POLITICA
El Gobierno levanta la guardia ante la marcha universitaria y la define como “completamente política”
En la antesala de la nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para este martes a las 17 con la Plaza de Mayo como epicentro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, rompieron el silencio. En dupla con su jefa directa, el funcionario definió a la convocatoria como “completamente política”.
En un diálogo llevado adelante en la sede de la calle Pellegrini de Capital Humano, ambos hablaron con un grupo de medios para dar su visión de la nueva marcha, rebatir acusaciones del sector universitario y apuntar contra los datos con los que se manejan para tomar decisiones.
Pettovello y Álvarez anticiparon, además que piensan crear una comisión en las próximas semanas para rediseñar el nuevo criterio con el que distribuirán el presupuesto para hospitales universitarios de todo el país.
Compuesto por una partida de casi 80 mil millones de pesos que no fue ejecutada en lo que va de 2026, los funcionarios afirmaron que esa reasignación contemplará a todos los hospitales universitarios del país. Y que en la actualidad “el 95%” lo reclama la Universidad de Buenos Aires (UBA).
De hecho, de la UBA dependen seis instituciones reconocidas, como los hospitales de Clínicas, Roffo y Lanari; el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
Pettovello y Álvarez tomaron contacto con la prensa un día antes de la concentración en la que, además de la presencia del ámbito universitario, habrá una significativa presencia de partidos políticos opositores y sindicatos que cuestionan al gobierno del presidente Javier Milei.
Sobre los reclamos salariales de docentes y no docentes, otro de los focos principales de conflicto, apuntaron: “Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial”, dijo Álvarez. Tras lo que rápidamente agregó: “Pero esto, las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política”, completó.
“O sea, no me saqué una foto yo con (el gobernador Axel,) Kicillof. Se la sacaron los rectores. No fui yo a una reunión con la CGT. O sea, si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitan que actores sociales que no tienen una relación directa, estén presentes?“, sostuvo Álvarez, a quien apodan ”El Galleguito”.
En la sede de Capital Humano están convencidos de ese punto y de que la mayor cantidad de datos sobre los alumnos, sus condiciones y cómo cursan, entre otros puntos que obtuvieron en el último tiempo y hasta la que antes no tenían acceso, serán centrales para la discusión que viene.
“¿Quién no quiere saber en qué se gasta el dinero? Ese es nuestro espíritu, nada más. No ir en contra de la UBA, ni en contra de ninguna universidad pública. Estamos a favor de la educación. Queremos desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber, sin saber que pasan cosas que no están bien”, dijo Pettovello en el correr de la charla.
“La gente tiene que tener información para después tomar una decisión de por qué apoya o no apoya”, agregó. “Tenemos que informarle a la sociedad en lo que estamos trabajando y de qué manera tomamos las decisiones que tomamos y por qué las tomamos. Me parece que es importante la batalla cultural”, dijo la ministra. “Queremos explicárselo para que la gente pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, completó.
El eje central sobre que convoca la marcha de este martes es para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “La única ley que nosotros vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, marcó Álvarez. La judicialización de la ley llevó un largo derrotero, que hoy está en la Corte Suprema. También quedó trabado en el Congreso un proyecto alternativo.
Entre los puntos centrales que marcan los organizadores en el que sobresale la figura de Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), está la advertencia que, desde 2023 hasta la actualidad, las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6%, situación que —según señaló— afecta de manera directa el funcionamiento de las universidades nacionales.
Desde Capital Humano rebaten el punto. “Ellos hacen una actualización, no es que las transferencias tomadas a peso constante aumentaron. Entonces, eso es, ajustándolo por inflación. Nosotros lo hemos admitido todo, obviamente, en relación a la inflación. Sin embargo, haciendo un enorme esfuerzo, el Estado, sobre todo el año pasado, actualizó los salarios universitarios muy por encima del promedio de todo el Estado. Y eso lo pueden ver en, en cualquier comparación”, aseguró Álvarez. Y agregó: “Es más, nuestro proyecto de ley, que ellos no quieren tratar, te establece un aumento del 12% en los salarios en tres partes”.
En cuanto a la partida para hospitales universitarios, de casi 80 mil millones de pesos, sostienen: “Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo se distribuía en más o menos el 70% para la UBA, y luego a Cuyo, a Córdoba y a La Rioja. El resto de los hospitales, en La Plata, el Nordeste, que es en Resistencia, Santiago del Estero, Tucumán, todos reciben cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Crear una comisión de hospitales universitarios y todos de acuerdo vamos a ver cómo se distribuye eso. Con un criterio objetivo», dijo Álvarez.
Álvarez sumó: “Por ejemplo, un argumento contra esto que me decían de la UBA:´Ay, pero nosotros somos los que más enfermos atendemos´. Sí, está bien, pero yo lo tengo al rector de Chaco diciéndome: ´Yo estoy en la zona más pobre del país´. Entonces, ¿cuál es el criterio?“, preguntó. Al tiempo que coincidió con Pettovello al decir que históricamente eso se administró ”de manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro, o al del lobby político».
La ministra dijo que los primeros dos años de gestión, el presupuesto estaba “reconducido”. “O sea, nosotros nos manejábamos con un presupuesto que no era nuestro. Este es el primer presupuesto nuestro y vamos a aplicar nuestro criterio. Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales”.
Sobre el resto de las transferencias, y pese a los reclamos, aseguraron que “no hay un mes de atraso”.
En cuanto a los datos generales sobre los presupuestos y las diferentes universidades, aseguraron que los harán públicos en el corto plazo. “En unas semanas toda la gente va a poder acceder y saber a dónde va el dinero que todos ponemos”, explicó Pettovello. Será un sistema en el que buscarán volcar desde cantidad de alumnos, cómo se distribuyen las carreras, las universidades y los presupuestos que demandan, entre otros datos.
“Esa información hoy es pública, lo que pasa es que está en un mamotreto poco amigable, que son tablas de Excel que nadie lo trabaja como dato”, describió Pettovello: “Entonces, todo esto nosotros lo vamos a, a tomar del anuario estadístico, que va a seguir existiendo, pero esto lo que hace es simplificar la información”, agregó.
Ante una consulta posterior de , sobre información publicada en el Boletín Oficial por un recorte en un programa de Secretaría de Educación, y la suspensión de transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, afirmaron que está “en línea con lo que hizo todo el Estado Nacional”.
partidos políticos,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Río Negro impulsa una ley para habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco en el mercado formal
Río Negro anunció que enviará un proyecto de ley para permitir la comercialización formal de carnes salvajes como el jabalí y el guanaco. La iniciativa busca ofrecer nuevas alternativas proteicas a los consumidores y responder a problemáticas ambientales y productivas detectadas en la región patagónica. El gobierno rionegrino señaló que se trata de una acción que pretende modificar la normativa vigente, que limita el mercado formal de estas carnes, a pesar de su consumo extendido en ámbitos informales.
La propuesta surge en un contexto donde otras provincias patagónicas ya exploran opciones similares. Chubut, por ejemplo, realizó pruebas piloto con carne de burro. El avance de este tipo de proyectos responde a una demanda por diversificación de proteínas y a la necesidad de aprovechar recursos disponibles que, hasta el momento, escapan a los circuitos de control sanitario y trazabilidad.
Según explicó en Infobae en Vivo Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Río Negro, la intención es regular una práctica ya extendida. Al mismo tiempo se busca garantizar condiciones seguras para el consumo y aportar un control efectivo sobre especies cuya población crece sin regulación natural.
“Cuando hablamos hoy de una proteína alternativa como es el jabalí, hay que pensar que es una especie exótica que se introdujo a la Argentina hace muchos años y no tiene depredador natural”, afirmó Banacloy.
Proyecto para habilitar carnes de jabalí y guanaco
El proyecto de ley que impulsa la provincia de Río Negro apunta a incorporar al mercado formal carnes que han estado presentes en la dieta regional, aunque fuera del control oficial. Banacloy detalló que el jabalí, al carecer de controladores naturales, incrementa su población y causa daños considerables en los cultivos agrícolas extensivos. “Son animales que se mueven en grandes grupos y generan mucho daño sobre los cultivos que uno ya tiene hecho”, explicó el funcionario.
El guanaco, por su parte, constituye una especie autóctona cuya población, de acuerdo con el ministro, ya supera la cantidad de ovejas en la Patagonia. Banacloy precisó que, durante años, el guanaco estuvo incluido en listas internacionales de especies en peligro, pero actualmente la cantidad de ejemplares es elevada.
La propuesta rionegrina no busca desplazar otras carnes, sino sumar una alternativa formal, sostenible y controlada. “No va a ser una carne que va a ocupar un lugar que retire el del cerdo o el pollo. Probablemente entre con un kilo per cápita, que para el consumo que tenemos es un montón”, señaló Banacloy.
Motivos ambientales y económicos del proyecto
El impulso para habilitar la venta masiva de carnes salvajes tiene motivaciones principalmente productivas y ambientales. Banacloy argumentó que el principal motivo es el daño económico que provocan los animales silvestres sobre los cultivos. El funcionario describió que los jabalíes actúan como una plaga, arrasando plantaciones de maíz y alfalfa, productos destinados tanto al consumo interno como a la exportación.
Banacloy remarcó que el único control posible sobre la población de jabalíes es a través de la acción humana, ya que la caza deportiva perdió relevancia entre las nuevas generaciones. “La mayoría de las carnes salvajes son mucho más magras que las carnes tradicionalmente hechas en encierro. Es naturalmente un animal que tiene que moverse, que camina, que nada, cruza ríos para buscar alimento”, indicó el ministro.
En relación a la economía del consumidor, Banacloy reconoció que el consumo de proteínas alternativas responde a la necesidad de precios más accesibles, en especial tras la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento de la carne bovina. Sin embargo, aclaró que el objetivo central del proyecto es aprovechar una proteína localmente disponible y actualmente desaprovechada por cuestiones legales.
Formalización y controles sanitarios
Uno de los argumentos principales del gobierno de Río Negro es la necesidad de formalizar una práctica que ya existe en la región. Banacloy insistió en que el consumo de carnes salvajes ocurre desde hace mucho tiempo, pero mayormente fuera del circuito legal y sin controles sanitarios adecuados. “Lo que estamos haciendo es que estos animales puedan venir a un establecimiento habilitado, como va cualquier otro tipo de especie”, detalló el ministro.
El proyecto prevé que la carne de jabalí y guanaco ingrese a plantas de faena autorizadas y se someta a los mismos controles veterinarios que las carnes tradicionales, incluyendo exámenes para detectar enfermedades como la triquinosis. Banacloy enfatizó que “lo mejor que te puede pasar es que esté formalizado, porque ahí es donde perdés el control si no está formalizado”.
La iniciativa también contempla el concepto de “proteína de cercanía”, ya que los animales silvestres se encuentran en las inmediaciones de los pueblos patagónicos, lo que facilitaría la logística y reduciría los costos de transporte habituales en otras cadenas cárnicas.
Cambios regulatorios y perspectivas
El avance del proyecto de ley requiere modificar normativas que, según Banacloy, tienen entre cuarenta y cincuenta años de antigüedad. El funcionario subrayó que la caza está permitida actualmente en la provincia, pero el objetivo es incorporar formalmente estas carnes al circuito comercial bajo un esquema de aprovechamiento sostenible, controlado y trazable.
La provincia busca así liderar un cambio estructural en el mercado de carnes del país, promoviendo opciones que ya forman parte de la cultura alimentaria patagónica, pero que hasta ahora permanecían fuera de la legalidad y el control sanitario.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente convocó hoy a los legisladores de La Libertad Avanza para explicar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Todas las novedades del Gobierno de Milei de este lunes 13 de julio, en la cobertura minuto a minuto de Clarín:
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Javier Milei largó la carrera por la reelección: las encuestas le dan ventaja para la primera vuelta y el balotaje
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La agenda del Gobierno: Santilli recibe al gobernador de San Luis
POLITICA
La Justicia dicta la sentencia en el caso Skanska, el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo
El Tribunal Oral Federal N° 4 difundirá este mediodía el veredicto del Caso Skanska, la constructora sueca acusada de direccionar licitaciones y pagar coimas a funcionarios públicos durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner.
La Fiscalía pidió penas de entre cuatro y cinco años de cárcel para los principales acusados, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López. Además de inhabilitarlos de manera perpetua para ejercer cargos públicos y decomisos millonarios.
El tribunal de Comodoro Py informará cuál será la sentencia para ambos exfuncionarios, que escucharán la decisión judicial de manera virtual desde sus lugares de detención. De Vido desde su arresto domiciliario en Zárate y López desde la cárcel de Ezeiza, respectivamente.
Las claves de Skanska, el primer gran caso de corrupción del kirchnerismo
El Caso Skanska fue el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista. En el expediente se investigó el supuesto pago de coimas y sobreprecios por parte de la constructora sueca, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en 2004. Según la Justicia hubo cobro de sobornos para la concesión de la obra y la construcción de los gasoductos Norte y Sur.
La empresa señalada de direccionar licitaciones y pagarles coimas a exfuncionarios públicos fue acusada, además, de esconder este esquema a través de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.
La prueba fundamental que destapó la maniobra fue una grabación de la propia compañía en la que un exejecutivo, Javier Azcárate, dijo en diálogo con el exsíndico dela empresa, Claudio Corizzo, que había recibido el pago de coimas a cambio de asegurarse las obras. La causa judicial involucró tanto a exfuncionarios kirchneristas como a directivos de Skanska.
El juez federal, Sebastián Casanello, argumentó al elevar el caso a juicio, en 2019: “La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento».
El magistrado planteó: “Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional”.
Casanello advirtió: “Todos estos sucesos habrían generado, como consecuencia, un perjuicio económico millonario para la administración pública, en tenor de que los sobornos pagados por los privados y recibidos por los funcionarios constituyeron un beneficio económico ilegal a título personal para ellos pero, en simultáneo, la extracción de dinero de las arcas estatales sin amparo legal alguno».
Julio De Vido, José López, skanska
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