POLITICA
El Gobierno convocará a los rectores de los hospitales universitarios para rediseñar la distribución de fondos

En la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno busca desactivar un nuevo foco de conflicto con las casas de estudio por un reclamo de $79 mil millones sin ejecutar destinados a hospitales universitarios.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anticipó a TN que el Gobierno convocará después de la movilización de este martes a todos los rectores de universidades con hospitales para conformar una comisión que decida un nuevo criterio para distribuir los fondos.
La discusión financiera, aclaran tanto en el Gobierno como en las universidades, no gira alrededor de los fondos asignados a cada institución en el Presupuesto 2026 -que se ejecuta de manera automática-, sino a una partida del programa “Hospitales universitarios” que depende directamente de la subsecretaría que dirige Álvarez.
Según el funcionario, esa partida de $79.763.113.948 históricamente se administró “de manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro salvo el lobby político”. Por eso, el área dependiente del Ministerio de Capital Humano decidió suspender esas transferencias hasta redefinir el criterio de distribución.
La disputa del Gobierno con las universidades por los fondos para hospitales
Sin embargo, las universidades aseguran que desde hace cinco meses que no reciben esos fondos y la UBA advirtió la semana pasada en conferencia de prensa que sus hospitales podrían dejar de funcionar en 45 días por falta de ese financiamiento.
En esa discusión, Álvarez acusó a la Universidad de Buenos Aires de querer apropiarse del 95% de la asignación de $79 mil millones destinada a todos los hospitales universitarios del país. “¿Qué significa esto? Vos tenés 75 mil millones para la UBA, con lo cual te quedan 4 mil millones para todo el resto», aseguró el funcionario en rueda de prensa.
Sin embargo, consultado por este medio, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, enfatizó que el Gobierno es quien define el criterio de distribución, tal como lo hizo en 2024 y 2025. “El más lógico puede ser la cantidad de pacientes, pero lo tienen que hacer los primeros días de enero, no ahora. No pueden no pagarle a los hospitales ni un peso hasta el quinto mes”, sentenció.
La demora en la convocatoria: críticas cruzadas entre el Gobierno y las universidades
Tras ser consultado por la demora en la convocatoria a los rectores para redefinir la distribución de fondos, Álvarez aludió a la complejidad del sistema universitario y a la resistencia de la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a quienes definió como “políticos profesionales”.
“Lamentablemente no les interesa mejorar el sistema. Yo he estado con los rectores y lo único que les importa son este tipo de transferencias. No les importa mejorar el sistema. Se excusan en la autarquía para hacer lo que se les da la gana y no aceptar ninguna sugerencia”, acusó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Leé también: Docentes, alumnos y gremios preparan una marcha para reclamar por el financiamiento a las universidades
En ese sentido, el rector de la Universidad de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci, aseguró a este medio que no recibió ninguna convocatoria del Gobierno, pero que sin dudas las universidades asistirán cuando ocurra.
Por su parte, Yacobitti aseguró a TN que la UBA tampoco había recibido la invitación hasta el momento. “Si llega, por supuesto que vamos a ir, pero no hay nada más irresponsable que no se haya llamado hasta ahora para pagar los alquileres de equipos para tratamientos oncológicos”, cuestionó.
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POLITICA
La marcha universitaria refuerza su condimento opositor con la adhesión de partidos políticos y sindicatos

La Marcha Federal Universitaria que se realizará este martes, desde las 17, en Plaza de Mayo, tendrá una significativa presencia de partidos políticos opositores y sindicatos que cuestionan al gobierno del presidente Javier Milei. Las centrales obreras, espacios políticos peronistas, radicales, de la Coalición Cívica y de la izquierda están entre los grupos que convocan a participar de la manifestación para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció su adhesión a la marcha universitaria. Concentrará a sus militantes en Diagonal Sur y Bolívar, desde las 15. “Marcha Federal. Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, es la consigna de la central obrera, que conduce el triunvirato integrado por Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (sindicato del vidrio) y Octavio Argüello (camioneros). La central obrera anunció su adhesión en una conferencia de prensa junto a referentes sindicales universitarios.
El sindicato de camioneros, que conduce Hugo Moyano, lanzó su propia convocatoria. Su punto de concentración será la esquina de Avenida Belgrano y Piedras, desde las 15. El mensaje del gremio para su columna es “Camioneros acompaña a los universitarios”.
Las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (la Autónoma y la de los Trabajadores) se plegarán con sus sindicatos desde las 15, con Diagonal Norte y San Martín como punto de concentración. Este lunes, las centrales conducidas por Hugo Yasky y Hugo Godoy anunciaron una serie de movilizaciones durante mayo y junio que conformarán su “plan de lucha federal para frenar el ajuste”.
Las dos ramas de la CTA agrupan sindicatos como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), y varios que se nuclean en el Frente de Sindicatos Unidos, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los papeleros, aceiteros, molineros y la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (en sus dos vertientes).
Además de las conducciones de las centrales gremiales, también se sumarán a la protesta universitaria vertientes internas de los sindicatos, como la Agrupación Pluricolor de la Cicop, que se dará cita desde las 15, en Plaza de Mayo, o la Lista Multicolor del Suteba. Otro sector que será parte de la movilización es la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, que protagonizó duros reclamos contra el gobierno por el presupuesto para el centro de salud infantil. Su columna saldrá a las 16, desde el hospital, ubicado en Combate de los Pozos 1881.
La Unión de Trabajadores de la Educación Popular (UTEP), un sindicato de cooperativistas que conduce Alejandro Gramajo (Movimiento Evita) y que forma parte de la CGT, también anunció su apoyo a la marcha que tendrá a la Universidad de Buenos Aires (UBA) como su principal convocante. “Para que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario”, es la consigna que difundió la UBA para su llamado a la protesta.
La presencia de partidos políticos opositores en la marcha universitaria también será nutrida. El Partido Justicialista bonaerense, que preside el gobernador Axel Kicillof, convoca a su militancia a las 15.30, en Diagonal Sur y Perú. La Cámpora, organización que lidera Máximo Kirchner, se reunirá en Avenida de Mayo y Tacuarí, desde las 15. En esa misma esquina, pero desde las 14, se concentrará la columna del Frente Renovador, el espacio político de Sergio Massa.
El Frente de Izquierda-Unidad participará desde las columnas de las facultades, con las que marchará hacia Plaza de Mayo. Convoca desde las 14, en conjunto con las agrupaciones juveniles, para marchar desde 9 de Julio y Avenida de Mayo.
La Unión Cívica Radical (UCR) -presente con sus integrantes en la cúpula de la UBA y presidida por Leonel Chiarella– se concentrará en el Comité Capital, ubicado en Tucumán 1660. Desde allí, saldrán los militantes del radicalismo nacional, porteño y de la Juventud Radical. La vertiente Radicalismo Auténtico (motorizada, entre otros, por Federico Storani, que en los últimos meses mostró acercamientos a Kicillof) también anunció su acompañamiento.
Con un mensaje de su titular, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, la Coalición Cívica convoca a marchar junto a las universidades, en lo que será la cuarta marcha del sector de la educación superior contra el gobierno nacional.
El partido Libres del Sur, que tiene como referente a Humberto Tumini, se concentrará a las 14, en la Plaza de Mayo.
partidos políticos,Ver esta publicación en Instagram,Una publicación compartida de Confederación General del Trabajo (@cgt.ok),pic.twitter.com/GsbYev7cO1,May 11, 2026,Universidad de Buenos Aires,CGT,PJ Partido Justicialista,Conforme a,,Negocios con el dólar blue. El exsocio de Piccirillo admitió que ofició de intermediario para acceder al SIRA,,Solo en Off. Sandra Pettovello y un viaje al Vaticano que despierta aplausos y celos en el Gabinete,,La dictadura en Córdoba. Una de las desaparecidas identificadas en La Perla era cercana a Juan Schiaretti,Universidad de Buenos Aires,,»Una más, una menos». Yacobitti le respondió a Adorni por los fondos a la UBA y dijo que no le sorprende que mienta,,Lo echaron por la fuerza. Un estudiante de la UBA fue suspendido por acosar y amenazar a alumnas,,»¿Cuál es el problema?». El Gobierno le propuso a la UBA que si no puede administrar sus hospitales los transfiera al Estado nacional
POLITICA
Cuatro gobernadores activaron planes de refinanciación de deudas de empleados públicos, por el alto nivel de morosidad

El grado de morosidad de las familias está en niveles históricos. Según informes oficiales recientes, la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 2,94% en febrero de 2025 a 11,2%.
Para enfrentar esta situación, algunos gobernadores lanzaron distintos planes de refinanciación para aliviar la carga sobre los agentes estatales y jubilados. El entrerriano Rogelio Frigerio; el santafesino Maximiliano Pullaro; el correntino Juan Pablo Valdés y el misionero Hugo Passalacqua están en esa lista.
El cordobés Juan Llaryora tiene en mente un esquema similar, pero aún no se ha plasmado. En la provincia mediterránea la deuda de los agentes públicos es, principalmente, con la tarjeta local «Cordobesa». El plástico lo emite el Banco de Córdoba, controlado por el Estado. El mandatario debe pasar por un sendero estrecho: refinanciar las deudas de los estatales sin afectar el equilibrio de la entidad bancaria.
Tasa en baja
Entre Ríos lanzó su propuesta este lunes. El ministro de Economía provincial, Fabián Boleas, indicó que el objetivo es sustituir deudas de alto costo por un único préstamo con condiciones más favorables.
El nuevo esquema permitirá reducir, de forma significativa, la carga mensual, consignó el funcionario.
“Esta gestión que hicimos con el agente financiero (el Banco Entre Ríos) permitirá, en algunos casos, reducir a la mitad esa tasa de interés”, explicó Boleas. Luego, adelantó que se proyecta extender este sistema a los trabajadores privados.
El programa ofrece una tasa nominal anual (TNA) fija del 60%. Los plazos son de hasta 60 meses. Cuenta con un período de gracia de 60 días. Boleas aclaró que no hay costo fiscal para el Estado.
El funcionario destacó que la propuesta se basa en “la evaluación que hacemos del mercado financiero”. Al respecto, destacó que hubo “un descenso de las tasas de interés”.

En la tierra colorada
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que la provincia extenderá el plan de reestructuración de deudas de agentes públicos hasta fines de mayo. El sistema se había lanzado el 19 de marzo.
“En conjunto con el Banco Macro (agente financiero del Estado) prorrogamos hasta el 31 de mayo el programa de refinanciación de deudas con tarjetas de crédito y/o préstamos personales”, indicó el mandatario a través de sus redes sociales.
El esquema incorpora una tasa de interés bonificada. Abarca a trabajadores públicos provinciales y municipales. También jubilados, pensionados y retirados provinciales. La condición es que tengan deuda con más de 31 días de mora al 30 de abril. El sistema misionero no tiene aportes del Estado. Contempla una bonificación de 7 puntos en el interés.
Corrientes Sostiene
En tanto, el gobernador Juan Pablo Valdés echó mano a que el Estado provincial tiene el control del Banco de Corrientes para poner en marcha un sistema más audaz.
El esquema contempla a estatales y privados. Permitirá refinanciar deudas de tarjeta de crédito desde $100.000, en 6 o 12 cuotas fijas, con una tasa especial con reducción de 29 puntos. La medida representa un alivio financiero de $90.000 millones, alcanzando a 89.000 correntinos en toda la provincia.
El sistema refinancia el 80% de los saldos en planes. Hay hasta 12 cuotas fijas. Se utiliza una tasa especial con reducción de 15 puntos.
Se estima que la iniciativa generará un alivio financiero valuado en más de $40 mil millones, beneficiando a más de 1.400 empresas correntinas.
La puesta en marcha de «Corrientes Sostiene» supuso una inversión pública de $130 mil millones.
El Plan de Protección santafesino
Al igual que en Corrientes, el gobierno de Maximiliano Pullaro puso en marcha un sistema para refinanciar los compromisos de trabajadores públicos y privados. La novedad es que incorporó a los autónomos.
El objetivo es aliviar la carga financiera. Además, garantizar en el caso de los estatales que las deducciones no superen el 25 % de los ingresos.
El Gobierno provincial informó que el 33% de los empleados públicos registra descuentos por créditos en sus recibos de haberes. De ese total, unos 12 mil superan el umbral del 25% de afectación salarial. A ellos se suman 7 mil jubilados y cerca de 60 mil trabajadores privados y autónomos en situación similar.
Si las entidades no aceptan estas condiciones, aparece la segunda opción. Allí el Estado provincial podrá intervenir con asistencia financiera a tasa cero para cubrir la diferencia.
Además, se abrió una línea de créditos para consolidación de deudas. Esto permitirá unificar compromisos financieros. El plazo será de hasta 60 meses, con dos de gracia.
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POLITICA
El Gobierno envió 45 nuevos pliegos de jueces y fiscales al Senado para negociar con la oposición dialoguista

El Gobierno envió al Senado los pliegos de 45 nuevos jueces y fiscales nacionales y federales, muchos de ellos del interior del país, con los que busca que la oposición dialoguista los apoye con sus votos para respaldar a los postulantes de las provincias.
En el paquete resaltan los nombres de jueces federales para la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata); Santa Fe, Salta, Tucumán, Chubut (Comodoro Rivadavia); Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes (Paso de los Libres y en la ciudad capital), Mendoza y San Juan.
Del total de 45 pliegos hay 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires y 29 candidatos de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales, con asiento en la ciudad de Buenos Aires.
Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo durante 10 años, actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
Ponte dirige un organismo hipersensible -que depende de la Corte Suprema de Justicia- ya que cubre las escuchas telefónicas realizadas con orden judicial, el análisis forense de los mensajes de los sospechosos y la realización de estudios periciales delicados y de cuyo resultado dependen causas resonantes.
Su nombre fue enviado al Senado para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Luis Armella. Allí está radicada la causa por supuesto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, y donde se investigan a 16 clubes de fútbol.
Ese juzgado además tiene jurisdicción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se suelen presentar causas por narcotráfico, terrorismo, contrabando y lavado de dinero.
Ponte está casado con la fiscal Alejandra Mángano, que hace tres semanas pidió cerrar la causa contra Manuel Adorni por el viaje con su esposa Bettina Angeletti a Nueva York, al entender que no había delito. Es hijo de un exintendente radical de General Lavalle.
Además, en la lista de nombres que envió el Gobierno al Senado está la renovación del pliego del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la ley de reforma laboral.
A su vez, Florentino Malaponte es propuesto para la Cámara Federal Rosario, Sala A. Proviene de una familia con linaje en el radicalismo santafesino, en el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro.
También está Javier Cosentino, propuesto para la Cámara Comercial, que fue postulado por Mauricio Macri, su pliego retirado por Alberto Fernández, vuelto a enviar y retirado de nuevo y ahora impulsado por Milei. El kirchnerismo lo denunció por sus fallos en la causa comercial de Oil Combustibles.
Además, el Ejecutivo envió los pliegos de Santiago José Martín para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y de Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Es considerado un pionero en la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy.
Además, para Chubut envió el pliego de Sebastián Pedro Ruíz como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; para Tucumán, envió a Pablo Roberto Toledo como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y a Ángel Roger Luna Roldán para el mismo tribunal.
Para Chaco envió el pliego de María Virginia Ise, para la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia; para Misiones, envió a Ruth María Ponce de León como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas; para Catamarca, envió a Ana María Busleiman como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y para San Juan, a Leopoldo Jorge Rago Gallo como juez federal número 2.
En Corrientes fue propuesto Hugo Daniel Froy como fisclal federal de Paso de los Libres; Juan Marcelo Burella Acevedo como fiscal federal de Corrientes y Patricio Nicolás Sabadini como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
En Mendoza, en tanto, fue propuesto Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal general ante los Tribunales Orales Federales.
Con estos nombres, el oficialismo busca destrabar en el Senado la designación de jueces. Es que un sector de la oposición dialoguista le había hecho saber que en política se cobra por adelantado: si querían los votos, era necesario mandar los pliegos de los jueces que les interesaban a los gobernadores.
A juzgar por la lista que envió, Mahiques tomó nota de esa premisa política. Con estos nombres ya son casi 150 los postulantes enviados al Senado desde que asumió el cargo hace tres meses. De acuerdo a un relevamiento, hay vacantes en más del 35% de los juzgados en todo el país.
Senadores radicales, peronistas díscolos, macristas del Pro y de fuerzas provinciales desconfiaban de la administración de Milei y decidieron frenar los pliegos. Por eso se registró esta movida apenas arrancó la semana para que prosperen en la Comisión de Acuerdos los nombres de los candidatos acordados con la Casa Rosada para ubicar en los juzgados federales de sus provincias.
La encargada de conseguir esos apoyos es la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital).
Desde que lo eligió Karina Milei para cumplir la misión de completar las más de 300 vacantes que hay en el Poder Judicial, el ministro Mahiques mantiene permanente línea abierta con Bullrich, que en su rol de principal interlocutora del Gobierno en la Cámara alta es, además, receptora de todas las quejas de los sectores de la oposición que necesita mantener contentos para garantizarse la aprobación de las leyes que envíe el Poder Ejecutivo.
Tal era la resistencia que los dictámenes para tratar los primeros pliegos enviados al Senado las últimas semanas no consiguieron las nueve firmas necesarias. Faltaban las firmas de los senadores tucumanos, correntinos, misioneros y hasta bonaerenses. Ahora hay candidatos de esas provincias.
La rebelión no alcanza al pliego del camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia que busca extender su condición de juez por cinco años más después de que, en noviembre, cumpla 75 años.
Las audiencias continuarán el miércoles y jueves próximos, con la exposición de los últimos 39 candidatos. En esas convocatorias estarán algunos de los pliegos más controvertidos, como el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y el de Laureano Durán, que para algunos bloques de la oposición tiene estrechos vínculos con el kirchnerismo, aunque en el oficialismo niegan que sea así y recuerdan que terminó arrimándose a María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Hernán Cappiello,Gustavo Ybarra,Conforme a
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