ECONOMIA
Cuánto cobran los empleados de comercio en junio 2026 con el pago del aguinaldo
El mes de junio trae un nuevo ajuste en los salarios de los empleados de comercio, junto con el cobro del medio aguinaldo, lo que impacta de manera directa en el ingreso mensual. La aplicación de la última etapa del acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector representa una actualización clave para quienes trabajan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
El incremento salarial vigente, definido en la negociación paritaria más reciente, contempla una recomposición total del 5% sobre las escalas básicas. Esta mejora se distribuyó de manera escalonada, con una suba del 2% en abril, seguida por dos tramos de 1,5%, uno en mayo y otro en junio. Así, los haberes de este mes reflejan el último tramo acordado, lo que consolida un nuevo piso salarial para todas las categorías del sector.
El acuerdo no solo prevé aumentos porcentuales. Durante el trimestre, los empleados de comercio también acceden a un bono extraordinario total de $120.000. Este monto se compone de una suma fija de $100.000, que se distribuyó en los meses previos, y un adicional de $20.000 que se incorpora en abril, mayo y junio. Según la grilla oficial difundida por FAECYS, los valores salariales para junio ya incluyen estos importes no remunerativos, aunque la liquidación del aguinaldo se realiza de manera independiente.
La liquidación salarial de junio muestra que prácticamente todas las categorías superan el millón de pesos en bruto. La estructura de haberes varía según el puesto y la antigüedad, pero cada categoría recibe los ajustes y adicionales correspondientes. La infografía central de la nota detalla los valores específicos para cada función, permitiendo una consulta rápida y visual de las diferentes escalas.
El Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida entre enero y junio. Esto incluye el sueldo básico, los adicionales, las comisiones, las horas extras y todas las sumas remunerativas habituales. Para quienes no hayan trabajado el semestre completo, el cálculo se realiza de manera proporcional, dividiendo el mejor sueldo del período por 12 y multiplicando ese resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados.
El pago del aguinaldo está regulado por la ley 27.073, que fija como fecha límite para el cobro el 30 de junio. Este año, el plazo máximo recae en martes, pero la normativa otorga a las empresas hasta cuatro días hábiles adicionales para completar la acreditación, lo que puede postergar el pago hasta el lunes 6 de julio. Este margen busca facilitar la gestión administrativa de las liquidaciones.
Además del aumento porcentual y del bono extraordinario, el acuerdo incluye sumas no remunerativas que se incorporan en la liquidación mensual. Estos montos no generan aportes jubilatorios ni contribuciones patronales, pero influyen en el cálculo de conceptos como presentismo, antigüedad, horas extras, vacaciones, indemnizaciones y el propio aguinaldo.
A modo de ejemplo, si un trabajador recibe adicionales por manejo de caja, comisiones o presentismo, estos importes también se suman para determinar el monto final del SAC. Quienes están empleados bajo jornada reducida, horario parcial o presentan ausencias injustificadas perciben los incrementos y sumas adicionales de forma proporcional al tiempo trabajado.
El entendimiento firmado entre FAECYS y las cámaras empresariales incluye una cláusula de revisión salarial para junio. Ambas partes se comprometieron a reunirse durante este mes para analizar la evolución de la inflación y el impacto sobre las escalas salariales. El objetivo declarado consiste en sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida y mantener actualizados los valores en función de las condiciones económicas.
Las sumas no remunerativas acordadas hasta junio se incorporarán al salario básico recién a partir de julio de 2026. Además, el convenio establece un aumento en la contribución patronal destinada a la obra social del sector, que pasó de $8.500 a $28.000 mensuales por cada trabajador comprendido en el convenio.
La negociación incluyó a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales. Todas las actualizaciones y sumas extraordinarias tienen alcance nacional y afectan a los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo mencionado.
El acuerdo garantiza que todos los empleados de comercio registrados accedan en tiempo y forma a los incrementos, bonos y al pago del aguinaldo. Los detalles sobre fechas de pago, montos y condiciones particulares pueden consultarse en los recibos salariales y a través de los canales oficiales del sindicato.
Al recibir la liquidación de junio, es fundamental revisar que se hayan incorporado los ajustes salariales, el bono extraordinario y el monto correspondiente al medio aguinaldo. Las sumas no remunerativas deben figurar de manera diferenciada, ya que impactan en el cálculo del SAC, pero no generan aportes previsionales.
El recibo debe detallar el salario básico actualizado, los adicionales, las sumas fijas y el desglose del SAC, permitiendo así verificar que la liquidación respeta lo acordado en la paritaria vigente. En caso de dudas o diferencias, los trabajadores pueden consultar con su delegación sindical o con el área de recursos humanos de la empresa.
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ECONOMIA
Del phishing al temor por los datos críticos: expresidentes, expertos y funcionarios alertaron sobre los riesgos de los ataques con IA
Desde Cancún, México. La inteligencia artificial redujo los costos y los tiempos necesarios para ejecutar fraudes y ataques digitales, pero también amplió las capacidades de prevención y respuesta de organizaciones y gobiernos, y esas dos velocidades abren un amplio abanico de desafíos a nivel global y económico. Esa tensión concentró buena parte de las discusiones entre expresidentes, especialistas en IA, ejecutivos, funcionarios públicos durante un encuentro especializado en ciberseguridad.
Con la predicción de un jefe de seguridad de Anthropic, quien estimó en más de 10% la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque la extinción humana en la próxima década, como telón de fondo,, el consenso fue que la tecnología acelera amenazas ya conocidas y obliga a revisar con urgencia las estrategias de protección de datos, infraestructura y servicios esenciales. El desafío abarca desde la identificación de vulnerabilidades hasta la definición de controles sobre sistemas automatizados y el intercambio de información ante incidentes.
Durante dos días y en más de 20 paneles, el Digi Americas LATAM CISO Summit, realizado en Cancún, México, reunió a ex jefes de Estado, referentes tecnológicos, jefes de seguridad cibernética y funcionarios públicos para debatir cómo la inteligencia artificial modifica los riesgos digitales y las respuestas de empresas y gobiernos. Entre los temas abordados estuvieron el phishing, la suplantación de identidad, la cadena de suministro, la soberanía digital, la amenaza latente ante los datos críticos de los países y la cooperación internacional.
Frente a esa dinámica, los expositores insistieron en la necesidad de reforzar principios básicos de seguridad: identificar activos críticos, limitar privilegios, clasificar datos, controlar identidades y mantener visibilidad sobre la superficie de ataque. La incorporación de herramientas generativas y de agentes autónomos también abrió interrogantes sobre el acceso a la información, los permisos de cada usuario o sistema y las decisiones que pueden quedar en manos de procesos automatizados.
La cadena de suministro concentró otra parte de las preocupaciones. La dependencia de proveedores, plataformas en la nube, desarrolladores externos y sistemas interconectados amplía los riesgos más allá de los límites de cada organización. Los panelistas plantearon que la evaluación de terceros ya no puede depender solo de certificaciones o auditorías periódicas: requiere monitoreo continuo, identificación de dependencias y planes de contingencia para sostener operaciones ante la caída de un proveedor crítico.
También hubo acuerdo en que la ciberseguridad debe incorporarse desde el diseño de productos, procesos e infraestructura, en lugar de quedar relegada a una instancia posterior. En sectores como finanzas, salud, energía, transporte y administración pública, esa perspectiva se vincula con la resiliencia operativa: preparar a las organizaciones para contener incidentes, recuperar capacidades y garantizar la continuidad de servicios.
La cooperación entre empresas, gobiernos, reguladores y equipos técnicos fue otro de los puntos de acuerdo del evento. Los ataques aprovechan vulnerabilidades compartidas y se desplazan entre países y sectores, por lo que los participantes reclamaron reglas claras, intercambio de información y capacidades técnicas coordinadas. La inteligencia artificial incrementa la velocidad de las amenazas y, según se planteó en los paneles, exige respuestas colectivas que involucren desde los directorios hasta los usuarios finales.
Durante la conferencia se expusieron ejemplos sobre cómo los nuevos modelos de inteligencia artificial reducen el costo y aceleran las modalidades de fraude digital. Se mencionó que, por unos diez dólares, es posible enviar mil correos electrónicos de phishing con redacción convincente y adaptados a distintos idiomas, lo que facilita las campañas de engaño y suplantación de identidad.
También se alertó sobre el uso de herramientas capaces de replicar una voz a partir de apenas 15 segundos de audio. Esa capacidad puede utilizarse para simular llamadas de familiares, directivos o empleados y pedir transferencias de dinero o datos sensibles. Incluso, los especialistas en la materia recomendaron tener una “palabra de seguridad” con las personas allegadas para evitar ser víctimas de un fraude telefónica vía uso de inteligencia artificial.
El modelo de Estonia
Uno de los expositores más destacados fue el expresidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, quien planteó que la discusión sobre la modernización del Estado adquirió otra dimensión ante el avance de la inteligencia artificial, la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros y la creciente exposición a incidentes informáticos. “En esta nueva era, la idea de soberanía digital y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial cambiaron mucho las cosas, incluso respecto de hace un año y medio”, afirmó.
Ilves señaló que la posibilidad de que servicios tecnológicos sean interrumpidos desde Estados Unidos, junto con la expansión de la inteligencia artificial agéntica, modificó el escenario para los gobiernos. “Es un mundo nuevo respecto del que existía hace apenas dos años”, sostuvo, al defender la necesidad de que los países desarrollen infraestructura y capacidades propias.
El ex jefe de Estado también advirtió sobre la necesidad de resguardar la información crítica frente a conflictos, ciberataques y desastres naturales. Recordó que Japón perdió parte de sus registros nacionales tras el accidente nuclear de Fukushima y afirmó que ese antecedente llevó a Estonia a diseñar un sistema de respaldo externo. “No podemos perder nuestros datos nacionales críticos”, resumió.
En ese marco, mencionó la creación de una embajada de datos en Luxemburgo, donde Estonia conserva copias sincronizadas de sus registros esenciales bajo un régimen de extraterritorialidad diplomática. La iniciativa contempla información vinculada con la identidad de los ciudadanos, registros fiscales, datos de salud y otros sistemas estatales.
Respecto de la aplicación de la IA en la administración pública, Ilves indicó que Estonia lanzó este año un programa para incorporar esta tecnología en los distintos sectores del Gobierno y la economía. “Estamos otorgando una identidad propia a todos los agentes. La finalidad es aumentar la rendición de cuentas: saber quién hace qué”, afirmó.
Seguridad digital y economía
Otro de los disertantes principales, el ex presidente de Colombia, Iván Duque, planteó que los riesgos asociados a la inteligencia artificial y los ataques digitales deben abordarse como un problema económico y de seguridad estatal.
“Mi primera preocupación es que debemos entender que la seguridad digital es un asunto macroeconómico. Debemos entender el costo que esto produce a nivel mundial y el daño económico que genera en un país específico”, afirmó.
También alertó sobre el crecimiento de los ataques en la región: “En América Latina, en los últimos cinco años los ciberataques se han más que triplicado o cuadruplicado en distintos países, y la cantidad de personas investigadas o juzgadas ni siquiera está disponible o registrada”.
Duque sostuvo que la respuesta requiere una conducción política centralizada y con capacidad de coordinación entre organismos públicos. “La gobernanza, en mi opinión, tiene que ser de arriba hacia abajo. Necesitamos jefes de Estado que incorporen cerca de sus oficinas a directores de tecnología, como hicimos en Colombia, que creen un marco de gobernanza y alineen a todo el Estado para pensar en seguridad digital”, señaló.
Bajo su perspectiva, la expansión de las amenazas tecnológicas exige que los gobiernos integren la ciberseguridad en sus decisiones de política pública y en la protección de la actividad económica.
La mirada local
En tanto, el director del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) de la Argentina, Ariel Waissbein, planteó que la regulación no puede detener por completo el avance tecnológico. “Por más que exista la legislación, uno no puede impedir ciertas tecnologías, ciertos cambios”, afirmó, al referirse a la IA.
En tal sentido, el funcionario nacional sostuvo que el desafío para los gobiernos consiste en crear condiciones de seguridad para su adopción y en reducir las amenazas sin bloquear la innovación. En ese sentido, consideró que las normas deben tener un alcance amplio y capacidad de adaptación frente a un escenario tecnológico que cambia con rapidez.
Waissbein también puso el foco en la coordinación entre el Estado, las empresas y los organismos internacionales. Señaló que la puesta en práctica de las políticas requiere generar confianza, explicar las amenazas y detectar medidas de aplicación rápida que permitan avanzar en conjunto.
“La cooperación internacional es muy importante”, expresó, porque permite conocer los problemas que enfrentan otros países y las respuestas que desarrollan. A su criterio, esos intercambios facilitan la creación de proyectos específicos para responder a desafíos compartidos.
También participaron senadores y diputados de distintos países de la región como México, Colombia, Brasil y Uruguay, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar los marcos regulatorios para reforzar la ciberseguridad en sus respectivos países.
La predicción fatalista
La IA se colocó en el centro de la agenda mediática internacional en los últimos días luego de las declaraciones de Evan Hubinger, responsable de un equipo de seguridad de Anthropic: “De verdad creemos que la IA podría matar a todos los humanos. Yo calculo más de 10% en la próxima década”.
Hubinger remarcó que la empresa para la que trabaja “todavía no tiene un plan para resolver la alineación de una superinteligencia” y que ni siquiera existe certeza de que pueda desarrollarlo. La alineación refiere a que una inteligencia artificial actúe de acuerdo con los valores de sus creadores.
Los dichos del referente tecnológico resonaron tanto en los paneles como en los pasillos del Digi Americas LATAM CISO Summit. La mayor parte de los participantes le puso paños fríos a la teoría de Hubinger, desechando la idea de que la IA se encuentre “fuera de control”.
“Es un título sensacionalista”, sentenció el ejecutivo de una importante compañía americana de ciberseguridad en diálogo con Infobae. Esa mirada se repitió en buena parte de los jefes de seguridad y funcionarios que participaron del encuentro, aunque otros se mostraron más cautos y no descartaron del todo la posibilidad de una “superinteligencia” capaz de superar ampliamente las capacidades humanas en la mayoría de las tareas cognitivas, como el razonamiento, la investigación científica y la toma de decisiones.
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ECONOMIA
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ECONOMIA
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La Lecap entregada por el BCRA capitaliza a una tasa fija en pesos, mientras que las Letras dollar-linked recibidas siguen el comportamiento de la cotización mayorista
“El Tesoro le dio Letras dollar-linked al BCRA para que pueda seguir teniendo capacidad de intervenir el mercado secundario y controlar el dólar” (Giacoia)
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