POLITICA
El Gobierno reactivó la negociación con los gobernadores para destrabar la reforma electoral
Decidido a avanzar con la reforma electoral y su ambiciosa batería de proyectos en el Congreso, el Ejecutivo comenzó a sondear a los gobernadores aliados para buscar su apoyo en medio de reclamos por la obra pública, recursos y las negociaciones frente al año electoral.
La prioridad de la Casa Rosada está puesta en la reforma electoral, un proyecto clave para el oficialismo que permanece trabado por la resistencia de los aliados a eliminar las PASO. También figuran entre los temas centrales los pliegos de los jueces que aguardan el visto bueno del Senado.
El interlocutor designado por el Gobierno para encarar las conversaciones con las provincias es el ministro del Interior, Diego Santilli. En ese marco, el funcionario ya mantuvo reuniones con dos gobernadores que en el pasado jugaron como aliados circunstanciales de La Libertad Avanza.
Para ver cómo avanzar con la reforma electoral, Santilli también se reunió con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Se tiene que mover, eso se definió. Luego se verá qué concesiones se hacen en el proceso, pero es prioridad uno de los temas que están para tratarse”, aseguraron a este medio fuentes de la Casa Rosada.
En el oficialismo consideran que, salvo las provincias que buscan repetir los acuerdos electorales del año pasado —Mendoza, Entre Ríos y Chaco—, el resto de los gobernadores evaluará el escenario conforme avance el año y según cuál sea la posición del Gobierno. “Están todos especulando, midiendo cómo llega con los números”, aseguró a TN una fuente al tanto de las negociaciones.
En ese contexto, Santilli recibió este miércoles al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Acompañado por autoridades provinciales y legisladores nacionales, el mandatario planteó las necesidades de su distrito, entre ellas el desarrollo productivo, la minería, la logística y la generación de inversiones.
Luego, el ministro del Interior mantuvo una segunda reunión en Casa Rosada con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Del encuentro también participó el armador Eduardo “Lule” Menem, delegado de Karina Milei para diseñar la estrategia electoral de La Libertad Avanza.
Según pudo saber TN, esa conversación estuvo más vinculada a la planificación del escenario electoral para el año próximo. Los reclamos por recursos y obra pública, en tanto, ya habían sido planteados anteriormente por Sáenz en una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Por fuera de los temas prioritarios y más complejos, el Gobierno cree que mientras tanto podrá avanzar sin mayores inconvenientes con otras iniciativas en el Congreso.
En ese sentido, el oficialismo planea convocar a una sesión en el Senado para tratar la Ley de Propiedad Privada; la Ley Hojarasca, que viene de tener media sanción en Diputados; 73 pliegos judiciales que ya tienen dictamen de la comisión de Acuerdos; y el acuerdo con los holdouts. También evalúan sumar al temario la modificación al régimen de Zona Fría, que recibió media sanción en la Cámara Baja.
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POLITICA
Chaco también desdoblará sus elecciones en 2027: se votaría en la segunda quincena de septiembre
Chaco irá a las urnas en septiembre de 2027 para renovar cargos provinciales, legislativos y municipales. La votación quedará separada de la nacional y se podría concretar durante la segunda quincena de ese mes. Leandro Zdero buscará allí un nuevo período en la gobernación.
Las pautas de cómo y cuándo se vota en la provincia norteña quedaron fijadas por la Constitución de 1994. Allí se decidió que las elecciones para gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejos municipales se deben llevar a cabo en una fecha distinta a las presidenciales. Además, se deben concretar dentro de los noventa días después de que terminen los mandatos.
“Aún no tenemos fecha”, sentenció Zdero cuando lo consultaron medios locales sobre qué día se realizarán los comicios provinciales.
Las chances, según los parámetros constitucionales, marcan que el tope se encuentra el domingo 12 de septiembre. Una alta fuente del gobierno chaqueño confirmó a Infobae que la posibilidad que se baraja es llamar a votar “durante la segunda quincena” de ese mes. El combo se cerraría con cierre de listas en junio o julio.
Zdero ganó su primer mandato el 17 de septiembre de 2023. Pero cuatro años antes, Jorge Capitanich llegó al gobierno con una votación realizada el 13 de octubre de 2019. En 2015, la elección que consagró a Domingo Peppo se concretó el 20 de septiembre. El antecedente previo también es de ese mes: el domingo 18, Capitanich se impuso en las urnas.
Hace unos días, Zdero se convirtió en el primer gobernador en lograr la suspensión de las PASO en el ámbito provincial. La decisión de la Legislatura unicameral chaqueña se basó en la necesidad de priorizar otros gastos.
A nivel nacional, las elecciones están programadas para el domingo 24 de octubre. Las PASO, si el Congreso no las cancela, deberían realizarse en agosto.
Chaco se coloca entonces como la novena provincia en confirmar un calendario electoral distinto al nacional. Tucumán irá a las urnas el 9 de mayo; Salta haría lo propio entre el 16 y el 23 de ese mes; Chubut votaría entre julio y agosto; también en agosto sería la elección en Neuquén; en Santa Fe, se evalúa un rango que va del 13 de junio al 5 de septiembre; Tierra del Fuego tiene el mismo parámetro constitucional que Chaco. Mendoza y Misiones también sufragarán de forma desdoblada, aunque aún no hay fecha confirmada.
En qué instancias está el acuerdo con LLA
Chaco fue el primer ejemplo exitoso de simbiosis entre La Libertad Avanza y un frente local. Con esa fórmula, lograron ganar los comicios legislativos provinciales y nacionales de 2025.
La intención es repetir la receta en 2027. Hay conversaciones abiertas. Zdero hace unas semanas charló en forma directa con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y presidenta de LLA a nivel nacional. La idea gira en torno a un escenario en el que la combinación de ambas fuerzas acrecentaría las chances de reelección del gobernador y sumaría votos para la aspiración de Javier Milei de estar cuatro años más en Balcarce 50.
Los contactos del mandatario chaqueño también incluyen al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.
Las conversaciones se concretan en un plano doble. Por un lado, la conformación nacional. A la Casa Rosada le interesa aumentar el número de bancas en el Congreso. Chaco renovará el año próximo tres lugares en Diputados.
Una silla es de LLA, la tiene Carlos García. Gerardo Cipolini, un radical con vínculos fuertes pero tensos con Zdero, es otro a quien se le vencerá el mandato. Su nombre tuvo fama efímera en dos oportunidades. La primera, al hacer comentarios machistas hacia legisladoras peronistas; La segunda, cuando no votó un capítulo clave del presupuesto 2027. Aldo Leiva, de Unión por la Patria, es el tercero al que se le vencerá el mandato.
El otro plano de las conversaciones entre el oficialismo chaqueño y LLA es la elección provincial. Aquí también tienen protagonismo los referentes libertarios locales que trabajan con la premisa de colar nombres en los armados legislativos y de intendencias. Además de gobernador y vice, en 2027 se votarán 16 legisladores provinciales y autoridades en 74 municipios y concejos deliberantes. La premisa es que todo tenga tonos violeta.
El vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó la postura del Gobierno frente al reclamo de la soberanía argentina en las islas Malvinas y dio detalles sobre cómo será la Base Naval Integrada que comenzarán a construir en Ushuaia, Tierra del Fuego. Prevista para finalizar en 2029, el costo total de la obra ascendería a 500 millones de dólares.
“Va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Será un punto estratégico para la proyección argentina al Atlántico sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”, explicó el portavoz en la conferencia de prensa de este martes desde Casa Rosada y añadió: “También brindará apoyo y logística desplegada en la Antártida”.
La base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 que fueron comprados a Dinamarca. “Va a proveer al país de protección naval y aérea”, subrayó Ravier.
El portavoz presidencial también destacó los beneficios económicos de la Base Naval. “Contará con muelles comerciales y civiles que desarrollarán una región en donde hoy los buques sufren demoras para amarrar debido a la falta de capacidad”, destacó y sumó: “Además, desempeñará un papel importante en la protección de objetivos estratégicos en el sur del país, como Vaca Muerta”.
La Base Naval Integrada estaría finalizada luego de un período de 30 a 36 meses de trabajos, que se realizarán por etapas y contemplan un muelle de 585 metros.
Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, visitaron el viernes el lugar donde en se instalará la futura base en Ushuaia.
La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales a , “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos, que dará suministros para la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
El Gobierno reasignó unos US$142 millones del presupuesto nacional para el desarrollo de la Base Naval Integrada y fuentes oficiales establecieron el costo total de la obra entre US$400 y US$500 millones. Quirno especificó que el avance será con “recursos propios del Estado nacional” y dijo que el presidente Javier Milei ya había instruido al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar la iniciativa en el presupuesto 2027.
Consultado por acerca de la participación de otros países en el financiamiento de la obra, Quirno especificó que “es una base que está haciendo la Argentina con sus propios recursos”. “Se trata de un proyecto que está hace décadas y que ahora vamos a empezar a ejecutar”, señaló.
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POLITICA
Luis Caputo celebró el sobreseimiento de sus hermanos por el presunto financiamiento de Revolución Federal
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este lunes el sobreseimiento de sus hermanos Flavio, Hugo y Rosana en la causa que investigó un presunto financiamiento familiar a Revolución Federal y cuestionó al kirchnerismo, al que acusó de montar una “persecución ridícula” en su contra.
“Años gastando plata de los contribuyentes (Arca, IGJ, Policía, etc) en la persecución más ridícula de la historia”, cuestionó el ministro en sus redes, luego de que la Justicia descartara un vínculo entre sus hermanos y el grupo antikirchnerista que había sido vinculado al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto, Caputo acusó “la complicidad de una buena parte del periodismo” y apuntó contra la actual oposición por buscar “hacer daño” para “sacar algún rédito político”.
“En el medio, las personas no importan. Lo importante es hacer daño. Así opera el kirchnerismo cuando está en el poder. Usa todo el aparato estatal para perseguir y dañar a los que ellos decidan”, sentenció el funcionario. Y agregó: “Lo curioso es que para algunos, lo preocupante son los ‘modos’ de este gobierno”.
Los fundamentos del sobreseimiento
Luego, Caputo compartió los principales argumentos del juez Marcelo Martínez de Giorgi para fundamentar el sobreseimiento. Los hermanos del ministro -dueños de la firma Caputo Hermanos- eran investigados para determinar si habían financiado encubiertamente a la agrupación Revolución Federal, procesada por “incitación a la violencia colectiva” por liderar marchas contra el kirchnerismo y repartir amenazas públicas contra sus dirigentes.
Finalmente, la Justicia nunca probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, pero el kirchnerismo mantuvo la hipótesis en la querella y acusó a la familia del ministro de Economía de disimular pagos para impulsar sus actividades.
Según los argumentos que compartió Caputo, el juez sostuvo que la obra por la que sus hermanos contrataron a Morel “existió y fue real”: remitos, facturas, transferencias e informes de AFIP y de entidades bancarias comprobaron que el edificio Espacio Añelo se construyó y que los muebles encargados se fabricaron, entregaron e instalaron efectivamente allí.
Para el magistrado, la secuencia comercial —búsqueda de proveedores, presupuestos, facturación y pagos— sigue un orden compatible con un trabajo genuino y no con una maniobra para canalizar fondos hacia Revolución Federal. A eso sumó que el vínculo entre Rosana Caputo y el líder del grupo era anterior a la creación de la agrupación, en mayo de 2022, lo que para el juez debilita la hipótesis de un pago encubierto por su activismo. Tampoco encontró pruebas de que la familia conociera la militancia de Morel al momento de contratarlo ni de que los desembolsos estuvieran condicionados a su actividad política.
El fallo también descartó que hubiera sobreprecios: el Cuerpo de Peritos Contadores no logró determinar un aumento real en los valores facturados, ya que comparaba productos hechos a medida con otros estandarizados, parámetros que consideró no equiparables. A esto se agregó un dato procesal que, según el juez, le resta sustento a la teoría de un financiamiento organizado: en cámara, Revolución Federal fue recalificada como un grupo de menor entidad, encuadrado en el artículo 212 del Código Penal —incitación a la violencia colectiva— y no en el 213 bis, que tipifica la asociación ilícita.
Con esos elementos, Martínez de Giorgi concluyó que no existían indicios suficientes para sostener la imputación y dispuso el sobreseimiento de los tres hermanos por inexistencia del hecho investigado.
El trasfondo político del caso
La causa había sido impulsada en parte por la querella de Cristina Kirchner, que buscó unificarla con el expediente que terminó con las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el ataque a la expresidenta.
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