POLITICA
El Gobierno quiere eliminar la ley de Etiquetado Frontal: los motivos
Tras anotarse un triunfo en la Cámara de Diputados con la media sanción de la Ley “Hojarasca”, el gobierno de Javier Milei prepara cambios en la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Etiquetado Frontal. En el Congreso, legisladores oficialistas ya presentaron un proyecto para avanzar con su derogación.
La normativa vigente, sancionada en 2021, establece que todos los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan exceso de determinados nutrientes críticos (sodio, azúcares, grasas y calorías) deberán exhibir en su envase un rótulo -en forma de octógono negro-, que advierta sobre la abundancia de estos componentes. El texto sancionado toma como referencia los valores nutricionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además, obliga a las empresas a rotular con una etiqueta rectangular los envases de productos que contengan cafeína o edulcorante para desalentar su consumo en niños. De igual modo, para preservar la salud de los menores, la ley prohíbe que los productos con uno o más sellos muestren publicidad infantil (ya sean dibujos animados o promesas de regalos) y limita su venta en establecimientos educativos.
Ahora, el gobierno de Milei busca modificar la norma. Por estas horas, el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger ultima los detalles del proyecto que enviará al Congreso, por lo que evita adelantar los cambios que impulsará.
En 2024, la administración nacional ya había avanzado con cambios en la ley de Etiquetado Frontal mediante dos disposiciones de la Anmat.
Por entonces, se resolvió, entre otras cuestiones, que el cálculo de los nutrientes excesivos -pese a seguir respetando los parámetros de la OPS- se realizaría únicamente sobre los componentes añadidos durante el proceso de elaboración, en lugar de incluir aquellos intrínsecos de los alimentos.
Diputados piden su derogación
En paralelo a los cambios que prepara el Ejecutivo, la semana pasada ingresó al Congreso un proyecto para avanzar con la derogación de la ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa lleva la firma de los diputados nacionales Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
Los legisladores argumentan que la manera en que se calcula el exceso de determinados componentes -que se mide por nutrientes en proporción de calorías totales y no en valores absolutos- genera una “distorsión de la información” para el consumidor. Además, señalan que bajo el sistema vigente, la amplia mayoría de productos contaba con al menos un sello. En 2023, esa proporción llegaba al 85%.
“La Ley de Etiquetado Frontal no solo no informa, sino que confunde. Si TODO tiene octógono negro, el sello no significa nada”, sostuvo Bongiovanni en su cuenta de X. “Además, le encarece los costos al productor y traba las exportaciones porque es incompatible con el Mercosur”.
Otro de los problemas que advierten sobre la normativa vigente es que no se alinea con los sistemas que aplican otros países del Mercosur. Sucede que en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay utilizan un parámetro distinto para calcular el exceso de nutrientes críticos: en lugar de tomar la proporción de nutrientes en calorías totales, se basan en sus valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros.
Los valores máximos aceptados para eludir el sello, sin embargo, varían de país a país. Los sistemas más similares en este sentido son los de Brasil y Paraguay.
Los diputados firmantes señalan que esta falta de uniformidad dificulta el comercio y la inversión, en especial entre pequeñas y medianas empresas.
Ante la consulta de , los diputados explicaron que, con su iniciativa, buscan delegar en los organismos técnicos la aplicación de un sistema que unifique criterios con países vecinos. “Nuestra propuesta es la derogación. Volver atrás con la norma. Y que los organismos técnicos (como en la mayor parte del mundo) establezcan criterios razonables y homologables con los países del Mercosur respecto de la información nutricional”, dijo Bongiovanni.
La diputada de Pro Fernández Molero, autora de uno de los proyectos, enumeró las razones para impulsar los cambios.
“Creo que hay tres razones fundamentales. Primero es que aporta más confusión que claridad. De repente se eligió un perfil de nutrientes para señalizar que termina siendo que el 85% de los productos en góndola tenga sello. Y cuando todo tiene sello, en definitiva, pierde sentido, se convierte como en parte del paisaje”, sostuvo la legisladora.
“Segundo tiene que ver en que la forma también que se eligió para etiquetar no hace que las industrias tengan incentivos a reformular porque básicamente es muy difícil sacarte el sello de encima. Entonces tampoco te incentiva a que ofrezcas mejores productos en góndola”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.
“Y el tercero tiene que ver con una cuestión comercial, que Argentina y hay un montón de empresas también que exportan. Queríamos ser el supermercado del mundo en un momento y de repente tenemos una ley que no tiene nada que ver con las que tiene el resto de los países del Mercosur y es un obstáculo también al comercio y a las exportaciones”, precisó la legisladora macrista. Y añadió: “Y fundamentalmente para las pymes. Porque en general las empresas más grandes tienen capacidad de adaptarse, pero las más chicas, cada costo se va sumando al gran costo argentino y no está bueno”.
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POLITICA
Campaña anti Argentina: Milei habilitó por decreto a expulsar a los extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos
El Presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece como nueva causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a cualquier extranjero que promueva o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios, según informó la Oficina del Presidente.
La normativa responde a recientes manifestaciones consideradas hostiles hacia la República Argentina y sus habitantes. El decreto enfatiza que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio innegociable para el Gobierno Nacional. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó Milei en el comunicado oficial.
Prohibiciones y fundamentos de la medida
El decreto incorpora formalmente como causa de inadmisión y expulsión del país a los extranjeros que dirijan o inciten expresiones de odio, discriminación y violencia por razones de nacionalidad, y a quienes realicen actos de ultraje contra los símbolos nacionales. La disposición abarca tanto la incitación pública como cualquier manifestación directa que implique un agravio a la identidad nacional.
La decisión fue justificada por el Ejecutivo en función de preservar la integridad social y el respeto hacia la Argentina y sus emblemas. Según la comunicación de la Oficina del Presidente, el endurecimiento en las políticas migratorias busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia y el orden institucional.
Contexto de la decisión y alcance
La medida surge en un contexto de tensión por recientes expresiones públicas consideradas agravios hacia la Argentina y sus ciudadanos. El Gobierno Nacional sostuvo que la soberanía y el respeto a los símbolos patrios son elementos esenciales que no admiten negociación.
Con este decreto, el Ejecutivo argentino refuerza su posición respecto a quiénes pueden permanecer en el territorio nacional, advirtiendo que cualquier acto percibido como ataque a la República será motivo suficiente para la denegación de ingreso o la expulsión inmediata, de acuerdo con la nueva normativa. La Oficina del Presidente subraya que la defensa de la Nación y sus principios es prioritaria ante cualquier circunstancia.
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POLITICA
El Gobierno prohibirá el ingreso al país a extranjeros que “expresen mensajes de odio” contra argentinos
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país de extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos por su nacionalidad. La medida también alcanza a quienes hayan realizado, participado o instigado actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.
El cambio fue dispuesto mediante el decreto de necesidad y urgencia 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y permitirá además cancelar la residencia de los extranjeros que incurran en esas conductas, con la posibilidad de ordenarles abandonar el país o disponer su expulsión. En la normativa, el Ejecutivo aclaró que no podrán incluirse dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución.
En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que aumentaron considerablemente” los mensajes de odio y los actos de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. Según argumentó, esas manifestaciones representan un riesgo para los ciudadanos y quebrantan “el respeto básico” que deben mantener los extranjeros que pretendan ingresar o permanecer en el territorio nacional.
El texto de la normativa también señala que ese tipo de conductas desnaturaliza el sentido de la política migratoria argentina y afecta las condiciones de “convivencia armónica y paz social”. También se sostiene que las acciones de odio o la propagación de la violencia pueden producir un impacto concreto sobre la integridad, la salud y los derechos de las personas.
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POLITICA
Milei firmó un DNU para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para impedir la entrada al país y disponer la expulsión de extranjeros que inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad.
La Oficina del Presidente anunció la decisión y la vinculó con las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra la Argentina. El decreto 681/2026 se publicó este jueves en el Boletín Oficial.
El mensaje del Gobierno tras anunciar la medida
En la parte final del documento, la administración de Milei justificó la decisión por lo que definió como recientes expresiones contra el país y sus habitantes.
“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo la Oficina del Presidente.
Qué establece el DNU firmado por Javier Milei
El DNU incorporó un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley 25.871, que establece las causas por las cuales una persona extranjera puede ser rechazada al intentar ingresar al territorio nacional.
Según el decreto, la nueva normativa permitirá prohibir el ingreso o expulsar del territorio argentino a extranjeros que promuevan ataques contra el país, sus ciudadanos o sus símbolos.
A partir de la modificación, se impedirá la entrada a quienes hayan dirigido “mensajes de odio en forma oral o escrita” o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad.
La restricción también alcanzará a quienes hayan realizado, participado o incitado a cometer “actos de ultraje de símbolos patrios nacionales”.
Sin embargo, el texto aclara que no podrán quedar comprendidas dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas que formen parte del ejercicio legítimo de derechos constitucionales.
En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que aumentaron “considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.
Además, argumentó que esas conductas representan un riesgo para los ciudadanos y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social” que justifican la admisión y permanencia de extranjeros en el país.
En qué casos se podrá cancelar la residencia y ordenar una expulsión
El decreto también incorporó estas conductas como causal para cancelar la residencia de una persona extranjera que ya se encuentre dentro del territorio argentino.
La modificación del artículo 62 establece que podrá perder su residencia quien haya difundido mensajes de odio, promovido la violencia contra argentinos por su nacionalidad o participado en actos contra los símbolos patrios.
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En esos casos, la decisión podrá derivar en una intimación para abandonar el país dentro de un plazo determinado o directamente en la expulsión del territorio nacional.
Para adoptar esa medida, las autoridades deberán tener en cuenta “las circunstancias fácticas y personales del interesado”, según establece el nuevo texto del artículo 63.
Javier Milei, DNU, Extranjeros, odio
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