El Gobierno fija un cronograma para avanzar con la reforma electoral y apunta a lograr media sanción en el Senado durante agosto. En la Casa Rosada aceleran las negociaciones con gobernadores y aliados tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, pero en distintos despachos oficiales reconocen que todavía faltan cerrar adhesiones de algunos mandatarios provinciales.

La reforma electoral será uno de los temas centrales de la próxima reunión de la mesa política, que el Gobierno prepara para la semana que viene. Será el primer encuentro formal de ese esquema con Santilli como jefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni, y volverá a estar encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En Balcarce 50 aseguran que tienen “el 70%” de la reforma cerrada, aunque remarcan que la decisión política es no tratarla por partes. La Casa Rosada quiere evitar que el Congreso avance sólo con los capítulos menos conflictivos y deje para más adelante la discusión central: la eliminación o suspensión de las PASO.

“La traba está en las PASO”, insisten en Nación. El oficialismo mantiene como objetivo de máxima la eliminación definitiva de las primarias, pero admite que la suspensión por un año aparece como la variante con más margen de negociación entre gobernadores y bloques dialoguistas. En el Senado, Patricia Bullrich ya había transmitido que los números no alcanzan para una derogación total.

El Gobierno busca que la reforma electoral obtenga media sanción en agosto. Para eso, Santilli deberá acelerar conversaciones con mandatarios provinciales, senadores aliados y bloques dialoguistas. En la Casa Rosada consideran que Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro están “adentro” de la negociación, aunque en varios despachos oficiales aceptan que todavía hay gobernadores que piden cambios antes de comprometer su apoyo.

La discusión con las provincias no se limita a las PASO. También aparecen reclamos por fondos, obras, coparticipación, transporte y margen de competencia electoral en cada distrito. En Balcarce 50 entienden que la reforma electoral se cruzará inevitablemente con el armado de 2027: qué candidatos pondrá La Libertad Avanza, dónde jugará fuerte y en qué provincias buscará no romper los puentes con los mandatarios.

Una de las alternativas que evalúa el Gobierno es habilitar un sistema de listas compartidas en las elecciones generales, adaptado al esquema de Boleta Única de Papel. En Balcarce 50 lo presentan como una herramienta para ordenar a aliados sin PASO: distintas listas legislativas podrían competir bajo la candidatura presidencial de Javier Milei, de forma que diputados de La Libertad Avanza y de otros espacios aliados disputen votos dentro de una misma oferta nacional.

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En el oficialismo evitan definirlo como una colectora tradicional, pero reconocen que el mecanismo funcionaría con una lógica similar. La idea es que Milei pueda encabezar la boleta nacional y que, en determinados distritos, se habiliten nóminas legislativas complementarias de aliados, como sectores de la UCR, el PRO o partidos provinciales. La definición dependería de cada provincia, del peso territorial de cada socio y de quién tenga mejores condiciones electorales.

El objetivo político es doble: ofrecerles a los aliados un incentivo para acompañar la eliminación o suspensión de las PASO y evitar que las provincias desdoblen sus elecciones para preservar sus armados locales. En la Casa Rosada creen que un esquema de listas compartidas podría contener a sectores radicales y del PRO que hoy rechazan quedarse sin primarias como mecanismo ordenador de candidaturas.

El Gobierno está dispuesto a hacer concesiones también en el capítulo de financiamiento público de los partidos durante las campañas electorales. En el borrador original, el Ejecutivo planteaba una reducción fuerte de esos aportes. Ahora, en la Casa Rosada admiten que podrían moderar esa baja para acercar posiciones con aliados. “En vez de reducirlo fuerte, podemos bajarlo un 80%”, explican en Nación.

Ese punto forma parte de la negociación más amplia. La reforma mantiene el aporte público anual para el funcionamiento de los partidos, pero busca reordenar el régimen de financiamiento de campaña, endurecer controles sobre aportes, publicidad y rendiciones, y reducir el peso del Estado en la estructura electoral. En el oficialismo creen que ese capítulo puede ser ajustado sin afectar el corazón político del proyecto.

La reforma también incluye cambios en la vida interna de los partidos políticos. El texto eleva las exigencias de territorialidad para constituir partidos nacionales, aumenta requisitos de afiliación, incorpora herramientas digitales y mecanismos de autenticación biométrica para respaldar afiliaciones y postulaciones, y fija causales más duras de caducidad para fuerzas que no alcancen mínimos electorales.

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Otro capítulo sensible es el de la Boleta Única de Papel. El Ejecutivo impulsa incorporar un casillero para votar lista completa con una sola marca, bajo el argumento de que la primera implementación del sistema generó confusiones entre categorías. Ese punto también podría abrir discusiones con aliados que advierten sobre el impacto práctico de modificar nuevamente las reglas electorales.

En el Gobierno insisten en que no quieren separar esos capítulos. La definición es tratar la reforma como un paquete integral, aunque eso obligue a sostener negociaciones más largas. La Casa Rosada teme que, si acepta votar por partes, el Congreso avance con los cambios de consenso y deje trabado el punto que más le interesa al oficialismo: las PASO.

La estrategia legislativa se concentrará en el Senado. En Balcarce 50 no prevén convocar a una sesión en Diputados durante julio y buscan focalizar todo en la Cámara alta, donde ya hay varios proyectos en tratamiento. Además de la reforma electoral, el oficialismo quiere mover el paquete de propiedad privada, el régimen de Zona Fría, pliegos judiciales y otras iniciativas que quedaron pendientes por la crisis política que generó el caso Adorni.

Gobierno, reforma electoral

Ramiro Anzit Guerrero, abogado argentino con trayectoria en organismos policiales internacionales, fue propuesto por Argentina como candidato a integrar la Comisión para el Control de los Archivos de INTERPOL (CCF). Su nombre figura en la lista de postulantes elegibles -es el único latinoamericano- aprobada por el Comité Ejecutivo de la organización durante su 229.ª sesión, celebrada el 24 y 25 de junio de 2026.

La elección de los siete miembros que integrarán la CCF tendrá lugar en la 94.ª sesión de la Asamblea General de INTERPOL, programada en Hong Kong, China, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026. Los cargos quedarán formalmente vacantes el 11 de marzo de 2027, cuando expire el mandato de los miembros actuales.

Anzit Guerrero compite por uno de los puestos en la categoría. Su postulación es una de las 20 candidaturas presentadas por países miembros de la organización, provenientes de naciones como Francia, Reino Unido, India, Turquía, Ucrania, Países Bajos y Namibia, entre otros. De los 20, solo serán seleccionados siete.

El perfil académico y profesional del candidato argentino abarca múltiples jurisdicciones y disciplinas. Anzit Guerrero es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, y cuenta con un magíster en Estudios Estratégicos obtenido en el Instituto Universitario Naval. En la Universidad Tecnológica Nacional cursó la especialización en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia, y amplió su formación en España, Estados Unidos, Taiwán e Israel.

Hasta su designación como Director Nacional de Inteligencia Criminal de Argentina —cargo al que accedió en marzo de 2025 por decisión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich—, Anzit Guerrero se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de INTERPOL, con sede en Lyon, Francia. En ese rol, tenía a su cargo las actividades de la agencia en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, de acuerdo con lo publicado por Infobae.

Su vinculación con redes académicas internacionales del campo criminológico complementa esa trayectoria operativa. Integra la British Society of Criminology, la Australian and New Zealand Society of Criminology, la South Asian Society of Criminology and Victimology de India, la Pakistan Society of Criminology y el Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais, Brasil.

La CCF es el órgano independiente de INTERPOL encargado de supervisar el procesamiento de datos personales en los archivos de la organización y de garantizar que dicho tratamiento se ajuste a las normas internas. Sus miembros son elegidos por la Asamblea General y ejercen sus funciones con plena autonomía respecto de los países que los proponen.

Según las reglas electorales publicadas por INTERPOL, cada país miembro puede presentar a una misma persona para varios cargos, siempre que reúna los requisitos de cada uno. Si un candidato resulta electo para uno de los puestos, su nombre se retira automáticamente de las demás categorías en que competía. Del mismo modo, si un Estado tiene más de un candidato y uno de ellos es elegido, los restantes quedan excluidos de la contienda por los cargos vacantes.

Los miembros que accedan a la CCF por primera vez cumplirán un mandato de cinco años, mientras que quienes sean reelegidos ejercerán por tres años adicionales. Entre los 20 postulantes figuran cinco integrantes en ejercicio que buscan renovar su lugar en el organismo: Hamza Es Said, de Marruecos; Michel Forst, de Francia; Mohamed Kamara, del Líbano; Teresa McHenry, de Estados Unidos; y Mohamed Elfadhel Miled, de Túnez.

Lista de 20 candidatos:

Sr. Ramiro ANZIT GUERRERO (Argentina)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular cooperación policial internacional• Abogado con experiencia en derecho penal internacional

Sr. Givi BAGDAVADZE (Georgia)• Abogado que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sr. Dominique BAYA (Camerún)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional.

Sr. Stefano BETTI (Italia)• Abogado con experiencia en derecho penal internacional

Sra. Maria-Elena Piera Enrica CICCOLINI (Italia)• Miembro con experiencia en protección de datos

Sr. Hamza ES SAID – miembro actual (Marruecos)• Abogado que ocupe o haya ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sr. Michel FORST – miembro actual (Francia)• Abogado con experiencia en derechos humanos

Sr. Ben HAYES (Reino Unido)• Miembro experto en protección de datos• Miembro experto en procesamiento electrónico de datos• Abogado experto en protección de datos

Sr. Mohamed KAMARA – miembro actual (Líbano)• Abogado con experiencia en protección de datos • Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional • Abogado con experiencia en derecho penal internacional

Sr. Vitalii KASAP (Ucrania)• Miembro con experiencia en procesamiento electrónico de datos• Abogado con experiencia en protección de datos• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional

Sr. Lilungwe Theophilus MAYUMBELO (Namibia)• Abogado con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional.

Sra. Teresa McHENRY – miembro actual (Estados Unidos)• Abogada con experiencia en derecho penal internacional • Abogada con experiencia en derechos humanos• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional

Sr. Mohamed Elfadhel MILED – miembro actual (Túnez)• Miembro con experiencia en procesamiento electrónico de datos

Sra. Alejandra NEGRETE MORAYTA (México)• Abogada con experiencia en derechos humanos

Sra. Tania NEIRA (Finlandia)• Abogada con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional• Abogada con experiencia en derecho penal internacional

Sra. Padmini SINGH (India)• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sr. Murat ŞEN (Turquía)• Abogado que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional.

Sra. Tetiana USTYMENKO (Ucrania)• Abogada con experiencia en derechos humanos

Sra. Elisabeth VOS (Países Bajos)• Abogada con reconocida experiencia internacional en asuntos policiales, en particular en cooperación policial internacional• Abogada con experiencia en derecho penal internacional• Abogada que ocupa o ha ocupado un cargo judicial o fiscal de alto nivel, preferiblemente con experiencia en cooperación judicial internacional

Sra. Amanda WESTON (Reino Unido)• Abogada con experiencia en derechos humanos

Defence,International Relations,Defense,Diplomacy / Foreign Policy,Europe

La Corte Suprema confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, y rechazó los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez contra esa medida.

La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los pedidos de nulidad y los intentos de frenar la ejecución patrimonial, que ya incluye la tasación de una parte de los 111 bienes alcanzados por la medida. El monto actualizado surge de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores del tribunal, y todos los condenados en la causa deben responder de manera solidaria.

¿Cómo se estableció el monto?

El 6 de diciembre de 2022, tras casi tres años de debate oral, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz. En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.

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El tribunal fijó entonces un decomiso de $84.835.227.378,04 por los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los daños ocasionados, con la indicación de que la cifra se actualizara cuando la condena quedara firme. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas y del Ministerio Público —que buscaba agravar las condenas por asociación ilícita— y ordenó la detención de los condenados.

Tras esa decisión, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con la participación de peritos de las defensas y de la fiscalía, actualizó el monto según el IPC del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025 y lo fijó en $684.990.350.139,86. La defensa de Fernández de Kirchner apeló esa actualización ante el tribunal oral y luego ante Casación, donde los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos confirmaron la cifra.

En el recurso que ahora rechazó la Corte, los abogados de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que el monto original era provisorio y cuestionaron el uso del IPC para actualizarlo. La defensa de Báez, a cargo de Yanina Nicoletti, había cuestionado además que fuera el TOF 2 —y no el TOF 4, que lo condenó en la causa “Ruta del Dinero K”— el tribunal competente para ejecutar el decomiso. El máximo tribunal desestimó ambos planteos por “inadmisibles”, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Cristina Kichner, Vialidad, Corte Suprema