POLITICA
El Gobierno levanta la guardia ante la marcha universitaria y la define como “completamente política”
En la antesala de la nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para este martes a las 17 con la Plaza de Mayo como epicentro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, rompieron el silencio. En dupla con su jefa directa, el funcionario definió a la convocatoria como “completamente política”.
En un diálogo llevado adelante en la sede de la calle Pellegrini de Capital Humano, ambos hablaron con un grupo de medios para dar su visión de la nueva marcha, rebatir acusaciones del sector universitario y apuntar contra los datos con los que se manejan para tomar decisiones.
Pettovello y Álvarez anticiparon, además que piensan crear una comisión en las próximas semanas para rediseñar el nuevo criterio con el que distribuirán el presupuesto para hospitales universitarios de todo el país.
Compuesto por una partida de casi 80 mil millones de pesos que no fue ejecutada en lo que va de 2026, los funcionarios afirmaron que esa reasignación contemplará a todos los hospitales universitarios del país. Y que en la actualidad “el 95%” lo reclama la Universidad de Buenos Aires (UBA).
De hecho, de la UBA dependen seis instituciones reconocidas, como los hospitales de Clínicas, Roffo y Lanari; el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
Pettovello y Álvarez tomaron contacto con la prensa un día antes de la concentración en la que, además de la presencia del ámbito universitario, habrá una significativa presencia de partidos políticos opositores y sindicatos que cuestionan al gobierno del presidente Javier Milei.
Sobre los reclamos salariales de docentes y no docentes, otro de los focos principales de conflicto, apuntaron: “Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial”, dijo Álvarez. Tras lo que rápidamente agregó: “Pero esto, las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política”, completó.
“O sea, no me saqué una foto yo con (el gobernador Axel,) Kicillof. Se la sacaron los rectores. No fui yo a una reunión con la CGT. O sea, si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitan que actores sociales que no tienen una relación directa, estén presentes?“, sostuvo Álvarez, a quien apodan ”El Galleguito”.
En la sede de Capital Humano están convencidos de ese punto y de que la mayor cantidad de datos sobre los alumnos, sus condiciones y cómo cursan, entre otros puntos que obtuvieron en el último tiempo y hasta la que antes no tenían acceso, serán centrales para la discusión que viene.
“¿Quién no quiere saber en qué se gasta el dinero? Ese es nuestro espíritu, nada más. No ir en contra de la UBA, ni en contra de ninguna universidad pública. Estamos a favor de la educación. Queremos desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber, sin saber que pasan cosas que no están bien”, dijo Pettovello en el correr de la charla.
“La gente tiene que tener información para después tomar una decisión de por qué apoya o no apoya”, agregó. “Tenemos que informarle a la sociedad en lo que estamos trabajando y de qué manera tomamos las decisiones que tomamos y por qué las tomamos. Me parece que es importante la batalla cultural”, dijo la ministra. “Queremos explicárselo para que la gente pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, completó.
El eje central sobre que convoca la marcha de este martes es para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “La única ley que nosotros vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, marcó Álvarez. La judicialización de la ley llevó un largo derrotero, que hoy está en la Corte Suprema. También quedó trabado en el Congreso un proyecto alternativo.
Entre los puntos centrales que marcan los organizadores en el que sobresale la figura de Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), está la advertencia que, desde 2023 hasta la actualidad, las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%, situación que —según señaló— afecta de manera directa el funcionamiento de las universidades nacionales.
Desde Capital Humano rebaten el punto. “Ellos hacen una actualización, no es que las transferencias tomadas a peso constante aumentaron. Entonces, eso es, ajustándolo por inflación. Nosotros lo hemos admitido todo, obviamente, en relación a la inflación. Sin embargo, haciendo un enorme esfuerzo, el Estado, sobre todo el año pasado, actualizó los salarios universitarios muy por encima del promedio de todo el Estado. Y eso lo pueden ver en, en cualquier comparación”, aseguró Álvarez. Y agregó: “Es más, nuestro proyecto de ley, que ellos no quieren tratar, te establece un aumento del 12% en los salarios en tres partes”.
En cuanto a la partida para hospitales universitarios, de casi 80 mil millones de pesos, sostienen: “Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo se distribuía en más o menos el 70% para la UBA, y luego a Cuyo, a Córdoba y a La Rioja. El resto de los hospitales, en La Plata, el Nordeste, que es en Resistencia, Santiago del Estero, Tucumán, todos reciben cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Crear una comisión de hospitales universitarios y todos de acuerdo vamos a ver cómo se distribuye eso. Con un criterio objetivo», dijo Álvarez.
Álvarez sumó: “Por ejemplo, un argumento contra esto que me decían de la UBA:´Ay, pero nosotros somos los que más enfermos atendemos´. Sí, está bien, pero yo lo tengo al rector de Chaco diciéndome: ´Yo estoy en la zona más pobre del país´. Entonces, ¿cuál es el criterio?“, preguntó. Al tiempo que coincidió con Pettovello al decir que históricamente eso se administró ”de manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro, o al del lobby político».
La ministra dijo que los primeros dos años de gestión, el presupuesto estaba “reconducido”. “O sea, nosotros nos manejábamos con un presupuesto que no era nuestro. Este es el primer presupuesto nuestro y vamos a aplicar nuestro criterio. Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales”.
Sobre el resto de las transferencias, y pese a los reclamos, aseguraron que “no hay un mes de atraso”.
En cuanto a los datos generales sobre los presupuestos y las diferentes universidades, aseguraron que los harán públicos en el corto plazo. “En unas semanas toda la gente va a poder acceder y saber a dónde va el dinero que todos ponemos”, explicó Pettovello. Será un sistema en el que buscarán volcar desde cantidad de alumnos, cómo se distribuyen las carreras, las universidades y los presupuestos que demandan, entre otros datos.
“Esa información hoy es pública, lo que pasa es que está en un mamotreto poco amigable, que son tablas de Excel que nadie lo trabaja como dato”, describió Pettovello: “Entonces, todo esto nosotros lo vamos a, a tomar del anuario estadístico, que va a seguir existiendo, pero esto lo que hace es simplificar la información”, agregó.
Ante una consulta posterior de , sobre información publicada en el Boletín Oficial por un recorte en un programa de Secretaría de Educación, y la suspensión de transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, afirmaron que está “en línea con lo que hizo todo el Estado Nacional”.
partidos políticos,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Diputados opositores piden citar al embajador del Reino Unido tras el paso de un buque de guerra británico por aguas argentinas
El bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados pidió una reunión con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires, David Cairns, y presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el tránsito del patrullero oceánico HMS Medway de la Royal Navy por aguas bajo jurisdicción argentina.
El episodio ocurrió entre el 4 y el 5 de julio, cuando el buque británico zarpó desde Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, y llegó al puerto de Punta Arenas, en Chile.
Los diputados Guillermo Michel, Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos, Moira Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz expresaron su preocupación por la navegación del HMS Medway durante su trayecto hacia Chile.
Además, Michel y el resto de los legisladores presentaron un pedido de informes en la Cámara baja dirigido al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, para que el Gobierno explique qué información tenía sobre el desplazamiento del patrullero británico. También solicitaron que se informe si el Reino Unido notificó previamente la navegación, tal como establecen los acuerdos suscriptos entre ambos países en 1990, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas interrumpidas por la guerra de 1982, y si el Ejecutivo prevé presentar un reclamo diplomático.
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Entre los puntos incluidos en el pedido de informes figuran si el tránsito del buque se ajustó a los convenios vigentes entre la Argentina y el Reino Unido; qué actuaciones realizaron la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y la Cancillería una vez detectado el desplazamiento; y qué medidas están previstas para fortalecer el control y monitoreo de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y resguardar los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
Como fundamento de la iniciativa, los legisladores señalaron que distintas versiones periodísticas indicaron que “la Armada Argentina habría detectado el desplazamiento del buque sin que existiera una notificación previa, circunstancia que motivó la intervención de la Cancillería y el análisis de un eventual reclamo diplomático”.
Al mismo tiempo, advirtieron que “el Reino Unido sostiene que la navegación fue comunicada oportunamente mediante los canales correspondientes”, lo que, según afirmaron, genera “versiones contradictorias sobre un hecho de significativa relevancia institucional por el ejercicio soberano de nuestra patria”.
Michel y el resto de los diputados sostuvieron que el Congreso debe ejercer su función de control sobre el Poder Ejecutivo y conocer con precisión cuáles fueron las actuaciones de las autoridades nacionales frente a un episodio que, señalaron, involucra la defensa de la soberanía argentina y la protección de los intereses estratégicos del país en el Atlántico Sur.
El pedido de informes deberá ser tratado por la Comisión de Defensa y, si obtiene dictamen, será sometido a votación en el recinto de la Cámara de Diputados.
Citación al ministro de Defensa
En paralelo, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, junto con el diputado Agustín Rossi, presentó un pedido para que el ministro de Defensa, Carlos Presti, brinde explicaciones e informes verbales sobre la desafectación de inmuebles bajo la órbita de esa cartera, incluidas las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados.
En la iniciativa, los diputados señalaron que los bienes inmuebles de Defensa poseen características particulares por su ubicación, dimensiones, infraestructura instalada y valor estratégico, lo que los diferencia de otros activos del Estado.
Como ejemplos mencionaron la desafectación, durante el primer semestre de 2026, de inmuebles pertenecientes al Ejército Argentino en las ciudades de Neuquén, La Plata y Corrientes, además de un inmueble de la Armada Argentina en Ushuaia, Tierra del Fuego.
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Los firmantes recordaron que en marzo pasado presentaron otro proyecto para preservar los bienes inmuebles del Estado nacional que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, incluidas las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados.
Martínez y Rossi sostuvieron que existe una contradicción en la política de defensa del Gobierno de Javier Milei. “Mientras se afirma públicamente que se busca fortalecer a las Fuerzas Armadas, incluso anunciando que un porcentaje de los ingresos por privatizaciones será destinado a la compra de equipamiento militar, simultáneamente se avanza en la venta de los inmuebles que hacen posible su funcionamiento”, señalaron. Y agregaron que esa situación “resulta manifiestamente contradictoria con las políticas implementadas por el Gobierno nacional, que promueven la venta de bienes inmuebles bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa, sus organismos descentralizados y las Fuerzas Armadas”.
Los legisladores también vincularon la iniciativa con el contexto internacional. Sostuvieron que, en un escenario atravesado por conflictos armados y crecientes tensiones geopolíticas, como las que se registran en Medio Oriente, “los Estados se orientan a fortalecer sus capacidades militares, preservar sus activos estratégicos y ampliar su infraestructura de defensa”. En ese sentido, afirmaron que “nuestro país, en cambio, avanza en sentido contrario, debilitando infraestructura estratégica de defensa y comprometiendo el patrimonio nacional”.
El proyecto también deberá ser analizado por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Carlos Zapata.
Diputados, Reino Unido, Islas Malvinas, Unión por la Patria
POLITICA
Cuadernos de las coimas: una testigo reconoció retiros bancarios por más de US$11 millones de uno de los empresarios investigados
Una contadora de la exAFIP, que declaró este martes en el juicio oral de los cuadernos de las coimas, reconoció que uno de los empresarios que admitió el pago de coimas hizo retiros bancarios por más de 11 millones de dólares, entre 2009 y 2011.
Se trata de Miguel Marcelino Aznar, presidente y director de Decavial, una de las empresas investigadas en el juicio que, según la acusación, fue clave en el reparto de la obra pública.
“Por lo visto, este señor Aznar es el que retiró los dólares, según los comprobantes que aportó el banco”, dijo hoy Ana Cecilia Palacio, la contadora que declaró como testigo y trabajó revisando los números de la firma.
Aznar es señalado por la fiscalía y un imputado colaborador como el actor central en la recaudación de las coimas dentro del ámbito de los corredores viales, que son los paquetes de rutas nacionales que el Estado entregaba a concesión a empresas privadas.
En su propia declaración como arrepentido, Aznar reconoció haber pagado coimas por 25.000 dólares mensuales, entre 2003 y 2007, para mantener el negocio o evitar sanciones.
El Tribunal Oral Federal N.º 7 le exhibió a la contadora Palacio distintos documentos sobre los que había trabajado en 2018 como inspectora de la AFIP, cuando revisó, a pedido de la Justicia, operaciones de las empresas investigadas en la causa cuadernos, entre ellas Decavial.
Uno de los fragmentos del informe que ratificó durante su declaración decía: “A partir de esa documental, pudo observarse que el Sr. Miguel Marcelino Aznar (CUIT N° […]) efectuó durante ese lapso (años 2009 a 2011) los retiros en efectivo relativos a las compras de dólares estadounidenses que totalizaron la cifra de USD 11.685.000 antedicha”.
“Llegamos hasta el punto en la persona que retiraba. Después qué se hizo con esos fondos…”, sostuvo la mujer, dando a entender, como hicieron colegas suyos en audiencias pasadas, que la trazabilidad del dinero se pierde cuando este sale del banco en efectivo.
Este tramo del juicio oral está protagonizado por empleados de la AFIP —hoy ARCA— que, a pedido del juez que instruyó la causa, Claudio Bonadio, revisaron las operaciones de numerosas empresas investigadas entre 2003 y 2015.
En ese período, la empresa que lideró Aznar resultó adjudicataria de 42 obras públicas por un total de casi 4000 millones de pesos. La mayoría fue entregada de manera directa; un puñado, en cambio, fue concedido a Decavial por intermedio de distintas sociedades que integró junto a otras empresas, de manera circunstancial y para determinados proyectos.
Uno de los principales arrepentidos en el expediente, Claudio Uberti, el hombre que manejó los contratos de concesión vial durante el kirchnerismo, marcó al empresario Aznar como el encargado de organizar y recolectar los pagos de los demás empresarios vinculados a los corredores viales para luego entregárselos a los funcionarios.
Aznar —que ofreció 162.000 dólares como reparación integral para evitar el juicio oral— alegó que Uberti ejercía sobre él una “coacción y asfixia financiera” y que los pagos eran resultado de esa presión.
Luego de la declaración de Palacio, el abogado del empresario Carlos Wagner le preguntó a la contadora si la compra de dólares era habitual. “No es algo raro. Casi todas las empresas compran dólares”, contestó.
Después intervino la fiscalía, representada por Nicolás Codromaz, quien le preguntó si también era habitual que los empresarios retiraran tantos millones de dólares en efectivo. “No”, respondió la testigo.
El defensor del empresario Aznar, en tanto, intervino para preguntarle a la testigo si los estados contables posteriores a aquellos retiros en dólares fueron incluidos en el análisis. La mujer, de nuevo, dijo que no, que eso no estaba incluido en el informe.
los cuadernos de las coimas,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Juan Manuel Olmos habló sobre el futuro del peronismo: “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”
El presidente de la Auditoría General de la Nación y referente del Partido Justicialista, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el peronismo debe resolver sus diferencias a través de mecanismos de participación interna para llegar fortalecido a las elecciones presidenciales de 2027.
En una entrevista con Infobae al Regreso, también cuestionó la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), defendió la necesidad de un programa económico consistente y advirtió sobre los riesgos de modificar las reglas electorales en función de las conveniencias del oficialismo.
Durante la conversación con el equipo integrado por Gonzalo Aziz, Olmos analizó el escenario político del peronismo, la disputa por su conducción y los desafíos que, a su entender, deberá afrontar el espacio para volver a ser una alternativa de gobierno.
Uno de los ejes de la entrevista fue el futuro de las PASO. Para Olmos, las primarias siguen siendo una herramienta válida para ordenar la competencia política y otorgar legitimidad a las candidaturas. “Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias son una herramienta válida, y cuando se manipulan las reglas electorales para beneficiar a un partido, muchas veces eso termina jugando en contra”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la legitimidad de un sistema electoral no depende únicamente de su aprobación legislativa, sino también de la estabilidad de las reglas. “La legalidad la da la mayoría del Congreso, pero la legitimidad de un sistema se adquiere cuando las reglas perduran en el tiempo y no buscan la ventaja de uno u otro”, señaló.
Ante la posibilidad de que las PASO no se realicen en 2027, el dirigente planteó que el peronismo deberá encontrar un mecanismo alternativo para definir a sus candidatos sin resignar la participación de sus votantes. “El peronismo necesita legitimar su programa y su candidato con participación popular. Eso tiene que ser en las PASO, que ojalá sigan, pero si se suspenden habrá que buscar un mecanismo para la competencia interna”, sostuvo.
Para Olmos, esa discusión excede la definición de nombres y debe servir para construir una propuesta de gobierno. “Es sano en este momento abrir una discusión de ideas, de programa y de propuestas para el próximo gobierno, y que esa propuesta tenga la legitimación de los votos”, afirmó.
El dirigente también insistió en que las diferencias dentro del PJ deben resolverse mediante la competencia política y no a través de una fractura del espacio. “El peronismo tiene una máxima: el que gana conduce y el que pierde acompaña. Eso se va a dar mucho más en una situación de competencia”, sostuvo.
En esa línea, advirtió sobre las consecuencias de una eventual división del espacio opositor. “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”, afirmó.
Consultado sobre las tensiones internas que atraviesa el peronismo, Olmos relativizó las comparaciones con otras etapas de la historia del movimiento y sostuvo que las diferencias actuales pueden resolverse institucionalmente. “No se pueden comparar hechos históricos con diferencias actuales sobre quién lleva la propuesta y la candidatura. Si hay diferencias, se pueden dirimir en una elección interna o apelar al consenso en una única propuesta”, expresó.
La entrevista se produjo mientras distintos dirigentes del peronismo federal exploran la construcción de una alternativa nacional para los próximos comicios. En ese contexto, Olmos reconoció que existe una discusión sobre la conducción del espacio, aunque insistió en la necesidad de preservar la unidad. “Hay una discusión por la conducción del peronismo, por quién representa al espacio en la próxima elección”, indicó, y agregó: “La responsabilidad histórica nos lleva a no dividir el espacio político, pero sí a dirimir las diferencias”.
A su criterio, quien aspire a representar al justicialismo deberá llegar fortalecido por un proceso de debate interno. “El candidato tiene que tener la fortaleza de haber sometido sus ideas a un debate interno y conseguir los votos para ser quien represente al peronismo”, sostuvo.
Olmos también vinculó esa discusión con el rumbo que, a su entender, enfrentará el país después de 2027. “La Argentina bifurca dos caminos posibles: uno similar al modelo Lima, con informalidad y economía de subsistencia, y otro más cercano al modelo San Pablo, con un esquema productivo, nacional y alineamiento de políticas de Estado”, planteó.
En materia económica, el titular de la Auditoría General de la Nación consideró que cualquier propuesta de gobierno deberá partir de un esquema de equilibrio macroeconómico. “Debemos tener orden económico, porque no hay ningún esquema sostenible con desorden, inflación o gasto que no podés financiar”, afirmó.
Como ejemplo, recordó el período comprendido entre 2003 y 2008, al que definió como una etapa de superávit fiscal y comercial con crecimiento del empleo, y lo contrastó con la situación actual, que, según dijo, muestra un deterioro del entramado productivo.
En ese marco, sostuvo que el principal desafío del peronismo será ofrecer certezas sobre su programa económico. “El peronismo tiene que dar certezas y decir cómo va a ordenar la economía y la sociedad. No podemos volver a causar miedo o incertidumbre. Hay que trabajar para la gente y generar confianza”, afirmó.
Sobre la deuda externa y la relación con el Fondo Monetario Internacional, consideró que el endeudamiento representa una limitación para el desarrollo, aunque descartó la posibilidad de desconocer los compromisos asumidos por el Estado. “No se pueden romper los compromisos asumidos por la Argentina. Sí se pueden discutir plazos y herramientas”, señaló.
Al cierre de la entrevista, Olmos cuestionó el programa económico del Gobierno nacional y sostuvo que el ajuste, por sí solo, no constituye una estrategia de desarrollo. “El gobierno actual tiene un programa financiero que puede sostenerse por el ajuste, pero así a cualquiera le alcanza la plata. Hay que revisar el contexto y poner en marcha un programa fuerte, legitimado, donde el desarrollo del empleo y el mercado interno sean centrales. Ese programa y el candidato tienen que estar legitimados”, concluyó.
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