Un camerunés a la cabeza y otros cuatro representantes africanos. Siete europeos, cinco asiáticos y cuatro de América latina y el Caribe, entre ellos una argentina, que ocupa la vicepresidencia. Son en total 21 los jueces miembros del Tribunal Internacional de Derechos del Mar, que los próximos 10 y 11 de noviembre encabezarán las audiencias por la inédita demanda presentada por el gobierno de Javier Milei contra Gran Bretaña por la inminente explotación “ilegal” de recursos hidrocrarburíferos en aguas cercanas a las islas Malvinas, a cargo del proyecto anglo-israelí Sea Lion.

La jugada del Gobierno, incluida dentro de la ofensiva malvinera desatada luego del partido contra Inglaterra en el Mundial de fútbol, tiene como eje a este tribunal, con sede en Hamburgo y actividad poco conocida para el gran público.

Serán sus miembros —más el profesor emérito Vaughan Lowe, designado ad hoc por Gran Bretaña este lunes y que asumirá funciones antes de la audiencia— quienes decidirán si aceptan frenar de modo provisorio el comienzo de la extracción de petróleo en Malvinas, prevista para los primeros meses de 2027. Una definición podría conocerse antes de la Navidad.

La estrategia de la Casa Rosada es clara: que el tribunal se declare competente para intervenir y decrete en el corto plazo y de manera provisional la suspensión de las actividades exploratorias que las petroleras Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) ya realizan en las aguas circundantes de Malvinas, aunque distintos expertos adviertan, por lo bajo, sobre los riesgos que podría traerle la jugada al reclamo de fondo: la soberanía argentina sobre las islas.

Nacido en 1995 como apéndice de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (Convemar), un tratado firmado en 1982, el tribunal arbitral está conformado por jueces “de reconocida imparcialidad e integridad y competencia en derecho del mar”.

Por ese motivo, en general no hay políticos entre sus magistrados, más allá de que su llegada a esos cargos depende, según reconocen expertos en la materia, de un trabajo de lobby entre los 172 Estados parte de la convención, quienes al término de cada período de tres años eligen (en su sede de Nueva York) a los jueces por voto secreto.

Argentina ya acumula tres representantes, incluida la actual jueza Frida Armas Pfirter, especialista en derecho internacional elegida el mes pasado como vicepresidenta del tribunal del que es parte desde 2023. También integraron el organismo Hugo Caminos (1996 a 2011) y Elsa Kelly, exvicecanciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue jueza del tribunal entre 2011 y 2020.

Un dato no menor es que Estados Unidos, aliado clave del Gobierno, no forma parte de la Convemar, por lo cual no puede presentar candidatos al tribunal, mientras su principal rival geopolítico, China, tiene un juez en el organismo desde su nacimiento. Al tratarse de un tribunal permanente, sesionan todos los miembros disponibles, con quórum de 11. Solo el presidente (el camerunés Maurice Kamga) y el secretario deben residir de modo permanente en Hamburgo. El tribunal celebra además sesiones administrativas, con salas, como por ejemplo la de Controversias de los Fondos Marinos.

“Los jueces son propuestos por cada Estado parte, pero no representan a su gobierno, son independientes”, explica una alta fuente de Cancillería.

En relación con la Argentina, el antecedente es la controversia desatada en 2012, en torno a la Fragata ARA Libertad, detenida en un puerto de Ghana por orden judicial y a pedido de fondos buitre que reclamaban el cobro de bonos de la deuda argentina. El gobierno de Cristina Kirchner recurrió entonces al mismo tribunal, que en poco más de un mes se declaró competente y ordenó la liberación de la fragata, que regresó a aguas argentinas. Otros casos resueltos por el tribunal fueron una controversia entre Bangladesh y Myanmar (2012), la primera delimitación marítima que hizo el tribunal, y el conflicto por el buque Arctic Sunrise, entre Países Bajos y Rusia, de 2013, en el que –al igual que en el caso de la Argentina- se impusieron medidas provisionales; en esta ocasión, la liberación de ese barco de Greenpeace con bandera neerlandesa, que protestaba por perforaciones en el mar Ártico, y que fue detenido por el gobierno de Vladimir Putin bajo cargos de vandalismo.

El proceso, paso a paso

¿Qué pasará en las audiencias? En principio, la Argentina pedirá la suspensión de la explotación petrolera. Así se especificó en la presentación de la demanda, a cargo de la consejería legal internacional de la Cancillería que encabeza Mario Oyarzábal. También se solicitará que las empresas no utilicen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja y preserve el medio marino y que se le impida a Gran Bretaña “tomar medidas que agraven la disputa”.

Lo hará con el argumento de que hay una controversia de soberanía de las islas, y por lo tanto no es legal utilizar los recursos naturales mientras esta disputa se mantenga vigente.

Gran Bretaña sostendrá, por el contrario, que el proyecto Sea Lion cumple con todos los requisitos del tratado de 1982. Y defenderá la explotación de recursos como parte del “derecho a la autodeterminación” de la población de Malvinas.

“Si el tribunal acepta que esta controversia es parte de su jurisdicción, es probable que se dicte la suspensión de las actividades de explotación antes de fin de año”, evalúa un experto argentino con larga trayectoria en derecho internacional.

Si el caso avanza, la solución de fondo la tomará el Tribunal Arbitral, de acuerdo con las previsiones del anexo VII de la Convemar. Es un órgano de siete miembros aún no conformado. Puede demorar años en emitir el fallo definitivo.

El Gobierno apuesta a exhibir una imagen de cordialidad institucional durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Para uno de los primeros encuentros del pontífice con la dirigencia política, previsto para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, la Casa Rosada busca reunir a representantes de todo el arco partidario, más allá de las diferencias que atraviesan al Congreso y de las tensiones dentro del propio oficialismo.

Las invitaciones ya fueron cursadas a casi todos los bloques legislativos, incluidos los de la oposición.

Según contó , el Gobierno prepara una puesta en escena similar a la de una Asamblea Legislativa para darle la bienvenida al pontífice, que llegará ese mismo domingo desde Uruguay. El encuentro reunirá a autoridades de los distintos poderes del Estado, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Entre las autoridades convocadas figura Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, cuyo distanciamiento de Javier Milei y de su círculo íntimo se profundizó en los últimos meses. Su presencia podría propiciar un nuevo encuentro público con el Presidente, después del frío saludo que recibió de él y de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, durante la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.

En aquella oportunidad, además, Villarruel quedó relegada de la transmisión oficial.

Las invitaciones fueron enviadas por Ceremonial de la Presidencia de la Nación a los legisladores y sus cónyuges. El ingreso al Palacio Libertad está previsto a partir de las 16.30 y los asistentes deberán confirmar previamente su presencia.

El protocolo también fija un estricto código de vestimenta, de acuerdo con las indicaciones de la Santa Sede: traje oscuro y corbata oscura para los hombres; ropa oscura, con espalda y brazos cubiertos, para las mujeres. La invitación aclara expresamente que no será necesario el uso de mantilla ni cubrirse la cabeza.

La recepción forma parte de los primeros compromisos oficiales de León XIV en la Argentina, en el marco de una visita que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades religiosas y encuentros institucionales.