POLITICA
El gobierno nacional extendió a las cárceles provinciales el bloqueo del uso de telefonía celular
El Gobierno amplió el bloqueo de celulares en cárceles provinciales para las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional, una medida que habilita la inhabilitación de equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de penales con el objetivo de impedir que esos dispositivos sean usados para planificar o coordinar delitos desde el encierro.
La decisión quedó formalizada este jueves en la Resolución 734/2026 del Enacom, publicada en el Boletín Oficial. La norma extiende a los establecimientos penitenciarios provinciales un mecanismo que ya regía para las unidades federales.
Según el texto oficial, las empresas de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, asociado a la SIM; y la línea telefónica vinculada. El alcance abarca aparatos que se activen tanto en el área de detención como en sectores de acceso restringido al público dentro de los establecimientos alcanzados.
La medida no operará de manera automática ni quedará librada a las compañías. De acuerdo con el Boletín Oficial, cada bloqueo requerirá una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que además será el único canal para comunicar a las prestadoras los pedidos efectuados por las provincias adheridas.
Ese punto responde de manera directa a cómo funcionará el sistema: una provincia no podrá ordenar por sí sola la inhabilitación ante las telefónicas, aunque se haya sumado al protocolo. La cartera nacional concentrará el envío de datos y la activación del procedimiento en todas las jurisdicciones que se incorporen.
La incorporación de los penales provinciales se produjo después de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. Esa cartera advirtió sobre la problemática del uso de teléfonos dentro de las cárceles bajo administración provincial y pidió una norma complementaria que las incluyera de forma expresa.
De acuerdo con Diario Uno, la ministra de Seguridad mendocina Mercedes Rus planteó la necesidad de contar con un respaldo legal claro para integrar a los penales subnacionales al esquema preventivo. Por ende, la provincia impulsó una licitación pública para adquirir plataformas integradas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.
Hasta ahora, el procedimiento estaba limitado al sistema penitenciario federal. La resolución modificó el artículo 5 del régimen aprobado en 2016 para el bloqueo de terminales con denuncia de robo, hurto o extravío, y sumó esta nueva facultad vinculada a los establecimientos penitenciarios.
El procedimiento exige trazabilidad y límites técnicos
La resolución dispone que la tecnología utilizada deberá ajustarse para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones fuera del perímetro penitenciario. Esa exigencia ya estaba presente en normas previas sobre inhibidores y fue reiterada para impedir que la restricción alcance a vecinos, comercios o usuarios ajenos al penal.
Las prestadoras también deberán registrar y conservar todas las gestiones realizadas. Según el Boletín Oficial, esa información tendrá que resguardarse con criterios de integridad y trazabilidad, y quedar disponible para usuarios y autoridades que la requieran.
En los considerandos, el Enacom vinculó la decisión con la necesidad de reforzar estrategias para prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas intramuros asociadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones. El organismo recordó además que la Ley 24.660 prohíbe en su artículo 160 las comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles dentro del sistema penitenciario.
La ampliación a las provincias se conoce meses después de un caso judicial: el 21 de febrero de 2026, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó decomisar los teléfonos de cuatro detenidos acusados de integrar la Banda del Millón, investigados por el homicidio de una jubilada en San Isidro y señalados como organizadores de robos violentos desde sus celdas.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Gobierno celebró el número de la inflación y dijo: “Es el camino”
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Mauricio Collareda, exjefe de Vialidad de Santa Cruz, quien fue condenado a cuatro años de prisión en la causa por el direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo. Por lo tanto, el exfuncionario seguirá detenido en el penal federal de Río Gallegos.
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El senador peronista y exgobernador de San Juan Sergio Uñac publicó este martes un video en sus redes sociales en el que explicó por qué le gustaría ser candidato a presidente en las próximas elecciones y advirtió que hay “hay mucho desánimo” en la sociedad.
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Claudio “Chiqui” Tapia estará ausente del país hasta el 17 de octubre. La mini gira del presidente de la AFA arrancó esta mañana, casi al mismo tiempo que trascendían las medidas de prueba que pidió el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por enriquecimiento ilícito. En ese listado se destaca un pedido de información a la FIFA en Zurich (Suiza), su destino final.
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POLITICA
Causa Cuadernos: declararon agentes de inteligencia en una audiencia que se hizo a puertas cerradas y sin transmisión oficial
El Tribunal Oral Federal 7 realizó este martes una audiencia restringida, sin acceso del público ni transmisión en vivo, en la denominada causa Cuadernos, ante la declaración de agentes de inteligencia.
La sala donde se lleva adelante el juicio cerró sus puertas antes de iniciar la jornada y solo se permitió el ingreso a los abogados de las partes y a los testigos citados a declarar. La transmisión por YouTube fue interrumpida, al igual que en la audiencia del jueves anterior.
El presidente del Tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, explicó el motivo de la medida: “La Policía Federal informó que dos de las personas son integrantes del cuerpo de Inteligencia”. Ante esa comunicación, el tribunal dispuso que el proceso se desarrollara únicamente con los testigos citados y los abogados de las partes.
Adentro quedaron personal judicial, la querella de la Unidad de Información Financiera, los testigos y los defensores.
La audiencia, que finalizó después del mediodía, se concentró en aspectos técnicos del informe sobre los teléfonos de los imputados, incluido el cruce de llamadas entre ellos. No se dio a conocer la identidad de los testigos que declararon en esta jornada.
El cuidado de los datos personales
Antes de estas audiencias a puertas cerradas, las partes hicieron un acuerdo para evitar la filtración de datos personales. El pedido fue planteado por las defensas ante la posibilidad de que analicen cruces telefónicos, lo que finalmente ocurrió en la audiencia de este martes.
“Me parece muy correcta la medida”, consideró la fiscal Fabiana León. “Y respecto de las personas que están imputadas en la causa y que están siendo juzgadas, no tiene ningún sentido exhibir sus datos como es justamente su número de teléfono”, agregó.
Méndez Signori también se pronunció a favor del pedido y llamó a adoptar medidas “que impida que los teléfonos trasciendan”.
El pedido también se enmarcó en lo sucedido en jornadas donde se exhibieron fotografías y videos de allanamientos realizados en domicilios particulares, como el de Cristina Kirchner.
POLITICA
Reino Unido defendió la explotación petrolera en Malvinas: “No nos quedaremos de brazos cruzados” – Nexofin
El gobierno del Reino Unido defendió a las empresas que llevan adelante el proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas y acusó la Argentina de ejercer “coerción económica” al aplicar la ley de soberanía nacional.
“Las empresas que invierten en las Islas Malvinas estarán protegidas de las medidas internas argentinas dirigidas a empresas e individuos involucrados en actividades económicas lícitas”, señalaron desde la oficina del primer ministro británico, Andy Burnham.
La Argentina recurrió al Tribunal del Mar para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas
A través de un comunicado, la conducción política del Reino Unido, defendió la autorización para comenzar las perforaciones petroleras en las Malvinas, y rechazó la presentación del reclamo de la Argentina en un tribunal internacional para frenar el proyecto Sea Lion.
La reafirmación por parte del Ejecutivo británico llegó después de que la gestión de Javier Milei, presentara un recurso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), para interrumpir el proyecto de explotación de los recursos naturales que lleva adelante la firma RockHopper con el apoyo de la empresa israelí, Navitas.
El FMI recortó al 2,1% la previsión de crecimiento de la Argentina y elevó el desempleo
“Este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido. El Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y a los particulares británicos”, señala el escrito presentado por la oficial del primer ministro.
Lo que agrega: “Protegerlas de verse obligadas a cumplir con medidas extraterritoriales dirigidas contra la actividad lícita relacionada con las Islas Malvinas. El Reino Unido apoya el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales para su propio beneficio económico. Las decisiones sobre el desarrollo económico en las Islas Malvinas son competencia del Gobierno de las Islas Malvinas y de las empresas involucradas”.
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