El Gobierno envió al Senado los pliegos de 45 nuevos jueces y fiscales nacionales y federales, muchos de ellos del interior del país, con los que busca que la oposición dialoguista los apoye con sus votos para respaldar a los postulantes de las provincias.

En el paquete resaltan los nombres de jueces federales para la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata); Santa Fe, Salta, Tucumán, Chubut (Comodoro Rivadavia); Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes (Paso de los Libres y en la ciudad capital), Mendoza y San Juan.

Del total de 45 pliegos hay 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires y 29 candidatos de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales, con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo durante 10 años, actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Ponte dirige un organismo hipersensible -que depende de la Corte Suprema de Justicia- ya que cubre las escuchas telefónicas realizadas con orden judicial, el análisis forense de los mensajes de los sospechosos y la realización de estudios periciales delicados y de cuyo resultado dependen causas resonantes.

Su nombre fue enviado al Senado para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Luis Armella. Allí está radicada la causa por supuesto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, y donde se investigan a 16 clubes de fútbol.

Ese juzgado además tiene jurisdicción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se suelen presentar causas por narcotráfico, terrorismo, contrabando y lavado de dinero.

Ponte está casado con la fiscal Alejandra Mángano, que hace tres semanas pidió cerrar la causa contra Manuel Adorni por el viaje con su esposa Bettina Angeletti a Nueva York, al entender que no había delito. Es hijo de un exintendente radical de General Lavalle.

Además, en la lista de nombres que envió el Gobierno al Senado está la renovación del pliego del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la ley de reforma laboral.

A su vez, Florentino Malaponte es propuesto para la Cámara Federal Rosario, Sala A. Proviene de una familia con linaje en el radicalismo santafesino, en el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro.

También está Javier Cosentino, propuesto para la Cámara Comercial, que fue postulado por Mauricio Macri, su pliego retirado por Alberto Fernández, vuelto a enviar y retirado de nuevo y ahora impulsado por Milei. El kirchnerismo lo denunció por sus fallos en la causa comercial de Oil Combustibles.

Además, el Ejecutivo envió los pliegos de Santiago José Martín para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y de Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Es considerado un pionero en la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy.

Además, para Chubut envió el pliego de Sebastián Pedro Ruíz como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; para Tucumán, envió a Pablo Roberto Toledo como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y a Ángel Roger Luna Roldán para el mismo tribunal.

Para Chaco envió el pliego de María Virginia Ise, para la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia; para Misiones, envió a Ruth María Ponce de León como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas; para Catamarca, envió a Ana María Busleiman como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y para San Juan, a Leopoldo Jorge Rago Gallo como juez federal número 2.

En Corrientes fue propuesto Hugo Daniel Froy como fisclal federal de Paso de los Libres; Juan Marcelo Burella Acevedo como fiscal federal de Corrientes y Patricio Nicolás Sabadini como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

En Mendoza, en tanto, fue propuesto Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal general ante los Tribunales Orales Federales.

Con estos nombres, el oficialismo busca destrabar en el Senado la designación de jueces. Es que un sector de la oposición dialoguista le había hecho saber que en política se cobra por adelantado: si querían los votos, era necesario mandar los pliegos de los jueces que les interesaban a los gobernadores.

A juzgar por la lista que envió, Mahiques tomó nota de esa premisa política. Con estos nombres ya son casi 150 los postulantes enviados al Senado desde que asumió el cargo hace tres meses. De acuerdo a un relevamiento, hay vacantes en más del 35% de los juzgados en todo el país.

Senadores radicales, peronistas díscolos, macristas del Pro y de fuerzas provinciales desconfiaban de la administración de Milei y decidieron frenar los pliegos. Por eso se registró esta movida apenas arrancó la semana para que prosperen en la Comisión de Acuerdos los nombres de los candidatos acordados con la Casa Rosada para ubicar en los juzgados federales de sus provincias.

La encargada de conseguir esos apoyos es la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital).

Desde que lo eligió Karina Milei para cumplir la misión de completar las más de 300 vacantes que hay en el Poder Judicial, el ministro Mahiques mantiene permanente línea abierta con Bullrich, que en su rol de principal interlocutora del Gobierno en la Cámara alta es, además, receptora de todas las quejas de los sectores de la oposición que necesita mantener contentos para garantizarse la aprobación de las leyes que envíe el Poder Ejecutivo.

Tal era la resistencia que los dictámenes para tratar los primeros pliegos enviados al Senado las últimas semanas no consiguieron las nueve firmas necesarias. Faltaban las firmas de los senadores tucumanos, correntinos, misioneros y hasta bonaerenses. Ahora hay candidatos de esas provincias.

La rebelión no alcanza al pliego del camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia que busca extender su condición de juez por cinco años más después de que, en noviembre, cumpla 75 años.

Las audiencias continuarán el miércoles y jueves próximos, con la exposición de los últimos 39 candidatos. En esas convocatorias estarán algunos de los pliegos más controvertidos, como el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y el de Laureano Durán, que para algunos bloques de la oposición tiene estrechos vínculos con el kirchnerismo, aunque en el oficialismo niegan que sea así y recuerdan que terminó arrimándose a María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires.