El Gobierno nacional aprobó otorgar un anticipo financiero de hasta $400.000.000.000 para la provincia de Córdoba durante el Ejercicio Fiscal 2026. La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 584/2026 en el Boletín Oficial.

La decisión, instrumentada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, responde a la solicitud presentada por las autoridades provinciales ante la imposibilidad transitoria de atender compromisos presupuestarios y amortización de deudas.

El mecanismo elegido por el Gobierno nacional se ampara en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, que habilita al Ministerio de Economía a anticipar fondos a las provincias sobre la base de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

El monto máximo a desembolsar será determinado por la Secretaría de Hacienda, considerando la capacidad de repago de Córdoba y su participación en el régimen de coparticipación federal. La devolución del anticipo deberá realizarse dentro del ejercicio fiscal en curso, a través de retenciones automáticas sobre los fondos coparticipables que la provincia percibe del Tesoro Nacional. La tasa de interés fijada es del 15 % nominal anual, que se aplicará sobre el saldo pendiente desde el desembolso hasta la efectiva devolución.

El decreto faculta a la Secretaría de Hacienda a definir el cronograma de desembolsos, las formas de cancelación y cualquier otra condición aplicable al acuerdo con la provincia. La administración cordobesa, por su parte, deberá afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias —establecido por la Ley N° 23.548— y en otros recursos coparticipables, hasta cubrir el monto anticipado más los intereses generados.

La decisión de otorgar anticipos financieros a las distintas provincias se fundamenta en la necesidad de brindar soluciones inmediatas a las dificultades de liquidez que pueden atravesar las provincias. El artículo 124 de la Ley N° 11.672 establece la obligatoriedad de reintegrar los anticipos dentro del mes de su otorgamiento, aunque el Poder Ejecutivo puede ampliar ese plazo hasta el cierre del ejercicio fiscal, previa opinión favorable del Ministerio de Economía.

A lo largo de los últimos meses, se implementaron medidas similares para otras jurisdicciones. Por ejemplo, en enero de este año, la Provincia de Entre Ríos recibió un adelanto de $220.000 millones, posteriormente ampliado, y en el mismo año se otorgaron anticipos de hasta $400.000 millones a las provincias de Santa Fe y Jujuy, entre otras, en condiciones equiparables a las de Córdoba.

La normativa establece que el anticipo se destina exclusivamente a cubrir necesidades financieras transitorias y no implica recursos adicionales de libre disponibilidad. El Gobierno de Córdoba deberá formalizar acuerdos con la Secretaría de Hacienda para precisar las condiciones de desembolso y devolución. Además, la intervención de la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General garantiza el registro y control de la operación en el marco del presupuesto nacional.

En la fundamentación del decreto, se destaca que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía tomó intervención, y que la medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

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Mediante un decreto que lleva su firma y la del presidente Javier Milei, el flamante jefe de Gabinete Diego Santilli apuntó a terminar de ordenar el esquema de comunicación del Gobierno, luego de la salida de Manuel Adorni. La publicación se hizo en Boletín Oficial esta madrugada donde transfirió unidades que estaban bajo la Jefatura que conduce a la Secretaria de Vocería Presidencial y a la de Comunicación y Medios.

Este cambio deviene de la publicación del decreto 571/26 hace dos semanas, que suprimió el Ministerio del Interior -al que antiguamente representaba Santilli- y redistribuyó sus competencias en la Jefatura de Gabinete. La reciente normativa definió su arquitectura interna y los recursos que recibirán ambas secretarías dependientes ahora de la Presidencia.

“Corresponde transferir diversas unidades dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, estableció el texto oficial. De esta manera, la Secretaría de Vocería Presidencial quedó estructurada con una Unidad Gabinete de Asesores y una Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, para la cual también designaron una representante. Para su funcionamiento, la Secretaría General de la Presidencia le brindará apoyo administrativo, financiero, presupuestario y de recursos humanos.

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Asimismo, la Secretaría de Comunicación y Medios absorbió cuatro subsecretarías: la de Coordinación Administrativa y Legal, la de Prensa y Actos de Gobierno, la de Comunicación y Medios Públicos y la de Análisis y Planificación de Gobierno. Esta última proviene de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. También se le transfirió la Dirección de Dictámenes de Comunicación y Prensa, que dependía de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la misma Jefatura. Por su parte, la Subsecretaría legal también intervendrá “como enlace de acceso a la información pública”.

Las transferencias incluyen créditos presupuestarios, bienes, unidades organizativas y personal con sus cargos y dotaciones vigentes.

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El decreto también actualizó el organigrama del cargo ministerial con la incorporación de dos nuevas figuras con jerarquía de Secretario: la Vicejefatura de Gabinete, con competencias en proyectos estratégicos, relaciones parlamentarias, innovación, ciencia, tecnología, turismo, ambiente y deportes; y la Vicejefatura de Gabinete del Interior, cuyo fin es gestionar los vínculos con las provincias, los municipios y los asuntos políticos.

En paralelo el Gobierno completó la puesta en marcha de la Secretaría de Vocería Presidencial con la designación de las dos funcionarias que ocuparán sus cargos de conducción. El decreto 586/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, nombró a la licenciada Pamela Fernanda Morales Jourdan al frente de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, y a Alexia Carolina Sagemuller como titular de la Unidad Gabinete de Asesores de esa secretaría.

Con estos nombramientos, la reorganización del área de comunicación de la Presidencia queda formalmente operativa en su nivel de conducción superior.

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Mediante el decreto 571/26 Santilli pasó a tener a cargo dos vicejefaturas: una de Gabinete y otra que corresponderá a las tareas abordadas por Interior. Ignacio Devitt, por su parte, quedó al frente de la vicejefatura de Gabinete y Gustavo Coria lo hizo al frente de la Vicejefatura del Interior. Ambos son funcionarios de confianza de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario.

El Decreto 574/2026 formalizó el pase de Devitt desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos a su nuevo cargo, mientras que el Decreto 575/2026 actualizó el estatus de Coria desde secretario a vicejefe del Interior. Según voceros de la Casa Rosada, la reorganización apunta a una mayor eficiencia y coordinación entre áreas, y replica el esquema que aplicó Guillermo Francos cuando asumió la titularidad de la Jefatura de Gabinete.

Con estos movimientos, la Presidencia de la Nación amplió su órbita directa al absorber las áreas de comunicación del Poder Ejecutivo.

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“¿Qué es lo más importante de todo? La reelección de Milei», precisó ante Infobae una alta fuente que transita Casa Rosada a diario. Varía la formulación, pero la premisa es compartida por todos los sectores que conviven dentro del Gobierno. Desde la salida de Manuel Adorni, la administración libertaria parece haber activado el operativo con el que aspira a garantizar otros cuatro años de mandato para el Presidente de la Nación.

Fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la primera en hacerlo público, cuando el pasado fin de semana lo planteó ante la militancia en la provincia de Misiones, pero la necesidad también alcanza al asesor presidencial, Santiago Caputo, que comparte la importancia de avanzar en ese objetivo. “No hay ninguna discusión hacia adentro y por supuesto que Milei va por la reelección”, sostuvieron desde el entorno del consultor ante este medio.

Karinistas y caputistas coincidieron en que las declaraciones de la menor de los Milei, quien planteó que trabaja por otros cuatro años de mandato para su hermano, no implican un adelantamiento de la campaña y vaticinaron un período corto de militancia rumbo a los comicios de 2027. “La campaña será corta porque cada vez son más cortas. Es una arenga más interna que otra cosa”, definieron desde un sector del Triángulo de Hierro. “Va a ser corta porque nuestro eje será la propia gestión”, acordaron desde el otro.

Una fuente en tema reveló ante este medio que si el oficialismo logra hacer pasar la reforma electoral, en particular eliminar o eventualmente suspender las elecciones PASO, habrá una “campaña única”, y las últimas experiencias demostraron que el período de disputa electoral se concentra en las últimas semanas previas. “Entras en modo político porque vienen las elecciones de recambio, pero no vemos una campaña formalmente larga. La gente no presta atención, solo cuando (la elección) está muy encima”, precisó.

En vísperas del final del Mundial 2026, período límite que La Libertad Avanza fijó para empezar a tomar definiciones de tinte electoral, la plana de poder ya se mueve con la meta en mente. Los primeros movimientos comenzaron con los cambios en el Gabinete, marcados por el desembarco de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y la incorporación de Adrián Ravier en la Vocería Presidencial y Fabián Fernández en la Secretaría de Comunicación.

Con las modificaciones, el Ejecutivo inauguró un nuevo estilo marcado por el diálogo y la vocación negociadora, en particular con los gobernadores aliados y partidos socios como el PRO y la UCR. Después de los debates internos que marcaron las elecciones legislativas de 2025, el oficialismo parece haberse ordenado detrás de la idea de negociar voluntades legislativas y potenciales acuerdos electorales a la par, aunque anticipan que los entendimientos se discutirán “provincia por provincia”.

La reforma electoral, una de las principales prioridades fijadas, oficia de parteaguas en el vínculo con los aliados. El Poder Ejecutivo ya alertó: los mandatarios provinciales que no estén dispuestos a acompañar en el Congreso “no serán tenidos en cuenta para el armado”.

Desde el otro lado de la interna celebraron la determinación, aunque cuestionaron los tiempos. “La realidad se impone y los que pregonaban una estrategia diferente en 2025, ahora no la pueden sostener”, plantearon en un dardo dirigido contra los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, a los que les facturan haber complejizado el escenario legislativo en 2025.

Como contó este medio, la administración libertaria aspira a concretar una serie de medidas de corte económico para consolidar el voto de los propios y seducir a los que aún no están fidelizados. Con esa idea, en Casa Rosada creen que también será necesario ajustar el enfoque comunicacional. Si bien en 2023 el mandatario alcanzó el éxito con la ya registrada motosierra como síntesis de su política de ajuste, actualmente parecen considerar la necesidad de reformular el mensaje.

Algunas voces sugieren consolidar los éxitos económicos que la plana libertaria exhibe, por lo que creen necesario dejar atrás la herramienta o eventualmente complementarla. “El Presidente bajó la inflación, evitó el colapso, acomodó las cuentas públicas, hizo el ajuste del gasto público más grande de la historia en términos reales sin que estalle la calle”, destacaron, y admitieron: “De cara a la elección, no se puede seguir solo con eso porque el ajuste está hecho y la gente no quiere escuchar que hay que seguir ajustando. El gasto está en mínimos. No hay más de donde cortar”.

No obstante, en las filas violetas evitan precisar los ejes en los que se basarán para definir la hoja de ruta que desplegarán, al argumentar que resta tiempo de sobra y que el cronograma electoral ni siquiera está definido. Aun sin consignas concretas, todos coinciden en que la gestión será el eje de la contienda electoral. “El punto más fuerte de este Gobierno es la gestión. Esa será nuestra principal campaña”, afirmó un funcionario del entorno de Karina Milei.

Con el Mundial como límite autoimpuesto para activar la etapa preelectoral y la expectativa oficial de una economía en ascenso, en Balcarce 50 descuentan que la gestión será la principal carta de presentación para buscar un segundo mandato. Bajo esa lógica, todo el reordenamiento interno apunta a un mismo objetivo: la reelección de Javier Milei.

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