Los jueces con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla y Sergio Torres, pidieron a la dirigencia política tener “prudencia” y evitar generar “incertidumbre” ante cualquier reforma electoral para el próximo año, mientras el Gobierno busca destrabar las negociaciones para eliminar o suspender las PASO.

En un congreso organizado por el Centro de Estudios en Derecho Electoral de la Universidad Nacional de La Plata, Padilla y Torres -el primero a cargo del Juzgado Federal 1 con competencia electoral en La Plata y el segundo presidente de la Suprema Corte bonaerense y a cargo de la Junta Electoral provincial- también enfatizaron que, de haber cambios, estos se definan antes de fin de año para garantizar la previsibilidad.

“Lo ideal es que estas decisiones se tomen en años no electorales”, dijo Padilla, que además defendió a las PASO como “un ordenador de la oferta electoral”. “No es posible que los candidatos se definan en una mesa única. Tiene que haber mecanismos dentro de los partidos. Si se eliminan hay que ver cómo se le da a la ciudadanía una oferta ordenadora”, agregó.

Torres, por su parte, planteó que “los organismos electorales deben actuar con especial prudencia frente a cualquier reforma en el sistema”. Y afirmó: “Los cambios en materia electoral son muchas veces necesarios, pero deben ser cuidadosamente planificados, suficientemente explicados y gradualmente implementados”.

El magistrado también advirtió que si las modificaciones se impulsan sin el tiempo suficiente, podrían ocasionar problemas para la ciudadanía y los partidos políticos. “Las reformas apresuradas, especialmente cuando se aplican inmediatamente después de ser sancionadas, pueden generar incertidumbre, dificultar la capacitación de los ciudadanos y sorprender a los actores políticos con nuevas reglas o procedimientos”, dijo.

El encuentro donde se pronunciaron los magistrados reunió entre el lunes y este martes a más de 100 representantes de la Justicia Electoral de todo el país, además de dirigentes, funcionarios, académicos y legisladores. Entre los ejes de debate figuraron los nuevos desafíos de las democracias y sus regímenes electorales, y el impacto de la tecnología, las redes sociales y la inteligencia artificial en los procesos de votación.

Las advertencias de los jueces llegaron en medio del intento del Gobierno de eliminar o suspender las primarias vigentes desde 2009. Además de los argumentos en contra del costo económico y de evitarle a la población instancias de votación, en la Casa Rosada buscan quitarle a la oposición la herramienta que podría ayudarlos a agruparse. Además, eliminar las PASO postergaría para octubre la campaña, lo cual otorga más tiempo al programa económico para generar una recuperación y evita cualquier reacción negativa de los mercados en caso de una derrota del oficialismo en agosto.

Sin embargo, el oficialismo todavía debe unificar cómo avanzará en las negociaciones con los gobernadores y sus aliados para conseguir los votos en el Congreso. Esa misión demora más de lo previsto, con el año parlamentario cerca de llegar a su fin.

La felicitación de Mauricio Macri a Lula da Silva por su triunfo electoral en Brasil fue una nueva señal de distancia entre el PRO y Javier Milei. Pero detrás de ese gesto hay una discusión más profunda sobre el futuro de la relación entre ambos espacios y las condiciones en las que podrían competir juntos en las elecciones de 2027.

“Cada vez me cuestiono más la alianza”, reconoció a TN una fuente del PRO que sigue de cerca las negociaciones con La Libertad Avanza. En el partido creen que todavía falta tiempo para definir el esquema electoral y advierten que un acuerdo sin condiciones podría dejarlos con menos poder territorial, menos representación y escaso margen para discutir candidaturas.

La estrategia, por ahora, es evitar una negociación apresurada, ordenar al partido en las provincias y conservar las herramientas necesarias para sentarse a discutir con el oficialismo cuando el escenario esté más claro. “De mínima, queremos conservar lo que tenemos”, sintetizó un dirigente.

En el PRO explican que la decisión de felicitar a Lula no fue solamente un gesto diplomático. También buscó recuperar una de las marcas históricas del partido: las relaciones internacionales y la defensa de los intereses nacionales por encima de las diferencias ideológicas.

Este miércoles por la madrugada, el Gobierno dejó sin efecto a la Resolución N°13901/2025, que había restablecido el cobro de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. De esta manera, la Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso que los titulares deberán iniciar un trámite de rehabilitación para recuperar el cobro del beneficio.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 3695/2026, el secretario de Discapacidad, Diego Masaragian, anuló la medida que había sido emitida el año pasado por la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta normativa había reanudado los pagos los beneficiarios que habían perdido la prestación tras detectarse irregularidades durante la etapa de auditorías.

“Déjase sin efecto la Resolución N° 13.901/25 de la ex Agencia Nacional de Discapacidad respecto de las personas identificadas en el Anexo I (IF-2026-103572421-APN-DNGYAA#MS) que forma parte integrante de la presente”, establecieron en el documento.

De esta manera, las autoridades emitieron una lista de beneficiarios que volverán a ser suspendidos, pero que aún podrán recuperar el cobro de la pensión. Sin embargo, remarcaron que el reconocimiento de cada caso no implicaba una restitución automática, debido a que cada expediente volverá a ser revisado.

En este sentido, señalaron que los titulares deberán acreditar la supervivencia, tal como está expuesto en el artículo 11 del Decreto N° 432/97, que reglamenta el sistema de pensiones nacional. Para esto, se les otorgará 60 días corridos desde la notificación para presentar documentación y actualizar sus datos personales.

No obstante, el universo alcanzado no comprende necesariamente a todas las personas que tuvieron una pensión suspendida. Previo a esto, la Secretaría realizó un análisis que distinguió entre quienes aportaron nueva documentación o están amparados por otros procesos judiciales y quienes deberán volver a acreditar su derecho por la vía administrativa.

Para estos últimos casos, la notificación individual será el punto de partida. Esto quiere decir que, desde ese momento, comenzará a correr el plazo de 60 días corridos para que puedan iniciar el trámite para acceder a la rehabilitación de la prestación.

En este marco, las personas alcanzadas podrán acompañar certificados médicos actualizados, renovar sus datos personales y sumar los antecedentes que consideren necesarios para demostrar que mantienen las condiciones que dieron origen a la pensión.

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De este modo, la presentación será incorporada al expediente administrativo de cada titular. Luego, las áreas técnicas evaluarán la información para determinar si corresponde rehabilitar el pago, de acuerdo con los requisitos vigentes.

La documentación podrá entregarse por cualquiera de estas vías:

• En oficinas de atención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
• En dependencias de la Secretaría Nacional de Discapacidad que estén habilitadas para recibirla.
• A través del Formulario de Consultas del Ministerio de Salud, disponible en argentina.gob.ar/salud/consultas-al-ministerio-de-salud.
• Mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), en el trámite denominado “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”.
• Por correo electrónico, a citacion@senadis.gob.ar.

El envío de los documentos inicia el proceso de revisión, pero no garantiza por sí solo la reanudación del beneficio, ya que la decisión dependerá de la evaluación administrativa del caso.

Además del pedido de rehabilitación, las personas notificadas podrán presentar los recursos administrativos previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Los plazos serán de 20 o 30 días, según el recurso elegido.

Según explicaron las autoridades, la decisión de suspender la medida cautelar llegó después de una disputa judicial iniciada en Catamarca. En septiembre de 2025, el Juzgado Federal de Catamarca N° 2 había ordenado restablecer las pensiones suspendidas en esa provincia, pero un mes después, la cautelar se extendió a todo el país.

Frente a esto, la ex ANDIS presentó una apelación y, finalmente, la Cámara Federal de Tucumán revocó en febrero de 2026 la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda. A partir de esto, la Secretaría inició un análisis de los casos que podrían reunir las condiciones para acceder a la rehabilitación de la pensión.

Cabe destacar que la prestación está regulada por la Ley N° 13.478 y el Decreto 432/97. Asimismo, recordaron que está dirigida a personas sin recursos suficientes, que no están cubiertas por un régimen previsional y que se encuentran imposibilitadas de trabajar.

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