El juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz reclamó que se apruebe el reglamento de selección de jueces que el máximo tribunal propuso al Consejo de la Magistratura en marzo pasado y sostuvo que “la calidad del Poder Judicial depende de la calidad de su peor juez”.

Rosenkrantz habló en la jornada “Diálogos”, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde afirmó que “ningún país que se precie puede tener jueces que no sean todo lo buenos que el país permita y nuestro país, sin duda, nos permite tener los mejores jueces”.

Ante los abogados, habló del proyecto de reforma de la selección de jueces que planteó junto a su colega Ricardo Lorenzetti, donde busca evitar que las entrevistas personales a los candidatos en el Consejo de la Magistratura provoquen alteraciones al orden de mérito.

“El sistema actual de entrevistas permite alterar el orden de mérito con consideraciones que no son de mérito, y sin exigir justificación”, afirmó el magistrado supremo.

Rosenkrantz afirmó: “A los jueces se nos exige, con toda razón, justificar cada decisión que tomamos, respecto de cualquier justiciable y cualquiera sea la importancia del pleito. Al Consejo, que decide quién va a juzgar a miles de personas durante 30 años, no se le exige justificar por escrito por qué alteró un orden de mérito. No se me ocurre cómo defender esa asimetría”, dijo.

El proyecto que presentó la Corte en una acordada el 4 de marzo “todavía está siendo considerado” por el Consejo. El organismo cambia sus integrantes el 18 de noviembre y es probable que hasta el próximo año no considere esta propuesta del máximo tribunal.

La iniciativa propone reducir la discrecionalidad en los concursos. Rosenkrantz admitió que no espera que salga rápido: “Reducir la discrecionalidad cuando la reducción depende de quienes la disfrutan es muy difícil. Es parecido a esperar que las reglas electorales las cambien quienes fueron elegidos de acuerdo con esas reglas”.

Rosenkrantz usó la metáfora de una columna militar que marcha y dijo que avanza a la velocidad del más lento, porque llega cuando llega el último. “Mejorar el promedio no es lo mismo que mejorar el conjunto. Si se designan tres jueces excelentes y uno malo, el promedio sube pero la columna sigue marchando al paso del último”, explicó.

“El litigante cuyo expediente cayó en manos del peor juez no recibe un servicio promedio: recibe a ese juez”. Por eso, sostuvo, el objetivo de un sistema de designaciones no es solo atraer a los mejores sino “elevar el piso y, sobre todo, impedir que ingresen los que no están a la altura”.

Rosenkrantz dijo que lo que está en juego es que un juez recién designado puede dictar 6000 sentencias en su carrera de 30 años. Los consejeros abogados elegidos el 20 de octubre, con mandato hasta 2030, “van a intervenir en la designación de jueces que decidirán durante 30 y dictarán más de 6000 decisiones cada uno”, advirtió.

Rosenkrantz habló del desinterés de los abogados a la hora de votar consejeros. Solo el 18,5% del padrón acudió a las urnas. Por eso concluyó que “una fracción mínima” de los matriculados decidió la mitad de su representación en el órgano que selecciona a los jueces. “Y lo hizo, mayoritariamente, por omisión”, agregó.

El juez recordó que el Consejo tiene 20 miembros: el presidente de la Corte, cuatro jueces, ocho legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, dos académicos y cuatro abogados. Con cuatro bancas, la abogacía es el segundo bloque del cuerpo y una pieza necesaria para alcanzar los dos tercios que exigen las ternas. “No es una representación simbólica. Es decisiva”, dijo el juez de la Corte.

Según Rosenkrantz, los abogados aportan más que ningún otro estamento a elegir a un buen juez: “Son los únicos que ven a los jueces trabajar todos los días y desde el otro lado del estrado. Saben cuál llega preparado a la audiencia y cuál no; cuál leyó el expediente; cuál resuelve en plazo; cuál escucha; cuál trata con dignidad a la gente”.

El juez cerró con tres pedidos concretos a los abogados: que la próxima vez vayan a votar; que, antes de hacerlo, le pregunten a cada lista qué se propone hacer en los concursos; y que, si el reglamento no se modifica según la propuesta de la Corte, les exijan a sus consejeros que expliquen cada vez que alteren un orden de mérito.

“No requieren una reforma legal, ni un acuerdo político, ni que el Congreso haga nada”, dijo Rosenkrantz. “La calidad de una sentencia está acotada, en buena medida, por la calidad de los escritos y de los alegatos que la precedieron”, sostuvo.

Rosenkrantz reconoció que la mayor parte del Poder Judicial “está integrada por muy, muy buenos jueces”. Pero dijo que hay que esforzarse para que lo sean todos y se declaró optimista: “Hay una parte del problema que ustedes pueden contribuir a resolver”, les dijo a los abogados.

El ciclo de Diálogos fue abierto por la presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Fernanda Mieres, quien dijo que “sin instituciones sólidas y transparencia en la relación entre el público y el privado, el desarrollo sostenible es una meta imposible de alcanzar”.

El gobierno de Axel Kicillof presentó este jueves el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el año que viene, en un encuentro que sostuvo el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, con legisladores provinciales.

El cálculo de gasto total es de $58,6 billones. La iniciativa incluye un pedido de endeudamiento por US$1000 millones y un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para las intendencias, atado a ese endeudamiento. La emergencia económica, que rige en la Provincia desde el año pasado, continuará vigente.

Según resumió el Ministerio de Economía provincial, el proyecto de presupuesto prevé una inversión de capital de $4,05 billones; otros $2,32 billones para “protección de sectores vulnerables” (incluye la extensión del alcance del Servicio Alimentario Escolar); un gasto en el área de salud de $2,26 billones; de $1,93 billones en educación, y, en el área de seguridad y Servicio Penitenciario, de $1,98 billones.

“El gobierno nacional recortó de manera ilegal fondos que, a octubre, alcanzan $20 billones, que en la gestión del gobernador Axel Kicillof destinábamos a escuelas, patrulleros, ambulancias, servicios y derechos de todos los bonaerenses”, dijo López en la presentación. “A esto, se suma la caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por las políticas nacionales”, añadió.

“En el marco de esta crisis y emergencia económica profunda, los proyectos de ley de Presupuesto, [Ley] Impositiva y [Ley de] Financiamiento 2027 son las herramientas que nos permiten como Estado provincial garantizar que las y los bonaerenses cuenten con mejores condiciones en este contexto tan complejo”, subrayó el ministro de Economía provincial ante los legisladores.

El gobierno provincial solicita un endeudamiento por US$1000 millones. El año pasado, había logrado autorización para tomar deuda por hasta US$3685 millones. Para conseguir aprobación para su solicitud de endeudamiento, el gobernador incluyó en su ofrecimiento un fondo para los municipios destinado al área de seguridad (Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad), atado a la recaudación del endeudamiento.

Sobre el proyecto de Ley Impositiva, el gobierno bonaerense destacó que no se modifican las alícuotas de Ingresos Brutos, que no habrá incremento de impuestos patrimoniales y que no se modifican las alícuotas del impuesto de sellos.

Según un análisis de una bancada opositora, los gastos y recursos se elevan cerca del 36% nominal con respecto a la ley de presupuesto de 2026, mientras que el déficit financiero sube más del 40% (de $1,54 billones a $2,15 billones).

Magario afirmó que el gobierno provincial cree “en los consensos”. Y sostuvo: “Es un Presupuesto donde hay mucha inversión dedicada a la salud, la educación y el sostenimiento de obras públicas y viales que hoy están absolutamente paradas en el país”.

Desde bloques como el de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, en tanto, adelantaron a que reclamarán que el presupuesto incluya un “reparto equitativo de recursos para todos los municipios, sin discrecionalidad” y que “se ponga el eje en que lleguen los recursos para que la obra social IOMA no siga disminuyendo sus prestaciones e incumpliendo con sus afiliados”.

El diputado provincial Andrés De Leo (Coalición Cívica) cuestionó la presentación que hizo López. “El gobierno de Kicillof ha licuado los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud, entre otros sectores. Una motosierra mal aplicada: el ajuste lo terminan pagando quienes todos los días sostienen los servicios esenciales de la Provincia”, señaló De Leo en su cuenta de la red social X.

El 31 de agosto, el gobierno bonaerense había avisado a la Legislatura que no presentaría el proyecto de presupuesto en término, debido a que necesitaba los parámetros del presupuesto nacional, que se presentó el 15 de septiembre.

La presentación del presupuesto, a cargo del ministro López, se realizó este jueves por la mañana, en el auditorio de la Cámara de Diputados bonaerense. Lo acompañaron la vicegobernadora Verónica Magario (preside el Senado provincial) y uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados provincial, Alexis Guerrera.

Según pudo saber de una fuente legislativa al tanto del recorrido que tendrá el proyecto, el 17 de noviembre habrá un encuentro entre el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, y los integrantes de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras legislativas.

El período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense finaliza el 30 de noviembre. Con la llegada del proyecto de presupuesto, se abre un ámbito de negociaciones entre oficialismo y oposición. Entre los temas pendientes de resolución, están la intención de la mayoría del peronismo de reinstalar la reelección indefinida de los intendentes, o el nombramiento de jueces para la Suprema Corte bonaerense (que tiene cuatro vacantes).