POLITICA
El Gobierno podría reconfigurar la Cámara Federal porteña, clave para los casos de corrupción
El Gobierno enfrenta la chance de moldear la estratégica Cámara Federal porteña, un tribunal intermedio que interviene en todos los casos de corrupción, ya sea para confirmar sus avances y dejarlos llegar a juicio oral, o para frenarlos y evitar que continúen los procesos.
La Cámara Federal tiene dos salas de tres jueces cada una y ahora está ante la posibilidad de que se generen tres vacantes para elegir tres nuevos magistrados encargados de decidir en los casos más sensibles, tanto para la gestión actual como para el kirchnerismo.
Según deslizaron fuentes judiciales, los jueces en situación de fragilidad son Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que integran el tribunal junto a Mariano Llorens, Roberto Boico y Eduardo Farah.
Esta posibilidad se da porque un camarista histórico de la Cámara Federal, Martín Irurzun, cumplirá 75 años el 18 de julio. A esa edad los jueces deben dejar su cargo, según la Constitución Nacional, excepto que consigan un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más.
Irurzun pidió hace un año y medio al Ministerio de Justicia que envíe su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo por cinco años. Pero desde entonces el expediente no se movió. Está congelado.
En el medio cambiaron las autoridades del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona por Juan Bautista Mahiques, y el viceministro Sebastián Amerio por Santiago Viola.
Con ello cambió el eje de poder sobre la Justicia, que pasó del asesor Santiago Caputo, que incidía en esa área, a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, quien está actualmente tomando las decisiones de la gestión judicial mediante Mahiques y Viola.
La renovación del acuerdo del Senado a Irurzun quedó atrapada en la interna Caputo-Karina, pues en este sector interpretan que el camarista está ligado al juez Ariel Lijo, que compite con el ministro Mahiques por el cargo de la Procuración General de la Nación.
La lógica por la que el pliego quedó congelado, dicen en los tribunales federales, se relaciona con que el karinismo asocia a Irurzun con Lijo y Santiago Caputo, y por eso obtura su continuidad.
En el Gobierno −no obstante− dijeron a que no hay una decisión tomada sobre Irurzun y que elevar su pliego al Senado “está a estudio” y que “todavía hay tiempo”.
Irurzun lleva 32 años como juez de la Cámara Federal; ingresó en tribunales en 1972 y fue el autor de numerosos fallos que sentaron las bases de cambios sustanciales en la forma de interpretar las leyes.
Por ejemplo, firmó sentencias en defensa del derecho a la verdad de las víctimas para avanzar con las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, cuando los indultos impedían seguir adelante.
También fue uno de los impulsores de la doctrina que negaba las excarcelaciones de los exfuncionarios acusados de corrupción, al sostener que ostentaban un poder residual que les permitía hacer desaparecer evidencias o intimidar testigos.
Irurzun fue presidente de la Cámara Federal durante años y dejó su impronta en la gestión del tribunal y se referenció con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.
A coro, altos referentes de los tribunales se reunieron con funcionarios de la Casa Rosada para pedir por Irurzun. Desde altos magistrados hasta camaristas y jueces de primera instancia recorrieron los pasillos del poder.
Muchos de los que lo trataron desde los años 90 en Comodoro Py 2002 llevaron su reclamo a oídos del Gobierno. Por ahora, sin éxito. Pero a ninguno le dijeron que el pliego no iba a prosperar, según cuentan los más optimistas.
El caso de Irurzun es bien diferente al del camarista de Casación Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia y cercano al ala karinista del Gobierno.
El pliego del juez Mahiques salió desde el Ministerio de Justicia al Senado, que le dio entrada y la semana pasada ya tuvo su audiencia en Comisión. Allí se aprobó el dictamen para darle nuevo acuerdo y solo resta que ahora se vote en los próximos días para que el camarista siga en el cargo cinco años más.
Nada de este proceso comenzó para Irurzun. El recorrido demanda que el Poder Ejecutivo decida publicar sus antecedentes, que se abra un período de adhesiones e impugnaciones y finalmente que se decida enviar el pliego al Senado. Debería convocarse el cuerpo para darle ingreso, luego de una semana tratarlo en Comisión y, si obtiene dictamen, pasarlo al recinto para su votación.
Si el proceso no se inicia en los próximos 15 días, no hay tiempo material para que se dé la renovación de su acuerdo, calculan en los tribunales.
Pero no está dicha la última palabra. Irurzun, en la Sala II junto con Roberto Boico, tiene causas sensibles, como el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) donde está procesado el exfuncionario Diego Spagnuolo, luego de que se revelaran audios en los que el exabogado de Milei mencionaba supuestos retornos dirigidos a Karina Milei.
Si llega el 18 de julio e Irurzun no obtuvo acuerdo, debería dejar su cargo para acogerse a la jubilación y quedaría su cargo vacante en la Sala II de la Cámara Federal.
En la Cámara Federal hay otros dos cargos que están en una situación frágil. Son los que ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri desde otros tribunales a sus cargos en la Cámara Federal. La Corte dijo en un fallo que se debían hacer concursos para elegir jueces definitivos que ocupen los cargos de todos los jueces trasladados.
Pero los concursos no se hicieron, excepto el de Bruglia y Bertuzzi. Ambos fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su reclamo, denunciando que el Estado argentino solo busca removerlos y que está en riesgo su estabilidad como magistrados y su independencia.
El Gobierno (en la gestión de Cúneo Libarona) se avino a intentar una solución amistosa y cerrar el asunto, sin mayores consecuencias para el Estado argentino. Pero ese intento de solución amistosa se abortó. Ahora, con la dupla Mahiques-Viola en el Ministerio de Justicia, se multiplicaron los rumores acerca de que se busca acelerar el concurso para reemplazar a estos jueces.
En el Gobierno afirmaron que el concurso está avanzado. “El concurso está en el Consejo de la Magistratura, en etapa de definición. Se habían elevado en los últimos dos años tres o cuatros propuestas de orden de mérito definitivo pero no se consiguieron los votos”, dijo una fuente oficial a .
En los tribunales creen que la historia previa que hay entre Bruglia, Bertuzzi y el ahora viceministro Viola ayuda a acelerar los tiempos para forzar la salida de los camaristas.
Es que Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento del entonces abogado Viola, acusado de armar testigos falsos para perjudicar al juez Sebastián Casanello e inventar que el magistrado visitaba a Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos.
Los testigos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional en un juicio abreviado donde admitieron que mintieron para perjudicar a Casanello. Corizzo admitió ante el fiscal Carlos Stornelli que antes de declarar se había reunido con Viola.
Viola fue luego sobreseído por esas acusaciones por la Cámara Federal de Casación, por un fallo de los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.
Toda esta historia no ayuda a las aspiraciones de Bruglia y Bertuzzi de permanecer en sus cargos. De avanzar este concurso y en caso de que no se le dé un nuevo acuerdo a Irurzun, es probable que el Gobierno tenga entonces tres vacantes en la estratégica Cámara Federal para ocupar con candidatos afines o los que negocie con la oposición.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno discute puntos sensibles de la reforma del Código Penal y demora su envío al Congreso
El Gobierno mantiene frenado el envío al Congreso de la reforma del Código Penal, pese a que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya remitió su proyecto a la Secretaría de Legal y Técnica para que avance con la revisión final y lo eleve a la Cámara de Diputados.
En el Ejecutivo reconocen que el texto quedó trabado por diferencias de criterio, observaciones técnicas y falta de acuerdo entre los sectores que responden a Karina Milei y a Santiago Caputo.
Según fuentes oficiales, Mahiques ya giró la nueva versión de la iniciativa, más reducida que la anterior, luego de recortar el borrador que en su etapa previa había llegado a reunir cerca de 900 páginas.
En el Ministerio de Justicia aseguran que el proyecto debería salir esta semana y sostienen que lo que resta resolver son cuestiones técnicas. En sectores neutrales a la interna repiten una lectura similar y afirman que “se están tocando detalles”, con la expectativa de que el texto sea remitido a Diputados en las próximas semanas.
La demora, sin embargo, excede el plano jurídico. En varios despachos oficiales admiten que la reforma penal quedó atrapada en la disputa por el control de áreas y organismos que se profundizó después de que Karina Milei le quitara a Santiago Caputo el Ministerio de Justicia y sus extensiones políticas.
El asesor presidencial mantiene, de todos modos, influencia sobre Legal y Técnica a través de su titular, María Ibarzabal. El área tiene a cargo la revisión jurídica de todas las medidas oficiales y el envío de proyectos al Congreso.
Esa pulseada interna también se trasladó al contenido del Código Penal. Mahiques impulsó una versión más corta y técnica que la etapa anterior, con la idea de concentrarse en los puntos con “mayor viabilidad legislativa” y menor exposición política.
En ese rediseño quedaron adentro varios capítulos vinculados con nuevos delitos y endurecimiento de penas, pero el debate sigue abierto en otros rubros más sensibles, que son los que hoy generan mayor resistencia dentro del oficialismo.
Entre los cambios que se mantienen aparecen la tipificación de estafas piramidales, viudas negras, salideras, entraderas y motochorros, además de modificaciones en delitos migratorios, grooming, abuso sexual infantil, picadas callejeras, armas en cárceles y maltrato animal. Son puntos que el oficialismo considera más fáciles de defender en términos políticos y más sencillos de negociar en el Congreso.
Las diferencias más profundas pasan por otros capítulos del texto. Dentro del Gobierno siguen bajo discusión aspectos ligados a corrupción, lavado de dinero, delitos de lesa humanidad y otros rubros que habían formado parte de los borradores previos.
Leé también: El Gobierno presentó un recurso en la Corte Suprema para que suspenda la Ley de Financiamiento Universitario
Esa tensión ya había empezado a asomar en las semanas anteriores, cuando el Ejecutivo debatía si enviar una reforma amplia o avanzar por etapas con paquetes parciales.
La discusión forma parte de la agenda de la mesa política que encabeza Karina Milei, que la semana pasada volvió a reunirse sin cerrar una definición sobre este punto.
En la Casa Rosada aseguran que la reforma del Código Penal sigue en carpeta y que no fue descartada, pero admiten que el envío depende de que se ordene antes la disputa interna sobre el alcance del texto y sobre qué parte de la iniciativa conviene exponer ahora al Congreso.
Cerca de Mahiques insisten en que el proyecto está listo para salir en el corto plazo. Pero en Balcarce 50 reconocen que, por ahora, la reforma penal quedó sujeta a algo más que una revisión técnica.
El Gobierno ya tiene el texto en Legal y Técnica, pero todavía no resolvió si quiere mandar al Congreso solo una versión corregida del borrador o un texto más extendido.
Juan Bautista Mahiques, codigo penal, Gobierno
POLITICA
Kicillof va a la Corte y se pone a la cabeza de la demanda bonaerense por la deuda de la Anses
Este martes, desde las 11, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volverá a recibir a representantes del gobierno nacional y del bonaerense en la segunda audiencia convocada para tratar el pedido de una deuda de $2,2 billones que la administración del gobernador Axel Kicillof le exige a la del presidente Javier Milei. Se trata de fondos por transferencias de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a la caja previsional provincial.
El encuentro en la Corte está pautado desde el 17 de marzo, cuando se realizó la primera audiencia convocada por el máximo tribunal para forzar un diálogo entre los gobiernos nacional y provincial, que sostienen un fuerte enfrentamiento. Kicillof será parte de la audiencia, adelantó a una fuente del gabinete provincial.
En la primera audiencia, que se realizó ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, se definió que se hará un nuevo encuentro, y que, para ese momento, ambas administraciones deberían haber avanzado con intercambios de información. En la reunión, tendrán que informar “acerca del estado de las conversaciones que se desarrollen con el propósito de alcanzar un acuerdo”.
El gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que el gobierno nacional afirma que no está finalizada.
Ante la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal, en la primera audiencia, el gobierno provincial estuvo representado por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general, Santiago Pérez Teruel, y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti. Por el gobierno nacional, asistieron el secretario legal y técnico de la Anses, Andrés Gutiérrez; la directora general administrativa y técnica de esa dependencia, María Agustina Terribile Riva, y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.
En la audiencia del mes pasado, se especificó que el Instituto de Previsión Social; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia intercambiarán información con la Anses.
En marzo de 2024, con el decreto 280, el gobierno de Milei suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para todo ese año. Esos artículos establecían cómo se debían liquidar mensualmente los fondos a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias, que dejaron de recibir el dinero.
Este lunes, el gremio docente Suteba -que conduce Roberto Baradel, un aliado de Kicillof- marchó a sedes de la Anses en la provincia de Buenos Aires, junto a representantes de otros sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense y de otros rubros. En un comunicado, el Suteba informó que se manifestó “para exigir la inmediata devolución de los fondos retenidos por el gobierno nacional, pertenecientes al Instituto de Previsión Social y a los trabajadores bonaerenses”.
“Ante esta situación y en la antesala de la audiencia que la Provincia y Nación mantendrán el martes 21 de abril en la Corte Suprema de Justicia, denunciamos que el gobierno nacional y la Anses están violando la normativa vigente al interrumpir las transferencias. Este accionar irresponsable encubre un objetivo mayor: avanzar sobre las condiciones de acceso a la jubilación, poniendo en riesgo los derechos adquiridos de los jubilados y de los que se jubilarán”, se subrayó en el comunicado del gremio docente.
Administración Nacional de Seguridad Social (Anses),Axel Kicillof,Anses,Javier Milei,Conforme a,,Discapacidad. Lugones propone nuevos cambios y reaviva un conflicto con alto costo político para el Gobierno,,»Una misma causa». Milei fue condecorado por el presidente de Israel y ratificó una alianza sin cuestionamientos,,Ante el fiscal. La dueña de la inmobiliaria declaró que el departamento de Adorni estuvo publicado en US$375.000,Axel Kicillof,,»Profunda crisis social imperante». Mario Ishii pidió declarar la emergencia alimentaria en Provincia y abrió fuego interno contra Kicillof,,Camino a 2027. El radar electoral de Kicillof rastrea posibles aliados por fuera del PJ,,De urgencia. Operaron en España al ministro de Gobierno bonaerense y no pudo regresar al país junto a Kicillof
Darío Nieto, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri, delineó la postura del PRO sobre su vínculo con Javier Milei y la perspectiva electoral de 2027.
En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Nieto remarcó las tensiones internas del oficialismo y la presión que enfrenta Macri para definir su futuro político.
“En el 2023 fui el que más le rompía a Mauricio para que sea candidato a presidente. Ahora estoy con la psicología inversa. No le digo nada, a ver si es candidato él”, admitió, y sobre el escenario de 2027 agregó: “Yo hoy no creo que sea candidato. Es mi visión personal esta. Él te dice: ‘Voy a ver qué hago’ y sí y no. Yo creo que no va a ser candidato, pero de vuelta, falta un año y viste que un año en la Argentina es mucho”.
El PRO y Milei: una alianza parlamentaria con límites
La exposición de las internas en redes sociales y la dinámica de la coalición oficialista fueron temas centrales en el intercambio. Nieto consideró: “Que las internas salgan así a plena luz del día no me parece sano, sea en redes sociales, en un diario, en medios tradicionales. Me parece que no está bueno”.
Para el legislador, la “pelea entre referentes” del oficialismo impacta en la imagen institucional y la llegada de inversiones: “Estos ruidos políticos generan incertidumbre. Valoro mucho el equipo económico de Milei, pero la política y la economía van de la mano. Si la economía funciona muy bien, pero tenés ruidos políticos, los inversores te dicen: ‘Pará, no sé si estoy tan seguro de invertir acá’”.
En cuanto a la alianza parlamentaria, Nieto fue concreto: “Por lo que se puede ver en el Congreso, sí. Le hemos votado a Milei la mayoría de las leyes. Todas, de hecho, las importantes, como la Ley Bases, la Ley de Glaciares ahora, la reforma laboral. Ojalá entre pronto una reforma tributaria que baje impuestos y se la vamos a votar seguramente también. Pero somos aliados y muchas veces también los periodistas nos han criticado por decir: ‘Che, pero ustedes se entregan, che, pero no piden nada a cambio’. Pero tampoco podés votar en contra de algo que vos pensás, ¿no?”.
Consultado sobre si la relación es “equilibrada”, Nieto respondió: “El que gobierna es Milei, así que nunca puede ser equilibrado cuando una de las dos partes es la que gobierna. Y está bien que gobierne porque fue electo en elecciones democráticas y ganó él”.
Macri, 2027 y el fantasma del kirchnerismo
La posible candidatura de Mauricio Macri en 2027 fue uno de los temas más insistentes. Nieto relató la presión que recibe el ex presidente: “Él está con mucha presión para ser candidato, de dirigentes, del establishment, del periodismo, de la sociedad”. No obstante, dejó en claro que el PRO no pondrá en riesgo la estabilidad macroeconómica ni dividirá el voto opositor: “No va a ser candidato para favorecer al kirchnerismo. Si hay algún riesgo de que vuelva Kicillof o de que vuelva el kirchnerismo, el PRO no va a poner en jaque a la Argentina por su poder personal”.
Nieto remarcó: “Siempre priorizamos que no vuelva el populismo y que no vuelva el kirchnerismo. Si eso está asegurado, el PRO tendrá una alternativa, siempre sobre la base de lo construido por Milei”.
Sobre la gestión actual, sostuvo: “Valoramos mucho la estabilización macroeconómica que hizo Milei. La estabilidad del dólar, la baja del riesgo país, la baja de la inflación, etcétera. ¿Creemos que falta? Sí, creemos que falta que lleguen inversiones, que se genere empleo, que haya inversión en infraestructura, educación pública, ciencia y tecnología. Pero jamás iríamos en contra del kirchnerismo y jamás iríamos en contra de esta estabilidad macro que ha conseguido Milei”.
Críticas, demandas y la relación Macri-Milei
Nieto no esquivó las diferencias con el oficialismo libertario: “No me gusta la nula inversión en obra pública. Estuvimos en Chaco, en Corrientes, y nos decían: ‘Che, las rutas son un desastre’”.
También cuestionó el destrato a los periodistas y la falta de diálogo institucional: “Mauricio Macri fue la persona que más conferencias de prensa dio en la historia siendo presidente de la Argentina. No creemos que el destrato a los periodistas esté bien. Hoy en día tenemos a veces al presidente que ataca directamente a todos los diputados y senadores”.
En cuanto a la gestión económica, reconoció avances en la macro, pero advirtió: “Hoy falta que baje eso a la micro, que haya más consumo, más empleo, etcétera”. Y propuso mejorar el gasto estatal mediante tecnología: “Si hoy en día aplicaras mucho más inteligencia artificial y nuevas tecnologías al gobierno, podrías bajar el gasto público muy eficientemente. En Argentina perdés hasta siete puntos del PBI por ineficiencia en compras del Estado. Todo eso se puede eficientizar y sería un montón de plata extra”.
El episodio reciente de Macri en Chaco también fue tema de consulta. Nieto relató: “Mauricio había pactado hablar en la conferencia de prensa, hacer dos preguntas, levantarse e irse. Esa es la tercera pregunta. Lo que hizo mal para mí es no decir: ‘Muchachos, me levanto, gracias por todo’. Salió caminando, charló conmigo y se fue riendo. No fue enojo ni desaire”. Y sobre el vínculo actual con Milei, fue tajante: “Hoy en día no, hace tiempo no hablan ya. Creo que no hablan desde la última cena esa que no salió muy bien con lo de Adorni, Marín y todo eso”.
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