Esta mañana se sortearon en los tribunales de Comodoro Py tres denuncias penales por los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos. La primera, de acuerdo con una certificación dispuesta en la causa que le tocó al juez Daniel Rafecas, fue la asignada al magistrado Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

Serán entonces Lijo -a quien Javier Milei había propuesto para la Corte Suprema- y Pollicita quienes concentren, al menos en principio, todas las denuncias por este caso, informaron fuentes judiciales. Son el mismo juzgado y la misma fiscalía que llevan la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, otra investigación delicada para el Gobierno.

Los presuntos delitos a los que alude la presentación en poder de Lijo son “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

Las otras dos denuncias, que ingresaron con minutos de diferencia, también se sortearon y les tocaron a Rafecas y a la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La denuncia que recibió Rafecas -y que le está enviando a Lijo por conexidad- fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y figuran como denunciados Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA).

La presentación que recayó en el juzgado de Capuchetti la hicieron la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade (CC-ARI) y el legislador socialista Esteban Paulón. Apunta también contra Tillard, pero involucra además a beneficiarios de los créditos como Emiliano Mongilardi (director de YPF), Federico Furiase (secretario de Finanzas) y Pedro Inchauspe (director del Banco Central), Pedro Núñez (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−) y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani. La denuncia que le tocó a Lijo, presentada por dos particulares, no identifica acusados.

Este fin de semana, el gobierno de Javier Milei salió a defender el otorgamiento de préstamos desde el Banco Nación a funcionarios del oficialismo y legisladores libertarios, difusión que derivó en pedidos de informes, reclamos de investigación en el Congreso y al menos estas dos denuncias judiciales.

Mientras desde el gabinete nacional el encargado de responder las acusaciones fue el canciller Pablo Quirno, y según pudo saber , el equipo de auditoría del banco que encabeza Darío Wasserman trabajó durante el fin de semana en la revisión de cada uno de los casos, revelados por el sitio web Cuánto Deben, y que incluye entre otros a funcionarios de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.

El propio Caputo salió a defender anoche a los funcionarios de su área que tomaron créditos en el BNA. “No tienen ventaja respecto del resto”, dijo el ministro al periodista Luis Majul, en el programa La Cornisa, que se emite por el canal LN+.

Se refería al caso de Felipe Núñez, director de BICE y asesor de Economía, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025. Otro caso es el de Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. “Federico fue a una sucursal”, sostuvo anoche Caputo, al darle su aval a la conducta del funcionario.

En la lista de los tomadores de créditos del BNA se incluye a Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año. Además fueron beneficiarios Juan Pablo Carreira, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ($113 millones); el director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.

La información, comentaron este domingo fuentes oficiales, será entregada a la Justicia una vez que quede confirmado el juez, como sucedió este lunes al quedar sorteados los juzgados de Rafecas y Capuchetti.

“Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, plantearon los diputados Paulón y Frade en su denuncia.

“Las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco, entre ellas, por ejemplo, cobrar sus sueldos en el banco. Otra aclaración importante, no presta guita de los contribuyentes, pensar eso es un error común e incorrecto”, escribió el canciller Quirno en la tarde del domingo. “Los que recibían préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad. María Elena Walsh y Discépolo se regocijan”, ironizó el canciller, en crítica al otorgamiento de créditos durante el kirchnerismo.

Madero, acreedor de uno de los créditos difundidos, se mostró “sorprendido” por la magnitud de las críticas. En diálogo con , el funcionario de Defensa afirmó que se enteró “por el encargado del edificio” donde vive de la existencia de los créditos. Que se inscribió “sin privilegios” a través de la página web y que al gerente lo vio “cuando fui a firmar a la sucursal”, en septiembre de 2025. Su crédito, de unos $207 millones, fue destinado a comprar su primera propiedad, “después de muchos años en la función pública, siempre en el área de seguridad”, aclaró Madero a este diario.

En el mismo sentido, fuentes oficiales afirman que “no hay un solo crédito mal otorgado”, y que “es una locura comerse un garrón por algo que es absolutamente lícito”. Cuando la consulta gira en torno a los elevados montos otorgados, desde el Gobierno aseguran que “todos están cubiertos” a través de garantías hipotecarias y codeudores, según el caso. También destacan que “el directorio del banco ni se entera del otorgamiento de los créditos más chicos, el que crea eso es un ignorante”, afirmó, en respuesta a las denuncias de los legisladores opositores.

El caso ya se cobró una baja: la del jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, echado de su cargo el jueves por la ministra Sandra Pettovello luego de que se conociera que había sido uno de los beneficiarios.

Tras el impacto de la noticia de la salida de Massaccesi, el Gobierno comunicó que la salida se debía a otros motivos, pese a que el propio desplazado hizo un descargo en las redes sociales defendiendo la toma del crédito.

En la Casa Rosada aseguran que buena parte de las críticas tienen como objetivo frenar el “proyecto original” del gobierno libertario, esto es capitalizar con aportes privados el 20 por ciento de las acciones del banco estatal y pasar a cotizar en la Bolsa de New York. “Sigue en pie”, dicen conocedores de la operatoria del banco.

La decisión de Pettovello de echar a Massacesi fue mirada de reojo por otros sectores del Gobierno, aunque el propio Presidente desmintió que la decisión tuviese que ver con la el crédito recibido. “Fue un error, se apuró o lo habrá echado por otra cosa”, disparan. Quienes conocen el pensamiento de la ministra aseguran que el tema “le hacía ruido” y que prefirió separarlo ante la duda. La propia ministra apeló, hacia la tarde del domingo, a una enigmática frase de Fiódor Dostoievski, aquella que expresa: “Yo nunca eliminé a nadie en mi vida. Todos murieron en el accidente de la confianza”.

¿Y por qué no fue tratada del mismo modo Gabriela Real, coordinadora de Políticas Sociales y virtual número tres de Capital Humano, que también tiene un crédito vigente? “No es la misma situación, ella sacó un crédito en la época de [Mauricio] Macri”, la defendieron desde un despacho oficial. En las próximas horas, según reiteran fuentes oficiales, el Gobierno dirá lo suyo en la Justicia.