POLITICA
El Gobierno promueve cambios en la ley de Etiquetado Frontal
Tras anotarse un triunfo en la Cámara de Diputados con la media sanción de la Ley “Hojarasca”, el gobierno de Javier Milei prepara cambios en la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Etiquetado Frontal. En el Congreso, legisladores oficialistas ya presentaron un proyecto para avanzar con su derogación.
La normativa vigente, sancionada en 2021, establece que todos los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan exceso de determinados nutrientes críticos (sodio, azúcares, grasas y calorías) deberán exhibir en su envase un rótulo -en forma de octógono negro-, que advierta sobre la abundancia de estos componentes. El texto sancionado toma como referencia los valores nutricionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además, obliga a las empresas a rotular con una etiqueta rectangular los envases de productos que contengan cafeína o edulcorante para desalentar su consumo en niños. De igual modo, para preservar la salud de los menores, la ley prohíbe que los productos con uno o más sellos muestren publicidad infantil (ya sea dibujos animados o promesas de regalos) y limita su venta en establecimientos educativos.
Ahora, el gobierno de Milei busca modificar la norma. Por estas horas, el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger ultima los detalles del proyecto que enviará al Congreso, por lo que evita adelantar los cambios que impulsará.
En 2024, la administración nacional ya había avanzado con cambios en la ley de Etiquetado Frontal mediante dos disposiciones de la Anmat.
Por entonces, se resolvió, entre otras cuestiones, que el cálculo de los nutrientes excesivos -pese a seguir respetando los parámetros de la OPS- se realizaría únicamente sobre los componentes añadidos durante el proceso de elaboración, en lugar de incluir aquellos intrínsecos de los alimentos.
Diputados piden su derogación
En paralelo a los cambios que prepara el Ejecutivo, la semana pasada ingresó al Congreso un proyecto para avanzar con la derogación de la ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa lleva la firma de los diputados nacionales Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
Los legisladores argumentan que la manera en que se calcula el exceso de determinados componentes -que se mide por nutrientes en proporción de calorías totales y no en valores absolutos- genera una “distorsión de la información” para el consumidor. Además, señalan que bajo el sistema vigente, la amplia mayoría de productos contaba con al menos un sello. En 2023, esa proporción llegaba al 85%.
“La Ley de Etiquetado Frontal no solo no informa, sino que confunde. Si TODO tiene octógono negro, el sello no significa nada”, sostuvo Bongiovanni en su cuenta de X. “Además, le encarece los costos al productor y traba las exportaciones porque es incompatible con el Mercosur”.
Otro de los problemas que advierten sobre la normativa vigente es que no se alinea con los sistemas que aplican otros países del Mercosur. Sucede que en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay utilizan un parámetro distintos para calcular el exceso de nutrientes críticos: en lugar de tomar la proporción de nutrientes en calorías totales, se basan en sus valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros.
Los valores máximos aceptados para eludir el sello, sin embargo, varía de país a país. Los sistema más similares en este sentido son los de Brasil y Paraguay.
Los diputados firmantes señalan que esta falta de uniformidad dificulta el comercio y la inversión, en especial entre pequeñas y medianas empresas.
Ante la consulta de , los diputados explicaron que, con su iniciativa, buscan delegar en los organismos técnicos la aplicación de un sistema que unifique criterios con países vecinos. “Nuestra propuesta es la derogación. Volver atrás con la norma. Y que los organismos técnicos (como en la mayor parte del mundo) establezcan criterios razonables y homologables con los países del Mercosur respecto de la información nutricional”, dijo Bongiovanni.
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POLITICA
Estados Unidos envía a sus dos principales funcionarios para la región a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, viajarán la semana próxima a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa conjunta de infraestructura e inversiones firmada entre ambos países el mes pasado. La gira se extenderá entre el 19 y el 26 de octubre con escalas en Asunción (Paraguay) y Buenos Aires.
Aunque no se precisó la fecha exacta de arribo a la capital argentina, la visita representa el desembarco diplomático de más alto nivel desde que Donald Trump regresó a la presidencia y se produce después de que Javier Milei viajara a Washington esta semana.
“Estamos trabajando para ampliar el comercio de Estados Unidos, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y fortalecer las asociaciones en todo el Hemisferio Occidental”, señaló Segura en su cuenta de X al confirmar el viaje.
En tanto, el Departamento de Estado, el organismo que lidera el secretario Marco Rubio, difundió un comunicado donde se informa que “en Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico”.
“Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, se añadió en el texto, donde se calificó la gira como un reflejo del “compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”.
Para Washington, el Corredor Andes-Atlántico “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y conecta a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico. El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el Hemisferio Occidental, con el objetivo de ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, entre ellos el litio, el cobre, el petróleo y el gas.
En tanto, y según el comunicado oficial, Landau encabezará en Paraguay una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión. También se reunirá con altos funcionarios del gobierno paraguayo para reafirmar lo que el Departamento de Estado describió como la “histórica asociación estratégica” entre ambas naciones. La agenda en Asunción incluirá la ampliación del comercio bilateral, la profundización de la cooperación en seguridad regional y el combate al crimen transnacional.
Según fuentes oficiales, la agenda de Landau en Buenos Aires contempla reuniones con el presidente Javier Milei, con Pablo Quirno y con autoridades parlamentarias. El miércoles pasado, el canciller argentino se reunió con Segura en Washington, donde repasaron la agenda bilateral en distintos ejes, incluido el acuerdo de financiamiento para inversiones en infraestructura.
La llegada de los dos funcionarios, se prevé, también servirá para ultimar los preparativos de la visita del vicepresidente JD Vance a Buenos Aires, prevista para la tercera semana de noviembre. Aún restan conocer la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país del número dos de la Casa Blanca.
El Corredor Andes-Atlántico
El acuerdo fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, por Landau y Quirno. Contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 para modernizar ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital que unen el noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos atlánticos.
El componente más avanzado es Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas que lidera YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim Bank) presentó una propuesta indicativa de financiamiento de largo plazo por hasta 6.000 millones de dólares destinada a la compra de bienes y servicios estadounidenses.
El crédito todavía no está aprobado y requiere el aval del directorio del banco. La primera fase del proyecto prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y el inicio de operaciones proyectado para 2031. Argentina LNG involucra una inversión total estimada de 51.000 millones de dólares durante toda su vida útil, la mayor anunciada en la historia del país.
Además del corredor, la visita de Landau y Segura abordará otros ejes de la relación bilateral. Ambos gobiernos profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica. A comienzos de octubre, Estados Unidos formalizó la creación de una unidad regional contra el narcotráfico con sede en la Argentina y aprobó 13,35 millones de dólares para cooperación contra el crimen organizado, de los cuales 7,5 millones estarán destinados a proyectos locales.
Segura tiene 38 años, nació en Alexandria, Virginia, y es hijo de inmigrantes argentinos. Su padre, Enrique Segura, es un economista con paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Militante republicano, Segura fundó en 2014 Babyscripts, una empresa de tecnología de salud orientada al monitoreo prenatal, y ocupó el cargo de secretario de Comercio de Virginia bajo el gobernador Glenn Youngkin antes de ser nominado por Trump y confirmado por el Senado en agosto.
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POLITICA
Piden el juicio político para el juez que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás
El juez Alejandro Gabriel López, quien quedó en medio de la polémica por un fallo que absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa y sitiaron la ciudad de San Nicolás, enfrenta el primer pedido de juicio político.
El exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
El juez López integra el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial San Nicolás.
La presentación busca que se investigue la actuación del magistrado por posible mal desempeño e incumplimiento grave de los deberes de su cargo al dictar el veredicto absolutorio del pasado 14 de octubre de 2026.
El expediente juzgó los episodios ocurridos a principios de 2021 en la planta de la firma Rey Distribución S.R.L. En dicha causa, Maximiliano Cabaleyro y otros dirigentes enfrentaban cargos por turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tras una serie de medidas de fuerza que impidieron el funcionamiento y la salida de vehículos de la distribuidora.
Con el patrocinio letrado del abogado Ignacio Mateucci, la presentación argumenta que el juez incurrió en deficiencias graves al momento de justificar el derecho de huelga.
Entre los puntos centrales de la denuncia se destacan:
“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez López al absolver a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.
En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.
En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.
La entonces gobernadora María Eugenia Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.
El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.
El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.
“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.
“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.
El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.
Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.
Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.
López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.
El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.
El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.
La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.
López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa,pic.twitter.com/8G5qLllN9w,October 14, 2026,Conforme a
POLITICA
La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia y levantó el secreto bancario de su exesposa
El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE. La resolución, firmada este viernes, incluye pedidos de información sobre sus declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos y pagos de la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones.
Además, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ordenó requerir información para reconstruir su situación patrimonial y económica.
Entre las medidas dirigidas a Tapia, Lijo pidió a la Ciudad de Buenos Aires que informe cómo acceder a las declaraciones juradas que presentó entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados. También solicitó al CEAMSE que precise si se encontraron los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.
La resolución requiere, además, que el Registro de la Propiedad Automotor informe en qué vehículos Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y remita los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. El juez también pidió informes sobre causas judiciales anteriores que puedan aportar datos sobre bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios del dirigente.
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