POLITICA
El Gobierno nombró a un abogado del sector empleador en un área clave para el poder sindical


Ramiro Cherñetz fue designado director de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo de la Nación, un área clave para empresarios y, sobre todo, dirigentes gremiales que estaba vacante desde hace un año.
El flamante funcionario es un abogado vinculado al sector empleador que ocupará un cargo sensible que desempeñó hasta el 10 de julio de 2025 Claudio Aquino, otro asesor letrado de empresas que fue designado luego de que asumió Javier Milei, en enero de 2024.
“Es un abogado que justamente se suma a la transparencia y objetividad que se busca en todo momento en el Gobierno”, definió a Infobae un alto funcionario de la administración libertaria.
En su sitio web, Cherñetz se presenta a sí mismo de esta forma: “Abogado especializado en Derecho Laboral y Relaciones Laborales, con una sólida trayectoria en asesoramiento corporativo integral. A lo largo de mi carrera, he liderado áreas legales en empresas de servicios, gestionando conflictos laborales, negociaciones sindicales y asegurando el cumplimiento normativo. Me distingo por mi enfoque estratégico, capacidad de resolución y una mirada preventiva para reducir riesgos legales. Con formación continua y experiencia en la implementación de programas de retiro, representación ante organismos administrativos y coordinación de equipos legales internos y externos, ofrezco soluciones prácticas y eficientes adaptadas a las necesidades empresariales”.
La Dirección de Asociaciones Sindicales que encabezaba Aquino fue intervenida en abril de 2024 por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, como parte de una decisión del Gobierno de investigar distintas áreas del Estado que están bajo la lupa por presuntas irregularidades.
Esa dependencia de Trabajo tiene una importancia estratégica para los empresarios y para el gremialismo porque allí se resuelven los conflictos de encuadramiento sindical, las inspecciones a sindicatos y el otorgamiento (o no) de personerías o de simple inscripción a organizaciones nuevas, además de fiscalizar los movimientos económicos-financieros, la realización de asambleas, congresos y elecciones gremiales y la aprobación y modificación de los estatutos.

En realidad, la Dirección de Asociaciones Sindicales siempre fue el eje de sospechas y versiones sobre expedientes que impactan en la situación jurídica, institucional y económica de los gremios. Y la intervención de Capital Humano implicó que un equipo especializado de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la cartera que dirige Pettovello fue “revisando carpeta por carpeta» de esa repartición para analizarla, evaluar dictámenes opinables y “darle transparencia” a un lugar rodeado de suspicacias.
En su momento, en Trabajo aclararon que la intervención a Asociaciones Sindicales se había hecho de manera “preventiva en un área donde estaba todo medio sospechado, manejado a dedo, con dictámenes opinables”, pero que el origen no fue una denuncia concreta ni la comprobación de alguna irregularidad.
En la CGT, sin embargo, deslizaron que al funcionario saliente lo acusaban de “falta de transparencia en su gestión”, aunque no aportaron pruebas sobre ello.

No son nuevas las sospechas en aquella área de Trabajo. Ideler Tonelli, el último ministro de Trabajo del gobierno de Raúl Alfonsín, hizo una fuerte revelación en el libro “CGT, el poder que no fue”, de la periodista María Grande, acerca de lo que encontró al asumir su cargo, en 1987: “Se cobraba todo; se cobraban las inscripciones gremiales, las personerías gremiales. Yo juré un miércoles a las 18 y estuvieron hasta las 5 de la mañana del día siguiente cobrando inscripciones y personerías gremiales; 5 mil dólares, 10 mil dólares”. No hay constancias de qué sucedió luego de semejante denuncia, pero sí insistentes versiones sobre hechos similares registrados antes y después de ese momento.
Asociaciones Sindicales fue una dependencia siempre codiciada por el sindicalismo. Cuando asumió Alberto Fernández, en diciembre de 2019, se produjeron tironeos entre los dirigentes gremiales para designar allí a alguien de confianza. Hugo Moyano pretendía ubicar al frente de esa dirección a un hombre propio, pero el entonces Presidente desistió porque significaba un poder inmenso que podría haber afectado las relaciones con otros sindicatos, ya que el líder camionero mantiene permanentes conflictos de encuadramiento para quedarse con afiliados de otro gremios, como Comercio, Alimentación o Carga y Descarga. El puesto finalmente recayó en Mónica Rissotto, abogada del sindicato de los taxistas que lideraba Jorge Omar Viviani, clásico rival de Moyano.
POLITICA
Dos jueces electorales pidieron prudencia y no generar incertidumbre en medio de la discusión por la eliminación de las PASO

Los jueces con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla y Sergio Torres, pidieron a la dirigencia política tener “prudencia” y evitar generar “incertidumbre” ante cualquier reforma electoral para el próximo año, mientras el Gobierno busca destrabar las negociaciones para eliminar o suspender las PASO.
En un congreso organizado por el Centro de Estudios en Derecho Electoral de la Universidad Nacional de La Plata, Padilla y Torres -el primero a cargo del Juzgado Federal 1 con competencia electoral en La Plata y el segundo presidente de la Suprema Corte bonaerense y a cargo de la Junta Electoral provincial- también enfatizaron que, de haber cambios, estos se definan antes de fin de año para garantizar la previsibilidad.
“Lo ideal es que estas decisiones se tomen en años no electorales”, dijo Padilla, que además defendió a las PASO como “un ordenador de la oferta electoral”. “No es posible que los candidatos se definan en una mesa única. Tiene que haber mecanismos dentro de los partidos. Si se eliminan hay que ver cómo se le da a la ciudadanía una oferta ordenadora”, agregó.
Torres, por su parte, planteó que “los organismos electorales deben actuar con especial prudencia frente a cualquier reforma en el sistema”. Y afirmó: “Los cambios en materia electoral son muchas veces necesarios, pero deben ser cuidadosamente planificados, suficientemente explicados y gradualmente implementados”.
El magistrado también advirtió que si las modificaciones se impulsan sin el tiempo suficiente, podrían ocasionar problemas para la ciudadanía y los partidos políticos. “Las reformas apresuradas, especialmente cuando se aplican inmediatamente después de ser sancionadas, pueden generar incertidumbre, dificultar la capacitación de los ciudadanos y sorprender a los actores políticos con nuevas reglas o procedimientos”, dijo.
El encuentro donde se pronunciaron los magistrados reunió entre el lunes y este martes a más de 100 representantes de la Justicia Electoral de todo el país, además de dirigentes, funcionarios, académicos y legisladores. Entre los ejes de debate figuraron los nuevos desafíos de las democracias y sus regímenes electorales, y el impacto de la tecnología, las redes sociales y la inteligencia artificial en los procesos de votación.
Las advertencias de los jueces llegaron en medio del intento del Gobierno de eliminar o suspender las primarias vigentes desde 2009. Además de los argumentos en contra del costo económico y de evitarle a la población instancias de votación, en la Casa Rosada buscan quitarle a la oposición la herramienta que podría ayudarlos a agruparse. Además, eliminar las PASO postergaría para octubre la campaña, lo cual otorga más tiempo al programa económico para generar una recuperación y evita cualquier reacción negativa de los mercados en caso de una derrota del oficialismo en agosto.
Sin embargo, el oficialismo todavía debe unificar cómo avanzará en las negociaciones con los gobernadores y sus aliados para conseguir los votos en el Congreso. Esa misión demora más de lo previsto, con el año parlamentario cerca de llegar a su fin.
POLITICA
Los universitarios comienzan hoy un nuevo paro que se extenderá durante una semana

Los docentes universitarios y preuniversitarios iniciarán este miércoles una semana de paro nacional, en medio del reclamo sindical por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la asignación de recursos para el funcionamiento del sistema.
La medida, impulsada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), se extenderá hasta el lunes 3 de noviembre. La federación ratificó este martes, mediante una convocatoria pública, el paro resuelto en su Congreso Extraordinario.

El gremio convocó a la comunidad universitaria a acompañar el plan de lucha ante lo que define como un deterioro de los salarios y un escenario de restricciones presupuestarias para el sistema.
En el mensaje difundido por la federación, la organización planteó que lleva más de un año sin cumplirse la normativa aprobada para financiar a las universidades nacionales. “Frente al ajuste salarial y el ahogamiento presupuestario, respondemos con organización y la fuerza de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país”, señalaron en el comunicado.
La medida de fuerza tiene tres demandas centrales. La primera es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación es objeto de reclamos gremiales y judiciales. La segunda consiste en el pago de la deuda salarial que, según los sindicatos, afecta a docentes universitarios y preuniversitarios. El tercer punto apunta a garantizar partidas para las actividades de enseñanza, investigación, extensión y gestión de las instituciones.

CONADU Histórica cuestionó la situación de los haberes y advirtió sobre las consecuencias que el conflicto puede tener para la continuidad de las tareas académicas. “Sin salarios dignos no hay universidad pública”, expresó la federación en la convocatoria que acompañó con la consigna “Milei cumplí con la ley”.
Según datos difundidos en una reunión de rectores, desde diciembre de 2023 las universidades nacionales registraron una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal universitario perdieron más de 30% de poder adquisitivo. Las cifras forman parte de los argumentos que los sectores docentes incorporaron a sus reclamos.
Los paros se extenderán hasta mediados de noviembre
La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció cuatro jornadas de paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. La primera será este miércoles 28 de octubre, en simultáneo con el inicio de la medida convocada por CONADU Histórica, mientras que las restantes se realizarán el 3, 12 y 16 de noviembre.

La huelga alcanzará a las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Centro de Estudios Bariloche. FAGDUT indicó que durante las jornadas de protesta no habrá clases presenciales ni virtuales en esas instituciones.
Al igual que FAGDUT, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizará paros de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Las medidas alcanzarán al personal no docente de las universidades públicas.
La resolución de FATUN fue adoptada por su Consejo Directivo, con representantes de 54 organizaciones sindicales. La federación también prevé impulsar acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que los montos de la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, según lo previsto en el convenio colectivo.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) confirmó su adhesión al paro nacional docente y preuniversitario hasta el 3 de noviembre. En cambio, la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que representa al personal no docente, no integra el cronograma de medidas convocado por FATUN para esas fechas, según informó AGD-UBA.
El comienzo simultáneo de las medidas docentes y no docentes podría alterar el dictado de clases y otras actividades en las universidades públicas, que informarán su modalidad de funcionamiento durante los días de protesta.
Tras la finalización del paro el 3 de noviembre, CONADU Histórica reunirá a su Congreso Extraordinario el día 6 para definir los próximos pasos del plan de lucha. Las medidas de FAGDUT y FATUN continuarán con nuevas jornadas previstas para el 12 y el 16 de noviembre.
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POLITICA
La estrategia del PRO para negociar una eventual alianza con Milei en 2027 sin perder protagonismo y poder territorial

La felicitación de Mauricio Macri a Lula da Silva por su triunfo electoral en Brasil fue una nueva señal de distancia entre el PRO y Javier Milei. Pero detrás de ese gesto hay una discusión más profunda sobre el futuro de la relación entre ambos espacios y las condiciones en las que podrían competir juntos en las elecciones de 2027.
“Cada vez me cuestiono más la alianza”, reconoció a TN una fuente del PRO que sigue de cerca las negociaciones con La Libertad Avanza. En el partido creen que todavía falta tiempo para definir el esquema electoral y advierten que un acuerdo sin condiciones podría dejarlos con menos poder territorial, menos representación y escaso margen para discutir candidaturas.
La estrategia, por ahora, es evitar una negociación apresurada, ordenar al partido en las provincias y conservar las herramientas necesarias para sentarse a discutir con el oficialismo cuando el escenario esté más claro. “De mínima, queremos conservar lo que tenemos”, sintetizó un dirigente.
En el PRO explican que la decisión de felicitar a Lula no fue solamente un gesto diplomático. También buscó recuperar una de las marcas históricas del partido: las relaciones internacionales y la defensa de los intereses nacionales por encima de las diferencias ideológicas.
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