POLITICA
El Gobierno reactiva la discusión por la reforma del Código Penal en medio del caso Agostina
El Gobierno reactivó la discusión interna por la reforma del Código Penal en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega en Córdoba. En la Casa Rosada aseguran que la intención es enviar el proyecto “cuanto antes” al Congreso y remarcan que el texto en revisión incluye un endurecimiento de penas para violadores, cambios sobre delitos sexuales y una ampliación de los supuestos de prisión perpetua.
“Necesitamos tomar medidas y movernos rápido”, expresan en despachos oficiales. En el Ejecutivo intentan presentar la reforma como parte de una agenda penal que ya estaba en marcha, pero el caso Agostina volvió a poner presión sobre una discusión que venía demorada por diferencias políticas y técnicas dentro del Gobierno.
La investigación por el asesinato de la adolescente de 14 años provocó impacto nacional y abrió cuestionamientos sobre la actuación judicial y policial en Córdoba. El fiscal agravó la imputación contra Claudio Barrelier a femicidio, una figura que prevé prisión perpetua. En Nación siguen el caso con cautela, pero admiten que la conmoción social aceleró conversaciones que estaban frenadas sobre el nuevo paquete penal.
La discusión central pasa por el texto final que llegará al Congreso. En el entorno del asesor Santiago Caputo aseguran que la reforma está “trabada” en el Ministerio de Justicia. En los equipos del ministro Juan Bautista Mahiques responden que están “terminando de definir” qué versión enviarán y sostienen que el proyecto saldrá en el corto plazo.
El borrador ya fue y volvió en reiteradas ocasiones de la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal, por diferencias en la redacción. “Las reformas al Código Penal se vienen trabajando hace tiempo y se van a mandar en el corto plazo”, agregan en el Ejecutivo. La demora, sin embargo, volvió a alimentar los pases de factura entre los sectores que disputan influencia sobre el área de Justicia.
En el oficialismo conviven dos lecturas. Un sector sostiene que ya había una reforma amplia preparada y que el nuevo esquema de Justicia la recortó y demoró. El equipo de Mahiques rechaza esa mirada y afirma que el objetivo es enviar un proyecto técnicamente más ordenado, con mayor viabilidad parlamentaria y sin abrir capítulos que puedan bloquear todo el tratamiento.
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La Casa Rosada había debatido durante meses si avanzar con un nuevo Código Penal integral o con una reforma amplia del código vigente. La primera opción implicaba reemplazar de manera completa el texto actual, sancionado en 1921. La segunda permite endurecer penas, incorporar nuevas figuras y corregir artículos puntuales sin reabrir de forma total debates sensibles.
Por ahora, la alternativa que gana peso es la de una reforma por etapas. El Gobierno se inclina por mandar primero los capítulos con mayor consenso dentro del oficialismo: delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales, entraderas, salideras, motochorros, viudas negras, armas en cárceles, picadas ilegales y nuevas modalidades de criminalidad organizada y tecnológica.
Uno de los puntos que la Casa Rosada destaca es el agravamiento de las penas para violadores y abusadores. También se analiza la imprescriptibilidad de delitos sexuales graves y la ampliación de supuestos de prisión perpetua. En el Gobierno sostienen que el eje será “poner a las víctimas en el centro”, una fórmula que ya había usado el oficialismo en presentaciones anteriores del proyecto.
El texto original que se había trabajado durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona era mucho más extenso. Buscaba unificar el Código Penal vigente con leyes penales especiales y llevar el cuerpo normativo a más de 900 artículos. Incluía endurecimiento generalizado de penas, nuevos delitos informáticos, cambios en narcotráfico, corrupción, responsabilidad penal de empresas, delitos ambientales, propiedad intelectual y figuras vinculadas con inteligencia artificial.
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La revisión de Mahiques apunta a reducir esa arquitectura. En Justicia consideran que un proyecto demasiado amplio puede quedar empantanado en el Congreso y obligar al Gobierno a defender al mismo tiempo temas de seguridad, corrupción, delitos económicos, derechos civiles, género, aborto y política criminal. Por eso, cerca del ministro insisten en una versión más corta y defendible.
En ese rediseño, el Gobierno descarta incluir una modificación de la figura de femicidio más allá de que había deslizado en distintas oportunidades la intención de revisar ese agravante bajo el argumento de la “igualdad ante la ley”, pero esa discusión no formará parte de la reforma penal que ahora buscan enviar. En Balcarce 50 entienden que abrir ese capítulo en este contexto agravaría el costo político y legislativo del proyecto.
Tampoco habrá cambios sobre el aborto, pese a que sectores del oficialismo empujaron en distintos momentos la derogación de la ley vigente. Ese fue uno de los motivos por los que el Gobierno terminó alejándose de la idea de mandar un Código Penal completamente nuevo: reemplazar todo el texto obligaba a fijar posición sobre temas que hoy no forman parte de la prioridad legislativa inmediata.
La demora en el envío reavivó las tensiones internas. En sectores del oficialismo cuestionan que el proyecto siga sin definirse mientras la agenda de seguridad vuelve al centro del debate público. “No se están tomando medidas por egos personales. Hay que actuar”, sostienen en un sector de la Casa Rosada. La frase apunta a la disputa entre los equipos que responden a Caputo y el área de Justicia que quedó bajo influencia de Karina Milei.
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, ya había anunciado el 17 de marzo que el Gobierno definió la conformación de un paquete de proyectos de ley para enviar al Congreso, entre los que incluyó la modificación del Código Penal “poniendo foco en el endurecimiento de las penas”.
Gobierno, codigo penal
POLITICA
La Justicia dictó un fallo favorable a Barrionuevo en la pelea en el Sindicato de Gastronómicos que complica al Gobierno
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la Secretaría de Trabajo expedir una certificación provisoria de las autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), lideradas por Luis Barrionuevo, que resultaron elegidas en las elecciones del 29 de diciembre pasado.
Esta medida cautelar, dictada este viernes, revoca una negativa previa y responde a la falta de respuesta oficial del Poder Ejecutivo, que mantenía sin reconocimiento formal a las nuevas autoridades tras una disputa interna en el sindicato entre el líder nacional de la UTHGRA, Barrionuevo, y el titular de Seccional Capital, Dante Camaño, que se extendió a la vía judicial.
Las internas sindicales en la UTHGRA alcanzaron un punto crítico desde septiembre de 2025, cuando la Sala VI de la Cámara había suspendido las elecciones que debían realizarse ese mes y luego habilitó un nuevo comicio para diciembre. Finalizada la votación, que se hizo el 29 de diciembre de 2025, la Junta Electoral Central proclamó como ganadora a la Lista Celeste 17 de Octubre, encabezada por Barrionuevo, con 121.334 votos.
Al día siguiente de las elecciones, la nómina ganadora pidió la certificación ante Trabajo, pero no tuvo respuesta.
Este contexto llevó al sindicato a presentar una acción de amparo exigiendo a la Secretaría de Trabajo la expedición de los certificados que oficializan a las nuevas autoridades. En forma paralela, otros trámites relevantes de la UTHGRA –como, por ejemplo, la rúbrica de libros y la homologación de acuerdos paritarios– quedaron inmovilizados ante la falta de reconocimiento oficial, lo que impactó tanto en la vida institucional de la entidad como en los salarios de los trabajadores involucrados.
El fallo hace especial hincapié en que la falta de constancia de autoridades vigentes es hoy un obstáculo concreto para el funcionamiento gremial y que ese perjuicio no es subsanable con posterioridad.
Según surge de la resolución, el primer juez de la causa había rechazado la solicitud de medida cautelar, argumentando que seguía pendiente un recurso de inconstitucionalidad elevado ante el Tribunal Superior de Justicia, por lo que no se cumplían los requisitos legales para autorizar una decisión provisoria.
Sin embargo, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo entendió que ese planteo no tiene efecto suspensivo automático y que, de hecho, los comicios celebrados y sus resultados ya fueron ejecutados e incluso reconocidos por la propia Junta Electoral. Para la Cámara, “exigir que el recurso esté resuelto de modo favorable al actor importa requerir la firmeza de una decisión que ya produce efectos”, por lo cual añadir ese requisito constituye un exceso.
En su argumentación, la jueza Marina Pisacco, una de las camaristas, enfatizó que la modificación del artículo 56 de la Ley de Asociaciones Sindicales, incorporada por el decreto 342/25, no afecta la obligación del Ministerio de registrar a las autoridades electas. Sostuvo que las personas jurídicas requieren de representantes reconocidos oficialmente para operar y que la autoridad administrativa debe mantener vigente el registro de las organizaciones sindicales y sus autoridades.
La sentencia subraya dos elementos: por un lado, la existencia del “fumus bonis iuris” (presunción fundada de derecho) y, por otro, el “peligro en la demora”, dados los obstáculos actuales para la actividad de la UTHGRA y la homologación de acuerdos salariales. “El perjuicio, así, se proyecta sobre el funcionamiento institucional del sindicato y sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en esos acuerdos, de modo que no resulta susceptible de reparación ulterior”, advierte el fallo.
La Cámara remarca también el carácter reversible de la medida cautelar: la certificación es provisional y, en caso de un eventual revés judicial, puede ser anulada sin consecuencias permanentes. “La finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y que la fundabilidad de la pretensión… no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo, sino de un análisis de mera probabilidad”, señala.
La jueza Gabriela Vázquez, la otra integrante de la Sala VI, se sumó al fallo, aclarando que su intervención en casos sindicales previos no la inhabilita para decidir en éste, ya que no prejuzgó sobre las cuestiones de fondo y la ley de amparo impide recusaciones sin causa.
Por decisión unánime, la Cámara instruyó al Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Trabajo, a expedir en 5 días la certificación provisoria de los dirigentes de la UTHGRA elegidos en diciembre, limitando sus efectos estrictamente a ese acto y preservando el debate de fondo para otra etapa procesal.
POLITICA
Ante los coqueteos de Macri con La Libertad Avanza, Lacunza no descarta competir en una reedición de Cambiemos en 2027
Con la mira puesta en las elecciones 2027, el expresidente Mauricio Macri juega a dos bandas. Mientras coquetea con la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) en todo el país, en el cual trabajan sus emisarios de Pro en los encuentros en la Casa Rosada, deja correr la precandidatura a presidente del exministro de Hacienda Hernán Lacunza.
Frente a este escenario, Lacunza, entusiasmado con la aventura a la que se lanzó hace poco más de un mes, no descarta competir en un frente que reúna a dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y el Partido Socialista –al estilo Cambiemos– en caso que las negociaciones de Pro con LLA finalmente dieran sus frutos.
En rigor, fue el exsenador e histórico dirigente de la UCR Ernesto Sanz quien activó el miércoles esta posibilidad, al decir que los radicales saldrían “al rescate” de Lacunza si Pro bajara su precandidatura por un acuerdo con LLA. Lo calificó de “buen tipo” y “valioso para la Argentina que viene”, en una entrevista televisiva con A24.
También afirmó que le “entusiasma” la chance de un “simil Cambiemos del 2015”, que compita con precandidatos de cada espacio en unas Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), en caso que no avance la reforma política del oficialismo en el Congreso, que dispone su eliminación.
En línea con esta propuesta que Sanz hizo pública de forma indirecta a Lacunza, el precandidato respondió ayer en el mismo medio que “sí” aceptaría una candidatura por un espacio que recrease Cambiemos, aunque matizó: “Eso es el final, no el principio [de la carrera presidencial]”.
Ante la consulta de , cerca de Lacunza señalaron que “es prematuro pensar en una alianza”, aunque destacaron que tiene “coincidencias y afinidades” con Sanz. En paralelo, dijeron que el exministro es “escéptico” sobre la posibilidad de que Pro consiga un acuerdo electoral con LLA y remarcaron que está “entusiasmado” con la postulación. “No ve un escenario de bajarse [de la contienda]. No depende de lo que hagan otros dirigentes”, afirmaron.
El precandidato aspira a recorrer un largo camino hacia los comicios presidenciales de 2027. De hecho, ayer anunció que se tomará licencia como vicepresidente de Racing. El economista, que asumió hace un año y medio en la cúpula de la institución, señaló que su distanciamiento radica en que le “ha costado compatibilizar agendas” luego de su relanzamiento en la política.
Su desembarco en la contienda presidencial generó reacciones de lo más diversas dentro de Pro. Los dirigentes se dividieron entre quienes apoyan su figura; los que valoran su vocación, pero sin trabajar junto a él; y referentes que la rechazan de forma rotunda, grupo compuesto fundamentalmente por acuerdistas.
Mientras, con el visto bueno de Macri, Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en la Cámara baja, y el diputado Fernando de Andreis, secretario general del partido y alter ego de Macri, negocian con el Gobierno “un frente común en todas las provincias” en los encuentros quincenales que mantienen en la Casa Rosada.
“Cuando se reúnen, ¿de qué discuten? De las listas de diputados y senadores, de que ‘en mi territorio no me compitas’ y de reforzar con cargos en el Ejecutivo. Cargos, listas, territorios: ¿dónde está la gente ahí?”, lanzó ayer Lacunza sobre la mesa de diálogo que integran referentes de Pro y LLA.
Luego de la entrevista del exministro, Sanz agregó en las últimas horas que, si Macri llegara a un entendimiento electoral con LLA, habrá dirigentes de Pro que “quedarán en libertad de acción” –aquellos que se oponen a una sociedad con el Gobierno, como Lacunza, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal o la legisladora porteña Silvia Lospennato–, pasibles de sumarse a un armado con espacios como la UCR, la CC y el socialismo. “Es un mensaje de fortalecimiento a Lacunza y una alerta para Pro”, sostuvo Sanz sobre sus propios dichos, en conversación con .
El dirigente mencionó que dialoga con Lacunza; con el extitular de Diputados del macrismo, Emilio Monzó –que apoya una postulación del empresario Jorge Brito–; con el diputado de la CC, Maximiliano Ferraro; y con la dirigente socialista Mónica Fein.
Reaparece Macri, ¿sin Lacunza?
Macri encabezará un acto partidario el próximo viernes en Jujuy, en una nueva escala de la gira “Próximo Paso” que inició en marzo pasado. Esta edición, correspondiente al noroeste argentino, será la primera después de tres meses, un período en el que comenzaron las negociaciones con el Gobierno y surgió la candidatura del exministro de Hacienda.
Sin embargo, Lacunza no participará del acto en el norte, al menos de momento. Una alta fuente partidaria dijo a que el precandidato no figura en la lista de oradores del evento –que incluye a Macri, De Andreis y dirigentes provinciales–. “No creo que participe”, sostuvo.
En el entorno de Lacunza argumentaron que tiene una “agenda propia en el interior y en Buenos Aires”, relacionada con su postulación, y que suspender las actividades ya pactadas tendría un “costo”. “Lo de Jujuy surgió a principios de esta semana. Si vale la pena lo hace, pero es un acto regional y no se va a decidir nada”, relativizó la fuente consultada, que agregó que el economista tiene planificado ir a la provincia más adelante.
El expresidente aún no brindó respaldo público a Lacunza, aunque tampoco se refirió a cuestiones políticas desde su lanzamiento. El precandidato asegura que cuenta con su aval y que lo ratificó después de reanudadas las conversaciones con LLA. En medio del equilibrismo que ensaya Macri, cualquier alusión –u omisión– al precandidato durante el discurso en Jujuy tendrá una lectura política.
Lo mismo ocurrirá respecto de las negociaciones con LLA. En los anteriores actos del tour federal, Macri no escatimó en cuestionamientos hacia el gobierno nacional. ¿Qué posición adoptará ahora, que envía quincenalmente emisarios a Balcarce 50?
En paralelo, fuentes partidarias confirmaron a que Macri mantendrá un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, durante su visita al distrito, y no descartaron que el mandatario provincial radical tenga “alguna participación” en el acto, que se celebrará en el Hotel Altos de la Viña en San Salvador de Jujuy.
A la gira solo le queda pendiente la región patagónica, donde se planea una escala para los próximos meses. En tren de reactivar a Pro, arengar a los dirigentes locales y exhibir músculo político, este año Macri encabezó actos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco, Mendoza y Santa Fe.
Luego del 26 de junio –jornada en la que lideró la última edición de la gira, en Mar del Plata–, partió hacia el Mundial de fútbol que se realizó en Estados Unidos, México y Canadá (al que fue en calidad de titular de la Fundación FIFA) y bajó el perfil.
Cerca suyo argumentaron que el freno de tres meses en los actos partidarios y la menor exposición del expresidente se debió a cuestiones de “agenda”. Ayer, Macri compartió imágenes que fueron capturadas mientras dictaba una clase en la Bologna Business School.
Mauricio Macri,activó el miércoles esta posibilidad,licencia como vicepresidente de Racing,negocian con el Gobierno,comenzaron las negociaciones con el Gobierno,pic.twitter.com/7IKIJsH6Nt,September 16, 2026,View this post on Instagram,Denise Chmois,Hernán Lacunza,Mauricio Macri,Conforme a
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La mesa política busca aplacar las internas por el Presupuesto y evalúa una reunión con el bloque de Diputados
El proyecto de Presupuesto para el 2027 dejó más controversias al interior del Gobierno que una discusión pública sobre su contenido mismo. El Ministerio de Economía envió la versión a la cúpula del Gobierno para que se firme al filo del plazo legal para presentarlo y de un día para el otro, los negociadores libertarios en ambas cámaras del Congreso se desayunaron cambios que no estaban previstos en las tratativas que habían encaminado desde hace semanas con bloques aliados.
El clima sigue espeso al interior del Gobierno. La mayoría de los integrantes de la Mesa Política decidió bajar las armas. “Ya no tiene sentido seguir puteando al aire. Lo único que importa es llevarnos el Presupuesto”, avisan desde uno de esos despachos, reconociendo la bronca que se generó con la situación evidenciada el miércoles (el día después de la presentación del proyecto), cuando comenzaron a emerger artículos que modificarían las prestaciones por Discapacidad y la actualización de la AUH.
Ambos temas serán abordados en la próxima reunión de Gabinete a la que probablemente convoque el presidente Javier Milei para este lunes. También se tratará todo en la reunión de Mesa Política, la instancia de debate del círculo más chico del Gobierno que está siendo cuestionada por diferentes integrantes. Quien lo hizo de manera pública fue Patricia Bullrich, quien en diferentes reportajes cuestionó que los recortes en esos segmentos no fueron sincerados en la reunión que hubo horas antes de que el Ejecutivo presentara el proyecto.
Solo un puñado de funcionarios conocía la letra chica del Presupuesto 2027, lo que deja entrever que la totalidad de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional tampoco lo conocían. En el Gobierno marcan que tienen intenciones de subsanar esa situación hacia adelante. “Estamos planificando reuniones con legisladores nacionales con Economía para sacar dudas sobre todo lo que hace el proyecto”, confirmó una fuente de la mesa política a Infobae.
La persona a la que aluden es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que está a cargo de confeccionar y maniobrar la política fiscal del Gobierno para asegurar la política de déficit cero. Más de un integrante del Gobierno tiene intenciones de que se haga un encuentro con diputados -y en lo posible, sumándole senadores- para informarles sobre las nociones básicas del proyecto presupuestario.
La posibilidad de hacer un encuentro con el encargado de Hacienda es potencial y no algo concreto. En otros despachos afirman que no tienen esa información, aunque en otros afirman que “es probable porque el año pasado se hizo así”. Lo que es seguro es que Guberman irá al Congreso a dar su explicación oficial sobre el proyecto que confeccionó con la cúpula del Ministerio de Economía. La exposición del año pasado fue algo accidentada. Guberman fue acompañado por el entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y expusieron sin responder preguntas, evidentemente molestos por las interrupciones de diferentes diputados de la oposición más dura contra el Gobierno.
El tándem compuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a esquematizar la hoja de ruta para conseguir adhesiones de bloques aliados y gobernadores. Algunos de ellos confiesan en privado su cansancio por el mecanismo de negociación del Gobierno y la naturaleza de los proyectos que envía la Casa Rosada. “Hacen proyectos enormes y te quieren colar cambios profundos en un artículo cortito. Algunos ya nos sentimos boludeados”, afirmó un gobernador en diálogo con Infobae.
Ambos trabajan para evitar que se produzca un revés al momento de tratarlo en alguna de las dos cámaras. El antecedente más próximo es el del último presupuesto. Al momento de llevarlo a votación, Diputados rechazó el capítulo que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En el oficialismo y la oposición dialoguista existe la voluntad de buscar una suerte de “punto medio que no rompa con el equilibrio fiscal”. “Para eso tenemos que generar un camino de confianza”, apuntan cerca de un funcionario del Gobierno.
La confianza también debe ser interna, porque el vínculo entre varios de los integrantes de la Mesa Política quedó astillado después de los sucesos de los últimos días. “Estamos armando una matriz para encarar las conversaciones”, puntualiza uno de ellos. El factor decisivo será que los dirigentes de la esfera política del Ejecutivo logren coordinar las negociaciones con el ala económica, compuesta en su estrato más alto por el mismísimo Javier Milei y el ministro Luis Caputo.
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