POLITICA
Narcojuez: el contador que compartían un magistrado federal y un jefe narco aceptó ser arrepentido y hundió a Bailaque
ROSARIO.– La audiencia en la que se define si el exjuez federal Marcelo Bailaque va a juicio oral por connivencia con el narcotráfico empezó con una bomba. Gabriel Mizzau, el contador que trabajaba para las empresas del narcotraficante Esteban Alvarado y que al mismo tiempo le manejaba las cuentas personales al magistrado que debía investigar al jefe criminal, aceptó una condena y se presentó como imputado colaborador.
Es el tercer arrepentido que hunde a Bailaque. Mizzau va a revelar, en teoría, cómo creció a nivel patrimonial el exmagistrado, que está actualmente detenido en su domicilio.
La novedad produjo conmoción dentro y fuera de la sala de la Cámara Federal de Rosario, donde el vocal Aníbal Pineda presidía el acto. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, reveló que Mizzau había suscripto horas antes un acuerdo pleno en el que reconoce su culpabilidad, con pena definida y a homologar más adelante, además de un convenio de colaboración como imputado en el marco del artículo 41 ter del Código Penal, que admite el aporte de información relevante a cambio de una reducción de la pena.
Esta causa se originó después de que revelara el 11 de junio de 2024 que Bailaque compartía contador con el jefe narco que debía investigar, y que, además, el hijo de Mizzau había ingresado a trabajar en el juzgado federal N°4, a cargo de este exmagistrado, que tenía a su cargo una pesquisa por lavado de dinero contra Alvarado. Esta revelación provocó que los fiscales empezaran a investigar a Bailaque.
“Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica”, aseguró Iglesias. La audiencia de control de acusación contra Mizzau, en consecuencia, fue declarada abstracta: ya no tiene sentido discutir si hay mérito para ir a juicio cuando el propio acusado admitió su responsabilidad.
Mizzau estaba acusado de lavado de activos por haber prestado asesoramiento contable al entramado societario que montó Alvarado desde 2014 en adelante. Las empresas Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra funcionaban como pantallas del narco. Con esas empresas legales, el jefe criminal pretendía blanquear su economía. Acumuló una fortuna a partir de que Bailaque, en la justicia federal, no lo investigaba. La primer condena contra Alvarado fue en el fuero provincial, luego de que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery reseñaran toda la red de violencia y de distribución de droga que tenía montada Alvarado desde hacía más de una década.
Mizzau firmó los balances, gestionó habilitaciones municipales y nunca hizo reportes de operaciones sospechosas. Todo eso, mientras le llevaba al mismo tiempo las cuentas al juez que tenía en sus manos la causa contra Alvarado. En la nota publicada por en 2024, Bailaque reconoció que Mizzau era su contador, pero que desconocía que asesorara a la par al narcotraficante.
A partir de esa publicación, la situación de Bailaque comenzó a desmoronarse. El Consejo de la Magistratura, que ya había abierto un sumario disciplinario en abril de 2024, aceleró la investigación. En paralelo, los fiscales federales avanzaron con las imputaciones. En noviembre de ese año se formalizó la investigación penal. El 30 de abril de 2025, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz le dictó la prisión preventiva por 90 días, con la salvedad de que no podía hacerse efectiva mientras conservara los fueros.
Bailaque fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Acorralado, el exmagistrado presentó su renuncia en junio de 2025. El gobierno de Javier Milei la aceptó el 30 de ese mes. A partir del 1° de julio, Bailaque quedó detenido en su domicilio.
Mizzau no es el primero en quebrarse. Antes lo hizo Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, que en marzo de 2025 se presentó como arrepentido y admitió que en una cena en el quincho de Bailaque se había planificado el armado de una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias. El objetivo era extorsionarlo: Iglesias terminó pagando 140.000 de los 200.000 dólares que le exigían, en reuniones con el financista Fernando Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
También Whpei, titular del Grupo Unión y otro de los amigos del exjuez, se plegó a la figura de colaborador. Sus revelaciones comprometen a Bailaque en el manejo irregular de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, donde el magistrado permitió el giro de más de mil millones de pesos hacia una mutual controlada por Whpei, en lugar de una entidad regulada por el Banco Central.
Con tres arrepentidos que declaran en su contra −Vaudagna, Whpei y ahora Mizzau−, el cerco sobre Bailaque se cierra. Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron en febrero de 2026 tres acusaciones formales y solicitaron una pena de 10 años de prisión, cinco de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco de inhabilitación absoluta y multas. En el escrito, que supera las 200 páginas, los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron las conductas atribuidas a Bailaque como “un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El capítulo más grave de la acusación contra Bailaque se vincula con su actuación en la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó informes que señalaban al narco y a su socio Luis Medina, que fue asesinado en diciembre de ese año. El entonces fiscal Marcelo Di Giovanni pidió intervenciones telefónicas. Bailaque las rechazó o las demoró hasta once meses. Esa pasividad fue clave para que Alvarado consolidara su poder criminal. En esos nueve años en que la Justicia federal no avanzó contra él, Alvarado acumuló una fortuna, controló el negocio del narcotráfico en Rosario y dejó un tendal de asesinatos.
Recién en 2019, cuando Alvarado ya había sido detenido por fiscales del fuero provincial y su carrera criminal estaba en ruinas, Bailaque lo procesó. Fue condenado a prisión perpetua por la justicia provincial y a 15 años por el fuero federal.
La decisión de Mizzau de colaborar con la Justicia aporta, según indicaron los fiscales, información patrimonial que permite avanzar en causas conexas. El hombre que durante años operó en la zona gris donde convergían la justicia y el narcotráfico ahora habla. Lo que diga tiene el potencial de revelar ramificaciones que exceden la figura de Bailaque e iluminan un sistema de funcionamiento que contaminó durante años a la justicia federal de Rosario.
El juicio oral, que los fiscales esperaban que comenzara en el primer semestre de 2026, es ahora inminente. Bailaque sigue detenido en su domicilio. La causa que empezó con la revelación de un vínculo contable entre un juez y un narco terminó exponiendo una trama de corrupción judicial sin precedentes en la historia de Rosario.
11 de junio de 2024,Germán de los Santos,Rosario,Justicia Federal,Narcotráfico,Conforme a,Rosario,,Como Notre Dame y el Coliseo Romano. Aplican el mismo sistema de restauración que se usó en en Europa para un monumento del país: cuál es,,Todo un éxito. Furor por el menú patrio del papá de Mauro Icardi: cocinó junto a Wanda Nara y agotó stock en tiempo récord,,»Lo necesito, trabajo mucho». Un intendente de Santa Fe se pidió licencia para ir al Mundial
POLITICA
La Justicia ordenó que Cristina Kirchner continúe cobrando su pensión de más de $15 millones mensuales por viudez
Cristina Kirchner volverá a cobrar desde agosto la pensión por viudez, por un monto de $15.683.154,06 brutos mensuales tras la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Socialque ordenó pagarle el beneficio a pesar de estar condenada en la causa Vialidad.
Así lo notificó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la Justicia. El organismo adelantó que procederá al pago para cumplir con la sentencia, aunque continuará cuestionando la decisión en instancias superiores.
La prestación corresponde a una de las dos asignaciones reguladas por la ley 24.018, derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, que habían sido dadas de baja en noviembre de 2024 tras la condena. La otra asignación, la correspondiente a su condición de expresidenta, permanece suspendida en virtud de esa misma sentencia.
En febrero pasado, la Cámara, integrada por Sebastián Russo y Juan Fantini, hizo lugar al pedido de restitución provisoria formulado por la expresidenta, tras revocar la decisión de primera instancia de la jueza Karina Alonso Candis, quien había denegado la medida cautelar.
Los camaristas consideraron aspectos de carácter alimentario para habilitar el pago mientras se resuelve el fondo de la demanda iniciada por CFK contra la resolución que dispuso las bajas.
Según la notificación enviada por la ANSES a la justicia previsional, el organismo procederá al restablecimiento del beneficio identificado con el número 47-6-8085213-0 a partir de agosto de 2026. Del monto bruto se descontarán los conceptos correspondientes a obra social e impuesto a las ganancias.
La prestación no incluye el adicional por zona austral que la expresidenta percibía hasta 2024, cuando declaraba domicilio en Santa Cruz pese a residir en la Ciudad de Buenos Aires.
Para acceder al pago provisorio, Cristina Kirchner prestó una caución juratoria, comprometiéndose a reparar el eventual daño al patrimonio público si la sentencia definitiva le resultara desfavorable. La ANSES había solicitado una caución real como condición para liquidar el beneficio, pero la justicia consideró cumplido el requisito con la garantía juratoria.
La batalla judicial por la pensión
La condena en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2024, la ANSES —dependiente del Ministerio de Capital Humano— dispuso la baja de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.
La expresidenta promovió una acción judicial de nulidad contra esa resolución administrativa y solicitó la cautelar que finalmente le fue concedida.
Tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recursos y, tras la denegación del recurso extraordinario, presentaron queja ante la Corte Suprema.
Días atrás, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen donde consideró que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa.
Para el representante del MPF, la Corte debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas precautorias no definitivas y declarar la inadmisibilidad de la orden de pago. “Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar”, señaló al respecto.
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Permitir que la expresidenta continúe con “el cobro de la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional”, destacó Casal.
En esa línea, el procurador recordó que la condena penal firme dictada “implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar“.
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POLITICA
Los gremios docentes aceptaron la oferta salarial de Axel Kicillof y se destraba el conflicto en Buenos Aires
LA PLATA.- Los docentes de la provincia de Buenos Aires aceptaron hoy la propuesta de suba salarial del gobierno bonaerense y se destraba el conflicto con el gobierno de Axel Kicillof, que este año ya enfrentó dos jornadas de paro.
La propuesta de una suba escalonada del 5% en julio, más un 2% en agosto fue aceptada por los congresos de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que son mayoría en el Frente de Unidad Docente.
Suteba endureció su posición con el gobierno de Kicillof tras el reemplazo de Roberto Baradel por María Laura Torres como secretaria general. De modo que la aceptación de la propuesta salarial es un alivio para la gestión peronista de esta provincia.
Los docentes de este territorio suman 354.000 y son más de la mitad del total de los trabajadores públicos bonaerenses, que suman 530.000
Esta paritaria marca, en general, el ritmo del resto de las negociaciones gremiales.
La misma propuesta de los docentes se realizó a la Asociación de Trabajadores del Estado para los empleados enrolados en la ley 10.430 que rige a los empleados administrativos. Estos trabajadores también aceptaron un alza escalonada en dos meses.
Los empleados judiciales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense acordaron una suba con el gobierno para el primer trimestre y ahora esperan que se cierre una oferta para el segundo trimestre, al igual que los trabajadores de la sanidad.
Estos gremios serían convocados la semana que viene a negociar con el ministro de Economía de Buenos Aires, Pablo López.
La aceptación de la propuesta por parte de los docentes despeja la tensión con los gremios que han sido la mayor base de sustentación del gobierno de Kicillof desde que llegó al poder en 2019.
“Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales”, remarcó López, funcionario de Kicillof.
El titular de la cartera económica dijo que valoran la labor de aquellos trabajadores que “garantizan la seguridad, la educación, la salud y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee” a los ciudadanos. Por esa razón, dijo López, el Ejecutivo bonaerense hizo “un enorme esfuerzo en materia salarial”.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, afirmó: “Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales”.
Enseguida agregó: “Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos”.
Los acuerdos también incluyen, en el caso docente, la incorporación de una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial. Adicionalmente, el gobierno de Kicillof anunció que se creará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.
En el caso de la Ley 10.430, el acuerdo contempla también el pase a planta permanente para el personal ingresado entre 2024 y 2025, la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa, entre otros temas.
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Con Karina Milei a la cabeza, la nueva mesa política se reunió en Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa
“Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. ¿Quiere hablar de la política? Hable con mi hermana. Hable con la mesa política, con los que están remando en ese barco“, sostuvo esta mañana el presidente Javier Milei cuando le preguntaron respecto al armado electoral de La Libertad Avanza. Horas más tarde, el selecto grupo se reunió en las oficinas del Ministerio del Interior, ubicadas en la planta baja de Casa Rosada, para ordenó la agenda legislativa que iniciará con el tratamiento de las modificaciones en el proyecto de Inocencia Fiscal.
Una fuente asistente reveló a Infobae que el oficialismo intentará discutir la normativa la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Se trató del primer encuentro de Diego Santilli en calidad de jefe de Gabinete, ya que hasta entonces había participado como titular de la cartera del Interior. Además, fue el debut del flamante secretario de Comunicación, Fabián Fernández, que participará por primera vez desde su designación.
El Gobierno trabaja en ajustar la hoja de ruta de las prioridades que contempla la reforma electoral, las modificaciones del régimen de zonas frías y los cambios en el articulado de Inocencia Fiscal. Lo hacen en pleno Mundial y en la antesala del receso invernal del Congreso.
Tras la salida de Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, logró sobreponerse al golpe, ordenar las piezas y ampliar su poder interno con el empoderamiento de Ignacio Devitt, el ascenso de Santilli y la incorporación de Fabián Fernández.
Si bien el intercambio estuvo previsto para las 17, la administración libertaria logró anticiparlo y se reunió dos horas y media, desde las 14, bajo la conducción de Karina Milei. Participaron Santilli, Fernández; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
En la previa a la reunión, un miembro del círculo contó ante este medio, el complejo escenario que supone la reforma electoral, en particular la idea de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en función de los acuerdos con los aliados.
Entre “colectoras” y advertencias a los gobernadores, en el oficialismo reina la incertidumbre respecto a los apoyos con los que cuentan para la sanción de la normativa. “Hay tiempo. Hasta diciembre tenemos margen”, planteó un importante funcionario involucrado en el tema.
No obstante, algunos interlocutores violetas anticiparon ante este medio que la estrategia electoral se instrumentará en función de los apoyos legislativos. Aún con el cronograma por definir, el mensaje es claro: los aliados que no estén dispuestos a acompañar “no serán tenidos en cuenta para el armado”.
“Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran”, planteó una fuente violeta. “Los acuerdos y la reforma están ligados. Naturalmente son temas que van de la mano en muchos casos”, coincidió otra voz del Poder Ejecutivo.
Todos los alfiles están comprometidos con la tarea, pero son Santilli y “Lule” Menem los que tienen a cargo las negociaciones con los gobernadores para destrabar el objetivo. Esta tarde, escoltarán al mandatario a la provincia de Tucumán para participar de la vigilia del Día de la Independencia.
Como contó este medio, serán de la partida más de una docena de mandatarios provinciales y se evalúa un potencial encuentro exprés en la previa a la ceremonia conmemorativa. Confirmaron asistencia Osvaldo Jaldo (Tucumán); Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco) y Elias Suárez (Santiago del Estero).
Se espera además una fuerte presencia de ministros y legisladores libertarios, a excepción de la senadora Patricia Bullrich, quien fue invitada, pero por motivos personales no asistirá.
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