Durante el fin de semana el foco parlamentario estará puesto en Diputados, donde acaba de ingresar el proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Sin embargo, lo que en la Casa Rosada van a estar mirando de cerca es lo que puede llegar a suceder a pocos metros, en el Senado.

El jueves 6 de agosto está previsto que la Cámara alta abra el recinto para tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, mayormente conocida como ley de tierras.

En lo que será la quinta oportunidad en que Patricia Bullrich intente darle media sanción, el oficialismo asegura que esta vez tiene los votos para avanzar. Aun así, la exministra tiene en su agenda varios encuentros con senadores de los diferentes bloques dialoguistas para definir el nivel de respaldo al proyecto.

“No podemos ir si no tenemos los votos. Lo de la otra vez no puede volver a pasar”, señaló un senador libertario en referencia a la última sesión, en la que Bullrich pidió un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. “Hay que ver qué pasa con los radicales, hay mucho ruido”, agregó.

En los pasillos del Senado prima la desconfianza. Desde que el proyecto ingresó tuvo 15 borradores y muchos aseguran que “hasta el jueves puede haber un nuevo borrador, el número 16”.

Eso generaría un nuevo problema para la presidenta del bloque libertario. En los últimos días Bullrich se reunió con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor del proyecto y hombre reacio a ceder terreno.

Sin embargo, el “coloso” no solo tuvo que dejar artículos en el camino sino que tuvo que aceptar que las provincias tengan la posibilidad de generar un marco jurídico para la venta de tierras y no solo la ley nacional. Eso fue algo que Bullrich puso sobre la mesa para intentar conseguir o retener votos.

En ese contexto, el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, decidió que el partido —que emitió un comunicado oponiéndose a la norma— debía tener en sus senadores un correlato, por lo que inició una serie de encuentros con las autoridades del bloque para que acompañen el rechazo que promueve el partido.

Tras esos encuentros, el escenario que La Libertad Avanza manejaba como dato en la Cámara Alta parece haber cambiado. En la última sesión había seis de los diez radicales que tenían pensado acompañar al oficialismo. Ese panorama hoy no estaría vigente.

“Entiendo que estamos en un escenario de tercios. Tenemos tres senadores que van a votar en contra y ya lo adelantaron, otros tres que acompañarían y otros cuatro en duda. Tenemos que sumar más en contra, pero hay algunos que responden a sus gobernadores y esos jefes de estado provinciales tienen buena sintonía con la Casa Rosada. Hay mucha presión en la calle y hay que aprovecharlo”, explicó a Infobae una alta fuente partidaria.

Los radicales no son los únicos que dicen que no, o que ponen en duda el acompañamiento al oficialismo. Misiones se presenta como una incógnita para el oficialismo: los senadores que responden al gobernador y al exgobernador de Encuentro Misionero, así como Enrique Martín Goerling Lara, presidente del bloque del PRO, tampoco darían su apoyo. Lo mismo ocurre con la cordobesa Alejandra Vigo. Y la lista parece seguir engrosándose.

A eso se sumará la calle. Se espera para el jueves una movilización con participación de varios grupos y colectivos. Por eso se prepara un operativo de contención desde las fuerzas de seguridad, ante la previsión de una fuerte movilización de la CGT, la CTA, organizaciones políticas, sociales, ambientales y comunidades indígenas.

Decidido a consolidar su estructura política para la negociación dentro del peronismo para definir la estrategia en las elecciones del año que viene, el gobernador bonaerense Axel Kicillof pondrá en marcha una serie de encuentros del Movimiento Derecho al Futuro por las distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es afianzar y potenciar el despliegue de su espacio en los 135 municipios para dar cuenta del peso de Buenos Aires en la construcción nacional que ya empezó. Los plenarios confluirían en un gran acto del MDF en el mes de septiembre, una actividad que ya está en la agenda de los principales armadores kicillofistas.

De momento, el espacio del gobernador reunirá a intendentes, concejales, legisladores provinciales y ministros. El gobernador no participará personalmente, aunque sí ordenó avanzar en la construcción tanto a nivel provincial como nacional. El primer plenario será el sábado 8 de agosto en la localidad de Alberti. Será el plenario del MDF en la Cuarta sección electoral. El anfitrión es el senador bonaerense de Fuerza Patria e intendente en uso de licencia de dicho distrito, Germán Lago.

Los sábados siguientes seguirán los plenarios en cada sección, con excepción de la Primera y la Tercera —el conurbano— en donde, por el volumen de los distritos que la integran, se definió trabajar en la construcción de una mesa de cada sección, con la presencia de intendentes y legisladores de la zona AMBA.

Una vez culminados los plenarios, los armadores de Kicillof planean centralizar todo en un acto netamente político. Uno de los objetivos es ratificar el peso del espacio entre los distintos sectores del peronismo. El otro, el principal, es recordar la victoria del peronismo en las elecciones legislativas provinciales del año pasado, cuando Fuerza Patria se impuso en la provincia de Buenos Aires por casi 14 puntos contra La Libertad Avanza, luego de desdoblar la elección por decisión del mandatario. Según pudo saber Infobae, la fecha será casi coincidente, pues se espera que el acto —del que aún no se definió la locación— sea el 12 de septiembre, mientras que las elecciones en las que el peronismo ganó fueron el 7 de septiembre de 2025.

Aquella decisión del desdoblamiento fue, hasta la fecha, cuestionada por el sector del kirchnerismo ya que en los comicios de octubre, en donde solo se eligieron diputados nacionales, La Libertad Avanza dio vuelta el resultado de septiembre en PBA. Hubo varios factores y argumentos que, según el sector dentro del peronismo al que se consulte, explicaron y explican aquella dinámica. Desde el anuncio de salvataje del presidente estadounidense Donald Trump, para respaldar la política del presidente Javier Milei, hasta la composición de la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, pasando por la poca incumbencia de los intendentes del peronismo bonaerense en la campaña nacional, que ya se habían consolidado localmente en septiembre. Como fuera, la decisión de separar las elecciones fue tema de debate y un eventual desdoblamiento de Buenos Aires en las elecciones del año que viene vuelve a asomar en la agenda.

Una construcción con el factor CFK presente

De momento, Kicillof está decidido a competir. Una definición que se da en paralelo a la estrategia del kirchnerismo de buscar la centralidad de Cristina Kirchner, que esta semana desde San José 1111 -donde transita su prisión domiciliaria e inhabilitación de por vida para el ejercicio de la función pública- volvió a dar señales a la discusión interna del peronismo, además de anunciar que llevará su caso a tribunales internacionales y que para ello sumó a su defensa a los abogados Rafael Valim y Javier Borrego. Valim formó parte del equipo jurídico que defendió a Luiz Inácio Lula da Silva ante la ONU en el caso Lava Jato. Su labor consistió en presentar denuncias por violaciones a los derechos del ex presidente brasileño, lo que contribuyó a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconociera irregularidades en el proceso contra Lula. En tanto que Borrego -que fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España- declaró que “proscribir a la única mujer presidenta reelegida utilizando un procedimiento bastante arbitrario no se puede aguantar”. Además, respaldó la tesis de que la restricción para ejercer cargos públicos alcanza solo a los cargos electivos, pero no impide la participación en la etapa previa de las internas partidarias. Es decir, que Cristina Kirchner podría participar de una PASO.

“La queremos candidata”, suele repetir su hijo, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, sobre la figura de CFK. En el kirchnerismo esbozan que la ex presidenta sintetiza la oposición al gobierno de Javier Milei y, sobre todo, es la única figura que “puede plantarse ante el poder económico, que la quiere presa”. También dejan correr que para un sector del peronismo “pareciera que les viene bien Cristina detenida”.

Este fin de semana, Kirchner estuvo en La Rioja. Hasta la provincia del Norte Grande llegó una gran comitiva de legisladores. Convocados por el gobernador riojano, Ricardo Quintela, participaron de la conmemoración de los cincuenta años del asesinato del sacerdote Enrique Angelelli. Allí, distintos dirigentes que hasta hace poco tiempo mostraban disidencias internas compartieron actividades.

Quintela fue quien intentó competir con Cristina Kirchner por la presidencia del PJ nacional. Ese episodio —sucedido en octubre de 2024— fue para el kirchnerismo un punto de inflexión en la relación con Kicillof: querían que el gobernador bonaerense se pronunciara en favor de CFK y rechazara la estrategia de su par riojano. Algo que no sucedió. El final de la historia es conocido.

Este sábado, Kirchner se mostró con Quintela y otros dirigentes que traccionaron aquella candidatura partidaria del riojano como la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. Kicillof fue invitado al encuentro. Al igual que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Ni el gobernador de Buenos Aires ni el último candidato presidencial del peronismo asistieron. Fueron en su representación la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, -por Kicillof- y la diputada nacional, Cecilia Moreau -por Massa-. Como dio cuenta este medio, la foto completa deberá esperar.

A la par de los plenarios seccionales del MDF, Kicillof delegó en ministros y ex funcionarios la expansión e instalación de su espacio en otras provincias. En los últimos días se inició un raid de encuentros para marcar presencia y explorar el termómetro del peronismo en diferentes regiones. El viernes, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, estuvo en la ciudad de Santa Fe, firmando acuerdos con la Universidad Tecnológica de esa provincia. El sábado, hasta San José, Entre Ríos, llegó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Cerró un plenario de la agrupación Patria y Futuro, en el que participaron el intendente local, Gustavo Bastián, y sus pares, Damián Arévalo, de Feliciano, y Laura Rupp, de El Pingo, entre otros dirigentes del peronismo entrerriano, como el ex diputado nacional Marcelo Cassaretto.

El encuentro se llamó “Axel es la Esperanza”. Pese al nombre, Bianco dijo que el 2026 “no es un año de candidaturas”, sino de “construcción”. Para el sector de Kicillof, la mejor forma de dirimir las diferencias es mediante una elección PASO. “Tenemos que construir acuerdos para definir a nuestros candidatos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, dejando atrás la lógica de las imposiciones. Esa etapa ya pasó y sabemos que no nos dio buenos resultados”, dijo Bianco en Entre Ríos.

Además, el intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi, irá a Mendoza; Daniel Gollán —exministro de Salud bonaerense— a Chubut; Alberto Sileoni —exministro de Educación bonaerense— estará en Viedma, Río Negro.

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La causa en la que se investiga la defraudación por unos 10 millones de dólares en el hotel 15 de Diciembre que pertenece al Sindicato de Camioneros en Mar del Plata podría entrar en una zona de turbulencias a partir de información que analiza la Justicia e incluso de documentación que aún no llegó a los tribunales: uno de los imputados, a través de su abogado, denunció que el gremio no entregó la documentación necesaria para probar las acusaciones y esa renuencia provoca que no pueda finalizar la pericia contable.

En el expediente se pusieron bajo la lupa presuntos sobreprecios en servicios y alimentos para el hotel sindical, ubicado en el centro marplatense, investigados por el fiscal David Bruna y la jueza Lucrecia Bustos a partir de una denuncia presentada el 12 de septiembre de 2025 por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y estrecho allegado al líder del gremio, Hugo Moyano.

Mientras la causa sigue en trámite y se están recolectando pruebas, especialmente documentación y testimonios de testigos y de personal del hotel, están imputados el ex secretario Administrativo del sindicato; Claudio Balazic; el ex secretario Tesorero del gremio, Paulo Villegas, un contador, dos ex empleados del hotel (uno fue el gerente y el otro, el chef) y dos ex proveedores del establecimiento.

Hace unos 10 días, una asamblea de Camioneros presidida por Hugo Moyano echó a Balazic (que ya había sido apartado de su cargo, junto con Villegas) por las irregularidades descubiertas en el hotel. Por ejemplo, según uno de los congresales presentes, en la asamblea se aseguró que el dirigente expulsado habría cerrado 6 habitaciones del hotel, las alquilaba para eventos y las cobraba con facturas emitidas a su nombre.

Además, de acuerdo con la misma fuente, se habría verificado que el acusado llegó a encargar a proveedores unos 53 mil kilos de pescado por año, como consta en pedidos facturas que estarían en poder de la Justicia, y que no habrían tenido que ver con servicios del hotel.

En su declaración ante la Justicia, Maldonado sostuvo que las irregularidades se detectaron a fines de julio de 2025, cuando el contador le dijo que “hubo un requerimiento de ARCA por estas empresas que trabajan con el hotel, los proveedores”. “Cerca del 10 de agosto hacemos una reunión con Hugo Moyano -dijo-, y al ver que no había respuesta sobre la situación de las distribuidoras o empresas, entonces Hugo me pide que venga (a Mar del Plata), y fue cuando descubrimos esta maniobra fraudulenta que nos afectó mucho”.

“El tesorero me dijo en una reunión informal con Hugo que los gastos de Mar del Plata se fueron muy arriba, hay cosas que no me cierran”, declaró el dirigente.

Maldonado reconoció que los cheques para los pagos del hotel siempre se confeccionaban en el sindicato en Buenos Aires, donde eran firmados en blanco por tres dirigentes (él, Balazic y Villegas) y luego se entregaban a la gerencia del hotel en Mar del Plata.

En relación con las facturas, señaló que “iban a la contaduría, a la Secretaría Administrativa y Tesorería”, y que “en el hotel tenían las chequeras donde se pagaban los pedidos que se hacían”. La justificación del gasto, aseguró, se realizaba después de la compra.

Otras fuentes sindicales, sin embargo, puntualizaron a Infobae que “los cheques llegaban al hotel firmados y lo único que se hacía era corroborarlos con la factura, luego se firmaba la factura y nada más; si no pasaba por Buenos Aires no se pagaba porque dependía de las tres firmas efectuadas en el sindicato, por lo que el hotel no tenía autonomía en esa operatoria”.

Javier Moral, abogado de Camioneros, dijo al sitio 0223 que “habría una usina de facturas apócrifas producida por estos imputados que eludían los controles de ARCA y de las áreas correspondientes del sindicato”.

“Las autoridades máximas (de Camioneros) no tenían ningún conocimiento ni vinculación con esto -añadió-. Por eso la obligación fue denunciar de inmediato e ir hasta las últimas consecuencias, independientemente de quién tuviera responsabilidad”.

Por su parte, el abogado Maximiliano Orsini, que representa al ex gerente del hotel, dijo a Infobae que están “esperando el avance de la producción probatoria”, tras lo cual remarcó: “Estamos así desde hace casi un año en que se está produciendo la prueba y estamos esperando el resultado de la pericia contable, que se fue dilatando durante casi un año en virtud de que el denunciante, el Sindicato de Camioneros, no acompaña toda la documentación contable y principalmente la información impositiva perteneciente a ARCA”.

El hecho de que el sindicato no haya presentado la documentación requerida, según consideró, “provoca que no pueda culminarse la pericia contable, que es la prueba esencial para determinar si efectivamente existió o no administración fraudulenta”.

“Gracias a que presentamos un escrito solicitando la declaración de Maldonado -agregó-, sobre la base de sus dichos se formularon nuevas imputaciones a integrantes del sindicato. Resulta extraño que una causa de esta magnitud avance sin haber presentado el denunciante (Camioneros) una auditoría interna y ni siquiera haber presentado documentación contable, que fue pedida por la defensa en por lo menos 4 oportunidades, porque nunca terminan de completarla».

Para Orsini, “lo más significativo es que están violentando el derecho de defensa en juicio y el debido proceso ya que hace un año están realizándose pruebas que no finalizan porque el propio sindicato no termina de presentar la prueba documental que está en su poder o es reacia a acompañar cierta prueba documental relacionada con ARCA”.

El abogado hizo hincapié en “la orfandad probatoria por parte del denunciante, que no aportó la documentación contable que correspondía para acreditar que supuestamente hay un desfalco por 10 millones de dólares. En semejante cifra de tal magnitud, ni siquiera tienen una pericia contable, una auditoría y están aprobados todos los balances, incluso en el período en el que dicen que hubo una defraudación”.

“Eso es lo más extraño: la causa no avanza porque no se aportaron los elementos probatorios que debieron aportarse desde el punto de vista contable, sino que simplemente son afirmaciones del propio Maldonado y especulaciones probatorias que dicen tener, pero que hasta ahora contablemente no surgen de la causa”, concluyó el defensor del ex gerente del hotel.

En una presentación ante la Justicia, además, Orsini solicitó medidas de prueba adicionales centradas en Lexham S.A., proveedora del hotel, destacando que el propio denunciante, Héctor Maldonado, había pedido que se investigue la operatoria fiscal y comercial de esta sociedad, lo que demuestra la relevancia que la acusación le otorga a su intervención en los hechos investigados.

Orsini pidió que se determine con precisión cuál fue la participación de Lexham, qué operaciones comerciales mantuvo con entidades vinculadas al Sindicato de Camioneros y, en particular, quiénes ejercían funciones de conducción y administración en la empresa.

Señaló que Marcela Alejandra Montero (en otros documentos aparece como María Alejandra Montero), que sería presidenta y apoderada de la empresa, posee un vínculo profesional directo con Camioneros: fue apoderada judicial del sindicato y figura con relación laboral y comercial con la entidad desde 2019.

Tras destacar que Montero integra o integró la estructura funcional del sindicato, no sólo como profesional externa sino con roles internos, lo que la vincula de forma directa con la organización que es objeto de investigación, Orsini subrayó la importancia de esclarecer si Montero tenía funciones societarias dentro de Lexham al mismo tiempo que representaba jurídica y laboralmente al sindicato.

Planteó, en ese sentido, que esta posible coexistencia requiere ser investigada por la hipótesis de direccionamiento de proveedores, contrataciones irregulares y manejo de recursos económicos entre el sindicato, el Hotel 15 de Septiembre y Lexham.

Desplazamientos en ARCA

Mientras, el caso adquirió otro cariz luego de que se conoció que un alto funcionario de ARCA denunció ante la Justicia que hubo presiones, desplazamientos y órdenes para frenar una pesquisa sobre la estafa multimillonaria en el hotel de Camioneros.

Según información publicada en el diario La Nación, la denuncia fue presentada por Manuel Rodríguez, contador público con más de 35 años de trayectoria en el organismo, ante la Fiscalía Federal General de Mar del Plata. En su escrito afirmó que autoridades de ARCA en Buenos Aires ejercieron presiones sobre quienes investigaban presuntos desvíos de fondos a través de proveedores del hotel marplatense de Camioneros.

De acuerdo con La Nación, en menos de 7 meses fueron corridos al menos 6 funcionarios de ARCA en Mar del Plata vinculados a esa línea de fiscalización. Entre ellos, jefes con entre 10 y 14 años de antigüedad en sus cargos, mientras el organismo negó la acusación y dijo que desde enero de 2024 había desplazado a 1.883 jefes y que 163 aún no fueron reemplazados.

Rodríguez, según la nota periodística, llegó a ser director de la Regional Mar del Plata de ARCA y luego “asesor mayor”, y fue desplazado y enviado al área de Capacitación por “cuestionar los intentos de frenar las fiscalizaciones” sobre las maniobras en el hotel.