POLITICA
El Gobierno ordenó desalojar a trabajadores del complejo turístico de Chapadmalal
La situación de los trabajadores de los hoteles de Chapadmalal encendió una fuerte alarma luego de que, según denunciaron, recibieron una notificación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que los intimó a abandonar las viviendas que ocupan desde hace décadas.
Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE y representante de parte de los trabajadores, habló en Radio Brisas y detalló el contenido del acta. “Recibimos un acta para que en 10 días dejemos las viviendas y nos tratan de intrusos. Nos afecta a más de 30 familias que hace más de 20 años vivimos en estos pabellones que son cedidos por nuestro empleador”, expresó.
La dirigente sindical remarcó que las viviendas forman parte de las condiciones laborales. “Nos entregan esas viviendas no como un favor, sino como trabajadores del Estado. El compañero que menos cobra son 500 mil pesos y el que más cobra no llega al millón”, señaló. En ese sentido, insistió: “Quiero aclarar que no somos intrusos”.
Marco Ruiz vinculó la intimación con un posible proceso de concesión de la unidad turística. “Quieren concesionar la unidad turística. Quieren agarrar todo y dejarnos en la calle”, denunció.
Además, cuestionó el rol del organismo que emitió la notificación. “El AABE no es nuestro empleador”, subrayó, y reclamó definiciones de las autoridades competentes. En esa línea, indicó que ya enviaron notas formales a Jefatura de Gabinete y al área de Turismo. “Todavía nadie nos respondió”, afirmó.
El acta estableció un plazo de 10 días para abandonar las viviendas, algo que los trabajadores rechazaron de manera contundente. “Ya estamos asesorándonos. En 10 días tenemos que contestar. Nos vamos a defender”, adelantó la delegada.
En medio de la incertidumbre, la dirigente gremial fue tajante sobre la postura que adoptarán. “No vamos a entregar las viviendas. No vamos a aceptar que nos apuren sin ninguna firma de un juez”, sostuvo.
Por su parte, la senadora provincial Fernanda Raverta, de Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal. “Lo que está en discusión no es solo la propiedad de un predio, sino qué modelo de país queremos: uno donde todo se vende o uno donde hay cosas que se cuidan porque son de todos”, expuso.
Actualmente, estiman que son alrededor de 50 viviendas las que forman parte del conflicto, en una situación que podría escalar si no aparecen respuestas oficiales en los próximos días.
En abril del año pasado, el Gobierno nacional definió el destino de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse, dos complejos históricos vinculados al turismo social en el país. Desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación anunciaron la transferencia a la AABE para luego comenzar la licitación para la concesión o venta.
Además, en ese entonces, indicaron que en Chapadmalal había unas 30 personas que administraban el lugar, a la espera de personal para reforzar la seguridad, provisto por la AABE. Una situación similar se registró en Embalse, en Córdoba, con un staff reducido de trabajadores.
En relación a los puestos de trabajo, habían adelantado que dependería “de la inversión que hagan los privados”. La decisión de avanzar con la licitación de estos complejos hoteleros se apoyó en datos oficiales que señalaban que generaban una pérdida de “más de 10 millones de dólares anuales” y que “en el último año se disminuyó a 1 millón”.
Esa definición se impulsó a través de una carta dirigida al titular de Turismo, Daniel Scioli, en la que una cámara que agrupa al sector hotelero y gastronómico expresó su desacuerdo con la administración estatal de los complejos.
“Entendemos que esta forma de promover el turismo y en particular que el Estado Nacional se dedique a la actividad hotelera representa una abierta contradicción con los principios pregonados por el Presidente de la Nación, dado que el Estado Nacional se entromete en una actividad que siempre fue considerada como una acción de los privados”, señaló el comunicado.
POLITICA
La Casa Rosada negocia con los gobernadores las fechas electorales de 2027 para apuntalar la reelección de Milei
El Gobierno tiene asumido que son muchas las provincias que el próximo año desdoblarán sus elecciones de las nacionales de octubre. En ese escenario, la Casa Rosada se proponen coordinar con los gobernadores dialoguistas en qué fecha celebrar sus respectivos comicios para forjar una estrategia que allane el camino a la reelección de Javier Milei.
“La Casa Rosada no puede hacer nada para evitar el desdoblamiento. Los gobernadores van a querer plebiscitar su gestión, ninguno va a querer anclar su gestión a la discusión nacional, es absurdo”, sintetizaron a este medio cerca de un mandatario de buen diálogo con el oficialismo.
El antecedente inmediato le da la razón: en 2023 adelantaron sus comicios todas las provincias salvo CABA, Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. De cara al año próximo, en Balcarce 50 imaginan un escenario similar.
El primero en dar el paso en esa dirección fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que esta semana fijó la fecha de la elección provincial para el 9 de mayo de 2027. No es el único.
Según pudo corroborar TN, a esa lista se sumaría Santa Fe, que hasta ahora prevé llamar a los comicios para junio; Río Negro, que apunta a abril o mayo a más tardar; San Juan y Entre Ríos, con fecha todavía por definir. También acudirán antes a las urnas Mendoza, que por ley celebra sus PASO en julio; y Tierra del Fuego, que por su Constitución vota 90 días antes de las nacionales; entre otros distritos.
En ese sentido, en el Gobierno aseguran haber sido avisados de antemano de la maniobra y descartan que pueda empañar la relación con los gobernadores dialoguistas.
“Nadie quiere discutir la nacional cuando se discute lo local y el Gobierno no puede hacer nada con eso. Lo que puede hacer es ordenar una estrategia política y llevarla adelante con el escenario del desdoblamiento”, enfatizó una fuente al tanto de las conversaciones.
En relación con esto último, los negociadores de la Casa Rosada se encuentran en conversaciones con cada una de las provincias con las que hay diálogo para definir cómo será la disputa electoral. Los términos incluyen posibles acuerdos sobre las fechas de las elecciones adelantadas, con el objetivo de evaluar distintas estrategias en función de cómo queda el calendario.
“Por ejemplo, si la provincia de Buenos Aires fija una fecha, poner varias provincias ese domingo, hay un montón de herramientas para jugar”, explicaron como una posibilidad a este medio. Sin embargo, las conversaciones todavía son muy incipientes.
En paralelo, el Gobierno negocia distrito por distrito dónde competirá con candidatos propios y dónde podría entablar alianzas con otros partidos -sea el Ejecutivo local u otras fuerzas opositoras que disputen la gobernación-.
Según anticipó TN, La Libertad Avanza planea ir sin alianzas con los gobernadores en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. En esos distritos, la idea es presentar candidatos propios y preservar el sello libertario como herramienta de construcción territorial.
Leé también: En medio de la interna peronista, Máximo Kirchner insistió con la posibilidad de Cristina para 2027: “Queremos que sea candidata”
En cambio, en Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Juan y San Luis se prevé llegar a acuerdos electorales con los mandatarios provinciales, mientras que en la provincia de Buenos Aires se buscará repetir una alianza con sectores del PRO, la UCR y fuerzas no peronistas para disputar el distrito gobernado por Axel Kicillof.
En la Ciudad de Buenos Aires, la discusión con el PRO continúa abierta y si bien no se descarta llegar a un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Karina Milei le pidió a sus referentes partidarios llegar a 2027 con un candidato propio.
desdoblamiento, Gobierno
Será decisión de la Corte. No hay antecedentes similares. La Corte sí admitió la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la expresidenta decidió no ir por el camino del sistema interamericano. Según los defensores de Cristina Kirchner, las decisiones del Comité de Derechos Humanos son vinculantes por los compromisos que asumió la Argentina con la ONU, pero la Corte argentina nunca declaró tal cosa. “Aunque lo que emita se llame dictamen, es una decisión que debe respetar el Estado argentino”, dijo Beraldi. Para el abogado constitucionalista Pablo Manili, eso no está tan claro: “Hay que ver qué dice la Corte. Sí reconoce la obligatoriedad de la Corte Interamericana, pero esto es un comité. No es un órgano jurisdiccional”. Manili recordó que la Corte argentina consideró vinculantes algunos dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no todos.
POLITICA
El Senado convocó a audiencias públicas para avanzar con 30 pliegos judiciales: busca cubrir dos vacantes clave
La Comisión de Acuerdos del Senado fijó para el 12 y 13 de agosto una treintena de audiencias públicas para avanzar con 30 nombramientos judiciales, entre ellos se destacan los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para una sala de la Cámara Federal porteña que revisará causas sensibles para el Gobierno, como el caso $LIBRA, la investigación sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la investigación contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La convocatoria para estas audiencias ya fue publicada en el Boletín Oficial y quedará incorporada a la agenda legislativa tras el receso de invierno.
Para obtener dictamen favorable, cada postulación necesita al menos nueve firmas dentro de una comisión de 17 integrantes. Ese número aparece hoy al alcance de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, que juntos reúnen nueve miembros y podrían controlar el trámite si sostienen una posición común.
Entre las postulaciones enviadas al Congreso por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, las de Bertuzzi y Yadarola concentran la mayor atención política. Ambos fueron propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Ese tribunal revisa actuaciones de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py en expedientes por corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado. En ese marco, deberá intervenir en la investigación por las denuncias vinculadas al caso de la criptomoneda $LIBRA, instruida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.
La misma sala también tendrá a estudio resoluciones en otras causas de alto impacto, entre ellas la investigación por presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde están bajo investigación Milei y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Además, podría revisar el expediente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de sus viajes al exterior y las propiedades que se le adjudican.
El pliego de Pablo Bertuzzi arrastra una controversia abierta desde 2018, cuando fue trasladado por decreto del entonces presidente Mauricio Macri desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña. Esa decisión fue cuestionada por el kirchnerismo y derivó en una disputa política y judicial que todavía gravita sobre su candidatura.
El bloque Justicialista que encabeza el formoseño José Mayans prevé volver a objetar su postulación cuando se presente ante la comisión el 12 de agosto. El antecedente más directo se remonta a septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia desde el mismo tribunal oral hacia la cámara porteña.
Ambos magistrados habían intervenido en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos. Después de aquella decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
La Corte luego declaró inconstitucional el traslado de Bertuzzi a la Cámara, aunque resolvió mantenerlo provisoriamente en el cargo. Frente a esa situación, el Gobierno libertario abrió el concurso para cubrir la vacante que ocupa él y también la de Bruglia.
La nueva tanda de nombramientos forma parte de una decisión política más amplia. Desde el inicio de la gestión de Milei, el Senado aprobó 170 pliegos, entre ellos la prórroga por cinco años del mandato de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, al cumplir 75 años.
luciano ingaramo / comunicacin senado.-
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