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“Lo estamos monitoreando”: por la crisis en Ceuta, el Gobierno no descarta realizar más cambios en la política migratoria

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Javier Milei en Lima, durante la asunción de la flamante presidenta de Perú Keiko Fujimori. Foto: EFE

Ceuta intenta volver a la normalidad luego de que decenas de miles de personas llegaran a esa ciudad desde Marruecos, configurando uno de los episodios migratorios más graves en la historia reciente de España. El caso implicó un sacudón político al interior de la Unión Europea luego de que 22 de sus socios cuestionaran abiertamente la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez y pidieran mayores medidas para “combatir la inmigración ilegal”.

Esta crisis no se quedó solamente en territorio europeo, sino que generó una repercusión inmediata en los principales países de Occidente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agarró el episodio y opinó que “eso es lo que va a pasar en tres años si el bando equivocado llega al poder”. El mandatario calificó lo sucedido como “una invasión” y auguró que eso es lo que sucederá si es que “los demócratas llegan al poder” en su país.

No es una interpretación diferente a la que hizo el gobierno de Javier Milei. En las últimas horas, el Presidente compartió en su cuenta personal de X diferentes interpretaciones por parte de figuras del ámbito libertario. Uno de los textos más extensos fue el del Director Ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, que atribuyó esa crisis a varios actores y estructuras.

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Laje afirmó que “Bruselas impone una agenda migratoria abierta y castiga a los gobiernos que intentan recuperar el control soberano de sus fronteras”, señalando así a los “globalistas al frente de la Unión Europea” como uno de los principales culpables. Además, responsabiliza a la “industria de las ONG”, a la “ideología multicultural” y al “wokismo”, al que define como “un complejo de culpa autoinducido en los europeos: opresores históricos de buena parte del mundo según esta narrativa habrían contraído una deuda moral permanente que hoy debería saldarse mediante políticas de fronteras abiertas”.

Se trata de lecturas que apuntan directamente sobre el funcionamiento de la política migratoria europea, pero que sugieren que puede haber aspectos que puedan seguir reviéndose en el plano local.

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Infobae consultó con una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo y supo que Javier Milei está muy atento a la crisis migratoria en Ceuta. Ante la consulta sobre si hay en evaluación más medidas vinculadas a la normativa migratoria argentina, la respuesta fue “lo estamos monitoreando”.

Por pura coincidencia, horas antes de que emergieran las primeras novedades desde Ceuta, el Gobierno había anunciado el miércoles por la noche la publicación de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que habilita impedir el ingreso y expulsar del país a extranjeros que emitan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos por su nacionalidad, así como a quienes ultrajen símbolos patrios, una decisión que en Casa Rosada atribuyeron como respuesta a la supuesta “campaña antiargentina”.

La Oficina del Presidente sostuvo que el endurecimiento del régimen migratorio busca preservar la integridad social, el respeto hacia la Argentina y sus símbolos, además de prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia y el orden institucional. La comunicación oficial afirmó que la decisión responde a episodios recientes de tensión derivados de declaraciones interpretadas como ofensas a la República y a sus habitantes.

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Un funcionario del Gobierno atribuyó esta medida a algo más vinculado a la denominada “batalla cultural” y que su disparador no se debió a algún tipo de preocupación ligada a la inmigración. Aun así, vistos los episodios recientes, la normativa migratoria podría estar sujeta a nuevas modificaciones, si es que el Presidente lo considera apropiado.

De todas maneras, uno de los miembros de la mesa política del Gobierno ratificó ante Infobae que “al momento no se está hablando de eso”.

Frontera de Argentina y Bolivia

La administración libertaria ya había realizado cambios en mayo del año pasado a través de la publicación de otro DNU, el 366/2025, el cual modificó la Ley de Migraciones, endureciendo las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros.

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Allí, el Poder Ejecutivo redefinió categorías de residencia e incorporó criterios más estrictos para la admisión y permanencia en el país. El objetivo declarado era impedir el ingreso de personas que puedan “representar un riesgo” para la seguridad pública y asegurar que quienes entren lo hagan de manera legal y con intenciones claras.

La normativa publicada puso de manera tácita que los extranjeros deben presentar una declaración jurada al ingresar a la Argentina. Allí deben informar los motivos de su entrada y comprometerse a no desvirtuarlos. El texto también refuerza el control sobre la documentación migratoria y endurece las sanciones para quienes ingresen de forma irregular o utilicen documentos falsos.

En la plataforma que la alianza nacional de La Libertad Avanza presentó ante la Cámara Nacional Electoral se establecieron las siguientes propuestas en términos de política migratoria: 1) “Prohibir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales”; 2) “Incorporar sensores móviles, vehículos, drones, satélites y todo equipamiento necesario para el control de fronteras y lograr la recopilación de información para prevenir delitos complejos y monitorear fronteras de manera remota”; y 3) “Deportación Inmediata de extranjeros que cometan delitos en el país”.

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El Reino Unido anunció que las nuevas licencias de hidrocarburos en las Islas Malvinas requerirán su autorización final

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El Gobierno del Reino Unido confirmó este jueves que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, un dato que ubica a Londres como autoridad final sobre los permisos petroleros futuros en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

La definición había sido adelantada el 15 de septiembre ante la Cámara de los Comunes y se formalizó ahora en una respuesta parlamentaria ante la Cámara de los Lores.

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La respuesta oficial del 1 de octubre precisa que, aunque el gobierno de las islas conserva la responsabilidad sobre el marco regulatorio y ambiental, ninguna licencia nueva puede emitirse sin la aprobación final del secretario de Estado británico, un requisito que Londres ya había mencionado ante la Cámara de los Comunes el 15 de septiembre. Lo que en la superficie podía leerse como un respaldo diplomático a lo que resuelven los isleños se confirma, en los hechos, como una supervisión directa del Gobierno central, que se erige en filtro último de cualquier autorización futura.

Una pregunta en los Lores destapó el mecanismo

La administración de las islas conserva las competencias regulatorias y ambientales sobre los proyectos energéticos (REUTERS/Gary Clement)

La aclaración llegó como respuesta a una consulta formal del conservador Lord Moynihan, integrante de la Cámara de los Lores, presentada el 17 de septiembre y registrada en el sistema de preguntas parlamentarias del Reino Unido bajo el identificador HL3722. El legislador había pedido precisiones sobre las evaluaciones de impacto ambiental de los nuevos yacimientos y sobre el respaldo del Gobierno británico al desarrollo de esos proyectos. El planteo, dirigido en un primer momento al Ministerio para la Seguridad Energética, terminó derivado al Foreign Office.

La respuesta estuvo a cargo de Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento. “El Gobierno del Reino Unido mantiene una postura coherente respecto al derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales. Este derecho es fundamental para su autodeterminación, que este Gobierno defenderá con firmeza”, sostuvo el funcionario, según consta en el sitio oficial del Parlamento británico. A continuación, formalizó el punto central: “Cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado, quien actúa de conformidad con la legislación aplicable de las Islas Malvinas; no emitimos comentarios sobre licencias individuales”.

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El mensaje que Londres envía a la Argentina

Al elevar la decisión sobre nuevas licencias al nivel del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, cargo que ocupa Ed Miliband, el Reino Unido institucionaliza su rol de autoridad final en la materia y envía una señal política precisa hacia Buenos Aires: cualquier cuestionamiento legal o económico a los permisos petroleros ya no se dirige contra el gobierno local de las islas, sino contra el Ejecutivo de Londres. La jugada se produce en paralelo a la ofensiva judicial y diplomática que impulsa la Argentina contra las compañías que operan en la zona.

El Gobierno de Javier Milei denunció penalmente a esas empresas y promovió procedimientos administrativos para sancionarlas. La Justicia Federal de Río Grande, a través de la jueza Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al proyecto, una medida cautelar que alcanzó perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial. El 3 de septiembre, Milei había anunciado un decreto para endurecer las sanciones contra las compañías que operen en las islas sin autorización argentina, además de un proyecto de ley de defensa de la soberanía y fondos para una base naval en Tierra del Fuego. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, afirmó entonces el Presidente.

Sea Lion, el proyecto que queda bajo la lupa

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico funciona como instancia definitiva para los futuros permisos petroleros

El desarrollo de Sea Lion, el mayor emprendimiento petrolero previsto en aguas próximas al archipiélago, opera bajo licencias ya existentes y no bajo un permiso nuevo. Por esa razón, Londres evitó precisar si el secretario de Estado intervino en la aprobación de su programa de producción, informó Mercopress. La administración de las islas había aprobado en diciembre de 2025 las fases uno y dos del Northern Development Area, el área septentrional del proyecto, aunque un documento posterior de su Consejo Ejecutivo reconoció que aún restaban “numerosos” permisos y consentimientos regulatorios antes de alcanzar el primer petróleo.

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Navitas Petroleum, la operadora israelí del emprendimiento, posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante. La primera etapa contempla 11 pozos submarinos conectados al buque flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, a los que se sumarían otros 12 en una segunda fase. La producción está prevista para el primer trimestre de 2028, con una estimación oficial de USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según había informado Infobae.

Autodeterminación contra soberanía bilateral

El Reino Unido sostiene que los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales bajo el principio de autodeterminación, una posición que reafirmó Wood of Anfield en su respuesta a Moynihan. La Argentina rechaza que ese principio sea aplicable al caso y sostiene que existe una disputa bilateral de soberanía reconocida por la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965 a partir del Alegato Ruda, que calificó la situación del archipiélago como colonial y llamó a resolverla mediante negociaciones entre ambos países. Con la centralización del mecanismo de licencias en el Foreign Office, ese litigio diplomático suma ahora un frente adicional: el de la autoridad administrativa directa de Londres sobre cada nuevo permiso de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Diplomacy / Foreign Policy,Energy Markets,Environment,LEGACY: Financials (TRBC),Financials (TRBC level 1),South America / Central America

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Elecciones en Brasil: el Gobierno prevé que Lula gane la primera vuelta y que Bolsonaro tenga ventaja en un balotaje

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En el entorno del presidente Javier Milei afirman que el escenario más probable para las elecciones de Brasil de este domingo es que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sea el candidato más votado. Ese resultado, sin embargo, no le alcanzaría para poder imponerse en primera vuelta, lo que implicaría una segunda vuelta con su más inmediato competidor, Flávio Bolsonaro. Aunque el panorama para esa instancia sigue sin ser claro, en la Casa Rosada creen que la inercia que lleva el postulante opositor podría ser determinante.

“Nosotros vemos a un Lula claro ganador en primera vuelta, pero a Bolsonaro con mayores probabilidades de poder ganar una segunda”, afirman en la Casa de Gobierno. Quedó lejos el escenario que se evidenciaba dos meses atrás, cuando viajó personalmente a Brasil para asistir al acto de lanzamiento de Flávio. En ese entonces, el presidente brasileño parecía tener un panorama completamente favorable para ambas instancias; pero la diferencia se redujo de manera considerable con el pasar de las semanas.

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En la Casa Rosada evitan hacer una proyección de números y prefieren hablar de tendencias. A diferencia de otras semanas, diversos funcionarios del Ejecutivo y dirigentes del entorno libertario optaron por no emitir demasiados comentarios respecto al desarrollo de los comicios.

Quien sí realizó comentarios fue el propio Milei durante una entrevisa con el medio francés Le Point, el cual fue publicado este martes, horas antes de que arribara a París para participar del Argentina Week. Allí volvió a calificar al mandatario brasileño de “ladrón” y lo acusó de haber salido de prisión “por un tecnicismo administrativo orquestado por un juez cómplice [en alusión al juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes]”.

Javier Milei con Flavio Bolsonaro. REUTERS/Jean Carniel

En el reportaje, Milei también volvió a acusar al gobierno de Lula de haber realizado una interferencia en la campaña presidencial del 2023 y de haber querido perjudicarlo. “Durante mi campaña envió a varios comunicadores y psicólogos a Buenos Aires para montar operaciones sucias contra mí”, sostuvo el mandatario. Hasta el momento, las denuncias han sido todas declamatorias y ninguna se realizó en el plano judicial.

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Infobae pudo saber que estas declaraciones no cayeron bien en el Palacio do Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño. “La situación dista de ser ideal. De nuestra parte existe una intención de resguardar el vínculo”, marcó una fuente gubernamental del país vecino. Es por ese motivo que han tomado la decisión de que el embajador en la Argentina, Julio Bitelli, no vuelva a nuestro territorio, de mínima, hasta después de las elecciones.

En la Casa Rosada tienen la misma postura. El embajador en Brasil, Daniel Raimondi, no tiene fecha prevista para retornar a la sede diplomática en Brasilia. “El estatus que se va a mantener entre ambos países va a ser como el que se mantuvo en el último tiempo, a nivel de Encargados de Negocios”, respondieron en el Gobierno.

Lula da Silva.  REUTERS/Brian Snyder

El Ministerio de Seguridad Nacional que comanda la ministra Alejandra Monteoliva ordenó un refuerzo de la cobertura sobre las sedes diplomáticas que tiene Brasil en Argentina. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que hay 13.138 personas habilitadas en el país para votar este domingo: 11.873 en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, 926 en el Consulado General en Córdoba, 236 en el Consulado General en Mendoza, 62 en el Consulado General en Puerto Iguazú y 41 en el Consulado en Paso de los Libres. El horario de votación en la sede de la Capital Federal será entre las 08:00 y las 17:00.

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Se prevé que mañana hable el canciller Pablo Quirno y dé su lectura sobre el desarrollo de los comicios. A diferencia de lo que hicieron países como Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido, Argentina no realizó ningún alerta sobre potenciales riesgos a la seguridad de sus sedes consulares.

“Si Estados Unidos recibió alguna amenaza puede estar relacionado a que Lula decidió enfatizar como uno de los ejes del último tramo de su campaña una supuesta injerencia externa en el proceso electoral”, analizó una importante fuente del Ejecutivo Nacional. Y agregó: “Hay cierta apatía de los brasileños en estas elecciones; no vemos riesgo de hechos violentos en las próximas semanas”.

Muy por lo bajo, en la Casa Rosada se ha escuchado a importantes despachos decir que prefieren que gane Lula por sobre Bolsonaro. Es un deseo que no se corresponde con lo que quiere Milei, pero que se funda en la lectura de que una victoria del candidato del Partido Liberal podría opacar el rol del mandatario argentino como líder regional, así como la relación preferencial con Estados Unidos. En particular, quienes miran esto último ven que la economía de Brasil podría tener serias dificultades el año próximo y que podría haber una cierta disputa con el país vecino para recibir algún fondo de contingencia en caso de ser necesario.

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Javier Milei y Lula da Silva. (AFP)

Todas estas lecturas podrían ser, cuanto menos, relativizadas. Hay un posicionamiento transversal en el establishment de Estados Unidos de apoyar a la administración de Milei pese a cualquier viraje de gestión en otros países de la región. El interés de Washington sobre la circulación bioceánica sobre la zona de Tierra del Fuego se mira en clave de la disputa geopolítica con China. Es decir, la centralidad va a seguir existiendo de cualquier manera.

Si bien Flavio Bolsonaro tendría una afinidad mucho mayor con la administración Trump, las distancias ideológicas no le han impedido a Lula de tener encuentros de magnitudes. Un mandato del dirigente del PL tampoco podrá relegar de su vínculo con China: no ha propuesto romper su pertenencia al BRICS y una parte significativa de sus exportaciones de productos primarios se envían a la potencia asiática.

En relación al apoyo económico, la economía brasileña tiene una dimensión que sería prácticamente imposible pensar en un apoyo económico que pudiera ser realista y que no sea cuestionado en la política interna estadounidense. Los eventuales montos que precisaría Argentina son ostensiblemente menores.

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Duro panorama de la Iglesia: "Al Papa lo espera una Argentina en crisis, con una gran cantidad de hermanos muy pobres"

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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó que la próxima visita del papa León XIV encontrará a “una Argentina herida” por la pobreza, la intolerancia y las divisiones políticas, aunque sostuvo que también verá a un país que “no baja los brazos”. Lo dijo tras una misa en la Catedral Metropolitana, en la antesala de la visita del Pontífice y de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.

El prelado vinculó la convocatoria de este fin de semana con la visita apostólica que León XIV realizará en noviembre y consideró que la marcha hacia la Basílica funcionará como una instancia de preparación. Este año, Luján espera la llegada de más de un millón de peregrinos, mientras que la organización desplegará un operativo con miles de voluntarios y la participación de gobiernos nacionales, provinciales y locales.

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García Cuerva definió a la Argentina como un país “herido” por la división

Consultado sobre el escenario que encontrará el pontífice, García Cuerva señaló que la polarización política y social impacta de forma directa en la vida cotidiana. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, expresó ante la prensa.

“Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, continuó con su diagnóstico.

Y completó: “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: «Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante». Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.

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No obstante, destacó la respuesta de la sociedad y su capacidad de resiliencia: “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.

La peregrinación reunirá a fieles durante 60 kilómetros entre Liniers y Luján

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzará este sábado 3 de octubre a las 10, con la salida de la imagen cabecera de la Virgen desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. El recorrido hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján abarca unos 60 kilómetros y culminará el domingo 4 con la misa central, prevista para las 7 frente al templo.

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La edición de este año tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. García Cuerva presidirá la celebración central del domingo y también encabezará una misa durante la noche del sábado, a las 23.30. Peregrinación a Luján: el operativo, las recomendaciones y todo lo que hay que saber antes de comenzar la caminata

Durante la conferencia de prensa, el arzobispo sostuvo que habrá más de 20.000 voluntarios involucrados en la organización y remarcó la coordinación entre la Iglesia y las autoridades. “Estamos sentados a una mesa, gobiernos nacionales y locales, está sentada la Iglesia”, señaló.

La experiencia servirá para preparar la misa de León XIV en noviembre

La llegada de los peregrinos será además una prueba para el esquema logístico que se prepara ante la visita papal. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, según el programa oficial difundido por el Gobierno nacional. Se confirmó la agenda del Papa en Argentina: el lunes 9 de noviembre a las 11:30 será la misa multitudinaria en Palermo

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El pontífice celebrará una misa frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre, en la última jornada de su estadía. Las autoridades locales calculan que la convocatoria podría oscilar entre uno y dos millones de fieles, por lo que se proyecta un corredor de concentración de dos kilómetros y una llegada escalonada de asistentes. Luján espera a millones de personas por la visita de León XIV: “Estamos más que colapsados”

García Cuerva consideró que el viaje de León XIV tendrá un carácter pastoral y que dejará desafíos para la Iglesia argentina. “Es una visita pastoral que nos va a dejar tarea para el hogar”, dijo, al referirse al compromiso que deberán asumir los fieles una vez finalizada la visita.

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