La inflación retomó en abril el sendero de la desaceleración y el Gobierno sostuvo una hoja de ruta macroeconómica basada en la reducción del índice de riesgo país, impulsada por la mejora de la nota de la deuda según evaluadoras internacionales; la acumulación de reservas en el Banco Central; el crecimiento de las exportaciones, y la disminución de la deuda pública a partir de la consolidación del superávit fiscal.

Matías Surt, economista y socio director de Invecq Consultora Económica, analizó en diálogo con Infobae el alcance de esas señales y los puntos de tensión que siguieron abiertos, como el caso Adorni, los altibajos de los sectores industriales orientados casi exclusivamente al mercado interno y la evolución del consumo de las familias, en un contexto de expectativas concentradas en el corto plazo.

Surt es máster en Economía (Ucema) y profesor de Macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del CEMA y el Instituto Universitario CIAS. En la entrevista, expuso su visión sobre la coyuntura y las proyecciones inmediatas para la actividad, el consumo y los principales precios de la economía.

— En un proceso de estabilización, ¿una política de ingresos es necesaria o alcanza con orden fiscal y monetario? ¿En qué condiciones funciona y en cuáles fracasa?

— Del estudio teórico y empírico de programas de estabilización se aprende que las políticas de ingreso pueden hacer más eficientes los procesos desinflacionarios. Eficientes en el sentido de ayudar a cambiar expectativas, a quebrar la inercia y, en definitiva, a coordinar mejor la dinámica de precios. Son componentes heterodoxos que, asegurado lo esencial -el núcleo ortodoxo del orden fiscal y monetario-, pueden ayudar a hacer menos costosa la desinflación en tiempo y en pérdida de PBI y empleo.

Ahora bien, de ninguna manera el componente heterodoxo de ingresos puede sustituir al orden fiscal y monetario: hacerlo es una garantía de fracaso y hay muchos antecedentes. Son los experimentos de los “poetas”, como los definió Rüdiger Dornbusch en un paper de referencia sobre el tema. Acá diríamos experimentos de “voluntaristas” que creen que se puede salir de un proceso inflacionario tan arraigado y en aceleración como el que tenía Argentina en 2023 solo con controles de precios y coordinación de salarios, y sin medidas drásticas de orden.

Dicho eso, el programa del Gobierno no tuvo ausencia total de este tipo de componentes heterodoxos, pero quizás no sean completos y con seguridad no se los reconoce ni se los define de esa manera por parte del equipo económico.

El control cambiario y el crawling peg de la primera etapa fue un componente heterodoxo que, junto con la normalización del comercio exterior, tuvo el objetivo de “controlar” indirectamente o disciplinar a una porción importante de la canasta de precios: los transables. Es incompleto porque la mayor proporción de la canasta de consumo son servicios, y ahí el control cambiario y la apertura no son eficientes para disciplinar o coordinar esos precios.

También hubo algún tipo de control de salarios, cuando se topeaban las paritarias para fijar una pauta por debajo del 2% mensual. Y no hay que olvidar la intervención directa sobre las prepagas en abril de 2024. No constituyó una cosa completa y consistente como para llamarla política de ingresos, pero que son componentes heterodoxos, lo son.

Un tema no menor, que creo que generalmente se pasa por alto cuando se habla de incorporar políticas de ingresos o los “pactos sociales”, es que es mucho más difícil hacerlo cuando el problema inflacionario tiene asociado un fenómeno de distorsión de precios relativos. Y ese era el caso de Argentina en noviembre de 2023. No creo que hubiera sido posible o eficiente implementar una política de ingresos cuando todavía no había una estructura de precios relativos que hiciera funcionar correctamente a los mercados.

Y una vez que se la tiene, para que el acuerdo sea duradero tiene que haber un consenso social de que esa es una estructura de precios relativos aceptable, que se puede “congelar” en ese momento. De lo contrario, se romperán los acuerdos al intentar mejorar la posición relativa de cada actor. No es sencillo.

— Si la inflación baja, ¿qué distorsiones de precios relativos quedan más expuestas (tarifas, tipo de cambio, salarios, tasas) y cuál es el principal riesgo de un rebrote?

— El principal riesgo de un rebrote inflacionario es que golpee aún más los ingresos, impidiendo la recuperación del mercado interno que el Gobierno necesita para llegar mejor posicionado a las elecciones del año que viene. No veo riesgos reales de rebrote o espiralización permanente; sí aceleraciones temporales como la que vimos de mayo 2025 a marzo 2026.

Hay distorsiones aún en tarifas de servicios públicos. Hoy hay una porción de la demanda que paga el 100% del costo eléctrico y otra porción (mayoritaria) que paga, en promedio, el 40%; con el gas de red, algunos el 100% y otros el 50%; y el transporte público, en la zona del 30% para todos.

Las tasas activas vinculadas al consumo están muy distorsionadas. Nadie podría decir que tarjetas de crédito a tasas promedio del 90% o los créditos personales al 65% son precios relativos “alineados” o de una macro saneada. Porque, con cualquier expectativa de inflación que tomes, están hablando de tasas reales de entre 30% y 50%. Imposible.

Y sobre el tipo de cambio, el debate es infinito. Yo sigo pensando que este tipo de cambio real (TCR) no es compatible con los niveles de productividad actuales de la economía argentina. Quizás sí con la productividad del futuro, cuando se hayan hecho y madurado todas las reformas que están en agenda o en ejecución. Pero esa será la productividad del futuro y el TCR está hoy. El sector externo está volando, por buenos volúmenes y acelerado por precios internacionales que nos favorecen.

Eso se traduce en una cuenta corriente de la balanza de pagos casi equilibrada, que puede permitir un TCR que está debajo del de equilibrio. Pero los precios son volátiles, y al stock de reservas del BCRA le falta mucho para estar en una posición saludable. Además, el TCR es relevante también como precio relativo de la actividad y, por ende, del equilibrio interno.

—En materia fiscal, ¿la mejora se sostiene por recorte de gasto, por cambios en ingresos o por recuperación de la actividad? ¿Qué dos rubros son decisivos?

—El superávit primario se sostuvo por un control estricto sobre el gasto que, luego de caer 30% real en 2024, no rebotó (a diferencia de lo que pasó el año pasado en las provincias, por ejemplo). Los recursos no están ayudando; de hecho, por eso el superávit primario fue menor en 2025 que en 2024 y para 2026 fue revisado a la baja por el FMI respecto de la proyección original.

Dado un superávit primario más bajo, el financiero también se ajusta, bordeando el equilibrio y yendo a déficit si la deuda con intereses capitalizables se hubiera emitido con cupón. El FMI lo estimó en un déficit de 0,8% del PBI. De todos modos, sigue siendo el pilar del programa y el compromiso del Gobierno es total.

Dicho eso, y pensando en la salud de las finanzas públicas a mediano y largo plazo y en la necesidad de generar espacio fiscal para una reforma tributaria, el gran pendiente es la reforma previsional que comprenda los parámetros fundamentales del sistema: edad, tasa de sustitución, tasa de contribución y ratio de activos aportantes sobre pasivos, en relación al “régimen general” y a los más de 200 “regímenes especiales”.

— ¿Cómo evalúa el esquema cambiario y la estrategia de reservas del Banco Central de la República Argentina?

— El cambio en la estrategia de acumulación de reservas internacionales me parece el giro más importante del programa económico en los últimos meses, y al que le asigno la mayor parte de la baja del índice de riesgo país.

Con respecto al régimen de flotación entre bandas, creo que quedó algo desdibujado, porque hay una sola banda relevante, que es el techo. No hay “bandas”: hay una banda superior; la inferior es irrelevante por el punto de partida y la evolución que se le puso. Y la superior quizás podría estar más alta pensando en el año electoral que viene, para evitar tocarla con tanta facilidad como el año pasado y obligar a la política monetaria nuevamente a sobrerreaccionar con tasa de interés.

— ¿Qué riesgo ve más relevante: atraso cambiario, volatilidad o insuficiencia de reservas?

— El mayor riesgo es político. Si nuevamente, y nada parece indicar lo contrario, el año que viene hay algún grado considerable de probabilidad de que gane un candidato que propone desandar todo lo hecho en este período y volver a un esquema macroeconómico populista, la volatilidad será enorme. Dado ese riesgo, cuanto más bajo sea el nivel del TCR y cuanto más bajas sean las reservas internacionales, mayor será la vulnerabilidad y la volatilidad.

Y obviamente hay un punto en donde todo se hace medio endógeno, porque la magnitud del riesgo político (que tiene existencia y vida propia) no es independiente del desempeño de la economía de acá hasta las elecciones.

— Qué define la fortaleza macro: ¿el valor de la moneda, la acumulación de reservas o el crecimiento del comercio exterior? ¿Cuál priorizaría y por qué?

— Una macro fuerte es una macro que no es vulnerable. Es medio tautológico, pero quiero decir una macro que permite una buena tasa de crecimiento económico con baja inflación, sin acumular desequilibrios fiscales, financieros y externos. Y que el núcleo de esa macro que permite crecer con baja inflación y sin acumular desequilibrios no sea puesto en tela de juicio en cada campaña electoral. No estamos ahí todavía. Ni por los desequilibrios ni por la puesta en tela de juicio de los componentes esenciales.

Necesitaríamos una mejor condición fiscal y haber resuelto el problema de stock del Banco Central de la República Argentina. El BCRA sigue teniendo reservas netas negativas bajo metodología del FMI o apenas positivas contándolas de otra manera. Pero estamos lejísimos de tener el 20% o el 30% del PBI en reservas internacionales como tienen los bancos centrales fuertes de la región.

— ¿Qué debería ocurrir para que el crecimiento de sectores como energía, minería y agro se traduzca en más empleo y mejor ingreso real en el resto de la economía?

— Varias cosas. Primero, tiempo. Son todos sectores que estuvieron subdesarrollados durante muchísimos años, aún la agroindustria que es el corazón competitivo de la economía argentina, pero que no es todo lo que podría ser. Y tienen períodos de planificación, inversión y maduración largos. En la minería es clarísimo, pero en las economías regionales de la agroindustria también: son ciclos largos. Solo se pondrán en marcha a full cuando haya mayor seguridad de que no se volverán a distorsionar sus precios relativos con cierres de exportaciones o encarecimiento de insumos con cepos y brechas; y se haya avanzado en las reformas pro competitividad y en acuerdos comerciales para contar con mercados externos.

Aun así, con el crecimiento de base que podemos descontar, hay un aporte fenomenal de estos sectores a los 47 millones de argentinos, aunque nunca hayan visto ni vean un poroto de soja, cobre o una perforación petrolera. Son todos sectores exportadores, que generan dólares para sostener el salario actual y futuro de toda la economía.

— ¿Cómo cree que serían los salarios hoy, que están golpeados, sin Vaca Muerta, los futuros proyectos mineros o la cosecha de todos los años?

— Seguro que muchas de esas actividades estarían creciendo a una tasa mayor y más rápido con más infraestructura, con políticas de reentrenamiento laboral como las que hace el primer mundo y, en definitiva, con mejores bienes y servicios públicos. Eso quizás es lo que le falta a la política nacional, provincial y local para ayudar a acelerar la transformación estructural.

Y me parece importante bajar a los niveles de gobierno subnacionales porque no todo está en la Nación. A mí me preocupa, por ejemplo, la proliferación de distintas “políticas industriales” en las provincias energéticas y mineras que pueden agravar la heterogeneidad regional de la actividad, poner mayor rigidez al proceso de reconversión de empresas e incrementar costos innecesariamente con las regulaciones de “compre provincial”, “contrate provincial”, etc.

Además, me parecen insólitas en un país federal. ¿Se imaginan a Santa Fe exigiendo que el 70% de la cosecha de soja la hagan empresas santafesinas? ¿O que el 60% del maíz cordobés sea transportado por camioneros cordobeses? En lugar de facilitar que una empresa que puede estar pasándolo mal en algún gran conurbano sea proveedora de los sectores ganadores, las regulaciones provinciales buscan limitarlo.

O los cuellos de botella en servicios públicos para el desarrollo de Añelo, por ejemplo, que tiene una población que crece enormemente año a año, pero la política decide que la coparticipación de ingresos provinciales a los municipios siga haciéndose con los porcentajes de la década del 90. Parece que en lugar de facilitar el derrame y la flexibilidad se buscara llenar de rigideces una transformación virtuosa.

— ¿La mejora de la calificación de la deuda soberana debería impactar en la economía real (tasas de interés, crédito, inversión, empleo)?

— De forma muy indirecta. Es mejor que ocurra, por supuesto, pero no es algo que tenga impacto directo y rápido. Hay otros factores, que mencionamos, que prevalecen. El impacto más claro sería si esta mejora habilita el regreso al mercado internacional y, de esa manera, se conservan en el BCRA las reservas compradas en los últimos meses.

— ¿Qué condición falta para que se vea en la calle?

— Un poco lo que ya charlamos. Tengamos en cuenta que lo que vemos en la calle es un agregado: ahí adentro ya está el efecto positivo de estas cosas buenas. El tema es que los efectos negativos están primando. Sin tirar por la borda el corazón del programa, el Gobierno podría buscar un mejor esquema cambiario, menores tasas de interés activas y algo más de obra pública a través de la aceleración de licitaciones.

— ¿Cómo influye desde ahora la dinámica política y las expectativas electorales hacia 2027 en decisiones de inversión, consumo y dolarización? ¿Qué variable reacciona primero?

— Mal, como comentaba anteriormente. Dado el estado actual, no veo cómo la dinámica política, que comenzará a intensificarse en los próximos meses, no complicará esas decisiones. La única forma posible sería que la elección se dirima entre candidatos que comparten el núcleo del esquema macroeconómico, con matices menores, y que las diferencias fuertes estén en el resto de la agenda política. No es el escenario de base.

— ¿Cuál es su escenario base para 2027 en tres variables: inflación, nivel de actividad y resultado fiscal? ¿Qué supuesto es el más frágil?

— Este año esperamos que cierre con una tasa de inflación del orden del 30%, un crecimiento económico muy dispar con promedio de 2,5% y equilibrio financiero, sin contabilizar los intereses capitalizables. El 2027 es difícil de proyectar por lo político, pero creo que pueden ser posibles algunos puntos menos de inflación (no muchos menos) con una tasa de crecimiento similar. Y el equilibrio financiero el Gobierno lo va a buscar como sea. Quizás la mayor fragilidad esté en la inflación, por la volatilidad cambiaria que puede llegar a haber.

— ¿Qué variable explica más el “bolsillo” en 2027: salario real, empleo registrado, crédito o precios regulados? Ordene esas cuatro por importancia.

— Bueno, por definición “el bolsillo” es el salario real, ¿no? Después está la discusión práctica respecto de cómo medimos el salario real para que refleje fielmente la capacidad de compra de los individuos y ahí entra el debate sobre los ponderadores del IPC. Si medimos la evolución del salario real con los ponderadores de 2004, el último dato disponible muestra un bolsillo del asalariado registrado 5% más bajo que en noviembre 2023.

Si lo medimos con los ponderadores de 2017/2018, que considero más fieles que los de 2004, ese bolsillo en realidad está bastante más flaco: bajó 11%. Para los asalariados públicos esa misma cuenta es menos 17% o menos 22%, y para la media de los jubilados es inferior: 10% entre los que tienen bono y 3% en los que no.

— ¿Qué va a pasar con esas variables de acá a 2027?

— Tiendo a pensar que los privados y públicos encontrarán un piso en estos meses y, con la baja de la inflación que estamos viendo, recuperarán muy lentamente algo de poder adquisitivo: nada espectacular, un cero coma algo por mes. Y eso se puede frenar por la volatilidad nominal electoral.

Los jubilados de la mínima con bonos no van a recuperar porque el bono fijo en $70.000 se sigue licuando. Y el resto tiene, en el mejor de los casos (si la inflación se fuera a 0% mañana), un 5% de recuperación (que es la inflación con lag que reciben de los últimos dos meses). A partir de ahí, nada más, porque la fórmula vigente consiguió topear las jubilaciones en términos reales.

— Si tuviera que elegir dos reformas o decisiones para mejorar crecimiento y empleo en 2027–2028, ¿cuáles serían y cuál es el principal riesgo de implementación?

— Una reforma previsional y tributaria, que idealmente condicione un acompañamiento provincial. El principal riesgo de implementación es la impopularidad que las reformas previsionales suelen tener. Acá, en Uruguay en 2023 o en Francia. Y pensando en la tributaria también: muchos creen que una reforma tributaria implica bajar impuestos y listo, pero dadas las condiciones argentinas es más complejo.

Si queremos tener un buen sistema tributario, hay impuestos que bajar, pero quizás otros que deban subir; hay alícuotas por armonizar, gasto tributario por reducir y evasión por combatir.

Fotos: Maximiliano Luna

El conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja, que parecía dormido desde hace décadas, volvió a la superficie con fuerza esta semana. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para reafirmar el rechazo histórico de su provincia al decreto-ley 18.004, la norma que desde 1968 fija los límites entre ambas jurisdicciones, y para habilitar acciones judiciales que permitan reclamar territorios que hoy están bajo jurisdicción sanjuanina.

La respuesta del lado de la cordillera fue inmediata y contundente: tanto el gobernador Marcelo Orrego como la Cámara Minera de San Juan rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre el impacto que una disputa de ese tipo podría tener sobre las inversiones en curso.

El detonante inmediato de la escalada es el proyecto Vicuña, la sociedad formada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para explotar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en San Juan, pero con parte de su logística dependiente del territorio riojano. Apenas cuatro días antes del anuncio de Quintela, el Gobierno nacional había aprobado el ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, comprometiendo una inversión inicial de USD 9.700 millones con posibilidad de escalar hasta USD 18.000 millones a lo largo de una década. El ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado al emprendimiento como “el mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”.

La aprobación del RIGI otorga a Vicuña beneficios de largo alcance: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por 40 años. Con el conflicto entre La Rioja y San Juan, se enciende la alarma sobre uno de los ejes más sensibles de cualquier inversión: la seguridad jurídica.

El conflicto limítrofe entre ambas provincias tiene raíces en la dictadura. El decreto-ley 18.004, firmado en diciembre de 1968 por el entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía y su ministro del Interior, Guillermo Borda, fijó los límites interprovinciales a partir de un acuerdo suscrito por los interventores militares de la época. La norma es precisa en sus definiciones: establece tramo por tramo la línea divisoria entre ambos territorios y deja en claro, en su artículo primero, que los parajes Ichigualasto y Los Baldecitos “quedarán en la provincia de San Juan”.

Sin embargo, en 1973 la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de ese instrumento. Ese rechazo es el que Quintela busca ratificar y proyectar en nuevas acciones legales.

El proyecto enviado a la Cámara de Diputados riojana faculta a la Fiscalía de Estado a “impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para defender los intereses” de la provincia en las áreas en disputa. Además, crea una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial de carácter permanente, integrada por siete diputados provinciales y miembros consultivos como historiadores, geógrafos y especialistas en minería y cartografía.

La posición riojana sostiene que el acuerdo de 1968 fue perjudicial para sus intereses territoriales y que significó un “despojo” de áreas que hoy tienen enorme valor económico por sus recursos minerales e hídricos. La reactivación del reclamo no es casual: la cordillera sanjuanina se convirtió en los últimos años en uno de los principales polos de desarrollo cuprífero del país, con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y el propio distrito Vicuña.

El conflicto tuvo un episodio concreto en abril, cuando la Justicia riojana suspendió temporalmente las operaciones en territorio de esa provincia y cerró caminos estratégicos, argumentando que Vicuña no había presentado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente ante las autoridades riojanas.

La respuesta del gobernador sanjuanino fue inmediata. A través de su cuenta de X, Orrego descartó cualquier posibilidad de negociación sobre el territorio. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, escribió el mandatario.

Orrego fue más allá y convocó a la unidad política interna ante lo que calificó como una amenaza sobre el patrimonio provincial. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, afirmó.

El argumento jurídico central de San Juan es que la Ley 18.004 no puede ser modificada por una norma provincial. La Constitución Nacional reserva al Congreso la facultad de fijar límites entre provincias, por lo que ninguna legislatura provincial podría alterarlos de manera unilateral. El propio proyecto de Quintela, al mencionar que la Fiscalía de Estado deberá coordinar con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso y recurrir a la Justicia, reconoce implícitamente que el camino no pasa por la sola voluntad de la Legislatura local.

La Cámara Minera de San Juan también tomó posición de manera pública. En un comunicado emitido este viernes, la entidad advirtió sobre los riesgos que genera cualquier cuestionamiento a las condiciones legales vigentes. “La Cámara Minera de San Juan expresa su preocupación hacia las iniciativas orientadas a cuestionar o desconocer situaciones jurídicas e institucionales consolidadas, cuya estabilidad resulta esencial para el desarrollo de inversiones de largo plazo”, señaló el texto.

La entidad recordó que San Juan construyó durante décadas una reputación basada en la previsibilidad institucional y la continuidad de políticas de Estado, y subrayó que ese historial fue lo que permitió atraer inversiones y generar empleo. “La actividad minera requiere reglas claras y seguridad jurídica. Las inversiones que hoy se encuentran en distintas etapas de desarrollo demandan confianza en las instituciones y en la vigencia de los marcos legales que sustentan las decisiones de inversión”, advirtió la Cámara.

El comunicado incluyó además un llamado a priorizar el diálogo por sobre la confrontación política. “En momentos como los que vivimos, es primordial que prime la racionalidad, el diálogo institucional y una visión clara que permita el crecimiento del país. La actividad minera que impulsa nuestra Cámara puede convertirse, dentro de poco, en un gran complejo exportador, generador de empleo y beneficios económicos para toda Argentina. Es una oportunidad histórica que no debe demorarse y empañarse por discusiones de orden político”, concluyó.

La posición de Quintela en este conflicto se produce en un momento de fragilidad fiscal para su provincia. A principios de junio, el propio gobernador reconoció ante Infobae que La Rioja atraviesa dificultades para afrontar el pago de salarios y anunció el retorno de los “chachos”, denominados oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade), cuasimonedas que ya habían sido utilizadas como herramienta de emergencia en el pasado. “Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos”, dijo Quintela. La provincia también solicitó al gobierno nacional un adelanto de $85.000 millones en concepto de coparticipación, sin obtener respuesta hasta el momento.

En esa misma entrevista, Quintela había calificado al RIGI como “una entrega total de nuestros recursos” y se había mostrado crítico de la gestión económica nacional. “Todos los gobernadores nos tendríamos que poner de acuerdo, porque toda la riqueza la producen las provincias”, señaló entonces.

Más allá de los argumentos históricos y jurídicos, el trasfondo económico del conflicto es de primera magnitud. Vicuña proyecta una producción promedio anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata, con exportaciones esperadas de USD 6.000 millones anuales una vez en plena operación, una cifra equivalente a la totalidad de lo que exportó la minería argentina en 2025, cuando el sector marcó un récord de USD 6.037 millones. La etapa de construcción demandará 12.000 puestos de trabajo directos y la fase operativa sostendrá 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con más del 81% de los empleados directos oriundos de San Juan.

La relevancia de la provincia en el mapa minero internacional quedó reflejada en el último ranking del Instituto Fraser, de Canadá, que ubicó a San Juan como el 18° (sobre 68) distritos mineros del mundo, con 76,94 puntos sobre 100, lo que la convierte en la jurisdicción más atractiva de América Latina en minería. El informe también identificó entre las preocupaciones emergentes para San Juan precisamente los “conflictos por reclamos territoriales”, una advertencia que cobra mayor relevancia a la luz de la disputa en curso.

El 63,1% de la flota “potera” que, bajo bandera argentina, pesca calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina (ZEEA) -el área marina hasta 200 millas desde la costa continental conocida como “Mar Argentino”- es propiedad de empresas chinas, precisa un reporte que profundizó y extendió los hallazgos de una investigación internacional realizada en 2024 sobre el dominio chino de los mares del mundo mediante su “flota de aguas distantes”.

Lo novedoso del reporte, titulado “China y el control de la pesca dentro de la ZEE Argentina”, de Milko Schvartzman, investigador en pesca ilegal y conservación marina, en base a observaciones satelitales de Global Fishing Watch y la traducción de documentos del gobierno y provincias chinas, es que precisa que 53 de los 84 buques “poteros” (especializados en la pesca de calamar) que capturan esa especie bajo pabellón nacional dentro del Mar Argentino tienen como dueños o “beneficiarios finales” a empresas chinas y que confirma un secreto a voces del sector pesquero: las empresas “embanderadas” pero propiedad de corporaciones chinas, cuentan con subsidios encubiertos de Beijing, lo que les otorga ventaja en sus ventas al gigante asiático en un claro caso de competencia desleal.

Debe tenerse en cuenta que China es el principal consumidor e importador mundial de calamar y que en abril la venta de “calamares y potas” explicó el 12% de las exportaciones argentinas a China, casi igualando el porcentaje de las de carne vacuna (13%).

El calamar es la especie más buscada por la flota china, en particular en el “agujero azul” del Mar Argentino. Por ser una especie fotosensible, la flota china la pesca de noche. De ahí la luminosidad nocturna en la “Milla 201″, tan notable que fue captada desde la luna por fotos de la Mision Artemis II.

Schvartzman agrega que más de la mitad de la flota de pesca de calamar argentina se encuentra bajo el control de cinco corporaciones de pesca del gigante asiático: Shanghai Fisheries Group Co. Ltd. (estado provincial), Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., Qingdao Haoyang Ocean Fishery Co. Ltd., Dalian Huafeng Aquatic Products Co. Ltd. y China National Fisheries Corporation (CNFC) que gozan de subsidios encubiertos del Estado chino.

El reporte muestra que, según la norma 260/200017 de la Administración General de Aduanas y el Ministerio de Agricultura de China, los productos capturados por empresas pesqueras chinas en aguas extranjeras se consideran “productos nacionales” y están exentos del pago de aranceles al ingresar a China.

En 2019 la Oficina de Desarrollo Oceánico de Weihai, provincia de Shandong, mencionaba textualmente que en los últimos años el número de embarcaciones pesqueras que faenan en alta mar en el Atlántico Sudoccidental ha seguido aumentando y la producción de calamar ha seguido disminuyendo, pero existen abundantes recursos pesqueros en la Zona Económica Exclusiva Argentina de 200 millas náuticas. (…) bajo la modalidad de pesca cooperativa, y se ha explorado con éxito una nueva modalidad de cooperación en la pesca del calamar en aguas lejanas.

Otra nota, en el sitio oficial del gobierno de Rongcheng, afirma: “este año, Bodelong Group Co. Ltd. adquirió la empresa argentina Patagonia Fishing S.A., que Bodelong poseía el 95% de las acciones y que gracias a eso es la primera vez que los pesqueros de nuestra provincia ingresan a las aguas de las 200 millas náuticas de Argentina en la modalidad de pesca cooperativa, y exploran con éxito un nuevo esquema de cooperación en la pesca de calamar”.

Según Schvartzman, la apropiación del caladero de pesca argentino ha sido parte de un plan estratégico, que para la normativa china las embarcaciones continúan bajo nacionalidad china, su ingreso al caladero de Argentina es una autorización derivada de un acuerdo de cooperación y los productos capturados dentro de la ZEE Argentina son productos de origen chino.

Se trata, afirma, de competencia desigual y asimetría de mercado, teniendo en cuenta que más del 95% de la captura de pesca argentina se destina a la exportación. En 1997 el Ministerio de Finanzas chino dictó la norma 64/199720, que excluye del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos pesqueros obtenidos en alta mar o por la flota pesquera que opere dentro de la jurisdicción marítima de otro país y cuyo beneficiario final esté registrado en China.

Así, los productos acuáticos (y sus procesados) capturados por pesqueras chinas en alta mar o en aguas extranjeras de conformidad con los acuerdos pertinentes y devueltos a China para su venta se consideran productos nacionales y están exentos de derechos de importación e impuesto al valor agregado relacionado con la importación.

Muestra el reporte, en el Informe Financiero de 2023 de la empresa Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., que posee subsidiarias en Argentina y Kiribati, opera embarcaciones de bandera argentina, se resalta la ventaja arancelaria de sus operaciones en Argentina.

Durante los últimos 20 años, las empresas pesqueras de capitales chinos que operan en Argentina bajo una filial local y a través de embarcaciones con bandera argentina y bajo normas argentinas han estado enviando sus productos pesqueros a China exentas de impuestos aduaneros e IVA, mientras que las empresas registradas en Argentina y con embarcaciones bajo pabellón argentino pero cuyo capital controlante pertenecía a entidades locales o de otra nacionalidad han pagado estos impuestos para ingresar sus productos a China, principal destino de las exportaciones pesqueras argentinas.

“Para Argentina, el calamar es biológicamente argentino, legalmente extraído bajo permiso o cuota argentina y exportado desde puertos de Argentina, pero fiscalmente entra a las plantas de procesamiento de China como si hubiese sido pescado por un barco bajo bandera de China, en alta mar. Para la normativa de China, la pesca dentro de la ZEE de Argentina no es ‘importada’, es propia, y los productos capturados dentro del Mar Argentino son productos nacionales chinos. El arancel que aplica China a la importación de calamar congelado es del 12%, al que se le suma el IVA de importación de un 9 por ciento.

Se configura así una ventaja económica de un 21% para exportar a China, desde donde a su vez se los vende a otros mercados, donde, luego de procesamiento en China, nuevamente compite con productos argentinos”.

Subraya el autor, “las empresas pesqueras radicadas en Argentina bajo control de capitales argentinos u otra nacionalidad deben competir varias veces con un producto capturado en el mismo caladero pero subsidiado por China: por un lado dentro del marco de costos nacionales, por otro lado ante el principal mercado de exportación, y luego en otros mercados internacionales”.

Esta competencia desigual perjudica a las empresas de capitales nacionales argentinos y de otros países que mantienen filiales radicadas en Argentina, como pesqueras de capitales de Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Noruega que han invertido en Argentina y deben competir bajo asimetrías de mercado con las empresas chinas radicadas en el país.

Este tipo de exención, enfatiza, “es un subsidio con el cual se benefició la competencia desleal dentro del mercado argentino y afecta de manera ilegítima la competencia en el comercio internacional de productos pesqueros. Teniendo en cuenta que el calamar (Illex argentinus) es la segunda especie por volumen de captura global, el impacto en el comercio mundial es significativo”. De hecho, facilita a las empresas chinas desplazar a las empresas de capitales nacionales y de terceros países del Mar Argentino “en un proceso de completa extranjerización a manos de capitales estatales y privados de China”.

Para dimensionar el subsidio encubierto, Milsko Schvartzman precisa que durante 2025 Argentina exportó calamar por 193.385 toneladas y un monto de USD 550 millones. China fue el principal destino, con 124.037 toneladas por USD 337 millones. En base a los datos de captura por embarcación de enero a abril de este año y asumiendo que las de bandera argentina pero propiedad china capturaron en proporción a su número de buques sobre el total de la flota y cuota de las ventas a China, eso implica ventas por USD 216 millones. Sobre esa cifra, una ventaja o subsidio encubierto del 21% (exención de tasas aduaneras e IVA) resulta en un beneficio “extra” de USD 45 millones respecto de sus competidores locales.

“Esta ventaja económica implica una distorsión de mercado que hace imposible la competencia legítima, inclinando la balanza y permitiendo a los capitales chinos tener un excedente que les permite absorber los altos costos operativos de los puertos argentinos (combustible, estiba, salarios gremiales, etc.) e incluso los impositivos (nacionales, provinciales y municipales), además de las retenciones (derechos de exportación) que fija la legislación argentina, costos que para un armador local independiente son determinantes”, dice el estudio.

De cara al futuro, nota el investigador, lo crucial es que con ese beneficio extra de USD 45 millones cada año las corporaciones estatales y privadas chinas “abanderadas” con pabellón argentino pueden seguir adquiriendo empresas argentinas, financiando la expansión de su flota abanderada dentro de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina (ZEEA). Un buque congelador potero como los que operan en el Mar Argentino puede tener un precio de mercado de entre USD 3 y 6 millones, dependiendo de su estado, características y antigüedad.

Si se toma un valor medio de USD 4,5 millones, el subsidio del Estado chino a sus empresas basadas en Argentina permite comprar unas 10 embarcaciones industriales congeladoras por año. “Con este nivel de subsidio estatal, las empresas chinas necesitarán tan solo de 2 a 3 años para terminar de adquirir la totalidad de la flota de calamar nacional. Es imposible para los armadores locales competir con una diferencia de costos de más del 20%. De seguir el proceso de adquisición de la industria de pesca nacional argentina a través de subsidios del Estado chino, en menos de una década, la totalidad de la flota pesquera de Argentina estará en manos de China”, alerta el informe.

Además de los efectos económicos del estatus “cooperativo” de pesca china en Mar Argentino, el reporte también destaca que al menos el 15,5% de los beneficiarios finales/controlantes de la flota está vinculado a la pesca ilegal, algo que viola la Ley Federal de Pesca. Solo en 2025 y lo que va de 2026 ocurrieron al menos cuatro casos de embarcaciones bajo control de corporaciones de pesca chinas que realizaron pesca ilegal dentro de la ZEEA, en algunos casos bajo banderas de “conveniencia”, como la de Vanuatu, que ante esa información retiró el uso de su bandera a empresas chinas que operan en la Milla 201 y rápidamente se “reembanderaron” con pabellón de Tanzania.

“Si bien los pesqueros ilegales chinos fueron detectados y sancionados, no se ha realizado ningún tipo de protesta diplomática ante el Estado asiático, ni se ha investigado a los beneficiarios finales de estas embarcaciones para verificar que no estuvieran operando dentro de la ZEE de Argentina con permisos de pesca nacionales”, resalta Schvartzman.

El informe también documenta el fraude laboral mediante tripulaciones encubiertas y el fenómeno de “lavado biológico” en plantas de procesamiento en tierra, donde la captura regulada, legal, argentina es mezclada con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) procedente de la “Milla 201”, vulnerando la trazabilidad internacional y exponiendo a todo el sector pesquero argentino al riesgo de sanciones comerciales.

El informe reseña que en 2006 el Consejo Federal Pesquero rechazó el pedido de otorgamiento de licencia de pesca a la China National Fisheries Corporation (CNFC), subordinada al Ministerio de Agricultura de China y vinculada directamente a las estructuras de control del Partido Comunista Chino, porque en marzo de 2005 la Prefectura Naval Argentina había capturado a un pesquero de su propiedad (Zhong Yuan Yu 1) realizando pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.

Sin embargo, en 2013, luego de la firma de un “Acuerdo Estratégico” con China, se dejó de exigir a los solicitantes el detalle de estructura societaria y vínculos corporativos y se olvidaron los antecedentes de pesca ilegal, otorgándole licencia para pescar en el Mar Argentino a los buques Ming Wang y Ming Yuan que habían sido rechazados ocho años antes debido a sus vínculos con la CNFC y la pesca ilegal en el Mar Argentino. Y la mala conducta continuó: en 2016 un buque (Lu Yan Yuan Yu 010) de la misma empresa, pero no autorizado a pescar en la ZEEA, fue detectado, intentó huir y fue finalmente hundido. Los tripulantes fueron auxiliados por la misma PNA y por los buques Zhong Yuan Yu 11 y Lu Yan Yuan Yu 016, de la misma CNFC, que también hacían pesca ilegal y tenían antecedentes de piratería pesquera (bajo bandera de Ghana), lo que no impidió que fueran visitados por el entonces embajador de China en la Argentina, en Puerto Madryn, donde fueron retenidos por un tiempo.

“Las tres embarcaciones pertenecían a empresas del mismo grupo corporativo estatal chino. El Lu Yan Yuan Yu 010 era propiedad de Shandong Yantai Marine Fisheries Co.; el Lu Yan Yuan Yu 016 pertenecía a China Yantai Marine Fisheries Co.; y el Zhong Yuan Yu 11 pertenecía a Zhong Yu Global Seafood. Todas subsidiarias de CNFC”, dice el reporte.

Otro caso notable es el de Shanghai Fishery Group (SFG), cuyos barcos Huali 8 (detenido mucho tiempo después en Indonesia), Hu Shun Yu 6, Hu Shun Yu 7 y Hu Shun Yu 8 hicieron pesca ilegal, pese a lo cual en enero de 2024 el actual gobierno argentino les permitió incorporar a su flota esos tres barcos para pescar en la ZEEA.

Otro aspecto controvertido del accionar de las pesqueras de propiedad final china pero “abanderadas” con pabellón argentino y que actúan en la ZEEA es lo que el informe llama “fraude operacional”, por falta de control sobre las tripulaciones. “Mediante una maniobra sistemática, estas empresas utilizan capitanes y oficiales de nacionalidad china en violación directa de la normativa nacional, la cual prohíbe estrictamente que ciudadanos extranjeros ocupen cargos de jerarquía en la flota local. Este fraude se ejecuta mediante la figura del personal ‘de firma’: se embarcan capitanes y oficiales argentinos que, en la práctica, viajan simplemente como pasajeros y perciben un salario sin prestar el servicio real. Su función es figurar como tripulación al mando para dar una fachada de legalidad. Una vez que la embarcación zarpa, el control real del barco es asumido por los ciudadanos chinos”, explica el reporte.

Como evidencia, el informe muestra el listado embarcado en un buque de Fenix International, filial local de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., que opera en el Mar Argentino. La lista incluye siete tripulantes chinos, todos con el mismo domicilio, Lima 355, a su vez sede en CABA de cinco pesqueras chinas, dijo Schvartzman a Infobae.

“Esto no ocurre en otros países, pasa aquí por falta de transparencia y de exigencia de información sobre el beneficiario final (propiedad corporativa) y laxitud de otorgamiento de permisos de pesca”, subrayó el investigador.

Otro perjuicio al sector pesquero local es que, al mezclar en las plantas de procesamiento chino las capturas en aguas internacionales con las realizadas por firmas chinas dentro del Mar Argentino del “Illex argentinus”, una denominación reconocida internacionalmente, se pierde la trazabilidad del producto y se compromete el prestigio de la denominación.

“Para un inspector de sanidad o un departamento de compras de un supermercado en España, Italia o Estados Unidos resulta técnicamente imposible descifrar qué porcentaje del calamar Illex argentinus fue pescado bajo las normas y controles, laborales, sanitarios y ambientales (vedas, cuotas y artes de pesca sustentables) de la Argentina, y qué porcentaje proviene de los buques que operan de manera depredatoria y con denuncias de abusos a los derechos humanos en la Milla 201. El calamar de la ZEE Argentina es utilizado en la práctica para blanquear los estándares del calamar obtenido mediante pesca Indnr”, describe el documento.

“En los últimos años se han documentado casos de abuso laboral, trata de personas a bordo de la flota de pesca de aguas distantes que opera en el Océano Atlántico Sur, especialmente la flota de bandera china”, dice el informe, que cita incidentes de muerte a bordo debido a maltratos, malnutrición o falta de tratamiento de enfermedades. “Si bien dentro de la ZEE de Argentina existen normativas y ciertos controles sobre el cumplimiento de los derechos laborales a bordo, la flota nacional no queda exenta de casos de violación a los Derechos Humanos”, dice un pasaje, y cita dos casos al respecto:

La muerte en 2021 del Jefe de Máquinas del potero Xin Shi Ji 89 (de Fenix International, la ya citada filial local de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd.), Manuel Quiquinte, quien falleció por Covid a bordo del buque luego de que el capitán (o las autoridades en tierra de la empresa) no autorizaran su traslado a puerto para ser tratado. El capitán fue imputado por abandono de persona.

La denuncia por abusos y puesta en riesgo de vida humana en alta mar de dos tripulantes argentinos del buque Xin Shi Ji 28, de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., luego de que uno de ellos grabó con su celular el riesgoso traslado de un compañero enfermo en un cestillo hacia otro barco de la misma empresa, el Xin Shi Ji 91. Así lo describe el informe: “En una filmación de la maniobra, se muestra cómo el trabajador se golpea violentamente contra el casco de la embarcación. Tras la difusión del material, un oficial del buque confrontó a los marineros exigiéndoles borrar el video bajo amenazas de “graves consecuencias” a bordo y de impedirles volver a embarcar en el futuro. Los tripulantes cuestionaron que la empresa priorizó el ahorro de combustible y costos operativos por sobre la salud de un trabajador. Ante la situación, la madre de uno de los afectados radicó denuncia ante Prefectura Naval y el SOMU Puerto Madryn intervino presentando una denuncia formal contra el capitán del Xin Shi Ji 28 por amenazas y hostigamiento”.

La investigación subraya que la falta de controles, de transparencia y trazabilidad y la laxa aplicación de la Ley Federal de Pesca han permitido la competencia ilegítima, el fraude pesquero, abusos a tripulantes y que empresas chinas dueñas de embarcaciones con antecedentes de pesca ilegal operen en el Mar Argentino al punto de detentar hoy casi dos tercios de la flota pesquera de calamar nacional, gozando además de subsidios encubiertos de Beijing. “De continuar esta situación, en unos pocos años, el total de la flota pesquera en aguas nacionales será de capitales y control chinos”, advierte.

Al abrir el Gobierno, a través del Consejo Pesquero, la ampliación de licencias de pesca de calamar para 18 nuevas embarcaciones (a sumarse a las 84 existentes), si bien entre los requisitos se excluye a empresas con estructuras de capitales estatales, el proceso de licitación no incluye la exigencia de que los postulantes informen su estructura de capital y beneficiarios finales, el mismo error que permitió a las empresas chinas adueñarse ya de dos tercios del caladero nacional.

“De no corregirse la metodología de esta nueva licitación sobre el caladero argentino, no servirá más que para entregar lo último que queda de la captura de calamar dentro de la ZEE (Illex argentinus) a la flota de pesca INDNR de la ‘Milla 201’”, dice tersamente el informe.