POLITICA
El Gobierno envió 45 nuevos pliegos de jueces y fiscales al Senado para negociar con la oposición dialoguista
El Gobierno envió al Senado los pliegos de 45 nuevos jueces y fiscales nacionales y federales, muchos de ellos del interior del país, con los que busca que la oposición dialoguista los apoye con sus votos para respaldar a los postulantes de las provincias.
En el paquete resaltan los nombres de jueces federales para la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata); Santa Fe, Salta, Tucumán, Chubut (Comodoro Rivadavia); Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes (Paso de los Libres y en la ciudad capital), Mendoza y San Juan.
Del total de 45 pliegos hay 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires y 29 candidatos de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales, con asiento en la ciudad de Buenos Aires.
Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo durante 10 años, actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
Ponte dirige un organismo hipersensible -que depende de la Corte Suprema de Justicia- ya que cubre las escuchas telefónicas realizadas con orden judicial, el análisis forense de los mensajes de los sospechosos y la realización de estudios periciales delicados y de cuyo resultado dependen causas resonantes.
Su nombre fue enviado al Senado para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Luis Armella. Allí está radicada la causa por supuesto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, y donde se investigan a 16 clubes de fútbol.
Ese juzgado además tiene jurisdicción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se suelen presentar causas por narcotráfico, terrorismo, contrabando y lavado de dinero.
Ponte está casado con la fiscal Alejandra Mángano, que hace tres semanas pidió cerrar la causa contra Manuel Adorni por el viaje con su esposa Bettina Angeletti a Nueva York, al entender que no había delito. Es hijo de un exintendente radical de General Lavalle.
Además, en la lista de nombres que envió el Gobierno al Senado está la renovación del pliego del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la ley de reforma laboral.
A su vez, Florentino Malaponte es propuesto para la Cámara Federal Rosario, Sala A. Proviene de una familia con linaje en el radicalismo santafesino, en el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro.
También está Javier Cosentino, propuesto para la Cámara Comercial, que fue postulado por Mauricio Macri, su pliego retirado por Alberto Fernández, vuelto a enviar y retirado de nuevo y ahora impulsado por Milei. El kirchnerismo lo denunció por sus fallos en la causa comercial de Oil Combustibles.
Además, el Ejecutivo envió los pliegos de Santiago José Martín para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y de Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Es considerado un pionero en la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy.
Además, para Chubut envió el pliego de Sebastián Pedro Ruíz como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; para Tucumán, envió a Pablo Roberto Toledo como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y a Ángel Roger Luna Roldán para el mismo tribunal.
Para Chaco envió el pliego de María Virginia Ise, para la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia; para Misiones, envió a Ruth María Ponce de León como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas; para Catamarca, envió a Ana María Busleiman como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y para San Juan, a Leopoldo Jorge Rago Gallo como juez federal número 2.
En Corrientes fue propuesto Hugo Daniel Froy como fisclal federal de Paso de los Libres; Juan Marcelo Burella Acevedo como fiscal federal de Corrientes y Patricio Nicolás Sabadini como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
En Mendoza, en tanto, fue propuesto Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal general ante los Tribunales Orales Federales.
Con estos nombres, el oficialismo busca destrabar en el Senado la designación de jueces. Es que un sector de la oposición dialoguista le había hecho saber que en política se cobra por adelantado: si querían los votos, era necesario mandar los pliegos de los jueces que les interesaban a los gobernadores.
A juzgar por la lista que envió, Mahiques tomó nota de esa premisa política. Con estos nombres ya son casi 150 los postulantes enviados al Senado desde que asumió el cargo hace tres meses. De acuerdo a un relevamiento, hay vacantes en más del 35% de los juzgados en todo el país.
Senadores radicales, peronistas díscolos, macristas del Pro y de fuerzas provinciales desconfiaban de la administración de Milei y decidieron frenar los pliegos. Por eso se registró esta movida apenas arrancó la semana para que prosperen en la Comisión de Acuerdos los nombres de los candidatos acordados con la Casa Rosada para ubicar en los juzgados federales de sus provincias.
La encargada de conseguir esos apoyos es la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital).
Desde que lo eligió Karina Milei para cumplir la misión de completar las más de 300 vacantes que hay en el Poder Judicial, el ministro Mahiques mantiene permanente línea abierta con Bullrich, que en su rol de principal interlocutora del Gobierno en la Cámara alta es, además, receptora de todas las quejas de los sectores de la oposición que necesita mantener contentos para garantizarse la aprobación de las leyes que envíe el Poder Ejecutivo.
Tal era la resistencia que los dictámenes para tratar los primeros pliegos enviados al Senado las últimas semanas no consiguieron las nueve firmas necesarias. Faltaban las firmas de los senadores tucumanos, correntinos, misioneros y hasta bonaerenses. Ahora hay candidatos de esas provincias.
La rebelión no alcanza al pliego del camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia que busca extender su condición de juez por cinco años más después de que, en noviembre, cumpla 75 años.
Las audiencias continuarán el miércoles y jueves próximos, con la exposición de los últimos 39 candidatos. En esas convocatorias estarán algunos de los pliegos más controvertidos, como el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y el de Laureano Durán, que para algunos bloques de la oposición tiene estrechos vínculos con el kirchnerismo, aunque en el oficialismo niegan que sea así y recuerdan que terminó arrimándose a María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Hernán Cappiello,Gustavo Ybarra,Conforme a
Todo sobre las medidas del gobierno de Javier Milei este lunes 1° de junio, minuto a minuto:
Lun. 01.06.2026-08:46
Una nueva encuesta evaluó a 18 dirigentes top: los dos mejores y los dos peores son del Gobierno
En una entrevista con el equipo de Infobae al Amanecer, Juan Manuel Olmos analizó la actualidad del peronismo, las internas del espacio y la necesidad de recuperar el debate de ideas como camino para reconstruir la fuerza y volver a gobernar la Argentina.
Durante la charla con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y referente peronista, planteó que la reconstrucción partidaria requiere autocrítica, orden y una legitimación electoral genuina. “Esa es la intención, pero a partir de abrir un debate”, señaló, al tiempo que subrayó: “Creo que es necesario que discutamos juntos en todos los sectores del peronismo cómo hacemos para pasar de ser oposición a ser vislumbrados como alternativa”.
El debate de ideas como eje y la autocrítica pendiente
Olmos insistió en que el desafío no es solo superar grietas internas, sino también instalar una discusión profunda sobre el rumbo del espacio: “Nosotros planteamos discutir mucho de ideas, poco de las cosas, nada de las personas”. La cita, que atribuyó a Juan Domingo Perón, marcó el tono de la entrevista y fue reforzada ante las consultas sobre las disputas recientes: “Esa ecuación estuvo invertida en los últimos años. Se hablaba mucho de las personas y poco de las ideas”.
El dirigente advirtió que el éxito del peronismo como alternativa depende de una autocrítica real y del reconocimiento de errores: “Hay que revisar posiciones que tuvimos en estos años o percepciones que se solidificaron alrededor de una idea de que el peronismo no atiende el orden macroeconómico”. Olmos defendió la necesidad de recuperar el concepto de orden, especialmente en el plano económico: “Cuando decimos orden macroeconómico, se refiere a tener ordenadas las cuentas, pero priorizar el trabajo como motor de la economía”.
También rememoró el ciclo de superávit fiscal y comercial entre 2003 y 2008, y argumentó: «En los últimos 80 años, el periodo más largo de superávit fue durante esos años. No fue casualidad, hay que recuperar ese rumbo como condición técnica, no ideológica». A su vez, reconoció que la pandemia, el endeudamiento y la sequía complicaron la gestión económica en 2019-2023, pero sostuvo que hay que explicar “cómo no va a volver a suceder” y que el compromiso con el orden debe formar parte central del programa.
Cristina Fernández de Kirchner, la unidad y el futuro del espacio
Consultado por la situación judicial de Cristina Kirchner, Olmos diferenció entre soluciones institucionales y políticas: “Yo creo que Cristina es inocente, esa es mi percepción. La salud institucional de la Argentina necesita que una expresidenta tenga las garantías del debido proceso penal”.
En tanto, rechazó la idea de que el indulto sea un eje de campaña: “Eso es una condición política que tiene que tener el peronismo de hacerse cargo de esa situación. Ahora, eso no es un programa de gobierno. El programa tiene que ser cómo vamos a sacar a los argentinos de esta situación”.
Sobre las disputas internas, fue enfático en el camino de la autocrítica y el debate de modelos, no de personas: «Si discutimos ideas, se pueden llevar adelante. Si discutimos modelos de país, políticas públicas, cómo se gobernaría, ahí está la solución del problema. Si vamos a discutir desde lo personal, no vamos a tener ninguna chance en el 2027“.
Orden político, PASO y legitimidad del liderazgo
El presidente de la AGN defendió la institucionalización del debate y la necesidad de legitimar liderazgos a través de elecciones internas: “No creo que el método del acuerdo o el señalamiento sea el mejor. Los momentos de conducción en el peronismo fueron a partir de una legitimidad electoral”. En ese sentido, sostuvo: “No solamente creo que está en debate, creo que es necesario que se legitime electoralmente en una PASO el candidato que vaya a ser”.
Olmos remarcó que el Frente de Todos fue un intento de orden político que “salió mal”, y que el futuro requiere reglas claras: “El programa tiene que contemplar el orden económico y la legitimación interna. Si después de un debate amplio todos estamos de acuerdo, puede ser un método, pero lo mejor sería que ese debate se declare a la sociedad y que sean los ciudadanos los que voten en una PASO”.
Al referirse a la dinámica de las alianzas en la Ciudad de Buenos Aires, consideró que Leandro Santoro es quien mejor representa el espacio y no descartó acuerdos programáticos amplios, incluso con sectores que hoy son opositores: “No excluyo a nadie que quiera estar claramente con un proyecto alternativo al de Jorge Macri y al de la Libertad Avanza”.
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POLITICA
Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: comienza la última semana de producción de pruebas
Tras una semana de receso, el juicio oral por la tragedia del ARA San Juan retomará esta semana su actividad en los tribunales federales de Río Gallegos.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini escuchará a cuatro expertos de la Armada Argentina en la última semana de producción de prueba del proceso.
Los testigos convocados son el capitán de navío Arturo Marfort, los contralmirantes Gustavo Trama y Alejandro Kenny, y el capitán de navío Jorge Bergallo.
Marfort actuó como experto técnico en el Consejo General de Guerra y elaboró un informe sobre las posibles causas del hundimiento, la secuencia de eventos previos, los escenarios de pérdida de la nave y el estado de alistamiento del submarino al momento de su partida.
Por su parte, Trama, Kenny y Bergallo integraron la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa creada tras la tragedia y aportarán evaluaciones técnicas sobre la documentación reunida, las hipótesis analizadas y las probabilidades asignadas a cada escenario.
Las declaraciones de los expertos se realizarán el lunes y martes. El miércoles está prevista una ampliación de indagatoria, el jueves se celebrará la audiencia de familiares —donde los allegados de las 44 víctimas podrán expresar sus reflexiones y reclamos— y luego vendrán los alegatos finales.
En esta etapa final, la fiscalía expondrá el 22 de junio, las querellas el 23, la defensa de Villamide el 24, y las defensas de los restantes imputados a comienzos de julio. Las réplicas están fijadas para el 25 de junio, las últimas palabras el 8 de julio y el veredicto pendiente.
En la última jornada se comprobó que siete meses antes de la tragedia, la Armada Argentina ya contaba con un diagnóstico técnico preciso sobre distintas fallas de la nave.
El 30 de abril de 2017, el Consejo Asesor del Arma Submarina se reunió en Mar del Plata para evaluar el estado de la flota y las restricciones presupuestarias y técnicas que afectaban su sostenibilidad.
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El acta de esa reunión, incorporada al expediente judicial, expuso una serie de fallas y demoras en el mantenimiento que afectaban directamente al ARA San Juan.
Entre las averías mencionadas se encontraban inconvenientes en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio, fallas en sensores, ruidos en la línea de eje y filtraciones entre un tanque de combustible y un tanque de baterías.
La causa
El juicio investiga la responsabilidad penal de cuatro exoficiales de la Armada: el contralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa. Se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.
La acusación sostiene que, tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017 no se adoptaron las medidas de seguridad previstas, como ordenar la navegación en superficie ni convocar de inmediato a especialistas.
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El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en una misión de patrullaje. El 15 de noviembre se produjo la falla crítica.
El submarino, con 44 tripulantes a bordo, desapareció y su casco resistente fue hallado un año después a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, donde se confirmó que sufrió una implosión. El juicio comenzó el 6 de marzo de este año y entra en su etapa final con estas últimas audiencias.
ARA San Juan, juicio, Río Gallegos
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