POLITICA
El Gobierno oficializó nombramientos en la Justicia, entre ellos, el del juez que se hará cargo de la causa contra Martín Insaurralde

El Gobierno oficializó este miércoles una nueva tanda de designaciones en la Justicia. Entre los nombres más salientes figura el del exsecretario del juez Ariel Lijo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien se convirtió en el titular del juzgado de Lomas de Zamora donde tramita la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio.
Las designaciones, firmadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanzan a cinco áreas distintas de la Justicia nacional y federal.
En el fuero penal federal, además de Rodríguez Ponte, fue designado para integrar un Tribunal Oral Federal de San Martín. Bernardo María Rodríguez Palma.
El nuevo bloque de nombramientos sigue a la prórroga por cinco años que obtuvo el camarista del fuero laboral Víctor Pesino, quien falló a favor del gobierno de Javier Milei al suspender la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.
El Gobierno ha exhibido distintos criterios para hacer uso de la facultad de extender por cinco años las magistraturas de aquellos jueces que cumplen 75 años.
El camarista Martín Irurzun, por caso, debió dejar la Cámara Federal de Comodoro Py tras alcanzar esa edad este fin de semana.
Pesino y el juez de la Casación Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, sí obtuvieron la renovación de sus cargos.
Rodríguez Ponte
El Gobierno oficializó así la designación de Rodríguez Ponte al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, donde tramita y atraviesa instancias clave la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof.
En la causa acaba de concluir un largo peritaje contable realizado por especialistas de la Corte Suprema y peritos de parte que complicó a Insaurralde. Además, el expediente entró en estado de ebullición con el video que dio a conocer de Cirio mostrando un vestidor repleto de dólares.
Rodríguez Ponte también intervendrá en otra causa delicada: la que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la financiera Sur Finanzas, en cuyo centro está el empresario Ariel Vallejo, de vínculo con Claudio “Chiqui” Tapia.
Rodríguez Ponte es un funcionario bien considerado en el mundo judicial. Creció profesionalmente en el juzgado de Lijo y, desde 2016, es titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), un organismo técnico que depende de la Corte Suprema y está a cargo de las escuchas judiciales.
El cargo lo convirtió también en representante del Poder Judicial ante organismos internacionales en materia de lavado de dinero. Fue parte de la delegación argentina que viajó a París para afrontar la evaluación -finalmente favorable- del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), integrado por los países y organismos de mayor peso en el mundo.
Apadrinado por su antiguo jefe, Lijo, Rodríguez Ponte llegó a un juzgado por el que había concursado hacía más de una década. En ese mismo concurso participó Ana Juan, secretaria de la Cámara y esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, ella finalmente se impuso en la competencia por un juzgado de Hurlingham, donde quien quedó en el camino fue Diego Arce, actual secretario de Lijo.
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POLITICA
Milei compartió con Trump la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas que deliberó en la ONU

(Enviado especial a Nueva York) Javier Milei y Donald Trump compartieron hoy la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, una iniciativa geopolítica diseñada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles del narcotráfico que operan en combinación con China e Irán.
El cónclave sucedió en el Room 6 de la ONU, y Trump fue acompañado por Marco Rubio -secretario de Estado-, Jamieson Greer -representante de Comercio de los Estados Unidos-, y Stephen Miller -asesor de Seguridad Nacional-, lo que demuestra la importancia que asigna el presidente de los Estados Unidos al Escudo de las Américas.
Las deliberaciones fueron abiertas por Marco Rubio, que enfatizó en el enemigo regional a vencer y en la necesita de fortalecer la alianza estratégica sin pérdida de tiempo.
“Estas organizaciones operan entre ellos mismos y operan en diferentes países, no reconocen fronteras, no reconocen soberanía, y en muchos casos estos grupos tienen más o menos los mismos recursos que un gobierno, a veces más todavía, y armamento que se parece al de un gobierno”, sostuvo el secretario de Estado.
Y completó: “Así que la única manera de enfrentar esta coordinación entre los criminales y los terroristas, es que nosotros también tenemos que coordinar para acercarnos. Encima de eso creo que también esto es una alianza sumamente importante porque nos da la oportunidad de actuar en conjunto en temas económicos, en temas diplomáticos, en que nuestra voz se puede escuchar en unión, en temas que nos afectan a todos también”.
La descripción geopolítica de Rubio fue seguida en silencio por la mayoría de los presidentes de América Latina que comparte la agenda regional de la administración republicana.
En el auditorio multilateral se encontraban Milei, Santiago Peña, Keiko Fujimori y Nasry Asfura, entre otros.
Noticia en desarrollo
corresponsal:Enviado especial a Washington Estados Unidos
POLITICA
El Banco Central denunció a Piccirillo y Migueles por operaciones de más de US$250 millones durante el cepo cambiario

Elías Piccirillo y su exsocio Martín Migueles sumarán una nueva causa en Tribunales por las maniobras con el dólar blue en los tiempos del cepo cambiario. El Banco Central cerró un sumario sobre la casa de cambio Arg Exchange y elevó el caso al fuero penal económico para que se inicie una investigación penal. La entidad que preside Santiago Bausili determinó que esa casa de cambio vendió más de US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos.
Piccirillo apareció en Arg Exchange en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritario era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias investigadas. Y como presidente ya estaba Martín Migueles.
El negocio se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, la casa de cambio compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y el 19 de diciembre, fue de US$251.933.029. Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.
El sumario del BCRA contra Arg Exchange comenzó a fines de 2024, tras el cambio de gobierno, y pasó por varias instancias. En noviembre del año pasado, dio cuenta de ese proceso cuando Piccirillo y Migueles se notificaron de los cargos. En enero del año pasado, la agencia ya había sido dada de baja del “Registro de Operadores de Cambio” (R.O.C.).
La investigación del Banco Central determinó que Arg Exchange “efectuó operaciones de venta de divisas a otros operadores de cambio que no justificaron el origen de los fondos transados y que, a su vez, abastecieron a otras entidades”. En otros términos, que abasteció el mercado paralelo del blue ante la falta de controles oficiales.
¿A quién le compraba los dólares? En los registros del Banco Central se destacan el Banco MasVentas (US$24.200.000) y varias agencias que ahora están suspendidas o con sumarios abiertos: Rosario Cambio, Fast Cambio, Cambio Belgrano, Cambio Dem, Atlántida del Rosario Servicios y el Banco Sucrédito, de Salta, donde Piccirillo terminó desembarcando, según él mismo declaró ante la Justicia.
Los investigadores pusieron el foco en las ventas de esa casa de cambio. Ahí se destacaban Intercash, con casi 84 millones de dólares, Cambio Imperial (US$66.835.000), Gis Cambio (US$53.960.400) y Andie SRL (US$13.100.000).
“El deber de constatar el carácter genuino de las operaciones, previsto en el punto 1.2. de la Comunicación “A” 6844, no se agota en el mero examen de la documentación respaldatoria ni en la circunstancia de que las operaciones se hubieran concertado entre operadores autorizados o hubieran sido informadas a los regímenes vigentes. Por el contrario, dicho deber impone analizar integralmente las características de la contraparte, el propósito económico de las transacciones, la razonabilidad de los montos involucrados, el origen y destino de los fondos y la consistencia de la operatoria con los usos y prácticas habituales del mercado», concluyó la investigación del Central.
Sobre Piccirillo y Migueles, la entidad sostuvo que “no podían desconocer los hechos investigados, siendo responsables por igual por el incumplimiento detectado”. En el caso del exmarido de Jesica Cirio, el sumario destacó que, más allá de ser el accionista mayoritario de Arg Exchange, tenía una “posición de control e injerencia” dentro de la organización.
Las operaciones de Arg Exchange ya están siendo investigadas por el fiscal Franco Picardi en una causa que terminó anexando otros expedientes vinculados al rulo financiero. En esa megacausa, el fiscal también citó a declarar a varias personas cercanas a Piccirillo y Migueles que aportaron datos sobre el movimiento de dinero en efectivo.
Se trata de Sergio Daniel Speroni, que estaba autorizado a conducir uno de los autos de Piccirillo y tiene decenas de ingresos al barrio El Yacht de Nordelta, y Mario Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien, de acuerdo con la información reunida en la causa, habría efectuado traslados de dinero por pedido de Migueles.
Otra persona que declaró como testigo es Rocio Belén Avila, quien trabajaba en Arg Exchange SA y reportaba diariamente las operaciones de varias agencias de cambio que estarían vinculadas entre sí.
Piccirillo sigue en prisión domiciliaria y espera una definición sobre la causa que lo llevó a prisión. En ese expediente, se probó que montó un falso operativo contra su exsocio Francisco Hauque, a quien, según las pruebas de la causa, le colocó drogas y armas en su camioneta. Cuando el caso se encaminaba a un juicio oral, la defensa del financista presentó un video que habría sido grabado por la mujer de Hauque el día del episodio. Piccirillo asegura que le llegó de manera anónima al domicilio donde está detenido. En Tribunales sospechan del origen de ese video.
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La Justicia intimó al Gobierno a que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia falló otra vez contra el Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario. Una decisión del juez Martín Cormick le impuso al Poder Ejecutivo cumplir con la norma en un plazo de cinco días.
El fallo del magistrado aseguro que si el Gobierno no cumple con la normativa, aplicará multas diarias.
“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora”, indicó el juez Cormick en su fallo.
Las universidades y gremios docentes y no docentes mantienen firme su reclamo al Gobierno porque estiman que a los salarios se les adeuda una recomposición de 31,2%. El Gobierno ofreció 3% en la ultima paritaria, días atrás, lo que derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria el 15 de octubre, y medidas de fuerza gremiales en demanda del cumplimiento de la ley.
Esta semana ya empezó con paros en distintas facultades de la UBA y continuarán hasta la protesta de octubre, que tendrá epicentro en el Palacio de Tribunales.
universidad, justica
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