Desde el 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2026 pasaron dos años y medio, cinco semestres de ventas de autos 0 km en Argentina, bajo un nuevo esquema de comercio dado por la apertura sin restricciones a la importación de vehículos en el mercado. Y aunque cada mes se registran cifras por debajo de la referencia del año anterior, si se divide todo el período en semestres, el escenario actual muestra una tendencia positiva.

El primer dato para observar es que en los años anteriores, especialmente 2022 y 2023, el mercado automotor había operado con un sistema de autorizaciones para la importación (SIRA) de autos y autopartes, incluso desde Brasil, lo que generó falta de unidades, paradas de producción por falta de insumos y piezas, y una contracción del mercado del 50% desde 2019 en adelante.

El segundo es que desde enero de 2024 se vendieron 1.257.799 autos particulares y vehículos comerciales livianos, mayormente dominado por las pickups, arrojando un promedio de 41.926 unidades por mes, contra 35.707 del período 2022 / 2023. En contraposición de ese crecimiento, hubo un cambio en el mix de nacionales e importados.

Empezó con un 65% a un 35% a favor de la industria local en los meses finales de 2023. Hoy está exactamente al revés. Pero en el total de los dos años y medio, el 43% todavía son de fabricación nacional, un dato que merece análisis, porque va en contra de la creencia de un proceso de desindustrialización argentina.

Pero el promedio no refleja la dinámica del mercado tal cual fue, porque este período comenzó con un primer semestre de 2024 muy malo, el peor de los cinco que transcurrieron desde entonces, debido a la devaluación de diciembre de 2023 que paralizó las ventas en los primeros tres meses.

En esos primeros seis meses se vendieron 173.079 vehículos, pero la mejora fue relevante en la segunda mitad del año, en la que se alcanzando las 217.388 unidades 0 km.

Ya en 2025, y manteniendo la tendencia alcista fuertemente impulsada por la reaparición del crédito a tasas subsidiadas, el primer semestre registró la mayor suba de patentamientos, con 308.887 unidades, lo que hizo pensar a los más optimistas en alcanzar a fin de año los 700.000 autos.

Sin embargo, la crisis política previa a las elecciones de medio término enfrió la economía por la suba del dólar y las tasas de interés, cayó la oferta crediticia y el segundo semestre cayó a 270.216 unidades otra vez.

Así se llegó a este año, en el que la comparación interanual sigue dando números negativos contra ese excelente primer semestre de 2025. Sin embargo, esta primera mitad de 2026 mostró una recuperación otra vez, con 277.049 matriculaciones, que mejora el semestre anterior y los dos de 2024, pero que contrasta fuertemente con las casi 310.000 ventas de la primera parte del año pasado.

Lo más curioso del caso es que, a pesar de la apertura de las importaciones, entre las 10 marcas que lideran históricamente las ventas se registra el 90% de los patentamientos de los dos años y medio. Esas marcas son todas de terminales automotrices con producción en Argentina y Brasil, que utilizaron la apertura para mejorar el portafolio de productos importando el mayor volumen de autos desde sus fábricas del otro lado de la frontera.

En este primer semestre, Brasil envió el 63% de los autos importados que entraron a Argentina, y sumando los autos nacionales y los brasileños, se alcanza el 75,5% del total de patentamientos del período.

Toyota es la marca que más autos vendió entre enero de 2025 y junio de 2026 con 220.417 unidades (17,5% del mercado), Volkswagen fue la segunda con 197.762 (15,7%), y Fiat quedó tercera con 156.252 (12,4%).

Una de las sorpresas es Renault, que quedó en cuarto puesto con 115.073 unidades (9,1%), por delante de Ford con 111.924 autos (8,8%), y de Peugeot, que alcanzó los 107.749 (8,5%).

Ya por debajo de las 100.000 unidades vendidas, en séptimo lugar está General Motors, que fue la marca que más padeció las restricciones previas y la única terminal que no entró al BOPREAL para sanear deuda contraída con sus proveedores entre 2022 y 2023.

Esa decisión limitó las importaciones de Chevrolet en 2024, con una caída de 2 puntos de cuota de mercado, que recién empezó a recuperarse en 2025. El total de unidades patentadas por la marca en los 5 semestres fue 93.559 y el porcentaje del mercado del 7,4%.

Finalmente, Citroën, Jeep y Nissan completaron el Top 10 de marcas que se quedaron con el 90% del mercado desde la apertura de las importaciones en 2024. La marca de origen francés sumó 49.499 ventas (3,9%), la americana llegó a 42.193 (3,3%) y la japonesa vendió 35.023 autos, equivalentes al 2,7 por ciento.

Este miércoles en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que girará a la Cámara de Diputados. Tras reiterados reclamos de los contadores sobre algunos obstáculos para los contribuyentes, el equipo económico reconoció los escollos y buscará corregirlos para que salgan los USD 170.000 millones que los argentinos tienen abajo de los colchones.

La exposición de Caputo se realizará en el quinto piso del Palacio de Hacienda y responde a un proceso de revisión que el Gobierno encaró durante las últimas semanas. El punto de inflexión ocurrió tras una reunión en mayo entre el ministro y especialistas en materia tributaria. Durante ese encuentro, los expertos señalaron los inconvenientes que presentaba la versión original de la ley y sugirieron modificaciones para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes interesados en adherir al blanqueo de capitales.

La semana pasada, tras un segundo encuentro, se estableció como medida provisoria mantener la fecha de pago del impuesto a las Ganancias para el 27 de julio, aunque se pospuso hasta el 27 de agosto la obligación de presentar la declaración jurada. El oficialismo espera que antes de ese plazo Diputados apruebe la nueva versión de la ley, lo que permitiría a los contribuyentes sumarse al régimen bajo condiciones revisadas y corregidas.

El núcleo de la propuesta radica en la posibilidad de sumar a la economía formal recursos que hasta ahora permanecen fuera del sistema financiero. Según cálculos del ministro de Economía y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el país hay USD 170.000 millones que no se encuentran bancarizados, una cifra que, de integrarse al circuito formal, podría tener un impacto determinante en la remonetización de la economía.

Durante la última conferencia conferencia, Caputo defendió con énfasis la necesidad de avanzar con una nueva ley. “La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente está perdiendo poder de compra y, a su vez, el país no se beneficia porque ese es el ahorro que debería estar capitalizándose o convirtiéndose en inversión. Y ese es el ahorro que bancos y ALyCs podrían destinar para poder financiar proyectos de infraestructura, pymes”, afirmó.

La normativa actual no logró los resultados esperados ni la adhesión suficiente por parte de los contribuyentes. La cuestión está si luego de lo que sucedió, el Gobierno logrará que se apruebe en el Congreso. “Ya lo han aprobado, lo que estamos mandando ahora es una versión mejorada porque, luego de habernos juntado con un grupo de contadores, nos prestaron lo que ellos creían que eran las principales razones por las que no estaba prendiendo en la medida en que nosotros creíamos. Corregimos esas cosas, pero está claro que del lado del Congreso, el mandato está porque ya la han aprobado originalmente; no veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, sostuvo el ministro.

El nuevo texto que el Ejecutivo girará a Diputados introduce cambios sustanciales en los requisitos y alcances del blanqueo. Uno de los puntos más controvertidos gira en torno a la obligación de adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) para quienes deseen exteriorizar fondos.

Esta condición generó polémica y una fuerte discusión en el ámbito parlamentario, sobre todo tras confirmarse que varios funcionarios públicos del Gobierno, incluido el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sumaron al régimen. Si bien la sola adhesión no implica la utilización automática del mecanismo para exteriorizar fondos, la presencia de funcionarios en el sistema alimentó el debate político y el recelo de la oposición.

La cuestión de las personas políticamente expuestas ocupa un lugar central en las discusiones. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señaló que el anteproyecto permitía que grandes contribuyentes ingresaran al RSG, aunque no gozaban de todos los beneficios, como la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago. “Sería razonable que se excluya a las personas políticamente expuestas, no es razonable que tengan esos beneficios también”, sostuvo y también reclamó por la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que dejaban afuera a contribuyentes con herencias, ventas de acciones o inmuebles.

En tanto, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal eliminará los topes de ingresos y patrimonio que en la versión anterior se habían fijado en $1.000 millones y $ 10.000 millones, respectivamente permitiendo así la inclusión de un universo más amplio de personas físicas y jurídicas. Esta modificación responde a la intención de facilitar la regularización de fondos que, por diferentes motivos, quedaron fuera de los parámetros establecidos en la ley que rige actualmente.

Otro aspecto es la definición de “discrepancia significativa”, un punto clave en la interpretación del alcance del blanqueo y sus efectos tributarios. Domínguez explicó que resulta necesario eliminar la exclusión de la disminución de saldo a favor y establecer un umbral mínimo para la punibilidad, que el anteproyecto fijó en el 5% del monto objetivo de evasión simple.

Con la legislación vigente, ese umbral equivale a $5 millones, una cifra considerada elevada por tributaristas y contadores. También subrayó la importancia de establecer con claridad en el texto en qué momento corresponde considerar el monto de punibilidad vigente, proponiendo que sea el del vencimiento o presentación de la declaración jurada.

La estrategia del Gobierno no solo busca sumar recursos al sistema financiero, sino también fortalecer la capacidad de crédito y financiamiento de proyectos productivos, infraestructura y pequeñas y medianas empresas. La expectativa oficial es que, con la nueva versión de la ley, aumente el número de contribuyentes dispuestos a regularizar fondos, lo que permitiría canalizar una porción significativa de los ahorros informales hacia la economía formal.

El proceso legislativo resultará determinante para el éxito de la iniciativa. El Ejecutivo apuesta a que, antes del 27 de agosto, la Cámara de Diputados apruebe el texto revisado, permitiendo que los contribuyentes accedan en tiempo y forma a los beneficios. Hasta entonces, se mantendrá la presentación de la declaración jurada pospuesta, pero el pago del impuesto a las Ganancias seguirá con la fecha original del 27 de julio.

Javier Milei presentaría la próxima semana, mediante una cadena nacional, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La movida buscaría darle volumen político a una de las iniciativas económicas más importantes del segundo semestre.

El Presidente expondría los principales lineamientos de la propuesta antes de remitir el texto al Congreso. La estrategia apunta a instalar el debate público sobre una reforma que redefine el rol de la autoridad monetaria.

La posibilidad se analizó esta tarde en un nuevo encuentro de la mesa política. Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros funcionarios clave.

En la Casa Rosada sostienen que la reforma constituye uno de los pilares del programa económico oficial. Además, forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

El objetivo central es dejar establecido por ley un esquema que impida el financiamiento monetario del déficit fiscal y fortalezca la estabilidad de precios como prioridad excluyente de la autoridad monetaria.

Las claves de la reforma al Banco Central

El proyecto busca modificar el artículo que define los objetivos del BCRA. La intención del oficialismo es reemplazar el esquema vigente desde 2012 por un mandato más acotado y preciso.

El marco actual establece como funciones la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Un esquema múltiple que, según el diagnóstico oficial, diluyó la responsabilidad principal de la entidad.

La nueva redacción apuntaría a que la preservación del valor de la moneda pase a ser la misión principal. Un cambio de paradigma que concentra esfuerzos en un solo objetivo: controlar la inflación.

Para ello, el Gobierno tomó como referencia la legislación peruana. Ese modelo es considerado dentro del oficialismo como un caso de éxito por haber mantenido durante décadas niveles de inflación considerablemente más bajos que el promedio regional.

La experiencia peruana se convirtió en el espejo donde el equipo económico busca reflejarse. Ese país logró estabilizar su moneda tras un período de hiperinflación en los años 90.

El Banco Central de Reserva del Perú tiene como único mandato constitucional preservar la estabilidad monetaria. Esa claridad de objetivos habría permitido, según el análisis oficial, blindar la política monetaria de presiones fiscales.

La legislación peruana establece que el banco central no puede financiar al gobierno bajo ninguna circunstancia, y esa rigidez institucional habría sido clave para consolidar la confianza en la moneda local y mantener la inflación controlada.

El Gobierno considera que replicar ese esquema en Argentina permitiría romper con décadas de emisión monetaria para cubrir desequilibrios fiscales. Un círculo vicioso que, desde la visión libertaria, alimentó la espiral inflacionaria histórica del país.

Cortar el financiamiento al Tesoro, otro de los objetivos

Otro de los ejes centrales de la reforma es restringir al máximo la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional. El proyecto eliminaría los adelantos transitorios, una herramienta históricamente utilizada para cubrir necesidades fiscales de corto plazo.

También limitaría el uso de letras intransferibles y establecería mayores restricciones para la distribución de utilidades de la entidad. Solo en circunstancias excepcionales previstas por la ley podría flexibilizarse ese esquema.

El oficialismo argumenta que esos mecanismos fueron la puerta de entrada para que distintos gobiernos recurrieran a la emisión monetaria como parche fiscal. La reforma buscaría cerrar esa puerta de manera definitiva.

La propuesta también incorpora candados legales para evitar que futuros gobiernos encuentren atajos normativos. El objetivo es blindar el esquema más allá de la gestión actual.

Más independencia y autoridades con mayor estabilidad

La iniciativa fortalece la independencia institucional del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. Para ello incorpora mecanismos destinados a otorgar mayor estabilidad a las autoridades de la entidad.

El proyecto endurece las condiciones para la remoción de directivos del BCRA. La intención es evitar que la política monetaria quede condicionada por las necesidades fiscales del gobierno de turno.

Actualmente, las autoridades monetarias pueden ser removidas con relativa facilidad. El nuevo marco legal buscaría garantizar mandatos más firmes y menos vulnerables a presiones políticas de corto plazo.

Asimismo, se establece un régimen más estricto de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

Las penalidades incluirían desde multas económicas hasta inhabilitaciones para ejercer funciones públicas. Un esquema punitivo que apunta a desalentar cualquier tentación de volver a las prácticas del pasado.

La defensa de Javier Milei a la reforma del BCRA

En el oficialismo consideran que el nuevo marco legal permitirá consolidar el proceso de desinflación. También apuestan a que dote de mayor previsibilidad al esquema macroeconómico de mediano plazo.

No obstante, la discusión tendrá un fuerte componente político. El Gobierno deberá reunir mayorías parlamentarias para aprobar una modificación que redefine el rol de la autoridad monetaria y limita herramientas fiscales tradicionales.

Por estas horas, en Balcarce 50 analizan que la eventual presentación por cadena nacional sirva para darle volumen político a una de las reformas económicas más relevantes que impulsará el Ejecutivo este año, antes de que comience el debate legislativo formal.

La estrategia comunicacional buscaría instalar el tema en la agenda pública y generar respaldo ciudadano antes de enfrentar la batalla parlamentaria. Un recurso que el oficialismo considera clave para una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que marca un cambio de época en la política monetaria argentina.

Tanto es así que durante una entrevista con Radio NOW días atrás, Milei ni siquiera mencionó la reforma electoral, que es el tema que desvela a la mesa política que encabeza la secretaria General, Karina Milei, con la mira en conseguir la reelección del Presidente el año próximo.

En cambio, defendió enfáticamente el proyecto para modificar la Carta Orgánica, cuyos puntos más importantes serán fijar como única función del BCRA «preservar el valor de la moneda» y «prohibir explícitamente financiar al Tesoro», según remarcó. Pero su exposición fue con un tono desafiante para el Congreso, al que volvió a acusar de haber intentado un «golpe de Estado» el año pasado.

Tras mencionar que puede haber «ruido en el Congreso» por este debate, el mandatario desafió a que los diputados y senadores que estén en contra «le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando». Y es que según dijo la nueva Carta Orgánica «termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación».

De la misma forma respondió a las críticas que ya recibió la idea de implementar el «shutdown» al estilo de Estados Unidos por parte de algunos gobernadores y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. «El que esté en contra del shutdown está a favor de presupuestos desequilibrados, está a favor de la irresponsabilidad fiscal que ha derivado en que Argentina sea de los países más decadentes».

«Ponerse del lado de los ladrones es una decisión. Nosotros como Gobierno hemos decidido ponerse del lado de los honestos», disparó el Presidente y, sobre la discusión parlamentaria que viene, agregó: «Me encanta que aparezca este debate porque va a demostrar quiénes son los degenerados fiscales, los que han vivido a costa de estropear a los argentinos».

La expectativa en Diputados y la idea que circula en LLA para avanzar con el proyecto

Esta línea discursiva de choque baja inevitablemente a la tropa parlamentaria de LLA, no solo porque muchos la repetirán en el recinto sino también porque le da centralidad en la agenda y los obliga a estar con la guardia en alto y hacer todo lo posible porque el proyecto no se estanque, entre la pulseada numérica con la oposición y las primeras tensiones por los armados electorales.

Por estas horas, en el oficialismo intuyen que la iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados porque «el Senado está saturado de temas», comentan en referencia a la reforma electoral, los cambios en el régimen de Zonas Frías, la Ley Hojarasca y el proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada».

En ese contexto, si el proyecto ingresa antes de fin de mes como aseguran en el Ejecutivo los diputados no descartan la posibilidad de reunir a las comisiones durante el receso de invierno que va del 20 al 31 de julio, según supo iProfesional. Esto se debe a que entienden que temas como la reforma del BCRA y el «shutdown» requieren varias reuniones para encontrar acuerdo.

Una de las fuentes consultadas deslizó que el receso no tiene por qué paralizar toda la actividad y que podría haber reuniones informativas que no requieran quórum en la comisión. Aclaran que esto «todavía no está definido» porque aún no tienen el texto que mandará el Gobierno, pero es una posibilidad.

La idea no agrada demasiado al resto de los bloques, incluidos los aliados. El receso no es tanto por los legisladores sino por los trabajadores del Congreso, a quienes no pueden negarles que se tomen vacaciones, según suelen explicar. Al haber menos personal, el funcionamiento de las comisiones y de la Cámara en general se dificulta.