POLITICA
Morosidad: LLA prepara una jugada para vaciar la sesión opositora y enfriar el debate
La foto del panel de la Cámara de Diputados, que mostró que la oposición juntaba un piso de 133 votos para debatir los proyectos de morosidad de las familias y de la extensión de la emergencia en discapacidad, no pasó desapercibida en los despachos de La Libertad Avanza, donde se toman las decisiones.
A pesar de que entienden que los bloques opositores se juntan por temas puntuales y que no se impone la idea de “no darles nada”, como piden algunos que en otro momento acompañaban bajo el eslogan de la gobernabilidad, saben que a esa agenda se va a sumar todo lo que no sea libertario o pseudo libertario.
“En temas de impacto social vamos a ir todos unidos; después, el juego se diferencia según cada uno de los sectores”, explicó a Infobae un diputado opositor. “Es tema por tema. En algunos temas, los que eran aliados y que ahora son circunstanciales van a mostrar los dientes, como pasó con los misioneros y los salteños”, agregó, en referencia al bloque que responde a los gobernadores Hugo Passalacqua, de Misiones, y Gustavo Sáenz, de Salta, que acompañaron la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el pedido de tratamiento de los proyectos de morosidad y discapacidad.
La oposición enfrenta la búsqueda de un consenso, ya que hay 48 proyectos de ley y resoluciones al respecto. En contraposición, el oficialismo hará todo lo posible por dilatar el debate.
En este sentido, se espera que hoy salga el llamado para las comisiones de Discapacidad y Salud, por un lado, y de Finanzas y Defensa del Consumidor, por el otro. Con esto, el bloque de LLA buscará controlar el ritmo del debate, y tanto es así que las primeras citaciones no serán para todas las comisiones implicadas.
Según explicaron desde el oficialismo parlamentario, se citará a la comisión de Finanzas —que preside Santiago Pauli, de LLA—, a la de Discapacidad —presidida por Gerardo Huesen, de LLA— y a la de Salud —a cargo de Manuel Quintar, de LLA— para comenzar a debatir la semana que viene.
“Ellos —por los libertarios— llaman a las comisiones para hacer que abren el debate y darles una excusa a los aliados para que no vayan a la sesión del 9 de septiembre. Es lo mismo que hicieron con el caso Adorni”, explicó un diputado opositor.
En este punto, donde cada sector pone en funcionamiento las estrategias parlamentarias para avanzar o frenar según la conveniencia, en los sectores que juntaron 133 votos —y que, sumando a los ausentes, podrían llegar a 137— entienden que deberán buscar opciones, porque no van a ser comisiones para dictaminar, sino informativas. “Van a traer a dos o tres a exponer”.
En ese contexto, la oposición trabaja en mantener el llamado para el 9 de septiembre. “Más allá de esta jugarreta, la única garantía de avanzar hacia un dictamen es ratificar la convocatoria a sesión especial para el 9 de septiembre”, dijo el diputado socialista Esteban Paulón, autor de uno de los proyectos.
El oficialismo sabe que en esta jugada puede arrastrar a los diputados que responden a gobernadores y hacer caer el quórum. En la oposición, el argumento para mantener el número es que saben que, sin un emplazamiento que ponga fecha para dictaminar, La Libertad Avanza dilatará el debate y no se buscará una solución para las más de 6 millones de personas con problemas financieros.
En total, hoy hay 48 proyectos de ley que buscan encontrar una solución al incremento de la morosidad en las familias, que ya alcanza a 6,5 millones de personas. En el caso de la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el proyecto es autoría del diputado de Unión por la Patria Juan Marino, y cuenta con el acompañamiento de diferentes bloques.
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POLITICA
Dejan firme el embargo del departamento de San José 1111 para ejecutar el decomiso de bienes de los Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible un recurso de Máximo y Florencia Kirchner contra el embargo preventivo sobre 13 inmuebles de las empresas familiares Los Sauces y Hotesur, incluido el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena de seis años de prisión.
El fallo deja firmes los embargos de esos bienes, incluido el domicilio del barrio de Constitución, porque están destinados a ser ejecutados para cubrir los 645 millones de dólares que se deben decomisar como parte de la condena por el juicio contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por el que está detenida.
La resolución de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deja firme lo resuelto por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2, que había dispuesto esa medida cautelar.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió -por mayoría- declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Los hijos de la expresidenta buscaban anular la decisión del tribunal oral que dispuso embargos preventivos sobre inmuebles pertenecientes a las empresas Los Sauces y Hotesur, en el marco de la ejecución patrimonial de la condena contra la expresidenta.
Esa condena quedó firme el 10 de junio de 2025. Allí el Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el proceso para el decomiso y actualizó el monto de los bienes a decomisar hasta la suma de 684.990.350.139 de pesos.
Entre los bienes embargados se encuentra el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La resolución de la Cámara Federal de Casación quedó conformada por la mayoría de los jueces Hornos y Barroetaveña, que señalaron que la decisión del tribunal oral no era recurrible.
El juez Borinsky sostuvo una posición distinta y propició que el recurso recibiera el trámite correspondiente.
En su voto, Borinsky señaló que correspondía analizar los agravios de los hijos de la expresidenta, vinculados con la relación temporal de la adquisición de los bienes y el delito.
Borinsky viene sosteniendo que hay que anular el decomiso de estos bienes en particular porque ingresaron al patrimonio antes del inicio de la maniobra delictiva, por la que fue condenada Cristina Kirchner, por lo que no podían ser considerados como “producto del delito”.
El Tribunal Oral Federal 2 había ordenado el 11 de agosto pasado embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo.
Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y en Santa Cruz. Las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.
La mayoría de la Sala IV señaló que lo sometido a revisión era únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció.
Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.
Los jueces Hornos y Barroetaveña consideraron que la medida dispuesta es de carácter cautelar, patrimonial y provisional.
Añadieron que, aun si se admitiera hipotéticamente que la medida fuera equiparable a definitiva, los hijos de la expresidenta no demostraron la existencia de una cuestión federal suficientemente fundada que habilitara la intervención de la Cámara de Casación. Por esas razones, concluyeron que el recurso de casación era inadmisible.
Los jueces también destacaron que la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter restrictivo y que, para que una impugnación basada en ella prospere, deben demostrarse defectos que descalifiquen la decisión recurrida como acto jurisdiccional válido, extremo que no fue acreditado en el caso.
Los Sauces y Hotesur,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Reino Unido rechazó las sanciones de la Argentina contra las empresas que operan en Malvinas: “Son inaceptables”
El Gobierno del Reino Unido rechazó las sanciones impulsadas por la Argentina contra empresas e individuos que operan en las Islas Malvinas y calificó esas medidas como “inaceptables” y “sin justificación legal”. Además, ratificó su respaldo a las compañías que desarrollan actividades en el archipiélago, especialmente en el sector de hidrocarburos.
La respuesta llegó a través de un comunicado difundido este jueves por la subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.
En el texto, Londres sostuvo que las Malvinas “son británicas” y reafirmó que sus habitantes “tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, al considerar que esa facultad forma parte de su derecho a la autodeterminación.
El comunicado británico fue publicado después de que la Argentina avanzara en las últimas semanas con medidas contra empresas y personas que suministran bienes y servicios a las islas, tanto de manera directa como indirecta, incluidas firmas vinculadas a la explotación de hidrocarburos.
El gobierno británico afirmó este viernes que tiene “derecho” a explotar el petróleo y el resto de los recursos naturales del área de las Islas Malvinas, después de que Argentina pidiera sanciones más severas contra proyectos petroleros en el territorio administrado por el Reino Unido.
La respuesta británica llega luego de que el presidente Javier Milei enviara al Congreso un proyecto que endurece las sanciones contra las empresas que operen en Malvinas.
La iniciativa prohíbe el desarrollo de cualquier recurso natural sin autorización de Buenos Aires y eleva la pena establecida en una ley anterior a un máximo de 20 años de prisión.
La Casa Rosada también presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por realizar perforaciones en un importante yacimiento petrolero frente a las Malvinas.
“El gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo”, declaró este viernes la Cancillería británica en un comunicado.
“Estos cargos contra empresas y personas son inaceptables y no tienen justificación legal”, agregó.
Navitas posee una participación mayoritaria en el proyecto petrolero marino Sea Lion, mientras que la británica Rockhopper tiene el resto.
Ambas empresas insisten en que cuentan con licencias de exploración respaldadas por el Reino Unido.
Milei afirma que el proyecto viola una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de realizar acciones unilaterales en las islas.
Como había anticipado , la iniciativa legislativa no solo endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos que exploten la zona, sino que “resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
También modifica la ley 23.554 de Defensa Nacional para redefinir el concepto de Defensa Nacional. La nueva formulación amplía su alcance a la protección de la soberanía e independencia del país, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y la vida y libertad de sus habitantes “frente a riesgos, amenazas y desafíos externos, tanto estatales como no estatales, sean de carácter cinético o no cinético”.
A ello se suma una ampliación en la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres.
“En lo que hace a la protección de estos espacios, el rasgo distintivo consiste en someter a reglas de actuación claras y transparentes la toma de decisiones que hoy se adoptan sobre bases dispersas”, se precisa.
Con información de AFP
no solo endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos,Conforme a
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