. Así, esta medida pretende equiparar los haberes policiales y reconocer la labor realizada por el personal en servicio y retirado.

Durante la jornada de este miércoles, las autoridades se reunieron con los gremios docentes en el marco de la paritaria del sector, con el objetivo de alcanzar un entendimiento similar al logrado en otras áreas de la administración. Sin embargo, todavía no se habría arribado a un punto medio.

La última reunión fue celebrada en el SUM de Vialidad Provincial, en donde estuvieron presentes los ministros de Educación, José Luis Punta; de Gobierno, Victoriano Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y representantes de los gremios SITRAED, UDA, SADOP, ATECH y AMET.

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Según la última propuesta del Gobierno, el aumento estaría cercano al 15% (Maxi Jonas)

Durante el encuentro, el Gobierno presentó una propuesta de actualización salarial remunerativa para el sector docente, vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. La oferta oficial toma como referencia el índice de marzo, liquidado en abril, al que se sumarían cuatro puntos porcentuales para mayo, uno adicional en junio y otro en julio, lo que representa una recomposición del 6% por encima de la inflación y un incremento total al básico cercano al 15%.

Además, se propuso una actualización cercana al 100% del adicional “Recursos Materiales”, lo que duplicaría el valor actual de este ítem. Según lo informado, este adicional quedaría atado al básico, por lo que se beneficiaría automáticamente de futuros incrementos salariales. Tras la finalización de la audiencia, los gremios asistentes acordaron elevar una respuesta a la propuesta este jueves.

A pesar de esto, desde el Gobierno chubutense sostuvieron que la continuidad del diálogo y la negociación se presenta como una prioridad para consolidar la política salarial del corriente año. No obstante, el proceso se ejecuta bajo principios de responsabilidad fiscal, previsibilidad y diálogo permanente con los representantes de los trabajadores.

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De esta manera, el Ejecutivo provincial dejó en claro que otra de las metas claves a cumplir a lo largo del año estaría íntimamente relacionada con la garantización de la estabilidad de las cuentas públicas y poder ofrecer una respuesta a la demanda salarial de los diferentes sectores estatales.

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POLITICA

Por diferencias con Monteoliva, renunció Julián Curi, el funcionario a cargo de las cárceles federales

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Julián Curi, el funcionario que tenía bajo su responsabilidad la conducción política del Servicio Penitenciario Federal (SPF), presentó su renuncia indeclinable al Ministerio de Seguridad Nacional por diferencias con la ministra Alejandra Monteoliva sobre la estrategia para administrar la crisis de sobrepoblación carcelaria y el alojamiento de detenidos en establecimientos federales.

La renuncia quedó formalizada mediante una nota dirigida a Monteoliva, a la que accedió Infobae. En el documento, Curi reivindicó su gestión, agradeció el respaldo político recibido y solicitó que su dimisión fuera aceptada de inmediato. El pedido estuvo acompañado por una advertencia sobre las consecuencias judiciales que enfrentaba personalmente por las disputas entre la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y distintos tribunales federales.

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Al menos tres fuentes consultadas por Infobae, interiorizadas sobre las circunstancias que rodearon la salida del funcionario, desligaron la decisión de dar un paso al costado de las tensiones que Patricia Bullrich mantiene con distintos sectores del Gobierno y de las últimas diferencias públicas que la senadora expresó con el presidente Javier Milei. Los testimonios coincidieron en que la renuncia respondió a desacuerdos sobre la gestión penitenciaria y no a un movimiento político vinculado con la presidenta del bloque del Senado de La Libertad Avanza.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

La distinción resulta relevante porque Curi es uno de los funcionarios que llegaron al Ministerio de Seguridad de la mano de Bullrich y mantuvieron su vínculo político con la actual senadora. Sin embargo, las diferencias que precipitaron su alejamiento estuvieron concentradas en la estrategia para enfrentar la sobrepoblación carcelaria, el traslado de detenidos desde dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires y las obligaciones que recaen sobre el Servicio Penitenciario Federal.

El desacuerdo con Monteoliva se profundizó cuando desde la conducción del Ministerio se plantearon cambios en la estrategia que venía desarrollando la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Ante la falta de consenso sobre cómo continuar, Curi optó por presentar su renuncia indeclinable. Según pudo saber Infobae, las diferencias fueron de carácter profesional y estuvieron vinculadas con la definición de prioridades para administrar un sistema penitenciario con limitaciones de infraestructura, recursos y capacidad de alojamiento.

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Curi había sido designado el 2 de enero de 2024, durante la gestión de Bullrich, y permaneció en el cargo cuando Monteoliva asumió la conducción del Ministerio. La Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios depende directamente de la ministra, sin una secretaría intermedia, y ejerce la conducción política del SPF. Bajo esa estructura funcionan 34 unidades y establecimientos penitenciarios federales. La conducción operativa del organismo está a cargo de Fernando Martínez, quien continúa al frente de la institución.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad Nacional no definió quién reemplazará a Curi al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, un área estratégica para la administración de las cárceles federales, la coordinación con las autoridades judiciales y la definición de las políticas de alojamiento y tratamiento de las personas privadas de libertad.

La renuncia de Curi

En su carta, el funcionario sostuvo que dejaba el puesto “con la tranquilidad de haber dedicado mi esfuerzo y compromiso al servicio y a la defensa de los intereses del Estado Federal y del Servicio Penitenciario Federal”.

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También dedicó un párrafo a sus principales respaldos políticos. Expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y, en especial, a Patricia Bullrich, por “la confianza, acompañamiento, respaldo y respeto demostrados durante mi gestión”.

La mención a las máximas autoridades del Gobierno y a la exministra de Seguridad también buscó dejar constancia del reconocimiento político al concluir su paso por la función pública. El alejamiento quedó planteado como una consecuencia de diferencias sobre la administración de un área específica, en la que las decisiones involucran recursos presupuestarios, capacidad operativa y obligaciones judiciales que pueden resultar contradictorias.

Las diferencias por la sobrepoblación y el traslado de detenidos

Uno de los principales problemas que enfrenta el Servicio Penitenciario Federal es la cantidad de personas detenidas en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires. La falta de plazas disponibles en las cárceles federales provocó que comisarías y alcaidías porteñas funcionaran durante períodos prolongados como espacios de detención, una situación que generó sucesivas controversias judiciales.

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El conflicto adquirió una dimensión particularmente compleja por las órdenes de distintos tribunales. Mientras la Justicia porteña exigía avanzar con el traslado de detenidos hacia establecimientos penitenciarios, diversas resoluciones de jueces federales establecieron restricciones a la cantidad de internos que podían alojarse en determinadas unidades.

Ese escenario colocó a los responsables del SPF ante obligaciones difíciles de compatibilizar: recibir personas provenientes de comisarías y alcaidías y, al mismo tiempo, respetar los límites de alojamiento establecidos por otros magistrados. La controversia sobre cómo cumplir esas decisiones judiciales se convirtió en uno de los elementos centrales de las diferencias sobre la estrategia penitenciaria.

La discusión no se limitaba a determinar cuántos detenidos podían incorporarse al sistema. También involucraba la distribución de los recursos disponibles, las prioridades de alojamiento, las responsabilidades de cada jurisdicción y las condiciones en las que debía garantizarse el cumplimiento de las decisiones judiciales.

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En ese contexto, el cambio de estrategia impulsado desde la conducción del Ministerio encontró diferencias con los criterios que venía aplicando la Subsecretaría. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre cómo administrar esa situación terminó por precipitar la renuncia.

Patricia Bullrich y Karina Milei

Curi advirtió sobre multas que podían afectar su patrimonio personal

Uno de los pasajes más significativos de la carta aparece en el último párrafo, donde Curi explicó las razones por las que solicitó la aceptación inmediata de su dimisión. Allí describió el conflicto entre las decisiones de la Justicia federal y las órdenes impartidas desde la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario argumentó que, por su tarea en defensa del “status federal del Servicio Penitenciario Federal” y ante “la progresiva intromisión e interferencia de un tribunal jurisdiccional local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre lo concordantemente decidido por diversos jueces federales”, había quedado expuesto a posibles sanciones judiciales.

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La advertencia fue aún más precisa. Curi señaló que había sido apercibido por la posible comisión de los delitos de “desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público” y por la eventual aplicación de “astreintes diarios sobre mi patrimonio personal”.

Las astreintes son multas coercitivas que pueden imponerse para forzar el cumplimiento de una decisión judicial. En este caso, la sanción prevista era de $ 200.000 diarios y recaía sobre el patrimonio personal del funcionario, aunque no había llegado a ejecutarse.

El conflicto tenía antecedentes en las decisiones judiciales que ordenaban trasladar detenidos alojados en dependencias policiales porteñas hacia establecimientos del sistema penitenciario. Las autoridades federales enfrentaban, a su vez, restricciones impuestas por otros magistrados que impedían superar determinados cupos de alojamiento.

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La situación involucraba el traslado de alrededor de 2.000 detenidos, en un escenario en el que las plazas disponibles resultaban insuficientes para absorber esa cantidad de personas sin afectar los límites establecidos judicialmente.

El pedido de aceptación inmediata de la renuncia estuvo relacionado con esa responsabilidad personal. Mientras continuara formalmente en el cargo, Curi permanecía alcanzado por los apercibimientos judiciales vinculados con el cumplimiento de las medidas.

La salida de Curi se suma a la renuncia de Federico Angelini

La salida de Curi se sumó a la renuncia de Federico Angelini, otro dirigente estrechamente identificado con Patricia Bullrich, que dejó el Ministerio de Seguridad el 21 de mayo. Angelini se desempeñaba como subsecretario de Intervención Federal y había tenido un papel central en la implementación del Plan Bandera en Rosario y en la política de seguridad fronteriza.

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Su alejamiento ocurrió en medio de tensiones políticas dentro del oficialismo, aunque el funcionario sostuvo que su decisión respondía a su intención de regresar a la actividad política en Santa Fe, donde posteriormente se incorporó a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Son dos salidas de funcionarios que llegaron al Gobierno de la mano de Bullrich, pero en circunstancias diferentes.

Federico Angelini

La renuncia de Curi abre ahora una nueva etapa para la conducción política del Servicio Penitenciario Federal, con una agenda condicionada por la sobrepoblación, las exigencias judiciales y la necesidad de resolver el alojamiento de detenidos que permanecen en dependencias policiales.

Sin un reemplazante definido, la ministra Monteoliva deberá resolver quién asumirá la responsabilidad política de un sistema cuya administración quedó en el centro de las diferencias que provocaron la salida del subsecretario. El problema de fondo seguirá siendo el mismo: cómo cumplir las órdenes judiciales y las obligaciones del Estado sin profundizar una crisis de alojamiento que excede la capacidad disponible en las cárceles federales.

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En medio de las negociaciones con LLA, el PRO rechazó discutir la suspensión de las PASO “a las apuradas”

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Desde un sector del PRO volvieron a marcarle la cancha al Gobierno, poco después de una nueva reunión entre representantes del partido liderado por Mauricio Macri y el Ejecutivo, como parte de las negociaciones por una eventual alianza para las presidenciales del 2027.

El jefe de bloque del partido en el Senado, Martín Goerling, y el precandidato presidencial, Hernán Lacunza, destacaron que el año que viene el espacio será “protagonista”. Además confirmaron el respaldo a las PASO, que el Gobierno intenta eliminar o suspender para las elecciones del próximo año.

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Goerling mencionó que recién en el 2027 el PRO definirá si competirá con candidato propio o acompañará a otro espacio y destacó que el partido buscará tener un papel central: “No tengo duda de que el PRO va a ser protagonista en lo que viene, o liderando o acompañando un gran frente en la Argentina”.

El jefe de bloque del PRO en el Senado además confirmó su respaldo a la postulación de Lacunza y dijo, que Macri les pidió trabajar para fortalecer el partido en todo el país: “Lo manifesté, apoyamos a Hernán, que manifestó su voluntad. Macri lo apoya, yo hablé con él, me dijo que sigamos trabajando en esa línea. Macri fue claro en ese sentido, dijo: ‘Trabajemos en lo propio, en fortalecer el partido en todo el país’”.

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Un funcionario clave de Trump visitó Argentina y dijo que las relaciones con EE.UU. están “en el momento más alto de su historia”

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El secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, un funcionario clave en la administración republicana, visitó esta semana el país y afirmó que la relación bilateral se encuentra “en el momento más alto de la historia”.

Entre sus actividades, tuvo una reunión con el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

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Landau resaltó la importancia de que, del otro lado de Estados Unidos, haya un gobierno como el que encabeza el presidente Javier Milei, en el fortalecimiento de la relación entre ambos Estados.

Landau junto al presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador estadounidense en la Argentina.

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Christopher Landau profirió dichas declaraciones este sábado en sus redes sociales. Tras días de visita a la Argentina que tuvieron como eje la ratificación de lo que considera como “una alineación histórica”.

La visita de Landau a Buenos Aires

“Visité Buenos Aires esta semana para reafirmar y profundizar esta alineación histórica”, publicó el funcionario clave de Trump.

A la vez, destacó del país su mano de obra y activos naturales, además de señalar que su alineamiento con Estados Unidos, y puesta a disposición de la fuerza laboral y dichos activos para la cadena de suministros estadounidense, es clave para una mayor explotación de estos.

“Argentina es uno de los países más ricos del mundo en capital humano y recursos naturales, y el capital y el saber hacer estadounidenses pueden ayudar a desbloquear su vasto potencial para nebeficio mutuo”, señaló, en ese sentido.

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