El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto habló de las elecciones 2027 y asque la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, lanzará su propia candidatura presidencial por fuera de La Libertad Avanza.

En una entrevista concedida al programa Toma y Daca (Futurock), el líder del bloque Encuentro Federal afirmó que el escenario electoral contará con una oposición articulada y con otros actores como el radicalismo y los demócratas cristianos.

Según el legislador, la funcionaria intentará interpelar a un electorado diferente al que hoy respalda al presidente Javier Milei. “Va a expresar al sector nacionalista, católico y de base militar que en un primer momento apoyó a Milei”, sostuvo durante el diálogo radial.

Esta lectura sobre el futuro de Villarruel coincide con las observaciones de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En una entrevista reciente en TN, la funcionaria calificó a la vicepresidenta como una “conservadora típica” y señaló que sus ideas se alejan del liberalismo oficialista: “Ella ya decidió ser parte de un proyecto distinto. No lo dijo, pero se nota: se le lee en el inconsciente. Parece que está armando algo”.

Sobre sus propias ambiciones políticas en la Ciudad de Buenos Aires, Pichetto descartó de plano que la actual senadora nacional obtenga el aval para competir por la jefatura de Gobierno. “No hay lugar para Bullrich porque la Ciudad no se la van a dar. Van a ponerlo a Diego Santilli, probablemente con Pilar Ramírez. Una fórmula de la confianza”, sentenció el diputado.

Por otro lado, Pichetto se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. El legislador el pedido del peronismo de que se levante la restricción para ejercer cargos públicos. “Lo que se está planteando es el levantamiento de la medida de inhabilitación. Es una medida que está prevista en el Código Procesal Penal, en el artículo 360”, explicó.

El diputado también criticó la falta de imparcialidad en la causa Vialidad al denunciar supuestas irregularidades en la conformación del tribunal y en la selección de los fiscales. “Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. Yo la relaciono con las viejas penas del destierro de Grecia y Roma”, concluyó el legislador al calificar la sentencia como una “pena retrógrada”.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA

El Gobierno bonaerense y el bloque de diputados peronistas de la provincia negaron hoy que impulsen un proyecto de ley para ampliar la Legislatura hasta los 150 integrantes, entre diputados y senadores, como publicó este domingo en base a fuentes del propio oficialismo provincial.

La información dio cuenta de una negociación en curso para habilitar las reelección indefinida de los intendentes, una postura que apoyan el gobernador Axel Kicillof y otros sectores internos del PJ bonaerense, pero que encuentra trabas para su debate y sanción en la Legislatura provincial.

Ante la dificultad para sumar el número suficiente, la alternativa evaluada en las conversaciones fue el de una ampliación de la cantidad de bancas. Esta opción se empezó a discutir en las comisiones de reforma política de ambas cámaras. “No se actualiza hace décadas. Hay una disparidad de representación de la séptima y de la octava respecto de la primera y de la tercera”, afirmó a un legislador que dialoga con frecuencia con Kicillof.

“Desmentimos categóricamente la información publicada por el diario sobre un supuesto proyecto para ampliar la cantidad de bancas de la Legislatura bonaerense. Exigimos rectificación”, afirmaron los diputados de Unión por la Patria (UxP) en un comunicado difundido esta tarde. El bloque de UxP, que encabeza el camporista Facundo Tignanelli, aseguró que no existe ninguna iniciativa de esas características en asuntos entrados de las comisiones de la Legislatura.

La misma línea sintonizaron en el Ejecutivo kicillofista, según se lo hicieron saber a este diario fuentes oficiales. “No refleja en absoluto la postura del poder Ejecutivo provincial ni del gobernador en particular”, señalaron desde el entorno del mandatario sobre la propuesta.

El sistema bicameral bonaerense está conformado por 92 diputados y 46 senadores. La información publicada por dio cuenta de que el peronismo busca incorporar 12 legisladores por cámara y elevar a 150 la cantidad de representantes de la Legislatura (100 diputados y 50 senadores).

El argumento, rechazado por el peronismo provincial, es que se requeriría actualizar la cantidad de bancas por el crecimiento demográfico en el distrito. El artículo 69 de la Constitución bonaerense establece que la Legislatura puede elevar el número de sus miembros para llevar a 100 los diputados y el artículo 75 del mismo texto permite elevar hasta 50 los senadores.

En concreto el artículo 69 establece: “Esta Cámara de compondrá de ochenta y cuatro diputados. La Legislatura por dos tercios de los votos del total de los miembros de la Cámara podrá elevar esta cantidad hasta cien como máximo. Se determinará con arreglo de cada censo nacional o provincial debidamente aprobado el número de habitantes que ha de representar cada diputado”.

Mientras que el artículo 75 establece: “Esta Cámara se compondrá de 42 senadores. La Legislatura por dos tercios de los votos del total de los miembros de la Cámara podrá elevar esta cantidad hasta cincuenta, como máximo, estableciendo el número de habitantes que ha de representar cada senador, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 69”.

Ambos artículos de la Constitución bonaerense fueron citados a por las fuentes que amplificaron la información.

El último antecedente de ampliación de la Legislatura es de 1986, durante el mandato del presidente Ricardo Alfonsín y la gestión bonaerense de Alejandro Armendáriz. En ese momento se elevó de 84 a 92 la cantidad de diputados y de 42 a 46 los senadores.

Una organización que diseña y evalúa políticas públicas respaldó la orientación general de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) impulsada por el Gobierno, aunque sostuvo que el Congreso debería introducir modificaciones para fortalecer los mecanismos de control parlamentario sobre la autoridad monetaria.

Se trata de Fundar, una entidad que presiden Sebastián y Santiago Ceria, matemático y analista de sistemas, con la dirección ejecutiva del historiador Martín Reydó. En un documento difundido el viernes -un día después de la cadena nacional a través de la que Javier Milei comunicó su propuesta-, la organización afirmó que la iniciativa representa “un paso en la dirección correcta” porque implica abandonar la propuesta original de cerrar el BCRA.

Según la organización, permite avanzar hacia una institución “fuerte e independiente”, pero advirtió que “el éxito de la reforma depende del diseño institucional” y que la autonomía debe estar acompañada por “mecanismos de control y rendición de cuentas”.

Pese a que durante la campaña presidencial que lo catapultó a la Casa Rosada Milei había prometido “dinamitar” el BCRA, el jueves a la noche presentó una reforma de su carta orgánica para fortalecer su autonomía y delimitar sus competencias.

Los cambios propuestos por el oficialismo se apoyan en cinco ejes. El primero establece que el único objetivo del Banco Central será cuidar el valor de la moneda y controlar la inflación. El segundo prohíbe que el organismo emita dinero para financiar al Estado. El tercero busca darle mayor independencia al Gobierno al dificultar la remoción de sus autoridades. El cuarto cambia las reglas para que las ganancias contables del Banco Central no puedan usarse para financiar el gasto público y que las utilidades solo puedan destinarse a pagar deuda. Por último, elimina mecanismos que durante años permitieron al Tesoro financiarse con sus recursos.

La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

“Celebramos que el Gobierno haya abandonado la idea de cerrar la institución y avance hacia una reforma de su Carta Orgánica”, sostuvo Fundar. En esa línea, destacó que el proyecto incorpora “principios alineados con buenas prácticas internacionales”, como un mandato más claro, mayores límites al financiamiento monetario del Tesoro y una mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo. Según remarcó, se trata de reformas “razonables y consistentes con la experiencia de la mayoría de los países de la región”.

El informe considera acertado que la misión principal del BCRA pase a ser la preservación del valor de la moneda. “Cuando se le pide a una institución que persiga muchos objetivos a la vez, se arriesga a no cumplir bien con ninguno”, señala el documento, que sostiene que un mandato único facilita la evaluación de la gestión y reduce la discrecionalidad. Concluye que, dada la historia inflacionaria argentina, priorizar la estabilidad de precios resulta una opción razonable.

También avala la prohibición del financiamiento directo al Tesoro. Según Fundar, “es imposible resolver la inflación crónica sin una política fiscal que elimine definitivamente el financiamiento del déficit”. Recuerda, además, que el uso de adelantos transitorios, giros de utilidades y letras intransferibles para cubrir el rojo fiscal fue uno de los principales motores de la inflación.

Al mismo tiempo, aclara que la reforma mantiene la posibilidad de que el Banco Central opere con títulos públicos en el mercado secundario para hacer política monetaria, una práctica habitual entre los bancos centrales del mundo.

El principal reparo del documento aparece en el plano institucional. Si bien respalda una mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo, advierte que “la independencia no debe confundirse con la ausencia de controles”. En ese sentido, considera que la combinación de un mandato único, la prohibición taxativa del financiamiento al Tesoro y una autonomía reforzada “conlleva el riesgo de crear una institución sin contrapeso alguno y con un alto potencial de aislarse del resto de la política económica”.

Por eso, plantea que el Congreso tiene la oportunidad de mejorar el proyecto durante su tratamiento parlamentario. Entre otras recomendaciones, propone que las designaciones del directorio sean escalonadas para impedir que un mismo gobierno nombre a todos sus integrantes. También sugiere limitar el tiempo durante el cual las autoridades pueden permanecer “en comisión” sin acuerdo del Senado y señala la pertinencia de incorporar un esquema formal de rendición de cuentas, con comparecencias periódicas ante el Congreso, informes públicos cuando no se alcancen las metas y mayor transparencia sobre las deliberaciones y votaciones del directorio.

Por último, Fundar cuestionó otro de los cambios previstos en la iniciativa: la eliminación de la participación del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio del Banco Central. A su juicio, la independencia de la autoridad monetaria “no implica renunciar a la interacción con las autoridades”. Por el contrario, evalúa que suprimir esos canales “incrementa las chances de aislar excesivamente a la institución”.