POLITICA
El Gobierno irá a la Corte en un intento por mantener en manos de Migraciones la entrega de las ciudadanías
El Gobierno apelará el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que anuló el decreto 366/2025 de Javier Milei que había entregado a la Dirección de Migraciones la competencia para otorgar la ciudadanía argentina y se la había quitado a los jueces.
La apelación llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión de apelar fue confirmada a por diferentes fuentes del Poder Ejecutivo, que calificaron de “delirio” el fallo de la Cámara Electoral y anticiparon que seguirán “avanzando en el diseño de la reglamentación, indistintamente de cuál sea el resultado de la instancia que garantice la ciudadanía”. Se refieren a las otras modificaciones que dispuso el decreto, como limitar la residencia precaria a 90 días en vez de 180 como era antes.
La apelación será realizada por el área de Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que depende de Alejandra Monteoliva.
Por ahora, el fallo de la Cámara Nacional Electoral está vigente; es decir, la implementación del decreto se mantiene suspendida por la declaración de inconstitucionalidad.
Cuando el Gobierno presente el recurso extraordinario, la Cámara Electoral deberá decidir si concede el recurso y, de esa manera, el reclamo llega a la Corte Suprema.
Si la Cámara Nacional concede el recurso al Gobierno, el decreto vuelve a estar vigente hasta que la Corte Suprema resuelva el caso.
Si la CNE no concede el recurso, el Gobierno igual puede ir a la Corte con un recurso de queja.
La decisión judicial de la CNE conocida este martes considera que la norma fue dictada en exceso de las atribuciones que la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo Nacional.
La CNE, máxima autoridad judicial en materia electoral, sostuvo que, como la ciudadanía involucra el otorgamiento de derechos políticos a los solicitantes, la norma anulada regula aspectos que alteran cuestiones electorales que le están vedadas al Poder Ejecutivo.
Entre sus puntos centrales, el decreto de Javier Milei reforzó el control migratorio, exigió seguro de salud para extranjeros, limitó el acceso gratuito a la salud y a la educación universitaria para quienes no fueran residentes permanentes y estableció impedimentos más estrictos para el ingreso y la permanencia de extranjeros con antecedentes.
El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo y el artículo 99, inciso 3, en particular, le prohíbe expresamente dictar decretos de necesidad y urgencia en materia electoral, “bajo pena de nulidad absoluta e insanable”.
El decreto fue dictado el 28 de mayo de 2025 y fue firmado por el líder libertario. La norma trasladó a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina por naturalización, una atribución que desde 1869 estuvo en manos de los jueces federales.
El fallo, firmado este martes por los jueces Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, fue motivado por la apelación de Liping Yang, un comerciante chino radicado desde hace 11 años en Oro Verde, Entre Ríos, a quien un juzgado federal le había rechazado la carta de ciudadanía por tener una orden de expulsión dictada por la Corte Suprema que, sin embargo, nunca se efectivizó.
El DNU 366/2025 modificó también la Ley de Migraciones, la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Nacional.
En materia de ciudadanía, trasladó la facultad de otorgar alidad de los jueces federales a la Dirección Nacional de Migraciones y exigió que los dos años de residencia previa fueran no solo continuos, sino también legales y sin salidas del país.
La Cámara entendió que, al modificar quién decide sobre la ciudadanía —condición que habilita el ejercicio de los derechos políticos—, el decreto invadió esa zona vedada.
El fallo fue más allá: examinó los propios fundamentos del DNU y concluyó que las razones esgrimidas por el Gobierno —la sobrecarga de recursos judiciales, la necesidad de mayor control— constituían argumentos de “oportunidad, mérito o conveniencia” propios de una decisión legislativa ordinaria, no la situación de urgencia excepcional que la Constitución exige para saltear al Congreso.
En ese sentido, citó antecedentes de la propia Corte Suprema sobre los límites a las facultades legislativas del Ejecutivo.
El tribunal también recordó que esta era la primera vez que se le planteaba la cuestión y que jueces de primera instancia ya habían declarado la inconstitucionalidad del decreto en casos similares, lo que tornaba necesario unificar el criterio para todo el fuero electoral del país.
Con el aval del dictamen fiscal, la Cámara tuvo por acreditado que Yang ingresó al país en septiembre de 2015, no registra antecedentes penales aquí ni en China, abrió un supermercado, tributa en Argentina y vive en Oro Verde junto a su esposa e hijos.
de la Cámara Nacional Electoral,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Caso Andis: amplían el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el esquema de sobreprecios en la compra de insumos
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, y otros involucrados en la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo.
Lijo dispuso ampliar la acusación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. La medida alcanza a Spagnuolo, Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicados como los jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis.
El presunto esquema de sobreprecios no se limitó a los medicamentos sino que también alcanzó a prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y los materiales de traumatología, cardiología y neurología que la Andis compraba, y, en términos provisorios, superó la barrera de los $7800 millones, tal como se desprende de un escrito firmado por el juez.
Además de ampliar la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro imputados, Lijo procesó hoy a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.
“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963″, señaló el magistrado.
La cifra surge de un relevamiento y planillas incorporadas al expediente que consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis. “Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado”, aclara el texto judicial que lleva la firma de Lijo.
Esto se suma al trabajo que ya había realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre las compras de medicamentos. “Examinó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24″, trajo a colación esta nueva ampliación de procesamientos. Si ambas cifras se sumaran, el número superaría los $7000 millones.
“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24″, señala el documento judicial.
Según la resolución de Lijo, una “organización delictiva” que presuntamente funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipuló las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual el organismo compraba medicamentos e insumos. La imputación agrega: “Simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones” a favor de empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios.
En febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Hoy, Lijo ratificó a Spagnuolo, Garbellini, –ex número dos de la Agencia–, y a Calvete como los supuestos jefes de “una asociación ilícita” que operaba en la Andis y amplió los embargos. En el caso de Calvete, también le imputó el delito de lavado de activos. En su acusación, además, el juez sumó a otros empresarios.
Las planillas y auditorías analizadas por el juez incluyeron los informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Tal como informó , el exfuncionario y el Ministerio de Salud habían enviado a la Justicia ese material que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% “técnicamente indefendibles”.
Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso. O una factura que se pagó dos veces. Y comparaciones como compras por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe oficial.
Fuentes cercanas a Spagnuolo señalaron que “la condición jerárquica” no autoriza “por sí sola” a presumir “responsabilidad”. Garbellini, otro de los exfuncionarios investigados en esta causa, quien se encargaba de la aplicación del programa Incluir Salud, siempre negó sobreprecios y rechazó haber percibido coimas.
Garbellini es quien escribió el mensaje de las ofrendas. “Sus ofrendas de esta semana”, le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete. Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones, y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso .
Para el fiscal Franco Picardi, esto es muestra de un presunto circuito de dinero que terminaba en coimas. Por el contrario, según Garbellini, la expresión de las “ofrendas” se debió al modo en que Calvete le reclamaba “religiosamente” el pago de deudas “dando sermones cargados de retórica pesada y moralista”, tal como declaró ante la Justicia. “Expresiones así eran comunes, utilizadas por los proveedores como una manera de presionar agilidad en la gestión”, agregó Garbellini mientras sostuvo que no configuraba hecho de “complicidad” o corrupción.
La defensa de Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.
La causa se inició en agosto de 2025 con una denuncia presentada tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Y ahora avanza mientras mira qué pasó con las compras de la exAndis.
incluyeron los informes,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
Los empleados bancarios recibieron otro aumento salarial en sintonía con la inflación: cuánto cobrarán desde septiembre
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento del 1,9% para septiembre, que elevará el sueldo inicial de la actividad a $2.552.560,34.Y con el plus de participación en las ganancias, de $73.786,55, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.626.346,89.
Según anunció el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el acuerdo establece que el mismo mecanismo salarial (que eleva los sueldos según la cifra exacta de la inflación) continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. La negociación paritaria seguirá durante la segunda quincena de enero de 2027.
Se informó que la actualización se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, los salarios acumulan un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año respecto de diciembre de 2025.
Por el Día del Bancario, además, ambas partes definieron que el monto mínimo será de $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre.
De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron otra importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.
El 6 de este mes, por otra parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó la paritaria firmada por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora salarial, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
Mientras, como informó Infobae, los salarios formales mostraron una mejora en agosto, pero la evolución del poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno exhibe diferencias marcadas entre las actividades económicas. Mientras que el salario promedio del empleo privado registrado logró ubicarse por encima del nivel de noviembre de 2023, las remuneraciones acordadas en las principales paritarias aún se encuentran por debajo.
De acuerdo con los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada.
En tanto, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos de trabajo avanzó 0,9% en el mismo período. En ambos casos, las variaciones reflejan una mejora del poder de compra frente a la inflación.
Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 muestra resultados diferentes. El salario promedio del sector privado registrado se encuentra 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el correspondiente a los principales convenios acumula una pérdida real de 6,9%.
Según la Secretaría de Trabajo, la trayectoria de ambas series también fue distinta. Después de la fuerte caída registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, los salarios privados iniciaron una recuperación que les permitió superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2025. Desde entonces, atravesaron fluctuaciones, aunque en agosto de 2026 conservaron una mejora acumulada.
Los salarios negociados en paritarias, en cambio, avanzaron hasta comienzos de 2025, pero desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo. El resultado agregado, de todos modos, esconde diferencias importantes entre las actividades.
Entre los sectores con mayores incrementos acumulados se destacaron las entidades deportivas, con una suba real de 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%. Gastronomía y hoteles, y farmacias también exhibieron avances significativos, ambos del 11%.
A ese grupo se sumaron transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera, que también lograron mejoras reales durante el período analizado.
En el extremo opuesto, la actividad textil registró la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída acumulada de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con una contracción de 18%; transporte de pasajeros, con 13%; y encargados de edificios, con 12,1%.
También hubo retrocesos en sectores con una participación relevante en el empleo formal. Sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales frente al nivel de noviembre de 2023.
Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics
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La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en una segunda causa por presunta corrupción en la ANDIS
El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa por presunta corrupción en el organismo.
La investigación se centra en la compra de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con cobertura médica específica.
La Justicia busca determinar si funcionarios y empresarios acordaron direccionar contrataciones públicas para beneficiar a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.
Según informó Clarín sobre la resolución judicial, este nuevo tramo de la causa comprende operaciones que habrían generado un gasto de $75,5 millones y alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con las firmas proveedoras.
La investigación por las compras de insumos médicos
El expediente analiza presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. Los insumos eran destinados a personas que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, la resolución judicial también menciona diferencias entre los precios pagados y los valores de referencia.
Las estimaciones incluidas en el expediente superan los $7.800 millones al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Quiénes están involucrados en la causa ANDIS
Además de Spagnuolo, el juez avanzó sobre otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos se encuentran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, además de distintos representantes de empresas proveedoras de insumos médicos.
Según la información difundida sobre la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva, mientras que se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa.
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