POLITICA
La Justicia de los EEUU incautó los teléfonos de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso de la Selección: fueron citados a declarar
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, vivió una situación incómoda minutos antes de emprender el regreso a la Argentina con parte del plantel de la Selección que disputó la última Copa del Mundo.
Según pudo reconstruir Infobae, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos.
Las fuentes locales que confirmaron el hecho aseguraron que las autoridades también se llevaron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajó a Buenos Aires el lunes pasado en el vuelo charter AR 1971 operado por la compañía Aerolíneas Argentinas.
El despegue, que en un principio se había anunciado para las 6:00, se realizó finalmente cerca de las 8:15, lo que postergó el arribo del plantel subcampeón del mundo al aeropuerto internacional de Ezeiza, en donde lo esperaban miles de fanáticos que querían celebrar el desempeño del equipo en el Mundial.
Entre los jugadores que viajaron con Tapia no se encontraban Lionel Messi y Rodrigo De Paul. La Pulga llegó a la Argentina un día después, en su avión privado, y se recluyó en su domicilio de Rosario junto a su familia.
Según documentos judiciales a los que accedió este medio, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. También se le solicitó que aporte toda la información disponible que posee relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Todos ellos están siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión.
El escándalo y una declaración clave
La investigación que ahora derivó en la incautación de teléfonos y dispositivos electrónicos comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA acompañaban a la Selección en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.
Uno de los primeros pasos conocidos de la pesquisa fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro se realizó de manera presencial en Miami, se extendió durante más de dos horas y estuvo orientado a obtener información y documentación sobre el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense.
La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos.
Las medidas conocidas inicialmente no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislación de los Estados Unidos.
En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, que fue designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa quedó a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones.
La documentación bancaria obtenida en procesos judiciales estadounidenses permitió establecer que los fondos no circularon por una única cuenta. La operatoria se desplegó mediante cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta última entidad pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un año, provenientes de compañías vinculadas con contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones.
Los extractos mostraron que parte del dinero permanecía en las cuentas durante apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido hacia otros destinos. Junto con pagos relacionados con logística, vuelos privados, transporte, combustible, consultorías y organización de eventos, se identificaron giros millonarios a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida. Entre ellas aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solamente desde la cuenta de PNC Bank recibieron USD 3.171.800.
Varias de esas sociedades compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida y algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad después de que las operaciones comenzaron a ser difundidas. La dispersión del dinero entre diferentes bancos, la utilización de múltiples empresas y la sucesión de transferencias cruzadas dificultaron la identificación inmediata del origen y el destino final de los fondos.
El material analizado por las autoridades estadounidenses surgió, en buena medida, de procedimientos de discovery autorizados por tribunales de ese país en litigios promovidos por Tofoni contra la AFA. Esa documentación dejó de ser solamente una prueba dentro de una disputa comercial y comenzó a ser evaluada directamente por el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación criminal.
En ese contexto, la incautación de los teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos de Tapia y de integrantes de la comitiva representa un nuevo salto institucional en la pesquisa. La medida permitiría preservar comunicaciones, archivos y registros digitales que puedan ser contrastados con los movimientos bancarios, la documentación societaria y los testimonios reunidos por las autoridades federales.
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POLITICA
La Argentina rechazó una declaración de la ONU sobre la prevención de pandemias, junto con EE.UU. e Israel
La Argentina votó este lunes junto con Estados Unidos e Israel contra una declaración política de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Los tres países fueron los únicos que rechazaron el documento, aprobado con 153 votos a favor y dos abstenciones, correspondientes a Nueva Zelanda y Paraguay.
El texto llama a fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional, guiada por la ciencia, la equidad y el respeto de los derechos humanos. La posición argentina volvió a expresar el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Washington en las votaciones del organismo.
Entre sus prioridades, la declaración plantea fortalecer los sistemas de vigilancia, invertir en capacidades nacionales y ampliar la producción, la investigación y el desarrollo a nivel local y regional. También reclama financiación sostenible, participación de las comunidades y acceso equitativo a los beneficios derivados del intercambio de patógenos.
El documento propone abordar la preparación ante pandemias como una cuestión que comprende tanto la salud como el desarrollo, la economía y la seguridad, y que requiere acciones coordinadas entre distintos sectores.
Tras la aprobación, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró el compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas de continuar trabajando en conjunto. “El mundo ha avanzado mucho desde la COVID-19. Instamos a los países a que cumplan ahora los compromisos adquiridos”, expresó.
La declaración también respalda el Acuerdo sobre Pandemias de la OMS, adoptado el año pasado, que todavía no puede abrirse a la firma porque permanece pendiente la conclusión de un anexo sobre el Sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios, conocido por sus siglas en inglés, PABS.
Ese mecanismo prevé que los países compartan muestras de patógenos y datos genéticos y reciban una parte de las vacunas, los tratamientos y las pruebas diagnósticas desarrollados a partir de ellos. Tedros pidió finalizar las negociaciones para que el acuerdo pueda abrirse a la firma, iniciar su proceso de ratificación y entrar en vigor como derecho internacional.
Según informó la OMS, el resultado de esas conversaciones será examinado en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, prevista para mayo de 2027, o antes, mediante una sesión extraordinaria.
La ONU indicó que la declaración debía aprobarse por consenso durante una reunión de alto nivel celebrada el 25 de septiembre. Sin embargo, las objeciones de Estados Unidos y de otros países impidieron avanzar por esa vía y obligaron a remitir el asunto a la Asamblea General.
El representante estadounidense había cuestionado las “ideologías divisorias que carecen de consenso conceptual”, así como las referencias del documento a las negociaciones pendientes sobre un componente del Acuerdo sobre Pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por su parte, el representante de Chile defendió la necesidad de una respuesta conjunta al señalar que “ningún país, por muy grande o preparado que esté, puede hacer frente solo a una amenaza que no conoce fronteras”.
Un antecedente reciente de la Argentina votando junto a Estados Unidos e Israel, y en contraposición a una amplia mayoría de los países, se registró el 25 de marzo de este año, según informó . En esa oportunidad, fueron los únicos que rechazaron una resolución de la Asamblea General que declaró a la trata de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”. La iniciativa obtuvo 123 votos a favor y 52 abstenciones.
La votación se produjo, además, meses después de que la Argentina concretara una importante medida en materia sanitaria: su salida de la OMS, formalizada el 17 de marzo de este año, como contó . La decisión había sido anunciada por el gobierno de Javier Milei en febrero de 2025, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera retirar a su país del organismo.
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Patricia Bullrich retiene parte de su cuota de poder en el Poder Ejecutivo, pese a los desacuerdos internos con la estrategia política de los hermanos Milei. Tras su desembarco en el Senado el año pasado, la ex ministra de Seguridad nacional obtuvo hoy la ratificación Pablo Héctor Walter, uno de sus amigos y hombres de confianza, en la conducción del Registro Nacional de las Armas (RENAR).
El presidente Javier Milei formalizó a Walter como subdirector ejecutivo del organismo, que lidera otro bullrichista, Juan Pablo Allan. Así salió publicado este jueves en el Boletín Oficial, a través del Decreto 1156/2026, firmado el 7 de octubre. La designación con rango de subsecretaría, que tiene vigencia desde el 20 de agosto de 2026, aporta indicios sobre el reparto de los “ravioles” del Estado en la coalición libertaria.
Pablo Walter ya ocupaba el rol de subjefatura en el RENAR bajo su anterior denominación, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Pero su nombramiento era de carácter transitorio. Incluso, desde el año pasado se especulaba que podría quedar al frente de la entidad en reemplazo de Allan, el actual director, quien resultó electo en 2025 como concejal en La Plata y desde hace meses combina las dos actividades en la gestión pública.
El “Negro” Walter es un histórico dirigente del PRO de Tucumán. Fue ex secretario nacional del PRO, y ex senador por la provincia norteña. El año pasado, Mauricio Macri lo dejó fuera finalmente del partido amarillo, al ratificar su alineamiento con la jefatura de Bullrich.
En medio de ese proceso electoral, Walter tenía expectativas de obtener una candidatura en la Cámara de Diputados, deseo que finalmente quedó trunco y que aceptó “con resignación la imposibilidad de aportar mi experiencia, al no concretarse el pedido” de la entonces ministra, expresó en un posteo en redes sociales.
Con el nombramiento, la ex ministra de Seguridad mantiene así influencia sobre el organismo encargado de registrar, regular y fiscalizar las armas de fuego, explosivos, chalecos antibalas y materiales controlados en el país. La cartera esté formalmente a cargo de Alejandra Monteoliva, sucesora de Bullrich y que adquirió relativa autonomía de la ex candidata presidencial.
La ratificación llega en momentos en los que la Casa Rosada viene teniendo contrapuntos con Patricia Bullrich, que no oculta sus opiniones disonantes sobre el rumbo del Gobierno y las expresa a viva voz. Sin embargo, según reconstruyó Infobae, fuentes de la mesa política sostienen que esas intervenciones no anticipan una ruptura con La Libertad Avanza y que, en el Senado, también pueden limitar el margen de maniobra de la oposición.
El Gobierno sigue de cerca la proyección electoral de la ex ministra. Un relevamiento de Management & FIT le atribuyó a Bullrich una imagen positiva del 33%, por encima del 31,2% que registra Milei. En la administración libertaria consideran que ese nivel de conocimiento y adhesión puede resultar útil para el objetivo electoral de 2027, mientras la legisladora conserva un perfil propio dentro de la coalición.
En los últimos meses, Bullrich reclamó que la recuperación económica tenga efectos más rápidos en la sociedad y tomó distancia de varias decisiones legislativas del oficialismo. Cuestionó la estrategia sobre la Ley de Tierras, el ajuste en discapacidad previsto en el Presupuesto 2027 y la exclusión del artículo sobre licencias de la reforma laboral. También objetó la decisión de Javier y Karina Milei de retirar el pliego de María Verónica Michelli, propuesta para ocupar un juzgado federal.
Después de que Bullrich expresara su intención de competir en 2031 y dejara abierta la posibilidad de una postulación en 2027, el oficialismo decidió evitar cualquier tipo de confrontación. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que entiende que la senadora respalda la reelección de Milei el año que viene. En ese contexto, sectores cercanos a Karina Milei también la definen y consideran como una aliada necesaria.
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El Gobierno promulgó el nuevo régimen de zonas frías, que había sido convertido en ley el 24 de septiembre tras su aprobación en el Senado. De esta manera, fue oficializada la reducción del alcance del subsidio para los sectores ampliados en 2021 -y solo se mantienen en la Patagonia, Malargüe y la Puna-, se establecieron nuevos requisitos de vulnerabilidad y se modificó el cálculo para su aplicación.
El proyecto consistió en una “readecuación” del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías y la regularización de deudas eléctricas. La iniciativa, que fue aprobada con 38 votos afirmativos y 8 negativos, estableció que el fondo pasará a financiar una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes, e incorporará una bonificación adicional para determinados usuarios residenciales incluidos en el Régimen de Subsidios Focalizados, de acuerdo con su ubicación y situación socioeconómica.
A su vez, se mantendrán los beneficios para usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna, aunque se eliminará de la ley el porcentaje fijo del 50% sobre los cuadros tarifarios plenos. A partir de ahora, el Poder Ejecutivo determinará el alcance y las modalidades del beneficio.
Por 38 votos afirmativos y 8 negativos, el Senado aprobó el proyecto de ley para reformar el Régimen de Zonas Frías, que ya contaba con media sanción de Diputados.
CapturaLa senadora Flavia Royón (Primeros Los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería, declaró, durante la sesión que la modificación cuenta con medidas para obtener “mayor transparencia y orden del marco energético”. ““Primero, modifica el régimen de zonas frías; se refiere a las deudas del mercado eléctrico mayorista; después aborda criterios de las tarifas de electricidad de gas; actualiza el marco normativo para energías renovables; y por último deroga regímenes hidrocarburíferos que hoy ya fueron reemplazados por instrumentos más modernos”, señaló.
“Vivir en una zona fría genera una necesidad energética mayor, por eso se sigue contemplando cuestiones bioclimáticas para alcanzar condiciones adecuadas de calefacción para los usuarios. El proyecto ratifica la zona fría original y para el caso de zona ampliada pasa de un criterio de región geográfica a un criterio donde se incorpora el nivel socioeconómico de la familia y un consumo razonable, es decir subsidios focalizados”, continuó.
En esta línea, en materia eléctrica, la modificación incluye un mecanismo para determinar y compensar las diferencias de ingresos que distribuidoras y transportistas dejaron de percibir como consecuencia de leyes de emergencia tarifaria. “En el caso de las distribuidoras, la compensación se aplica a deudas con CAMMESA, mientras que para las transportistas se contempla la compensación de penalidades contractuales, condicionada al desistimiento de reclamos judiciales o administrativos vinculados”, dijeron desde La Libertad Avanza.
Asimismo, con la nueva ley se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de tributos específicos, cánones o regalías sobre el acceso y la utilización de fuentes renovables de energía.
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