POLITICA
El Gobierno promueve cambios en la ley de Etiquetado Frontal
Tras anotarse un triunfo en la Cámara de Diputados con la media sanción de la Ley “Hojarasca”, el gobierno de Javier Milei prepara cambios en la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Etiquetado Frontal. En el Congreso, legisladores oficialistas ya presentaron un proyecto para avanzar con su derogación.
La normativa vigente, sancionada en 2021, establece que todos los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan exceso de determinados nutrientes críticos (sodio, azúcares, grasas y calorías) deberán exhibir en su envase un rótulo -en forma de octógono negro-, que advierta sobre la abundancia de estos componentes. El texto sancionado toma como referencia los valores nutricionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además, obliga a las empresas a rotular con una etiqueta rectangular los envases de productos que contengan cafeína o edulcorante para desalentar su consumo en niños. De igual modo, para preservar la salud de los menores, la ley prohíbe que los productos con uno o más sellos muestren publicidad infantil (ya sea dibujos animados o promesas de regalos) y limita su venta en establecimientos educativos.
Ahora, el gobierno de Milei busca modificar la norma. Por estas horas, el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger ultima los detalles del proyecto que enviará al Congreso, por lo que evita adelantar los cambios que impulsará.
En 2024, la administración nacional ya había avanzado con cambios en la ley de Etiquetado Frontal mediante dos disposiciones de la Anmat.
Por entonces, se resolvió, entre otras cuestiones, que el cálculo de los nutrientes excesivos -pese a seguir respetando los parámetros de la OPS- se realizaría únicamente sobre los componentes añadidos durante el proceso de elaboración, en lugar de incluir aquellos intrínsecos de los alimentos.
Diputados piden su derogación
En paralelo a los cambios que prepara el Ejecutivo, la semana pasada ingresó al Congreso un proyecto para avanzar con la derogación de la ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa lleva la firma de los diputados nacionales Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
Los legisladores argumentan que la manera en que se calcula el exceso de determinados componentes -que se mide por nutrientes en proporción de calorías totales y no en valores absolutos- genera una “distorsión de la información” para el consumidor. Además, señalan que bajo el sistema vigente, la amplia mayoría de productos contaba con al menos un sello. En 2023, esa proporción llegaba al 85%.
“La Ley de Etiquetado Frontal no solo no informa, sino que confunde. Si TODO tiene octógono negro, el sello no significa nada”, sostuvo Bongiovanni en su cuenta de X. “Además, le encarece los costos al productor y traba las exportaciones porque es incompatible con el Mercosur”.
Otro de los problemas que advierten sobre la normativa vigente es que no se alinea con los sistemas que aplican otros países del Mercosur. Sucede que en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay utilizan un parámetro distintos para calcular el exceso de nutrientes críticos: en lugar de tomar la proporción de nutrientes en calorías totales, se basan en sus valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros.
Los valores máximos aceptados para eludir el sello, sin embargo, varía de país a país. Los sistema más similares en este sentido son los de Brasil y Paraguay.
Los diputados firmantes señalan que esta falta de uniformidad dificulta el comercio y la inversión, en especial entre pequeñas y medianas empresas.
Ante la consulta de , los diputados explicaron que, con su iniciativa, buscan delegar en los organismos técnicos la aplicación de un sistema que unifique criterios con países vecinos. “Nuestra propuesta es la derogación. Volver atrás con la norma. Y que los organismos técnicos (como en la mayor parte del mundo) establezcan criterios razonables y homologables con los países del Mercosur respecto de la información nutricional”, dijo Bongiovanni.
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POLITICA
Causa Vialidad: la Corte ratificó que Cristina Kirchner y los otros condenados deben devolver $685.000 millones
La Corte Suprema confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad, que pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, y rechazó los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez contra esa medida.
La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los pedidos de nulidad y los intentos de frenar la ejecución patrimonial, que ya incluye la tasación de una parte de los 111 bienes alcanzados por la medida. El monto actualizado surge de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores del tribunal, y todos los condenados en la causa deben responder de manera solidaria.
¿Cómo se estableció el monto?
El 6 de diciembre de 2022, tras casi tres años de debate oral, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz. En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.
Leer más: La Procuración le pidió a la Corte que le saque la pensión por viudez a Cristina Kirchner
El tribunal fijó entonces un decomiso de $84.835.227.378,04 por los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los daños ocasionados, con la indicación de que la cifra se actualizara cuando la condena quedara firme. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas y del Ministerio Público —que buscaba agravar las condenas por asociación ilícita— y ordenó la detención de los condenados.
Tras esa decisión, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con la participación de peritos de las defensas y de la fiscalía, actualizó el monto según el IPC del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025 y lo fijó en $684.990.350.139,86. La defensa de Fernández de Kirchner apeló esa actualización ante el tribunal oral y luego ante Casación, donde los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos confirmaron la cifra.
En el recurso que ahora rechazó la Corte, los abogados de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que el monto original era provisorio y cuestionaron el uso del IPC para actualizarlo. La defensa de Báez, a cargo de Yanina Nicoletti, había cuestionado además que fuera el TOF 2 —y no el TOF 4, que lo condenó en la causa “Ruta del Dinero K”— el tribunal competente para ejecutar el decomiso. El máximo tribunal desestimó ambos planteos por “inadmisibles”, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Cristina Kichner, Vialidad, Corte Suprema
El Gobierno argentino abrió un concurso nacional e internacional para seleccionar uno o más socios estratégicos privados que trabajen junto a Fabricaciones Militares. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial, establece que el Estado no venderá activos ni realizará privatización accionaria.
Fabricaciones Militares aportará sus plantas y capacidades, mientras que el socio privado deberá invertir, gestionar y aportar mercados. La participación privada no podrá ser menor al 51%, mientras que el Estado retendrá el 49%. El nuevo modelo busca incrementar la productividad y responder a la demanda local e internacional de insumos estratégicos.
La iniciativa tiene como objetivo reactivar la industria de defensa en Argentina y atraer inversiones por cifras millonarias. La convocatoria establece la división del negocio en cuatro áreas: químicos, explosivos, defensa y metalmecánica. Las inversiones mínimas requeridas varían según el rubro y la planta involucrada. El Estado cobra un canon anual y define condiciones estrictas para los oferentes, quienes deben acreditar experiencia en el sector y solvencia económica.
La decisión representa un cambio respecto a la idea de privatización total que se discutió en el pasado. El Gobierno modifica así su enfoque hacia Fabricaciones Militares, orientándose a buscar alianzas internacionales y fortalecer la producción nacional con participación privada relevante.
Nuevo esquema de asociación público-privada y áreas estratégicas
Andrei Serbin Pont, analista especializado en temas de defensa, explicó en Infobae en Vivo que la propuesta se diferencia de una privatización, ya que la empresa estatal mantiene el control del 49% y los activos. El privado aporta la inversión, la gestión y los canales comerciales. Fabricaciones Militares, bajo este esquema, se orienta a recuperar la capacidad productiva que perdió en las últimas décadas.
El modelo define cuatro áreas de negocio principales. El primer rubro incluye químicos básicos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución. El objetivo es reducir la dependencia de fertilizantes importados, un problema que se agravó tras la guerra en Ucrania y que llevó a otros países de la región, como Brasil, a buscar soluciones similares.
La segunda área corresponde a explosivos y energéticos, que abarca pólvoras, explosivos industriales y TNT. Estos productos resultan claves para el sector minero y de defensa. El plan prevé una inversión mínima de 70 millones de dólares en las plantas de Villa María, en Córdoba, y Azul, en Buenos Aires, buscando ampliar la producción y abastecer tanto la demanda interna como la de potenciales mercados externos.
Defensa, metalmecánica y requisitos para participar
El área de defensa contempla la producción de municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. La planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, recibirá una inversión mínima de 40 millones de dólares para reactivar su capacidad. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales constituyen los principales clientes de esta línea de productos. Según Andrei Serbin Pont, la demanda local supera la capacidad actual, por lo que Argentina importa municiones para cubrir el déficit.
El cuarto eje abarca la metalmecánica, incluyendo material rodante, cañones, envueltas y vainas. La planta de Río Tercero, en Córdoba, es la elegida para esta inversión. Serbin Pont destacó la mención específica de cañones como un diferencial, dado que la capacidad para fabricarlos escasea a nivel global.
Los interesados en participar del concurso deben acreditar al menos quince años de experiencia en operaciones similares y cumplir con requisitos estrictos de solvencia. Solo para acceder a la documentación técnica se exige un pago de treinta mil dólares, mientras que la garantía para competir asciende a dos millones de dólares. Estos filtros buscan evitar propuestas especulativas y asegurar la idoneidad de los futuros socios.
Interés internacional y contexto geopolítico
En los últimos años, surgieron rumores sobre empresas extranjeras interesadas en asociarse con Fabricaciones Militares. Según Serbin Pont, dos compañías, una de la República Checa y otra de Alemania, manifestaron su intención de invertir y ampliar la capacidad productiva en el ámbito militar. Ambos países buscan expandir su industria de defensa y ven en Argentina una oportunidad estratégica.
El contexto internacional, marcado por la guerra en Ucrania y la escasez de insumos militares, generó una demanda creciente y un alza de precios. Esta situación motivó al Gobierno argentino a buscar socios que aporten tecnología, inversiones y acceso a mercados globales. El nuevo esquema apunta a satisfacer la demanda interna y, eventualmente, a exportar productos con valor agregado.
Además, la presencia de un socio internacional permitiría reducir los costos de adquisición de insumos para el Estado argentino, que enfrenta precios elevados en el mercado global. La participación de empresas con experiencia y capacidad comprobada refuerza el objetivo de transformar a Fabricaciones Militares en una compañía competitiva, capaz de generar réditos económicos y asegurar el abastecimiento estratégico.
Antecedentes, desafíos y expectativas futuras
Fabricaciones Militares atravesó años de desorden y falta de inversión. Según testimonios recogidos por Serbin Pont, la empresa llegó a acumular depósitos con armas sin ensamblar y sufrió un deterioro en su capacidad de gestión. En su historia, la compañía logró producir bienes que no existían en el resto de la región, pero la falta de modernización tecnológica y recursos frenó su desarrollo.
La decisión de abrir el capital a socios privados marca un primer paso hacia la recuperación de esa capacidad industrial. El proceso se encuentra en una etapa inicial y resta definir qué empresas avanzarán en las negociaciones. El Gobierno apuesta a reactivar la producción, captar inversiones y fortalecer el rol estratégico de Fabricaciones Militares, en línea con las necesidades del país y las tendencias del mercado global.
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POLITICA
La Fiscalía pidió indagar a cuatro sospechosos por las amenazas contra el periodista Hugo Alconada Mon tras revelar el plan de inteligencia de la SIDE
El fiscal federal Ramiro González solicitó hoy las indagatorias de tres hombres y una mujer sospechados de amenazar al prosecretario de Redacción de Hugo Alconada Mon horas después de que revelara que el Gobierno de Javier Milei había elaborado un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abría la puerta para espiar ilegalmente a opositores, economistas críticos, movimientos sociales y periodistas.
González consideró que existen indicios suficientes para indagar a Guido Morán, Mario Miguel Totilo, Braian Ezequiel Cardozo y Alicia Elena Scarpeccia, tras verificar que son los titulares de las líneas telefónicas desde las que Alconada Mon recibió amenazas e insultos el 25 y 26 de mayo del año pasado. En su dictamen sostuvo, además, que la prueba reunida “acredita la intervención de los abonados telefónicos cuya titularidad les pertenece”, lo que constituye, a su criterio, “indicios suficientes” para presumir su participación en las conductas investigadas.
El juez federal Daniel Rafecas deberá evaluar ahora si admite el pedido de la Fiscalía y cita a indagatoria a los cuatro acusados, que deberían presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py.
El primer acusado es Guido Morán, 24 años, monotributista, con domicilio fiscal en La Plata, pero oriundo de la localidad bonaerense de 9 de Julio, donde su madre trabaja como empleada de la Municipalidad, según surge de registros públicos y comerciales que cotejó . A él se suma Braian Cardozo, 25 años, dado de baja del régimen del monotributo, con domicilio en Charata, una ciudad de 40.000 habitantes ubicada en el sudoeste de la provincia de Chaco, a más de 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Entre los identificados por la Fiscalía también aparece Mario Totilo, 56 años, empleado en relación de dependencia, con domicilio en la localidad de Benavídez, provincia de Buenos Aires, y que en los registros que cotejó figura como receptor de una asignación familiar durante la pandemia y ahora como afiliado a la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).
Sin embargo, la Fiscalía detectó que esa misma línea figura registrada en Mercado Pago a nombre de Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años, por lo que el usuario efectivo del teléfono podría ser él y no su padre.
En la misma senda, otro teléfono que se utilizó para hostilizar a Alconada Mon consta en los registros de Telefónica a nombre de una persona fallecida, Manuel Lázaro Contreras (1950, con domicilios conocidos en La Matanza y Santa Clara del Mar), pero que en Mercado Libre aparece a nombre de otra persona, Alicia Elena Scarpeccia, una jubilada de 75 años de Colón, provincia de Buenos Aires.
“Habiendo realizado un análisis pormenorizado de los hechos relatados y de la documentación obrante en autos”, planteó el fiscal González, “es que considero que se encuentran reunidos los extremos necesarios para que Guido Morán, Braian Ezequiel Cardozo, Mario Miguel Totilo y Alicia Elena Scarpeccia sean escuchados en declaración indagatoria”.
“La audiencia señalada constituye el momento oportuno para que los nombrados brinden explicaciones respecto a los elementos que acreditan tales conductas y manifiesten lo que estimen pertinente en defensa de la atribución delictual aquí esbozada”, añadió el representante del Ministerio Público, “todo ello, a raíz de los mensajes intimidatorios que fueron enviados”.
La investigación
La investigación no solo abarca esos mensajes intimidatorios. También comprende los diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp de Alconada Mon, un intento de acceder a su cuenta en la red social X, el registro no consentido del periodista en distintas páginas pornográficas y un intento posterior de ingresar a su cuenta digital en el diario español El País.
En paralelo, la Fiscalía libró exhortos internacionales a Meta Platforms y X Corp., propietarias de WhatsApp y X, respectivamente, para obtener información sobre los ataques informáticos. Hasta el momento, sin embargo, esas gestiones no arrojaron información relevante para el expediente.
En la misma senda, y con el apoyo de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal y Telecom Argentina, la Fiscalía determinó que algunos de los intentos de registrar en páginas pornográficas a Alconada Mon provinieron de una “IP” ubicada en la Isla Maciel, en el barrio de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, aunque al tratarse de una IP “nateada” los investigadores concluyeron que no fue posible individualizar al usuario o los usuarios.
Los ataques comenzaron pocas horas después de que revelara el contenido del Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la SIDE. Según la denuncia, incluyeron diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp del periodista, un intento de acceder a su perfil en X, el registro de su nombre en plataformas pornográficas y una serie de amenazas enviadas desde cuatro líneas telefónicas distintas.
sospechados de amenazar,un Plan de Inteligencia Nacional,SIDE,Conforme a,SIDE,,Ébola y alerta. El día que una amenaza de salud pública para el país se convirtió en secreto de Estado,,La interna libertaria. Guerra de facciones sin respiro,,Alerta por el ébola. El Gobierno bloqueó tres cargueros que llegaban desde Congo a la Argentina
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