POLITICA
El Gobierno postergará el envío de la reforma tributaria al Congreso y buscará que sea uno de los ejes de la campaña en 2027
El Gobierno no prevé impulsar una reforma tributaria integral y se encamina a reservarla como una de las promesas económicas para un eventual segundo mandato de Javier Milei. En el Ejecutivo sostienen que las cuentas públicas todavía no ofrecen el margen suficiente para aplicar una reducción estructural de impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal.
La definición implica un nuevo corrimiento respecto de la hoja de ruta que la Casa Rosada manejó durante el último año y que se comprometió con el FMI a presentar para fines de 2026. En Nación ya no trabajan con un escenario en el que el rediseño general del sistema impositivo llegue al Congreso, aunque mantienen como objetivo político avanzar hacia una estructura con menos tributos y menor presión fiscal. “Seguramente como promesa”, responden en el Gobierno sobre la posibilidad de que quede para después de las elecciones.
El argumento central es fiscal. El último resultado oficial disponible es a julio y muestra que el Sector Público Nacional acumuló en los primeros siete meses un superávit primario cercano al 0,9% del PBI, pero un superávit financiero de apenas 0,1% una vez pagados los intereses de la deuda. En julio, el resultado primario fue positivo en $2,96 billones y el financiero cerró con un excedente de $244.897 millones.
La evolución mensual muestra además un equilibrio con poco margen para absorber una pérdida permanente de recaudación. El Gobierno registró superávit financiero por $1,105 billones en enero, $144.421 millones en febrero, $484.789 millones en marzo, $268.103 millones en abril y $478.613 millones en mayo. En junio tuvo un déficit financiero de $1,025 billones y volvió al terreno positivo en julio.
El resultado de enero tuvo además un componente extraordinario. Economía informó que parte de los ingresos correspondieron a la licitación para la operación privada de centrales hidroeléctricas y que, sin esos recursos de capital, el superávit financiero de ese mes habría sido de apenas $65.256 millones. Es uno de los elementos que refuerzan dentro del Ejecutivo la cautela para comprometer bajas permanentes de impuestos sobre la base de ingresos que no necesariamente se repiten.
En julio, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron $17,09 billones y crecieron 30,4% interanual, mientras el gasto primario fue de $14,13 billones y aumentó 24,4%. Los recursos tributarios que ingresaron al esquema fiscal crecieron 29,6%. El resultado positivo dependió así de que el gasto avanzara a un ritmo menor que los ingresos, además del calendario de pagos e intereses.
El Gobierno tiene además una obligación por ley de preservar el equilibrio de las cuentas durante todo 2026. El Presupuesto vigente establece que la ejecución de la Administración Nacional debe terminar el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario y proyectó originalmente un excedente de $2,734 billones. Para Economía, reducir de forma permanente impuestos de alta recaudación requiere primero generar un colchón fiscal que permita compensar esa pérdida.
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Ese criterio ya había quedado plasmado en el informe del Consejo de Mayo sobre la reforma tributaria. El documento oficial sostuvo que una reducción de impuestos solo resulta sostenible si baja al mismo tiempo el gasto público y advirtió que hacerlo sin esa contrapartida trasladaría el costo fiscal hacia adelante. También dejó asentado que el Ministerio de Economía seguiría definiendo la reforma a medida que apareciera margen para hacerlo.
La discusión técnica llegó a incluir una simplificación del IVA, cambios en Ganancias, una reforma del Monotributo, la eliminación gradual de Bienes Personales y la transformación del impuesto al cheque en un pago a cuenta hasta su desaparición. También aparecieron propuestas para bajar retenciones y coordinar con las provincias cambios sobre Ingresos Brutos y tasas municipales.
La estrategia fue perdiendo alcance con el correr de los meses. A fines de 2025, la Casa Rosada evaluaba dividir la reforma en distintos proyectos para distribuir el costo fiscal y avanzar de forma progresiva durante 2026 y 2027. En marzo, ya condicionaba cualquier modificación de fondo a una recuperación de la actividad y la recaudación, y durante el segundo trimestre dejó de existir un calendario concreto para enviar un paquete integral.
El propio Luis Caputo vinculó públicamente las futuras bajas de impuestos con la generación de un superávit mayor a partir del crecimiento y la formalización de la economía. En junio afirmó que un aumento de la actividad y de la formalidad, con el gasto constante, debía generar los recursos adicionales necesarios para seguir reduciendo la carga tributaria.
Eso no significa que el Gobierno haya descartado nuevas reducciones puntuales durante 2027. Economía ya fijó, por ejemplo, un sendero de disminución de derechos de exportación para distintos productos agropecuarios y mantiene la eliminación progresiva de retenciones industriales. Caputo sostuvo que la eliminación completa de los derechos de exportación forma parte del objetivo de un eventual segundo mandato.
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La diferencia que hacen en Nación es entre esas rebajas sectoriales y una reforma estructural que modifique simultáneamente los principales impuestos nacionales. El impuesto a los débitos y créditos, el IVA y Ganancias tienen un peso relevante sobre los recursos del Estado y su modificación exige definir qué gasto se recorta, qué bases se amplían o qué ingresos alternativos compensan la pérdida.
A ese problema se agrega la dimensión federal de la reforma. La Casa Rosada pretende que cualquier rediseño amplio esté acompañado por reducciones de Ingresos Brutos y tasas municipales, lo que obliga a cerrar un acuerdo con gobernadores e intendentes. El Consejo de Mayo dejó incluso fuera de su propuesta central una reforma de la coparticipación por considerar que su complejidad requiere la participación específica de todas las provincias.
La prioridad será preservar el superávit, ejecutar las reducciones impositivas que ya tienen un sendero definido y utilizar cualquier mejora adicional de la recaudación para profundizar bajas puntuales sin poner en riesgo las cuentas públicas.
Gobierno, Reforma Tributaria, Elecciones
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Neuquén: condenaron a tres años de prisión condicional al exintendente que atacó a su sucesor con un cuchillo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A solo una semana del grave episodio ocurrido en Pilo Lil, en el que el actual presidente de la Comisión de Fomento protagonizó un enfrentamiento con su antecesor, la Justicia neuquina resolvió la causa penal mediante un procedimiento de juicio abreviado.
Eliseo Esteban Díaz, quien estuvo al frente de la comisión de fomento durante 12 años, fue condenado por el delito de coacción agravada por el uso de un arma tras haber amenazado de muerte con un cuchillo al actual presidente comunal, Andrés Avelino Infante.
El acuerdo de pena fue presentado por el fiscal jefe Gastón Ávila y homologado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat, contando con el aval de la defensora Laura Plaza y de la abogada querellante Lorena Miani. La sentencia contempla una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Para mantener la libertad condicional y evitar que la condena se convierta en prisión efectiva, Díaz deberá cumplir estrictas reglas de conducta durante un plazo de tres años. En principio, le impusieron una prohibición absoluta de contacto e intimidación: no podrá ejercer actos de perturbación ni mantener ningún tipo de contacto –por sí ni por terceros– con Infante ni con su grupo familiar.
Asimismo, Díaz deberá fijar un domicilio formal y concurrir a las citaciones y controles de la Dirección de Población Judicializada. Debido a las reducidas dimensiones de la localidad de Pilo Lil, el juez Bagnat remarcó que las prohibiciones responden a la necesidad de prevenir cualquier acto de violencia.
Ante la posibilidad de que ambos hombres se crucen en la vía pública, el magistrado le advirtió expresamente a Díaz: “Ante esa situación, usted deberá darse la vuelta e irse”.
El violento episodio que desencadenó el proceso judicial ocurrió el viernes pasado durante una jornada de trabajo con funcionarios provinciales en el comedor del Parador Turístico comunal. La discusión se originó cuando Díaz solicitó un camión de la comuna para trasladar fardos de pasto destinados a sus animales.
Al exigírsele la presentación de una nota formal para justificar la salida del vehículo y la rendición del combustible, el intercambio verbal derivó en gritos, insultos y empujones.
La situación escaló cuando el exjefe comunal extrajo un cuchillo de su cintura y amenazó de muerte a Infante al grito de “Te voy a matar”. Ante el riesgo inminente, la pareja de Infante, Raquel Fantini, debió interponerse físicamente como escudo para frenar la agresión.
Toda la secuencia fue registrada en video por la coordinadora regional provincial Eliana Rivera. Esa filmación se convirtió en la prueba audiovisual determinante presentada por el Ministerio Público Fiscal para sostener la acusación y lograr la condena expedita de Díaz.
En sus descargos, Díaz reconoció haber extraído un cuchillo tipo “verijero” (de 10 a 12 centímetros), pero argumentó que actuó únicamente en legítima defensa. Sostuvo que le habían preparado “una cama” y que pretendían agredirlo entre tres personas.
Por su parte, la esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, afirmó que Díaz ya había gestionado el uso del camión comunal el día anterior, por lo que su molestia surgió al regresar y notar que el vehículo no estaba disponible. En la previa del juicio abreviado, Alfonso aseguró que fue el propio Infante quien inició la agresión física al tomar a Díaz del pecho.
Finalmente, en la audiencia judicial posterior, la defensora oficial de Díaz, Laura Plaza, avaló el acuerdo de juicio abreviado propuesto por la fiscalía para cerrar la causa.
enfrentamiento con su antecesor,Paz García Pastormerlo,Conforme a
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Recortes en Discapacidad: el Gobierno rechazó las críticas de Bullrich, aunque reconoce que hubo “un error de coordinación”
En el Gobierno crece el malestar por los últimos desmarques públicos de Patricia Bullrich y comenzaron a aparecer también críticas internas al funcionamiento de la mesa política. En distintos sectores de la Casa Rosada cuestionan que la jefa del bloque libertario en el Senado exponga diferencias con la conducción y atribuyen parte de sus movimientos a una búsqueda de posicionamiento hacia 2027.
El último episodio se abrió después de que Bullrich asegurara que no había sido informada sobre los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027, pese a haber participado de la reunión de la mesa política realizada pocas horas antes del envío del proyecto al Congreso. La senadora sostuvo que esa falta de información “resiente” la relación con los aliados.
En sectores del Ejecutivo reconocen que hubo un error de coordinación, pero cuestionan que Bullrich lo haya hecho público. “Nos equivocamos todos en general. Esto fue un error de coordinación”, admiten en Nación, donde sostienen al mismo tiempo que las diferencias deberían procesarse dentro del Gobierno y no a través de declaraciones públicas.
El episodio profundizó además las dudas sobre para qué sirve actualmente la mesa política. “No sé para qué sirve juntarse si no nos ordenamos”, cuestiona un funcionario de primera línea. En otros despachos describen el espacio como una instancia en la que los integrantes evitan anticipar decisiones por temor a filtraciones y tampoco exponen completamente sus planes.
La mesa se reúne con frecuencia semanal y está integrada por Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem, Santiago Caputo y Fabián Fernández. La reunión del martes se extendió durante casi tres horas y terminó poco antes de que el Presupuesto fuera enviado al Congreso.
Bullrich confirmó públicamente que los cambios sobre Discapacidad no se discutieron allí. “No nos enteramos, es la verdad”, sostuvo. También planteó que llegar al Congreso sin conocer el contenido de las iniciativas deja a los jefes parlamentarios expuestos frente a aliados y opositores.
Ese diagnóstico es compartido parcialmente puertas adentro. Funcionarios del Gobierno admiten que distintos sectores del oficialismo tampoco conocían el articulado y que el episodio desordenó la negociación que diputados libertarios ya mantenían con bloques dialoguistas para intentar acordar una salida sobre la Emergencia en Discapacidad.
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