POLITICA
El Gobierno pagará en mayo el Salario Social Complementario, tal como ordenó la Justicia
El gobierno de la La Libertad Avanza afrontará el pago de $72.384.624.000 correspondiente al Programa Volver al Trabajo, que se abonará los primeros días de mayo, a partir de una orden judicial que obliga a sostener este esquema de asistencia social suspendido en su reformulación. La medida fue dictada el 21 de abril de 2026 por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a mantener vigentes las transferencias económicas a los beneficiarios del programa hasta que se dicte sentencia definitiva sobre su continuidad dado que la cartera a cargo de Sandra Pettovello apeló la medida, tal como anticipó Infobae.
El impacto inmediato de la resolución se refleja en la magnitud de los fondos: el pago comprende a más de un millón de personas transferidas desde el anterior esquema “Potenciar Trabajo”, según consta en la Resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En detalle, 1.012.357 titulares pasaron al Programa Volver al Trabajo y otros 260.911 fueron transferidos al Programa de Acompañamiento Social, ambos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. La advirtió en un comunicado que la medida judicial impide, por el momento, aplicar las políticas de capacitación laboral y la extensión de la doble jornada escolar en contextos vulnerables.
La resolución judicial dentro del expediente colectivo “LEDESMA, ANDREA LILIANA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO s/AMPARO COLECTIVO” llevó a la administración de Javier Milei a autorizar el pago directo a los beneficiarios mediante el Banco de la Nación Argentina.
Este medio ya había informado que el ministerio a cargo de Pettovello no había puesto en dudas el pago del beneficio social. “Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sostuvieron las fuentes oficiales.
Esta postura implica acatar la orden judicial y al mismo tiempo promover una apelación para revertir la cautelar, que bloquea el redireccionamiento presupuestario de estos fondos.
El conflicto se originó en el proceso de transformación de los programas de asistencia. El Programa Volver al Trabajo fue creado en febrero de 2024 para reemplazar la modalidad de inclusión laboral anterior y, según el Poder Ejecutivo, su objetivo era fortalecer la capacitación y la inserción en empleos formales. La medida cautelar interrumpe este proceso, consolidando el esquema de transferencia directa sin contraprestaciones, según detallaron los funcionarios consultados por Infobae.
La descripción oficial fue tajante: “Esto es la perpetuidad del asistencialismo”, en referencia a la obligación de mantener el modelo previo, considerado un obstáculo respecto al objetivo de reemplazar los planes sociales por políticas activas de empleo y educación.
El diagnóstico de la administración de La Libertad Avanza apunta a que la continuidad de estos programas “cristaliza la pobreza”, lo que impide una transición hacia mecanismos de intervención estructurales y de largo plazo, como la extensión de escolaridad gratuita y los vouchers de formación profesional.
La gestión de Pettovello promueve una reingeniería del sistema: reasignar partidas para implementar vouchers de capacitación laboral en articulación con centros formativos provinciales y financiar la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables.
A través de un comunicado oficial emitido la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano informó que, a raíz del fallo que hacía lugar al recurso de amparo impulsado por organizaciones sociales enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) , ambas políticas “no podrán llevarse a cabo”, al menos hasta que se resuelva el litigio.
La medida, dictada por el juez Adrián González Charvay, obliga al Estado nacional a mantener activas las transferencias económicas del Programa Volver al Trabajo, que beneficia a más de 900 mil personas con un ingreso mensual de $78.000 y bloqueando temporalmente el uso de esos recursos en las nuevas políticas de capacitación y educación que se habían proyectado.
Con la apelación realizada por los abogados de Capital Humano las autoridades buscan de revertir la medida y recuperar autonomía en la asignación de partidas presupuestarias para políticas sociales. En su momento, desde los despachos oficiales interpretaron que el Poder Judicial “termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”.
En la segunda foja de la resolución de Capital Humano, dejaron constancia de lo siguiente: “Sin perjuicio de la interposición de los recursos judiciales correspondientes por parte de esta Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Huamno, corresponde efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente, disponiendo el pago de la prestación económica prevista en el Programa Volver al Trabajo (VAT), y sin que ello comporte una modificación del marco normativo vigente».
Desde la perspectiva oficial, la indefinición judicial ante la apelación genera incertidumbre y frena transformaciones consideradas prioritarias por la Casa Rosada.
Para el Poder Ejecutivo nacional, el conflicto supera el debate sobre un programa específico, abriendo la discusión sobre el modelo de política social en el país: la disyuntiva entre la asistencia monetaria directa y mecanismos estructurales como la formación laboral y la intervención educativa.
Los fondos destinados serán imputados a la Jurisdicción 88, Subjurisdicción 03 – Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo la partida de “Ayudas Sociales a Personas”, con financiamiento del Tesoro Nacional, según formaliza la resolución administrativa que ejecuta la orden judicial.
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El mundo libertario de la Cámara de Diputados tendrá esta semana un cronograma de actividades intenso. Mientras en la Casa Rosada presionan para avanzar con la agenda que marcó la mesa política, los legisladores quieren empezar a marcar territorio en sus distritos de cara a las elecciones del año que viene.
El lunes por la noche, mientras se conocía la noticia de la muerte de un socio y amigo de Martín Menem, buena parte de los diputados del bloque de LLA ingresaba a un restaurante de sushi ubicado en Olazabal al 4.600, dando inicio a una semana de eventos propios.
La figura principal del encuentro fue la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien cenó con el bloque de los diputados libertarios y tomó la palabra para marcar los lineamientos de la Casa Rosada.
En la cena se conversó animadamente sobre el estado de situación de los proyectos, las estrategias, y hubo risas respecto de situaciones de la Cámara y un pedido para que nadie viaje al Mundial 2026.
La agenda parlamentaria en la Cámara de Diputados incluye reuniones de comisión hasta el jueves, pero igual los diputados libertarios siguen con los convites y eventos en sus distritos con el fin de posicionarse de cara a lo que viene.
En este esquema, circula por estas horas en los despachos de La Libertad Avanza una invitación del legislador salteño Carlos Zapata a sus colegas libertarios para realizar un almuerzo en su provincia este próximo fin de semana.
El legislador que ahora es libertario pero que llegó a la Cámara de la mano del espacio de Alfredo Olmedo ya compitió por la gobernación y en la provincia aseguran que busca posicionarse en esa carrera de cara a las elecciones del año que viene.
Pero mientras el diputado salteño que levantó su perfil antikirchnerista desde su ingreso al bloque libertario enviaba su invitación a los despachos de LLA, al mismo tiempo llegaba otra invitación de parte de otro legislador libertario para otro evento pero en la otra punta del país.
El diputado Jairo Guzmán de Santa Cruz organizó para este fin de semana el lanzamiento del «Foro austral de la Libertad» con fecha el 26 de junio.
El diputado patagónico de La Libertad Avanza, que ya comenzó las recorridas por diferentes localidades de Santa Cruz, ya anunció que va a competir por la gobernación en las elecciones del 2027.
Cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Guzmán organiza este primer foro con una mezcla de viaje de trabajo y de turismo.
El lugar en el que se realizará el evento que iniciará con un almuerzo de camaradería entre “legisladores nacionales, autoridades e invitados especiales” en el Hotel Patagonia en la ciudad de Río Gallegos, un establecimiento que supo ser utilizado por Néstor y Cristina Kirchner para realizar actos hace años atrás.
La agenda de trabajo ocupa toda la jornada del viernes -se vuela desde Buenos Aires el jueves por la noche, se llega el viernes a la madrugada- pero la organización ofrece que el viaje no sea solo de trabajo sino que ofrece un “programa especial opcional de extensión turística” con un viaje a El Calafate con visita al Glaciar Perito Moreno durante el sábado, dormir en la ciudad turística y que el vuelo de regreso sea el domingo desde el aeropuerto de El Calafate con destino al aeroparque porteño.
“Los que ya saben o entienden que serán los candidatos en las provincias están acelerando sus posicionamientos. Los que no lo saben -es decir, Karina no los ungió- aceleran para posicionarse en la carrera a la candidatura a gobernador. Todos están apresurando las decisiones», explicó un legislador del bloque libertario que ya adelantó que no viajará ni al norte al almuerzo con Zapata ni al sur al evento de Guzmán.
Martín Menem habló por primera vez luego de que se conociera la noticia de la muerte de uno de los directivos de su empresa de suplementos deportivos Gentech. “Me golpea profundamente”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados este martes sobre el fallecimiento de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, contador venezolano de 46 años.
“Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía», añadió en un posteó de X este martes.
El hallazgo del cuerpo de Osorio Peñaloza ocurrió este domingo en un departamento del barrio porteño de Almagro, pudo saber . Según consignaron fuentes al tanto, el hombre no respondía los llamados desde hacía varios días, por lo que un allegado que tenía llaves para acceder a la vivienda se acercó al domicilio ubicado en un piso 8 de la calle Díaz Vélez.
Tal como confirmaron desde el entorno del diputado libertario a este medio, cuando se enteró se acercó rápidamente al lugar. Menem se refirió a este último punto y explicó que tomó conocimiento de la muerte a partir de un llamado telefónico y que, al llegar, ya se encontraban en el lugar personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de la Policía de la Ciudad, quienes confirmaron el fallecimiento.
“Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, subrayó.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, que conduce Eduardo Cubría. Por el momento, el expediente fue caratulado como “muerte dudosa” y los investigadores intentan determinar las causas del fallecimiento. Entre las hipótesis bajo análisis figura la posibilidad de que haya sufrido un edema pulmonar, aunque aún se aguardan peritajes y estudios complementarios.
Para cerrar, Menem remarcó: “Hoy existe una investigación judicial en curso para determinar qué fue lo que ocurrió. Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos».
Osorio era contador público egresado de la Universidad de Yacambú, en Venezuela. Se incorporó a Gentech como gerente de Producción y Desarrollo y, en 2019, asumió como gerente general de la compañía.
Junto con su hermano Adrián, Menem es propietario de Gentech Argentina SA, una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de suplementos vitamínicos, barras proteicas y bebidas isotónicas, entre otros productos. La firma distribuye sus productos en gran parte del país y figura entre los proveedores de la selección argentina de fútbol.
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POLITICA
El Gobierno está cerca de llegar a un acuerdo con las universidades, pero la demanda ante la Corte se mantendrá
El Gobierno y las universidades públicas quedaron a un paso de cerrar un acuerdo para descomprimir el conflicto por el financiamiento del sistema universitario. Según confirmaron fuentes universitarias a TN, la Casa Rosada cedió en uno de los principales puntos de disputa: ya no exige que las casas de estudio retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario para avanzar con el entendimiento.
Aunque todavía restan resolver algunos aspectos técnicos, las negociaciones se encuentran muy avanzadas. De no surgir nuevos obstáculos, el acuerdo podría quedar formalizado entre este martes y el miércoles.
De esta manera, las universidades mantendrán vigente la presentación judicial que actualmente debe resolver la Corte Suprema, mientras que el Ejecutivo avanzará con una recomposición salarial para docentes y no docentes en los términos que ambas partes vienen discutiendo desde la semana pasada.
La propuesta contempla un incremento del 24,33%, distribuido en dos etapas: un aumento del 21,33% de aplicación inmediata y otro 3% previsto para más adelante, en octubre. Según explicaron desde el sector universitario, la recomposición busca compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
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El entendimiento también incluiría otros compromisos presupuestarios. Entre ellos figura un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas, y una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios.
Además, las conversaciones abarcan una discusión específica sobre la situación salarial del personal docente de los establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos registrada en los últimos años.
Las negociaciones son encabezadas por el Gobierno y las universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un contexto marcado por reclamos salariales, protestas estudiantiles y una disputa judicial que permanece abierta.
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Hasta ahora, el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo era la exigencia oficial de que las universidades desistieran de la demanda presentada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma nunca fue ejecutada por el Poder Ejecutivo, que sostiene que el texto aprobado por el Congreso no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.
La comunidad universitaria, en cambio, recurrió a la Justicia para exigir su cumplimiento. La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.
Desde las universidades habían manifestado en los últimos días que no estaban dispuestas a resignar ese resguardo judicial como condición para alcanzar un acuerdo presupuestario. Según indicaron a TN, retirar la demanda tampoco contaba con consenso dentro de la propia comunidad universitaria.
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Con la decisión del Gobierno de flexibilizar esa exigencia, las partes lograron acercar posiciones y encaminar una salida negociada al conflicto. No obstante, la resolución definitiva del expediente judicial seguirá dependiendo de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para pronunciarse.
Mientras tanto, persisten las reservas entre los gremios docentes. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció un paro de actividades entre el 16 y el 20 de junio para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir la reapertura de las negociaciones paritarias.
La organización también convocó a clases públicas y otras actividades de protesta en distintos puntos del país. Las medidas se suman a las movilizaciones realizadas durante las últimas semanas por estudiantes, docentes y autoridades universitarias para reclamar mayores recursos para el sistema.
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