POLITICA
El Gobierno quiere eliminar la ley de Etiquetado Frontal: los motivos
Tras anotarse un triunfo en la Cámara de Diputados con la media sanción de la Ley “Hojarasca”, el gobierno de Javier Milei prepara cambios en la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Etiquetado Frontal. En el Congreso, legisladores oficialistas ya presentaron un proyecto para avanzar con su derogación.
La normativa vigente, sancionada en 2021, establece que todos los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan exceso de determinados nutrientes críticos (sodio, azúcares, grasas y calorías) deberán exhibir en su envase un rótulo -en forma de octógono negro-, que advierta sobre la abundancia de estos componentes. El texto sancionado toma como referencia los valores nutricionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además, obliga a las empresas a rotular con una etiqueta rectangular los envases de productos que contengan cafeína o edulcorante para desalentar su consumo en niños. De igual modo, para preservar la salud de los menores, la ley prohíbe que los productos con uno o más sellos muestren publicidad infantil (ya sean dibujos animados o promesas de regalos) y limita su venta en establecimientos educativos.
Ahora, el gobierno de Milei busca modificar la norma. Por estas horas, el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger ultima los detalles del proyecto que enviará al Congreso, por lo que evita adelantar los cambios que impulsará.
En 2024, la administración nacional ya había avanzado con cambios en la ley de Etiquetado Frontal mediante dos disposiciones de la Anmat.
Por entonces, se resolvió, entre otras cuestiones, que el cálculo de los nutrientes excesivos -pese a seguir respetando los parámetros de la OPS- se realizaría únicamente sobre los componentes añadidos durante el proceso de elaboración, en lugar de incluir aquellos intrínsecos de los alimentos.
Diputados piden su derogación
En paralelo a los cambios que prepara el Ejecutivo, la semana pasada ingresó al Congreso un proyecto para avanzar con la derogación de la ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa lleva la firma de los diputados nacionales Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
Los legisladores argumentan que la manera en que se calcula el exceso de determinados componentes -que se mide por nutrientes en proporción de calorías totales y no en valores absolutos- genera una “distorsión de la información” para el consumidor. Además, señalan que bajo el sistema vigente, la amplia mayoría de productos contaba con al menos un sello. En 2023, esa proporción llegaba al 85%.
“La Ley de Etiquetado Frontal no solo no informa, sino que confunde. Si TODO tiene octógono negro, el sello no significa nada”, sostuvo Bongiovanni en su cuenta de X. “Además, le encarece los costos al productor y traba las exportaciones porque es incompatible con el Mercosur”.
Otro de los problemas que advierten sobre la normativa vigente es que no se alinea con los sistemas que aplican otros países del Mercosur. Sucede que en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay utilizan un parámetro distinto para calcular el exceso de nutrientes críticos: en lugar de tomar la proporción de nutrientes en calorías totales, se basan en sus valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros.
Los valores máximos aceptados para eludir el sello, sin embargo, varían de país a país. Los sistemas más similares en este sentido son los de Brasil y Paraguay.
Los diputados firmantes señalan que esta falta de uniformidad dificulta el comercio y la inversión, en especial entre pequeñas y medianas empresas.
Ante la consulta de , los diputados explicaron que, con su iniciativa, buscan delegar en los organismos técnicos la aplicación de un sistema que unifique criterios con países vecinos. “Nuestra propuesta es la derogación. Volver atrás con la norma. Y que los organismos técnicos (como en la mayor parte del mundo) establezcan criterios razonables y homologables con los países del Mercosur respecto de la información nutricional”, dijo Bongiovanni.
La diputada de Pro Fernández Molero, autora de uno de los proyectos, enumeró las razones para impulsar los cambios.
“Creo que hay tres razones fundamentales. Primero es que aporta más confusión que claridad. De repente se eligió un perfil de nutrientes para señalizar que termina siendo que el 85% de los productos en góndola tenga sello. Y cuando todo tiene sello, en definitiva, pierde sentido, se convierte como en parte del paisaje”, sostuvo la legisladora.
“Segundo tiene que ver en que la forma también que se eligió para etiquetar no hace que las industrias tengan incentivos a reformular porque básicamente es muy difícil sacarte el sello de encima. Entonces tampoco te incentiva a que ofrezcas mejores productos en góndola”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.
“Y el tercero tiene que ver con una cuestión comercial, que Argentina y hay un montón de empresas también que exportan. Queríamos ser el supermercado del mundo en un momento y de repente tenemos una ley que no tiene nada que ver con las que tiene el resto de los países del Mercosur y es un obstáculo también al comercio y a las exportaciones”, precisó la legisladora macrista. Y añadió: “Y fundamentalmente para las pymes. Porque en general las empresas más grandes tienen capacidad de adaptarse, pero las más chicas, cada costo se va sumando al gran costo argentino y no está bueno”.
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POLITICA
La subterránea pelea por los votos de la reforma política que profundiza la interna del Gobierno con Bullrich
La presión de la Casa Rosada para acelerar el tratamiento de la reforma política profundizó la disputa entre Patricia Bullrich y los armadores de Karina Milei por el control de la negociación parlamentaria y, sobre todo, por quién deberá pagar el costo político de una eventual derrota.
En Balcarce 50 están convencidos de que sale. Pero cerca de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguran que aún desconfía de que el oficialismo tenga los votos para conseguir la media sanción y describen una maniobra que consideran deliberada: “Quieren tirarle un muerto”, dicen, en referencia a la posibilidad de apurar una convocatoria, exponerla a un fracaso legislativo y después responsabilizarla por no haber conseguido los respaldos.
En alerta, Bullrich analiza publicar una comunicación a su estilo, sugerente pero directa, para anticiparse a un eventual traspié y dejar en claro que la búsqueda de los votos no es responsabilidad suya (algo que viene planteando desde hace semanas).
La tensión se profundizó en las últimas 24 horas, cuando el Gobierno insistió en acelerar el debate de una iniciativa que los Milei consideran harto prioritaria, pese a las advertencias de la senadora sobre la falta de acuerdos. Fue ayer por la mañana, cuando Martín Menem confirmó en Radio Mitre que el Ejecutivo convocaría a sesiones extraordinarias y anticipara que pretende conseguir la media sanción de la reforma en el Senado en un plazo de 15 días.
El presidente de la Cámara de Diputados ubicó la iniciativa, que contempla la eliminación de las PASO, junto con el Presupuesto 2027, entre las prioridades de la agenda legislativa de fin de año. En sus declaraciones también quedó expuesta la confianza del oficialismo en que podrá reunir los respaldos necesarios. Esa expectativa contrasta con las advertencias que Bullrich viene haciendo en distintas conversaciones. En particular, según reconstruyó una fuente de su entorno, anteayer, en un diálogo con Diego Santilli por el tema de la convocatoria, Bullrich volvió a plantearle a su ex colega de PRO sus reparos sobre la disponibilidad de los votos.
Santilli, encargado de los diálogos con los gobernadores, transmite insistentemente a los propios que las voluntades están.
Ayer, Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocó a una reunión para el próximo martes 17, a las 15, con el objetivo de retomar el debate de la reforma electoral. Bullrich estaba al tanto de la convocatoria, aunque no estaba convencida de que existieran los respaldos necesarios para avanzar en esas condiciones. El llamado, después de dos meses de silencio de la comisión, volvió a poner en evidencia las diferencias sobre los tiempos y la estrategia legislativa.
El movimiento expuso, además, las dificultades para reunir los respaldos necesarios. Desde los bloques dialoguistas del PRO y la UCR plantean que el acompañamiento a la reforma electoral está condicionado a que el oficialismo avance con Ficha Limpia. «Sin Ficha Limpia, no hay nada de lo demás», es la advertencia que transmiten desde esos sectores. De esa manera, el oficialismo no solo debe conseguir las firmas para dictaminar la reforma electoral, sino también resolver una negociación paralela que puede complicar los plazos que pretende imponer la Casa Rosada.
En otra época desde la Casa Rosada le atribuían a la vicepresidenta Victoria Villarruel la responsabilidad por los fracasos políticos del oficialismo. Antes de que la ruptura total se concretara, en Balcarce 50 la acusaban de conspirar contra la voluntad del Presidente y buscaban responsabilizarla por las dificultades para llevar adelante distintas iniciativas. Cerca de Bullrich temen que se intente repetir ese mecanismo con ella. El escenario, sin embargo, tiene diferencias: la senadora conserva un bloque que conduce, una agenda propia y un margen de acción parlamentario que Villarruel no tenía.
La tensión está directamente relacionada con las versiones sobre las aspiraciones de Bullrich para 2027. Ayer, en su círculo aseguraban que “cada día tiene menos interés en ocupar la vicepresidencia” y que “no se siente cómoda con la dinámica interna del oficialismo”. “Su mandato en el Senado se extiende por cinco años más y su prioridad actual es concentrarse en su trabajo parlamentario y en sacar leyes”, deslizaron.
El acelere de la discusión por las PASO amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de la disputa entre el sector que responde a Karina Milei y la senadora que conduce el bloque oficialista en la Cámara alta. La pulseada excede el calendario legislativo: involucra quién fija las condiciones de la negociación, quién conduce la estrategia parlamentaria y quién deberá responder si el resultado no es el que espera el Gobierno.
POLITICA
Beligoy invirtió US$261.000 en una desarrolladora inmobiliaria bajo investigación y enfrenta dudas por el origen del dinero
Federico Beligoy tiene un problema con la plata en La Plata. El secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) y director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) perdió más de un US$250.000 en un emprendimiento inmobiliario que quedó trunco y cuya desarrolladora está bajo investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita. Pero su problema es todavía mayor. ¿Por qué? Porque la fortuna que perdió está en negro. ¿Conclusión? Beligoy no aparece entre quienes se presentaron en los tribunales para reclamar el dinero comprometido, según reconstruyó sobre la base de documentos judiciales y fuentes al tanto de lo ocurrido durante los últimos meses.
La trama, que abre preguntas sobre el origen de esos fondos y su correspondencia con los ingresos que Beligoy declaró ante el fisco, comenzó a gestarse el 3 de mayo de 2024. Ese viernes, Beligoy desembolsó US$139.745 para comprar el departamento “B” del sexto piso, más una cochera, en el edificio que la inmobiliaria Abes construía, al costo, en la calle 59 número 784, entre 10 y 11, de La Plata. Ese mismo día aportó otros US$121.745 por el departamento “B” del quinto piso del mismo edificio, dentro del llamado “Fideicomiso Lucero”. Total: 261.490 dólares.
Las operaciones quedaron documentadas en dos “compromisos de aporte de fiduciante clase C para la incorporación al fideicomiso al costo Abes Lucero con renta garantizada”. Todo fue sonrisas y promesas entre Beligoy y los desarrolladores, que aceptaron hacer una excepción. ¿Cuál? A diferencia de todos los demás contratos, en los que firmaron subalternos de Abes, el contrato suscripto con el dirigente arbitral lo firmó uno de los socios y apoderados de la inmobiliaria, Diego Lacki. De hecho, fue el único contrato que recuperaron los investigadores durante los allanamientos en el que aparece su firma, según surge de las probanzas judiciales. ¿Por qué? “Porque así lo pidió Beligoy para no ser visto por nadie”, explicó Lacki al ser indagado en tribunales, según recordó una fuente que escuchó su declaración.
Los pagos de Beligoy por más de un cuarto de millón de dólares constan en un registro contable interno elaborado por los contadores de la desarrolladora, según reconstruyó . Identificaron en un cuadro a los inversores, las unidades inmobiliarias que les correspondían y los montos que aportaron. Ese registro permitió a los investigadores reconstruir quiénes habían colocado dinero en los distintos emprendimientos de Abes y constituye una evidencia independiente de la existencia de las operaciones atribuidas a Beligoy.
De clase media trabajadora, Beligoy vivió durante años en Santos Lugares, en una vivienda modesta, de una planta, a la sumó luego un primer piso. Pero durante los últimos años, a medida que fortaleció sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el exárbitro internacional evidenció un incremento patrimonial importante, al igual que su entorno familiar, según reconstruyó durante los últimos meses .
Beligoy no respondió los mensajes que le envió para consultarlo sobre las inversiones, el origen de los fondos, la modalidad de pago, las razones por las que no reclamó judicialmente y si procuró recuperarlos por otra vía.
Mundillo de la pelota
Aquel viernes de mayo de 2024, mientras Beligoy y Lacki firmaban los contratos fiduciarios, un escándalo concentraba la atención de la prensa. Había salido a la luz que la entonces directora general de Aduanas designada por el presidente Javier Milei había tomado una deuda por US$250.000 con una empresa denunciada por contrabando. Tres semanas después, la funcionaria renunció.
En La Plata, la desarrolladora Abes también cayó, pero recién a principios de 2026, envuelta en un escándalo que sacudió a la capital bonaerense. Se abrió una investigación por los presuntos delitos de estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita que tramita en la Unidad Fiscal N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, que dispuso múltiples medidas de prueba, requirió allanamientos y secuestró documentación de la inmobiliaria.
Con el paso de los días, quedó claro que la operatoria de “Abes Desarrolladora de Negocios SRL”, tal su nombre formal, dejó entre 150 y 160 inversores damnificados. Entre ellos, el exfutbolista y director técnico Pedro Troglio y otros futbolistas locales, con pérdidas de varios millones de dólares por las obras paralizadas y los incumplimientos contractuales.
Ahora, la investigación comprende al menos cinco fideicomisos: Abes Thymos, Abes Dezzeo, Abes Vita, Abes Lucero y Abes Alquimia. Los investigadores procuran determinar qué ocurrió con los fondos aportados por los inversores y si parte de ese dinero terminó destinado a gastos operativos de la desarrolladora, obligaciones de otros emprendimientos o sociedades vinculadas. También se investigan movimientos contables y asignaciones de unidades funcionales que podrían haber servido para compensar deudas.
La empresa, según constataron los investigadores, ofrecía oportunidades desde el pozo a inversores como Beligoy y Troglio, con la promesa de entregarles departamentos terminados en plazos cortos y con rentas mensuales actualizables hasta la culminación de las obras.
“Eran cláusulas atractivas para cualquier inversor y que nos servían y mucho para solventar gastos en Argentina”, expuso Troglio en su denuncia, acompañado por su abogado, Miguel Molina, quienes expusieron en los tribunales que, con el paso del tiempo, las promesas mutaron en obras sin avances o abandonadas.
“Nos hablaban de problemas gremiales, conflictos con los proveedores e inspecciones”, detallaron Troglio y Molina en su presentación judicial. “Nunca rindieron cuentas del destino de los fondos ni tampoco un listado de los demás inversores”. Entre ellos, ahora sale a la luz, también estaba Beligoy, quien comprometió US$261.490 en dos departamentos del emprendimiento.
La situación de Beligoy adquiere una dimensión adicional por los cargos que ocupa en el fútbol argentino. No sólo es el secretario general de uno de los gremios que representan a los árbitros: también es el director Nacional de Arbitraje de la AFA, una estructura desde la que ejerce responsabilidades sobre quienes, al mismo tiempo, representa sindicalmente.
Como máximo referente arbitral del país, Beligoy afronta cuestionamientos desde hace años. El presidente de Banfield, Matías Mariotto, fue el primero que cargó contra él. Luego, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, sostuvo que su ciclo estaba “cumplido”. Lo siguió Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo trató de “bandido”, en tanto que el expresidente de River Plate, Jorge Brito (h) reclamó su salida. “Es parte central del problema”, sostuvo. “Si a la AFA y a Tapia les importa armar un fútbol transparente, creo que lo primero que deberían hacer es cambiar a este tipo, quien reconoce y dice que la única forma que está dispuesto a manejar a los árbitros es a dedo”.
Ahora, a esos cuestionamientos se suma una incógnita patrimonial: cómo financió Beligoy dos inversiones inmobiliarias por más de un cuarto de millón de dólares, cuál es el origen de ese dinero y por qué, a diferencia de otros damnificados, no acudió a los tribunales, al menos hasta ahora, para reclamarlo.
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Con la colaboración de Ignacio Grimaldi y Ricardo Brom.
Hugo Alconada Mon,Nicolás Pizzi,Federico Beligoy,AFA,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca los votos del PRO y la UCR para conseguir la media sanción de la reforma electoral en el Senado
Bajo la premisa de contar con los apoyos necesarios, en Casa Rosada reactivaron el proyecto de reforma electoral en el Senado con el objetivo de conseguir la media sanción en dos semanas. Sin embargo, dos bloques aliados clave como el PRO y la UCR advierten que todavía no acompañan la iniciativa y el Gobierno sigue a la caza de los votos.
Como establece el artículo 77 de la Constitución, el Gobierno necesita una mayoría absoluta de 37 senadores para avanzar con una reforma al régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 y la pecera donde debe pescar los restantes se compone en buena medida por los diez que tiene la Unión Cívica Radical y los tres del PRO. La lista se completaría con los votos de legisladores que responden a bloques provinciales, que en Balcarce 50 sostienen que ya están a bordo.
Sin embargo, el problema persiste entre sus principales socios. “El diálogo está abierto y se seguirá debatiendo, pero aún no hay definiciones”, afirmaron a TN cerca de la conducción del bloque radical, una respuesta que se repite entre las filas amarillas. En el bloque oficialista en el Senado insistieron con que las negociaciones dependen exclusivamente de la Casa Rosada y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En ese contexto, con el objetivo de sellar los acuerdos de una vez, el Gobierno volverá a reunir la próxima semana -con fecha todavía a definir- a la mesa que reúne a Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, en representación del PRO, con Diego Santilli; Martín Menem y Eduardo Menem por La Libertad Avanza.
“El Gobierno estaría evaluando qué modificaciones hacer para que salga”, sostienen en el bloque amarillo, donde inicialmente pujaban junto al radicalismo por alguna opción que contemplara no eliminar las primarias, sino reemplazarlas por algún mecanismo optativo (una PAS). Esa vía no convence a la Casa Rosada, cuyo objetivo central es deshacerse de las elecciones de agosto para darle tiempo a la recuperación económica, postergar la incertidumbre electoral y privarle al Partido Justicialista la posibilidad de agruparse bajo una interna.
“No iría lo de la PAS, pero se destrabarían todos los otros puntos de conflicto”, pronosticaron cerca de la bancada del PRO, mientras que una fuente ligada al expresidente Mauricio Macri pidió “esperar a la reunión” para conocer cualquier definición. En el oficialismo, en cambio, se mostraron optimistas: “Creemos que están los votos, pero la coordinación es difícil”.
Las negociaciones paralelas con los gobernadores radicales
Decididos a avanzar, la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el fueguino Agustín Coto convocó a una reunión para este próximo martes con el objetivo de dictaminar el proyecto. El objetivo es llevarlo al recinto siete días después. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, dijo el jueves el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En la bancada que conduce Patricia Bullrich señalan que puede que Santilli haya conseguido las firmas para lograr un dictamen, pero advierten que “de ahí al recinto hay un largo trecho”. Para llegar hasta ahí, el jefe de Gabinete necesita también el apoyo de la bancada radical, una negociación que lleva directamente con los cinco gobernadores del espacio: Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).
“Están en plena negociación”, reconocieron desde una de las provincias involucradas, donde los factores decisivos siguen siendo los acuerdos electorales. Los gobernadores le demandan a la Casa Rosada que respeten sus territorios y su representación en el Congreso a la hora de planificar la contienda electoral del próximo año. Se trata de una discusión que genera fricciones internas en el seno de la mesa política, entre quienes promueven cerrar las alianzas lo antes posible para asegurar la certidumbre política (Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Caputo) y quienes no quieren apurar los acuerdos si eso implica descartar el armado partidario y la posibilidad de competir en las provincias (Martín Menem y Eduardo Menem).
Según aseguraron desde el bloque oficialista en el Senado, los gobernadores radicales volvieron a plantear la posibilidad de incluir en el proyecto la posibilidad de listas colectoras: una herramienta para que los mandatarios sin candidato provincial se enganchen a la boleta de Javier Milei, pero con sus propios candidatos para las categorías legislativas.
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