El gobierno del Reino Unido defendió a las empresas que llevan adelante el proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas y acusó  la Argentina de ejercer “coerción económica” al aplicar la ley de soberanía nacional.

“Las empresas que invierten en las Islas Malvinas estarán protegidas de las medidas internas argentinas dirigidas a empresas e individuos involucrados en actividades económicas lícitas”, señalaron desde la oficina del primer ministro británico, Andy Burnham.

La Argentina recurrió al Tribunal del Mar para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas

A través de un comunicado, la conducción política del Reino Unido, defendió la   autorización para comenzar las perforaciones petroleras en las Malvinas, y rechazó la presentación del reclamo de la Argentina en un tribunal internacional para frenar el proyecto Sea Lion.

La reafirmación por parte del Ejecutivo británico llegó después de que la gestión de Javier Milei, presentara un recurso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), para interrumpir el proyecto de explotación de los recursos naturales que lleva adelante la firma RockHopper con el apoyo de la empresa israelí, Navitas.

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“Este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido. El Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y a los particulares británicos”, señala el escrito presentado por la oficial del primer ministro.

Lo que agrega: “Protegerlas de verse obligadas a cumplir con medidas extraterritoriales dirigidas contra la actividad lícita relacionada con las Islas Malvinas. El Reino Unido apoya el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales para su propio beneficio económico. Las decisiones sobre el desarrollo económico en las Islas Malvinas son competencia del Gobierno de las Islas Malvinas y de las empresas involucradas”.

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El intendente de Lanús, Julián Álvarez, avanzó con la creación de una Policía de Prevención Municipal que tendrá hasta 100 agentes para tareas de patrullaje barrial, prevención de proximidad y primera respuesta. La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante de su distrito y pone la lupa sobre el pedido para que el gobernador Axel Kicillof envíe a la Legislatura el proyecto anunciado para regular las fuerzas locales de seguridad.

La ordenanza aprobada en el distrito gobernado por el dirigente de La Cámpora establece que el nuevo cuerpo dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano. Sus integrantes no reemplazarán a la Policía de la Provincia de Buenos Aires ni tendrán atribuciones para investigar delitos: deberán concentrarse en la presencia territorial, las recorridas preventivas y la asistencia inicial frente a situaciones de riesgo.

El paso de Lanús se inscribe en un proceso que atraviesa a municipios de distintos signos políticos. Escobar, donde gobierna el intendente kicillofista, Ariel Sujarchuk; Avellaneda, bajo el control político de Jorge Ferraresi; y San Isidro, con Ramón Lanús —cercano a Patricia Bullrich—, entre otros, ya pusieron en marcha patrullas, cuerpos preventivos o estructuras locales que buscan cumplir funciones de seguridad ciudadana. Lo mismo hizo el distrito de Quilmes bajo el gobierno de la cristinista Mayra Mendoza o el axelista Lucas Ghi de Morón La diferencia es que, hasta ahora, no existe una ley provincial que determine sus facultades, el financiamiento, la formación de sus integrantes ni la relación con la Policía Bonaerense. Todo está a resolución de los intendentes.

En el último caso, el de Lanús, la votación del Concejo Deliberante fue precedida por la apertura de la Escuela de Policía Municipal de Lanús. En agosto, Álvarez presentó la primera cohorte, integrada por 120 cadetes, para una capacitación de 600 horas.

El proyecto fue aprobado por mayoría, aunque recibió el rechazo de La Libertad Avanza, el PRO y el bloque Vamos. Los cuestionamientos se centraron en las facultades del municipio para utilizar la denominación Policía Municipal y en la posibilidad de que las nuevas funciones se superpongan a las de los agentes de seguridad ciudadana. Por ello, explican los intendentes, es necesario que la Provincia intervenga con un marco normativo que englobe las facultades de las fuerzas locales.

La estructura que Lanús aprobó no equivale a la creación de una fuerza policial autónoma. De hecho, ninguna de las fuerzas que ya funcionan en el ámbito local tiene autonomía. La Ley 12.154 de Seguridad Pública establece la seguridad como una responsabilidad provincial y no reconoce específicamente a los intendentes de los municipios grandes como autoridades con competencia policial propia. Eso es lo que está en debate y lo que los intendentes quieren definir. Kicillof lo había anunciado en su apertura de sesiones.

En los hechos, los municipios ampliaron su participación en la prevención del delito. Sostienen centros de monitoreo, cámaras, anillos digitales, botones de alerta, corredores seguros, móviles de patrullaje y asistencia a víctimas. También destinan fondos al mantenimiento de patrulleros bonaerenses, combustible y reparaciones de dependencias policiales.

Sin embargo, ese despliegue se desarrolló sin una regulación integral. La legislación provincial contempla un régimen de Policías de Seguridad Comunal para localidades del interior con hasta 70 mil habitantes que adhieran mediante convenios. Esas fuerzas, de todos modos, integran las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

Por su población y su pertenencia al conurbano, los grands municipios no están incluidos en ese régimen. La flamante fuerza de seguridad votada en Lanús no tiene potestad para realizar investigaciones penales y tiene la obligación de articular con la Bonaerense.

La discusión excede el nombre de las fuerzas. Define, entre otros puntos, quién podrá designar autoridades, aplicar sanciones, financiar los recursos, portar armas, realizar aprehensiones y establecer los protocolos de intervención en la vía pública.

Kicillof anunció en marzo una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, vigente desde 1998. El gobernador incluyó en ese anuncio una nueva norma para el personal policial y una reforma que incorpore las herramientas que los municipios ya utilizan en materia de prevención.

Intendentes a la espera

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, abrió luego una ronda de reuniones con intendentes de distintos sectores políticos y seccionales electorales. Uno de los encuentros centrales se realizó en Escobar, donde se reconoció que el Ejecutivo preparaba una iniciativa para actualizar el marco normativo de la seguridad provincial.

En ese momento, la reunión convocó a intendentes peronistas y opositores. Estuvieron Ariel Sujarchuk, de Escobar; Jorge Ferraresi, entonces jefe comunal Avellaneda; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Leonardo Boto, de Luján; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Federico Susbielles, de Bahía Blanca, y Ramón Lanús, de San Isidro, entre otros.

Los reclamos no son idénticos. Algunos municipios buscan que la ley valide y ordene sus actuales cuerpos de prevención. Otros pretenden avanzar hacia policías municipales con mayor autonomía, mando local y recursos garantizados.

En Escobar funciona desde marzo de 2025 una Policía Municipal creada por ordenanza, con agentes capacitados, equipamiento específico y armas no letales.

San Isidro plantea una postura más amplia. Su intendente, Ramón Lanús, reclama una policía municipal bajo mando directo del jefe comunal, con autonomía funcional, potestades disciplinarias y estado policial para sus agentes. La demanda atraviesa a dirigentes de fuerzas enfrentadas en el plano provincial y nacional.

Aunque la Provincia completó durante julio la ronda de consultas con los municipios, el proyecto oficial aún no fue remitido a la Legislatura. Esa demora comenzó a generar cuestionamientos de intendentes que consideran insuficiente el actual esquema de coordinación con la Policía Bonaerense e inquietud en la Legislatura.

La Cámara de Diputados bonaerense ya tiene tres iniciativas de autonomía que deberían tener las futuras policías municipales. Las mismas están en la comisión de Seguridad con estado parlamentario y, según supo Infobae, fueron remitidas al Poder Ejecutivo. “No nos contestaron nada”, contó un legislador que de cerca el tema.

Los tres proyectos

El diputado de Fuerza Patria Carlos Puglelli presentó un proyecto para crear policías Comunales. La propuesta prevé modificaciones a las leyes 12.068, 12.154 y 13.482, y contempla un Fondo para el Fortalecimiento de esas estructuras. Su modelo se orienta principalmente a municipios de menor escala poblacional y propone integrar las fuerzas locales al sistema de seguridad bonaerense.

Otro texto fue presentado por el diputado Leonardo Moreno, alineado con Sujarchuk. Su iniciativa propone la creación de una Policía Municipal de Proximidad para distritos de más de 70 mil habitantes. El modelo preserva una relación estrecha con la Provincia en materia de financiamiento, formación, coordinación y control, aunque habilita a los intendentes a intervenir en la planificación territorial y la conducción local.

El tercer proyecto corresponde al diputado provincial Juan José Esper, titular del monobloque Derecha Popular. Esper responde al exintendente de San Miguel, Joaquín de La Torre. Es la propuesta que concede el mayor margen de descentralización: establece que las futuras policías municipales dependan de los intendentes en los planos funcional, administrativo, financiero y operativo.

Según la iniciativa de Esper, cada municipio podría adherir al régimen por medio de un convenio suscrito por el jefe comunal y ratificado luego por el Concejo Deliberante. A partir de ese paso, la Policía Municipal quedaría bajo la órbita directa del Ejecutivo local.

El intendente tendría la facultad de designar a la máxima autoridad de la fuerza, con acuerdo del Concejo Deliberante. El proyecto prevé patrullaje preventivo, vigilancia urbana, confección de mapas del delito, intervención ante conflictos vecinales y colaboración en tránsito y seguridad vial.

Esper defiende un esquema con dependencia plena del intendente, estado policial para los integrantes de las fuerzas locales, financiamiento establecido por ley y facultades expresas. Esa posición difiere de los proyectos que proponen un modelo de coordinación con mayor presencia de la Provincia.

“El gobernador quiere ganar tiempo y que el tema lo aborde el próximo gobernador. ¿Qué sentido tiene que lo haga ahora?“, consideró un diputado de la oposición a este medio.

La complejidad del Senado

En el Senado bonaerense, el presidente del bloque oficialista, Sergio Berni, adelantó su discrepancia con la iniciativa del Ejecutivo y había adelantado que iría con un proyecto de su autoría. En la Cámara alta, Berni responde al esquema cristinista y mantiene un frente abierto con la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, Verónica Magario. Además, preside la comisión de Seguridad.

Sobre la creación de fuerzas locales, el exministro de Seguridad del primer período de gobierno de Kicillof planteó sus disidencias. El senador vincula el impulso de una nueva fuerza con el calendario electoral y lo compara con la decisión de Daniel Scioli de crear por decreto la Policía Local en 2014, cuando se encaminaba a la campaña para los comicios de 2015. Esa estructura terminó incorporada a la Policía Bonaerense.

“Parece que responde más a una cuestión electoral que a un abordaje del tema. ¿Hace falta más policía o hace falta profesionalizar la bonaerense?”, planteó Berni cuándo a mitad de año se lo consultó por el tema. Otro frente de la interna.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró este martes que “la inflación dejó de ser el problema prioritario” de los argentinos y, aunque reconoció que el problema todavía no está resuelto, destacó el proceso de desaceleración desde el inicio de la gestión de Javier Milei. “Es muy importante lo que se ha logrado en estos casi tres años. Y seguiremos esperando nuevos indicadores con optimismo para adelante”, afirmó.

Poco antes de su conferencia de prensa de los martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) fue del 1,9% en septiembre, por encima del registro de agosto.

Frente a ese resultado, el funcionario relativizó las variaciones mensuales y planteó que el desempeño de la inflación debe evaluarse en relación con los niveles registrados al comienzo de la gestión libertaria. “Recordemos que a diciembre de 2023 el IPC arrojó un número de 25% mensual; el dato de hoy es de 1,9%”, señaló.

También remarcó que pueden registrarse aumentos transitorios sin que eso implique necesariamente una modificación de la tendencia general. “La experiencia internacional muestra que cuando hay programas de estabilización exitosos, la baja no es una línea continua hacia abajo, sino que puede ser sinuoso este camino; puede haber alguna suba transitoria en algún mes particular por cuestiones de estacionalidad, por shocks internos o externos, por distintos motivos”, explicó Ravier. En ese sentido, destacó que la inflación se mantuvo por debajo del 2% mensual, pese a la aceleración registrada en septiembre.

Las proyecciones del Gobierno para la inflación

Ravier ratificó que el Ejecutivo mantiene su objetivo de continuar reduciendo la inflación y vinculó esa expectativa con la política monetaria. En esa línea, aseguró que la evolución de los precios depende del control de los agregados monetarios y que el programa de estabilización permitirá sostener la desaceleración.

“Esperamos a mediano plazo un indicador de un dígito anual, como tienen tantas economías del mundo. Vamos camino a resolverlo”, afirmó, aunque no estableció una fecha concreta para alcanzar ese objetivo.

El vocero presidencial también reconoció las dificultades que atraviesan los ingresos y su impacto en las expectativas económicas. “En esta coyuntura global la gente puede sentir que su ingreso no sigue mejorando como sí mejoró en el segundo semestre de 2024 y en gran parte de 2025”, admitió Ravier, aunque atribuyó esa situación a factores externos.

Ravier insistió en que la desaceleración de la inflación y los aumentos salariales permitirían recuperar el poder adquisitivo y proyectó que la desaceleración del IPC podría reflejarse en una nueva baja de los indicadores de pobreza e indigencia cuando se conozcan las próximas mediciones.

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