POLITICA
El Gobierno quiere eliminar la ley de Etiquetado Frontal: los motivos

Tras anotarse un triunfo en la Cámara de Diputados con la media sanción de la Ley “Hojarasca”, el gobierno de Javier Milei prepara cambios en la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Etiquetado Frontal. En el Congreso, legisladores oficialistas ya presentaron un proyecto para avanzar con su derogación.
La normativa vigente, sancionada en 2021, establece que todos los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan exceso de determinados nutrientes críticos (sodio, azúcares, grasas y calorías) deberán exhibir en su envase un rótulo -en forma de octógono negro-, que advierta sobre la abundancia de estos componentes. El texto sancionado toma como referencia los valores nutricionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además, obliga a las empresas a rotular con una etiqueta rectangular los envases de productos que contengan cafeína o edulcorante para desalentar su consumo en niños. De igual modo, para preservar la salud de los menores, la ley prohíbe que los productos con uno o más sellos muestren publicidad infantil (ya sean dibujos animados o promesas de regalos) y limita su venta en establecimientos educativos.
Ahora, el gobierno de Milei busca modificar la norma. Por estas horas, el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger ultima los detalles del proyecto que enviará al Congreso, por lo que evita adelantar los cambios que impulsará.
En 2024, la administración nacional ya había avanzado con cambios en la ley de Etiquetado Frontal mediante dos disposiciones de la Anmat.
Por entonces, se resolvió, entre otras cuestiones, que el cálculo de los nutrientes excesivos -pese a seguir respetando los parámetros de la OPS- se realizaría únicamente sobre los componentes añadidos durante el proceso de elaboración, en lugar de incluir aquellos intrínsecos de los alimentos.
Diputados piden su derogación
En paralelo a los cambios que prepara el Ejecutivo, la semana pasada ingresó al Congreso un proyecto para avanzar con la derogación de la ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa lleva la firma de los diputados nacionales Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
Los legisladores argumentan que la manera en que se calcula el exceso de determinados componentes -que se mide por nutrientes en proporción de calorías totales y no en valores absolutos- genera una “distorsión de la información” para el consumidor. Además, señalan que bajo el sistema vigente, la amplia mayoría de productos contaba con al menos un sello. En 2023, esa proporción llegaba al 85%.
“La Ley de Etiquetado Frontal no solo no informa, sino que confunde. Si TODO tiene octógono negro, el sello no significa nada”, sostuvo Bongiovanni en su cuenta de X. “Además, le encarece los costos al productor y traba las exportaciones porque es incompatible con el Mercosur”.
Otro de los problemas que advierten sobre la normativa vigente es que no se alinea con los sistemas que aplican otros países del Mercosur. Sucede que en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay utilizan un parámetro distinto para calcular el exceso de nutrientes críticos: en lugar de tomar la proporción de nutrientes en calorías totales, se basan en sus valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros.
Los valores máximos aceptados para eludir el sello, sin embargo, varían de país a país. Los sistemas más similares en este sentido son los de Brasil y Paraguay.
Los diputados firmantes señalan que esta falta de uniformidad dificulta el comercio y la inversión, en especial entre pequeñas y medianas empresas.
Ante la consulta de , los diputados explicaron que, con su iniciativa, buscan delegar en los organismos técnicos la aplicación de un sistema que unifique criterios con países vecinos. “Nuestra propuesta es la derogación. Volver atrás con la norma. Y que los organismos técnicos (como en la mayor parte del mundo) establezcan criterios razonables y homologables con los países del Mercosur respecto de la información nutricional”, dijo Bongiovanni.
La diputada de Pro Fernández Molero, autora de uno de los proyectos, enumeró las razones para impulsar los cambios.
“Creo que hay tres razones fundamentales. Primero es que aporta más confusión que claridad. De repente se eligió un perfil de nutrientes para señalizar que termina siendo que el 85% de los productos en góndola tenga sello. Y cuando todo tiene sello, en definitiva, pierde sentido, se convierte como en parte del paisaje”, sostuvo la legisladora.
“Segundo tiene que ver en que la forma también que se eligió para etiquetar no hace que las industrias tengan incentivos a reformular porque básicamente es muy difícil sacarte el sello de encima. Entonces tampoco te incentiva a que ofrezcas mejores productos en góndola”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.
“Y el tercero tiene que ver con una cuestión comercial, que Argentina y hay un montón de empresas también que exportan. Queríamos ser el supermercado del mundo en un momento y de repente tenemos una ley que no tiene nada que ver con las que tiene el resto de los países del Mercosur y es un obstáculo también al comercio y a las exportaciones”, precisó la legisladora macrista. Y añadió: “Y fundamentalmente para las pymes. Porque en general las empresas más grandes tienen capacidad de adaptarse, pero las más chicas, cada costo se va sumando al gran costo argentino y no está bueno”.
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POLITICA
Un concejal le pegó una trompada en la cara a un intendente tras una discusión por la organización de una jineteada en Entre Ríos

Un insólito hecho de violencia se desató durante una reunión para organizar de una jineteada en Pueblo Brugo, una localidad de la provincia de Entre Ríos.
Tras una discusión originada por un desacuerdo en la organización, el concejal Ariel Lemos le pegó en la cara al intendente de la ciudad, Martín Ruiz.
El jefe comunal terminó con la cara ensangrentada y tuvo que recibir asistencia médica. Horas después, dio detalles de lo sucedido. Según dijo, estaba reunido con integrantes del Concejo Deliberante para tratar “temas de relevancia para el pueblo” cuando tuvo un cruce de palabras con Lemos y recibió “un golpe de puño”.
“Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara”, contó el mandatario justicialista en una entrevista con Radio La Voz, y explicó que la pelea ocurrió delante de “todo el grupo del Concejo”. “Están de testigos de cómo fue la cosa”, señaló.
Luego, contó que la discusión se originó tras un debate sobre el cobro a los puesteros que participan de la jineteada de este fin de semana.
Lemos -quien pertenece al mismo partido que el intendente- habría propuesto que abonaran el puesto el viernes, mientras que Ruiz planteó que lo hicieran el mismo día del evento, según informó el portal local Ahora.
“En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender. Hice una denuncia en la Comisaría y tengo entendido que él también presentó la suya”, señaló el intendente.
Luego de la agresión, el mandatario tuvo que asistir a un centro de salud: “Recibí atención médica y me hice una placa. Me duele la parte del ojo y voy a hacerme otro estudio”, contó.
Por su parte, desde la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos emitieron un comunicado para expresar su “enérgico repudio al hecho de violencia del que fue víctima el intendente de Pueblo Brugo, Martín Ruíz, en el ejercicio de sus funciones”.
Leé también: Manuel Adorni prepara su defensa en el Senado, pero en el Gobierno admiten que su caso generó desgaste interno
“Más allá de cuál sea la circunstancia que haya dado lugar a una diferencia, ningún desacuerdo puede ni debe resolverse a través de la violencia”, agregaron y remarcaron: “Quienes asumimos la responsabilidad de gobernar o de integrar un cuerpo deliberativo tenemos que dirimir las diferencias con argumentos”.
“Desde la Liga de Intendentes reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, el respeto institucional y el pleno funcionamiento de los mecanismos legales que el sistema democrático pone a disposición de todos sus actores”, concluyeron.
Pelea, Entre Ríos, intendente, concejal
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El fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni, funcionario del Gobierno y hermano del jefe de Gabinete, por el presunto delito de “omisión maliciosa o falsedad en declaraciones juradas patrimoniales”, indicaron fuentes judiciales.
Fue luego de que el funcionario, al igual que su hermano, rectificara su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) para introducir activos que no había informado.
El expediente se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y quedó radicado en el juzgado de Daniel Rafecas, que deberá decidir ahora si convoca al funcionario para que dé explicaciones.
Después de iniciada la investigación, Francisco Adorni introdujo una serie de modificaciones en sus declaraciones juradas correspondientes a los años 2024 y 2025. Entre ellas, cambios en la valuación de una casa en City Belly y en la de un auto (Chery Tiggo).
En la de 2025, en particular, el funcionario omitió $24.500.000 en efectivo, de los cuales $21.000.000 correspondían, según la declaración, a una herencia.
Durante el gobierno libertario, el hermano del jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que depende del Ministerio de Defensa y administra y paga el sistema de retiros y pensiones del personal militar.
La figura por la que el fiscal acusa a Adorni castiga a quien intencionalmente omita información en su declaración jurada con penas de prisión que van de los 15 días a los 2 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Está prevista en el artículo 268 (3) del Código Penal, que reprime a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”; también, a quien «maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas» deben contener.
En la acusación del fiscal no pasó inadvertido, indicaron en los tribunales de Comodoro Py, que Francisco Adorni es contador público, además de que cuenta con un recorrido en la función pública en el área de su especialidad, por lo que es cuestionable que pueda alegar algún tipo de error o desconocimiento de la materia.
La “omisión maliciosa” es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, por el que también es investigado Francisco Adorni, al igual que su hermano.
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Los dialoguistas en Diputados esperan al Senado para avanzar en la interpelación a Manuel Adorni


El Congreso está entre la expectativa y las deliberaciones constantes respecto del futuro del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Senado de la Nación ya definió que el plazo para votar un llamado a una interpelación y una votación sobre una moción de censura será dentro de una semana.
En el caso de la Cámara de Diputados hay un pedido de sesión para el próximo martes de parte de la oposición que inició como una sesión para emplazar a las comisiones que deberían tratar los pedidos de interpelación, y hoy se debate si en la misma sesión se puede votar la fecha de la interpelación.
En medio de esto La Libertad Avanza en la Cámara Baja espera que la mesa política defina si llaman a una sesión para votar el acuerdo con los holdouts que obtuvo dictamen en las últimas horas pero, principalmente, para darle media sanción al proyecto de Super RIGI.
Respecto de este punto, fuentes de la Casa Rosada señalaron a este medio que “es muy poco probable” que haya algún encuentro entre hoy y mañana de la Mesa Política y habrá que esperar a la semana que viene para poder desentrañar cuál será la estrategia del mundo libertario en el Congreso de la Nación.
Pero a diferencia de lo que sucede en el Senado, el PRO y la UCR están sin plantear una decisión inequívoca y todo apunta a que esperan los movimientos de sus bloques en la Cámara Alta. “No nos dicen nada, no sabemos qué es lo que quieren hacer”, señaló una alta fuente del bloque amarillo respecto de sus pares libertarios. “Quieren hacer caer la sesión del 23 -que pidió la oposición- y llamar a otra el 24 de este mes. No se entiende qué quieren hacer”, agregó en un tono bastante molesto sobre las idas y vueltas libertarias.
Todo apunta a que los diputados de estos bloques van a esperar los movimientos de sus pares en el Senado y, a partir de esto, hacer sus movimientos en Diputados.
“El gran problema lo tiene el PRO. Salió fuerte (el partido que es Mauricio Macri) pero acá -Diputados- hay un acuerdo que incluye a Diego Santilli -dirigente del PRO y ministro del Interior de la Nación-. Entonces lo del Senado (que sí controla Macri) le resuelve poder decir que no dan quórum en Diputados total Senado lo va a resolver”, explicó un diputado opositor que quiere avanzar con la moción de censura contra Adorni.
“El clima es de avanzar porque además lo haríamos antes que el Senado y el que no dé quórum acá tendrá que explicar por qué su bloque sí lo hace en el Senado”, agregó. “Vamos a ver cuál es el recibimiento que tiene en Rosario -en el acto por el Día de la Bandera el próximo sábado- quizás eso hace que alguno cambie de opinión y entre al recinto».
Además, en las últimas horas surgió un nuevo inconveniente para Adorni que podría implicar que tenga que ir dos semanas seguidas al Congreso de la Nación pero no para observar desde los balcones la aprobación de una ley sino para ir al recinto y ser interpelado.
El Senado ya definió que en la próxima sesión se habilitará el pedido del peronismo para votar el llamado a interpelación y, en esa misma sesión, una votación de moción de censura si el recinto lo cree necesario. En Diputados se buscaba emplazar a las comisiones a tratar los proyectos de ley en una única reunión, dictaminar, e ir al recinto para votarlo y así establecer la fecha de una interpelación.
Sin embargo, algunos diputados consultaron a constitucionalistas quienes les señalaron que la interpelación y moción de censura es una facultad constitucional de las cámaras que es operativa. “En principio no precisaría del trámite parlamentario ordinario. Si juntas los 129 abrís el recinto y votás directamente. Es decir, no va lo del emplazamiento, es más breve el procedimiento.”
Esto fue refrendado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez quien le dijo a Infobae que la interpelación para una moción de censura “no pertenece al trámite parlamentario, es una atribución en términos de evaluar la responsabilidad política. Si van al recinto y se aprueba, Adorni tiene que concurrir a la interpelación a efectos de evaluar si el Congreso mantiene o no la confianza política en él”.
El oficialismo no mueve, los aliados en Diputados observan el clima y miran a sus pares en el Senado. La oposición busca confirmar el modelo de tratamiento: si tiene que ir a una Comisión o la aplicación del art. 101 de la Constitución, al no ser un trámite parlamentario sobre una ley, es necesario pasar por las comisiones o no.
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