POLITICA
El Gobierno fiscalizará el paro docente con agencias territoriales y aplicará sanciones si no se cumple el servicio mínimo
El Gobierno fiscalizará a través de las agencias territoriales el cumplimiento de la cobertura mínima exigida durante el paro docente convocado por CTERA para este lunes y elaborará un informe nacional sobre el nivel de actividad.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que, si detecta incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las entidades sindicales.
La medida estará coordinada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende de Capital Humano. “El lunes habrá que fiscalizar para comprobar si se respetó o no lo que manda el artículo 101 respecto de los servicios esenciales”, expresaron en Nación.
El esquema todavía está bajo definición operativa, pero la intención oficial es que las agencias territoriales recopilen información en las provincias, registren el funcionamiento de los establecimientos y eleven los resultados a la administración central. Esas dependencias responden directamente a la Secretaría de Trabajo y funcionan como enlace territorial con trabajadores, empleadores, sindicatos y autoridades locales.
Un comunicado de Capital Humano brindó detalles de sus mecanismos de control y señaló que “desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.
Aunque el comunicado menciona una inspección muestral en escuelas de todo el país, en el Ejecutivo no detallaron todavía cuántos establecimientos serán relevados ni si el operativo incluirá pedidos formales de información a las jurisdicciones o un sistema mixto que combine constataciones propias con datos enviados por los gobiernos provinciales.
La base de la intervención será la Ley 27.802 de Modernización Laboral. El artículo 101 modificó el régimen de conflictos colectivos y declaró servicio esencial al cuidado de menores y a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. Para esas actividades estableció que la cobertura durante una medida de fuerza no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal.
El porcentaje no se refiere necesariamente a que deba asistir el 75% de los docentes ni a que tengan que abrir exactamente tres de cada cuatro escuelas. La norma habla de la “prestación normal del servicio”, por lo que el Gobierno deberá definir cómo traduce ese concepto en indicadores comprobables: establecimientos abiertos, cursos cubiertos, personal afectado, horas de clase o una combinación de esas variables.
La ley prevé además un procedimiento previo. El sindicato debe notificar la medida a la contraparte y a la autoridad laboral con cinco días de anticipación y, al día siguiente, las partes deben acordar ante Trabajo las modalidades del servicio mínimo, con identificación del personal, horarios, funciones y forma de ejecución.
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Cuando no exista un acuerdo o la cobertura propuesta sea insuficiente, la Secretaría de Trabajo puede fijar los servicios mínimos en consulta con la Comisión de Garantías. La decisión debe ser notificada a las partes y puede establecer cuántos trabajadores deben prestar tareas, en qué horarios y bajo qué esquema operativo.
El régimen también obliga a informar a las familias y a los usuarios, al menos 48 horas antes de la protesta, cómo funcionará el servicio, cuánto durará la medida y de qué manera se garantizará la prestación mínima. Ese punto podría formar parte del relevamiento que realizará Capital Humano.
En el Gobierno aclaran que una sanción no sería automática por el nivel de adhesión al paro. Primero deberá constatarse el incumplimiento, determinarse qué obligación concreta no fue respetada, identificar a la entidad responsable y sustanciarse el procedimiento administrativo correspondiente, con posibilidad de defensa y revisión judicial.
El artículo 24.6 remite a los regímenes sancionatorios de las leyes 14.786, 23.551 y 25.212. Esas normas permiten, según el tipo de infracción, disponer intimaciones, apercibimientos y multas, además de promover acciones judiciales contra una asociación sindical que desobedezca resoluciones de la autoridad laboral.
La Ley de Asociaciones Sindicales faculta a Trabajo a exigir que un gremio deje sin efecto medidas que vulneren la legislación o incumplan disposiciones de la autoridad competente. Ante una desobediencia persistente, el Poder Ejecutivo no puede retirar por sí solo una personería, pero la autoridad laboral puede acudir a la Justicia para solicitar su suspensión, cancelación o la intervención de la organización.
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Las agencias territoriales serán la herramienta para reunir el respaldo fáctico de una eventual actuación posterior. La estructura laboral nacional puede recibir denuncias, realizar inspecciones cuando existe competencia federal, instruir sumarios y coordinar acciones con las provincias, que conservan facultades autónomas de policía del trabajo dentro de sus jurisdicciones.
Ese reparto de competencias será uno de los puntos sensibles. Las escuelas y los docentes dependen mayoritariamente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que CTERA es una confederación nacional. Por eso, Nación puede intervenir sobre el conflicto colectivo y la conducta de la organización sindical, pero necesitará información de las jurisdicciones para reconstruir qué ocurrió concretamente en cada establecimiento.
El operativo del lunes será la primera prueba de alcance nacional del nuevo régimen en el sistema educativo. La Casa Rosada buscará demostrar que la declaración de esencialidad tiene aplicación efectiva, mientras CTERA reclama la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores fondos educativos. El informe de las agencias territoriales será el documento que utilizará Capital Humano para decidir si cierra la actuación, intima a las partes o abre un procedimiento sancionatorio.
Gobierno, paro docente
POLITICA
Duro panorama de la Iglesia: "Al Papa lo espera una Argentina en crisis, con una gran cantidad de hermanos muy pobres"
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó que la próxima visita del papa León XIV encontrará a “una Argentina herida” por la pobreza, la intolerancia y las divisiones políticas, aunque sostuvo que también verá a un país que “no baja los brazos”. Lo dijo tras una misa en la Catedral Metropolitana, en la antesala de la visita del Pontífice y de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.
El prelado vinculó la convocatoria de este fin de semana con la visita apostólica que León XIV realizará en noviembre y consideró que la marcha hacia la Basílica funcionará como una instancia de preparación. Este año, Luján espera la llegada de más de un millón de peregrinos, mientras que la organización desplegará un operativo con miles de voluntarios y la participación de gobiernos nacionales, provinciales y locales.
García Cuerva definió a la Argentina como un país “herido” por la división
Consultado sobre el escenario que encontrará el pontífice, García Cuerva señaló que la polarización política y social impacta de forma directa en la vida cotidiana. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, expresó ante la prensa.
“Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, continuó con su diagnóstico.
Y completó: “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: «Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante». Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.
No obstante, destacó la respuesta de la sociedad y su capacidad de resiliencia: “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.
La peregrinación reunirá a fieles durante 60 kilómetros entre Liniers y Luján
La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzará este sábado 3 de octubre a las 10, con la salida de la imagen cabecera de la Virgen desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. El recorrido hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján abarca unos 60 kilómetros y culminará el domingo 4 con la misa central, prevista para las 7 frente al templo.
La edición de este año tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. García Cuerva presidirá la celebración central del domingo y también encabezará una misa durante la noche del sábado, a las 23.30. Peregrinación a Luján: el operativo, las recomendaciones y todo lo que hay que saber antes de comenzar la caminata
Durante la conferencia de prensa, el arzobispo sostuvo que habrá más de 20.000 voluntarios involucrados en la organización y remarcó la coordinación entre la Iglesia y las autoridades. “Estamos sentados a una mesa, gobiernos nacionales y locales, está sentada la Iglesia”, señaló.
La experiencia servirá para preparar la misa de León XIV en noviembre
La llegada de los peregrinos será además una prueba para el esquema logístico que se prepara ante la visita papal. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, según el programa oficial difundido por el Gobierno nacional. Se confirmó la agenda del Papa en Argentina: el lunes 9 de noviembre a las 11:30 será la misa multitudinaria en Palermo
El pontífice celebrará una misa frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre, en la última jornada de su estadía. Las autoridades locales calculan que la convocatoria podría oscilar entre uno y dos millones de fieles, por lo que se proyecta un corredor de concentración de dos kilómetros y una llegada escalonada de asistentes. Luján espera a millones de personas por la visita de León XIV: “Estamos más que colapsados”
García Cuerva consideró que el viaje de León XIV tendrá un carácter pastoral y que dejará desafíos para la Iglesia argentina. “Es una visita pastoral que nos va a dejar tarea para el hogar”, dijo, al referirse al compromiso que deberán asumir los fieles una vez finalizada la visita.
POLITICA
Islas Malvinas: el gobierno británico anunció que las nuevas licencias petroleras requerirán su consentimiento
El gobierno de las Islas Malvinas anunció, días atrás, que prorrogó las licencias petroleras en Sea Lion por cinco años con opción a dos más. “Lo hacemos con el fuerte apoyo del Reino Unido”, señaló en un comunicado. Sin embargo, en medio de una escalada diplomática y de acciones sancionatorias anunciadas por el gobierno argentino, en septiembre cayeron las acciones de las dos empresas involucradas. En la Bolsa de Londres, Rockhooper perdió un 17,9% de su valor bursátil, mientras que Navitas, en la Bolsa de Tel Aviv, perdió un 11,5% y la petrolera estadounidense Halliburton Company decidió no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion.
Ante esta situación, el gobierno británico confirmó ayer, ante la Cámara de los Comunes, que a partir de ahora, todas las licencias petroleras en las Islas Malvinas requerirán el consentimiento del Foreign Secretary, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Asume así una responsabilidad con ese permiso, entendiendo que fortalecerá la confianza empresarial que solo contaba, hasta ahora, con contratos firmados por el gobierno isleño, con apoyo del Reino Unido.
Sin embargo, evitó precisar si Londres intervino específicamente en la autorización del proyecto petrolero Sea Lion, cuya primera producción está prevista para 2028, que opera con licencias ya existentes, prorrogadas recientemente, pero no con una nueva, de acuerdo a lo que explicó el funcionario en el Parlamento.
Según medios británicos, también consignados por el sitio Mercopress, fue el Partido Conservador quien llevó la pregunta sobre Sea Lion. El representante Lord Moynihan, miembro conservador de la Cámara de los Lores, fue directo al grano ante Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario del Foreign Office, sobre los “permisos de Sea Lion”. El consultado no confirmó ni negó esa intervención. Pero ratificó que de aquí en más “todas las licencias petroleras en las islas deberán ser autorizadas por el Foreign Office”.
La respuesta fue entregada al Parlamento británico en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en las aguas cercanas al archipiélago. El 15 de septiembre pasado, ante la requisitoria del opositor Partido Conservador, el Foreign Office envió una nota a la Cámara de los Comunes advirtiendo que el secretario de Estado debe consentir las nuevas licencias de hidrocarburos otorgadas en las islas, bajo legislación local, pero ayer lo ratificó con una respuesta mucho más enfática, anunciando que directamente no se podrán otorgar licencias de explotación de petróleo en Malvinas sin el consentimiento del secretario de Estado.
En Westminster, en paralelo con el endurecimiento argentino por el reclamo de soberanía sobre las islas, comenzó a darse un debate propuesto por el Partido Conservador, que hizo públicas sus intenciones de exigir que las regalías que pueda otorgar la explotación petrolera en las islas sean compartidas con el Reino Unido, para que con esos recursos se puedan financiar los gastos de defensa de las islas, cargados en el presupuesto británico, unas 75 millones de libras esterlinas al año, para liberar recursos y aplicarlos al presupuesto de defensa del Reino Unido, como pide la OTAN, que disminuyó progresivamente desde 2016, cuando se confirmó la salida de los británicos de la Unión Europea, lo que se conoció en el mundo como el Brexit. Según los conservadores, “esa medida también aliviará la carga de los contribuyentes británicos”.
Daniel Santa Cruz,Islas Malvinas,Conforme a
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Los Metrodelegados irán a elecciones con una interna caliente: el oficialismo está cerca de dividirse y la izquierda va unificada
Una situación inédita atraviesa la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados: el sector oficialista, que conduce el sindicato desde su creación, en 2008, está cerca de presentarse dividido en las elecciones para renovar autoridades que se harán el 26 de noviembre.
La dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia piloteó el gremio surgido de una ruptura de trabajadores del subte con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se mantuvo a lo largo de los años pese a las diferencias políticas entre ambos: uno provenía del trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) y otro se reconoce como peronista.
Sin embargo, el fallecimiento de Pianelli, en enero pasado, dejó en estado de shock al oficialismo, donde el “pianellismo”, como llaman a los partidarios más fieles del líder, no reconoce a Segovia, secretario adjunto del sindicato, como el mejor heredero en condiciones de convertirse en el nuevo secretario general y aspiran a que uno de sus miembros quede al frente del gremio.
La referente de ese sector es Virginia Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto con Pianelli ante los manejos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se desafiliaron para crear un nuevo sindicato.
Los pianellistas no descartan presentarse en las elecciones con una lista propia mientras Segovia, que reivindica la alianza construida con Pianelli durante 18 años, propuso una nómina de unidad, incluso con la izquierda, para enfrentar los riesgos que, según imagina, les esperan a los trabajadores en la etapa que viene.
Cerca del adjunto de Metrodelegados creen que el pianellismo no lo quiere porque son muy rígidos ideológicamente y Segovia es “peronista y evangélico”. Pero aclaran: “Con Beto eran como hermanos, siempre trabajaron juntos y los matices sólo eran políticos”.
“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirman los allegados a Segovia.
En el pianellismo habían advertido hace un mes que “ante la ofensiva del Gobierno, la reforma laboral y la persecución judicial que pretende criminalizar a los sindicatos, la respuesta debe ser construir la mayor unidad posible”, pero hoy admiten que las negociaciones con Segovia no progresaron, aunque no descartaron un acuerdo: “El cierre de listas es este viernes a las 23.59. Las definiciones van a estar recién ahí”.
El riesgo de la división del oficialismo en Metrodelegados sería un escenario beneficioso para la izquierda, que en las elecciones sindicales de 2022, en una lista que unificó al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Obrero (PO), llegó al 40,9% de los votos contra el 59,1% de la fórmula Pianelli-Segovia.
Se trata de un sector de sólida presencia en las bases de los subtes, con referentes como Claudio Dellecarbonara, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), actual vocal del gremio por la minoría y con fuerte inserción como delegado en la Línea B, o David Carballo, del Partido Obrero (PO) y delegado de línea B.
Como anticipó Infobae, algunos referentes del trotskismo en los subtes creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato” y por eso propusieron a los pianellistas y a Segovia consensuar una lista unificada para las elecciones del 26 de noviembre, pero con un previo acuerdo sobre algunos puntos que considera clave.
Por ejemplo, la izquierda cuestiona “cómo viene funcionando el sindicato y cómo se toman las decisiones”, y también rechaza la reelección indefinida de los máximos dirigentes de Metrodelegados, punto que se criticaba en sus orígenes y que luego Pianelli y Segovia lograron incorporar en el estatuto sindical.
La idea de acordar un programa entre el oficialismo y la izquierda como condición para ir juntos a las elecciones, sin embargo, no prosperó. En el trotskismo de los subtes son lapidarios: “Vemos que la pelea de ellos es por el sillón, pero nuestra discusión no es por los cargos sino por definir qué clase de organización sindical queremos construir, qué herramienta necesitamos en esta situación crítica para los trabajadores, que para nosotros debe ser democrática, participativa y combativa”, dijo un referente de una de las fracciones duras del sindicato.
Aun así, la izquierda tiene su propia interna. Hay una clásica rivalidad entre el PTS y el PO, que, aunque se unieron hace 4 años para darle batalla a Pianelli-Segovia desde la Lista Multicolor, en estas últimas semanas amagó con profundizarse porque el Partido Obrero vetó la propuesta del PTS de buscar una lista de unidad con las dos fracciones en que se divide el oficialismo.
El fracaso de la unificación electoral en Metrodelegados logró que la izquierda volviera a asociarse para las elecciones del 26 de noviembre detrás de la candidatura de Dellecarbonara a secretario general, pero en hay agrupaciones minoritarias del sector combativo de los subtes que podrían quedar afuera de ese acuerdo.
Se mantendrá hasta la medianoche de este viernes la intriga sobre cómo quedará desplegado el tablero final para las elecciones en este sindicato de 1500 afiliados y decisiva influencia en la actividad de los subtes. Pero puede convertirse en un test que medirá la fortaleza de todo el gremialismo combativo y en una señal que tomarán en cuenta los gobiernos nacional y porteño.
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