POLITICA
Un poder inesperado cubre la ausencia opositora
El gobierno de Javier Milei no se sostiene en una aprobación mayoritaria. En estudios de opinión como el de Hugo Haime recibe el apoyo de 33% de los consultados. Pero 53% se declara opositor. Sin embargo, ese desbalance no se proyecta sobre el sistema político.
La Libertad Avanza no está expuesta al desafío de una oposición competitiva.
Todavía no apareció el líder o la agrupación que ofrezca una alternativa creíble capaz de politizar la disidencia y el desencanto.
Esa ausencia no significa que Milei navegue solitario en un océano de poder. El oficialismo choca contra la rigidez de otro tipo de límite. El principal es la Justicia, que, por buenas y malas razones, parece ocupar el fastidioso rol de la oposición convencional.
El motivo principal es que el Gobierno parece estar contaminado de numerosos casos de corrupción. La idea de que los libertarios venían a quebrar una continuidad muy poco edificante respecto de experiencias anteriores resulta cada vez más discutible. No sólo porque se multiplican las sospechas sobre irregularidades. También porque Milei y sus colaboradores han desistido de promover una mejora en la calidad institucional. Esa displicencia encarna en algunas designaciones relevantes. La postulación del juez Ariel Lijo para la Corte, o las de Mariano Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola para gestionar el Ministerio de Justicia, no pueden ser entendidas como síntomas de una vocación por regenerar la vida institucional.
La percepción de ese desinterés gana espacio entre los observadores locales. Pero también modela la imagen de la administración en el exterior. La manifestación más reciente es el documento del Fondo Monetario Internacional titulado Argentina: Consulta del Artículo IV de 2026, Segunda Revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas del FMI (EFF) y Solicitud de Modificación de Desempeño (Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria). En el Box 9 de ese documento, que se refiere a “Gobernanza y Marco Anti-Corrupción”, los técnicos del Fondo analizan las limitaciones institucionales que afectan al progreso económico argentino.
El texto contiene un párrafo en el que se elogian varias iniciativas de desregulación que, al remover controles estatales, evitan el establecimiento de “peajes” asociados al riesgo de sobornos. La liberalización, que incluye simplificación de procedimientos y eliminación de subidios, es siempre una gran política anti-corrupción.
Sin embargo, en un segundo pasaje, el staff del Fondo plantea una preocupación frente a varios “desafíos”, que es el eufemismo con el que los organismos internacionales se refieren a “problemas”. Allí se recuerda que la Argentina figuró en el puesto 36 sobre 100 en el índice de percepción de corrupción de Transparency International. Después especifica algunas fallas, en lo que podría subtitularse como el párrafo “Adorni” del informe. Dice así: “Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse: los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan verificación limitada, baja transparencia, publicación demorada y aplicación desigual. Los regímenes de conflicto de intereses siguen limitados por reglas poco rigurosas y una débil capacidad de control”.
Los especialistas del Fondo ponen el foco después en un drama estratégico: la decadencia del Poder Judicial, que debe ser el que garantice que la corrupción no será favorecida por la impunidad: “Persisten preocupaciones sobre la limitada independencia judicial y la politización, ya que evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y una rendición de cuentas limitada de funcionarios de alto rango, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de fiscales y jueces y la transparencia judicial”.
La agenda pública de estos días ilustra con infinidad de casos escandalosos la pintura que presenta ese informe firmado en Washington. Se puede seguir afirmando que el Gobierno carece de oposición. Pero el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tambalea. No porque el Congreso esté por imponerle la moción de censura prescripta por el artículo 101 de la Constitución. A Adorni ni siquiera se lo interpeló, entre otras razones, porque la fracción kirchnerista que conduce la bancada peronista se negó a firmar la convocatoria para hacerlo.
Adorni puede caer por lo que sucede en Tribunales. Investigado por el juez Lijo y por el fiscal Gerardo Pollicita, el pródigo vecino de Indio Cua podría ser llamado a indagatoria antes de la feria de julio. Es difícil que la Justicia someta a un jefe de Gabinete a ese procedimiento sin que se hayan configurado razones poderosas para, después, procesarlo. Ese eventual desenlace de Adorni provoca un entusiasmo sibilino en algunas celebridades del oficialismo. Pablo Quirno, por ejemplo, sueña con ascender desde la Cancillería a la Jefatura. ¿Martín Menem estaba destinado a esa posición hasta que apareció la cuenta “Periodista Rufus”? La combativa Pilar Ramírez, ojos y oídos de Karina Milei, levanta el perfil en la Legislatura con la intención de “deslomarse” con la candidatura porteña que deja vacante el viajero de Aruba y Punta del Este. Provocaciones para Patricia Bullrich, a quien le hacen saber que La Libertad Avanza todavia no tiene pensado un destino para ella. A pesar de que es la figura con mejor perfil en las encuestas de toda la clase política.
Los hermanos Milei siguen sosteniendo a Adorni con una obstinación cada día menos comprensible. Por lo tanto, alientan a que se sospechen explicaciones cada día menos presentables. Casi todas suponen algún grado de complicidad. Aunque hay una que discurre por otro carril: como el “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo, fue, después de Ricardo Lorenzetti, el principal impulsor de Lijo hacia la Corte, en las inmediaciones de Karina Milei se pregutan si el juez no será un alfil de las “Fuerzas del Cielo” en la cruenta guerra que se libra en el gabinete. Lijo fue también un aliado de Caputo en la frustrada promoción de Guillermo Montenegro al Ministerio de Justicia, en reemplazo de Cúneo Libarona. No lo lograron. En lugar de Montenegro llegó Juan Bautista Mahiques, quien compite con Lijo por convertirse en procurador general de la Nación.
Estas especulaciones se sostienen en una premisa tácita: es imposible que Adorni esté atravesando su calvario porque, sospechoso de haber acumulado un patrimonio difícil de explicar, se enfrentó a un magistrado decidido a hacer Justicia. Es Lijo quien impide que se observe con naturalidad la causa Adorni. Sencillo: su comportamiento como juez ha sido siempre tan arbitrario que, si se muestra severo, obliga a pensar en alguna rareza. Da la impresión de que es este juez, a quien Milei se cansó de ensalzar cuando lo quería en la Corte Suprema, el que aparece retratado en el texto del Fondo cuando se habla de “demoras en causas de alto perfil”. Un ejemplo: Lijo mantiene abierto un expediente por el extrañísimo ingreso de la familia Eskenazi en YPF desde el año 2007. Sin ir tan lejos, el rigor que aplica para Adorni contrasta con la molicie con que lleva adelante la causa sobre supuesta percepción de sobornos y otras fechorías en la administración de los permisos de importación (Siras) durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. Y no será por culpa del fiscal, Franco Piccardi, que se ha mostrado muy incisivo en la investigación.
Es verdad que Adorni colabora bastante con el escarnio al que lo someten en Comodoro Py. Todavía no consiguió que le cierren las cuentas para presentar, de una vez por todas, la declaración jurada que demuestre que adquirió todos sus bienes en el marco de la ley. Esta demora vale más que cualquier fantasía conspirativa para comprender su situación. Sin embargo, sería un error invalidar la alarma de los técnicos del Fondo sobre el grado de politización de la Justicia. Al designar a Mahiques como ministro, Milei se asoció a una facción de Comodoro Py. Hoy paga, en alguna medida, las consecuencias de haberse inoculado la lucha interna de una corporación que tiene códigos cifrados. Mejor dicho: no de una sino de dos corporaciones. Porque sobre la guerra de sectores de la Justicia Federal se superpone el conflicto entre bandas de espionaje.
Si Mahiques había prometido a Milei despejar las amenazas que llegaban, sobre todo a él y a su hermana, desde Comodoro Py, todavía no consiguió cumplir con la promesa. Fue mucho más eficiente cuidando los intereses de sus amigos de la AFA, beneficiarios de un enredo procesal que los mantiene a resguardo de cualquier sanción. Además, el ministro está cubriendo numerosas vacantes judiciales con magistrados que prometerían un destino sin preocupaciones para Claudio “Chiqui” Tapia y, sobre todo, para Pablo Toviggino, a quien él llama “Tovi”.
Al revés: para el Gobierno, algunos movimientos se volvieron más agresivos, como el de la causa $Libra, que no deja dormir a la señorita Milei. Se tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, acaso el magistrado más subordinado al tenebroso Antonio Stiuso. Más para fantasear: el espía jubilado mantiene, en especial a través de su secretario privado Lucas Nejamkis, una relación bastante estrecha con el “Mago” Caputo, quien desde su cómoda posición de asesor contratado controla los servicios de Inteligencia.
Como si se confirmaran las preocupaciones del Fondo Monetario, la Justicia federal es hoy el campo de una guerra entre magistrados que se comportan como jefes de clanes en disputa. Una de las batallas enfrenta a dos figuras polémicas: María Servini de Cubría y el titular de un juzgado de Lomas de Zamora, Federico Villena. El enredo parece inverosímil. Villena se habría cansado de que Servini lo despedace en trasnochadas sobremesas a lo largo de semanas. La llamó varias veces para pedir explicaciones. Como la “Chuchi” no atendía, insistió con cierta tozudez. En tribunales aseguran que la jueza recurrió a su eterno asesor, el tenebroso Stiuso, quien tiene con Villena un viejo enfrentamiento.
El supuesto acoso telefónico a Servini se convertiría en una excusa para voltear a Villena y colocar en su lugar a Juan Tomás Rodríguez Ponte, secretario de Lijo que fue propuesto para cubrir un juzgado de Lomas de Zamora. Lijo es otro amigo de Stiuso y, sobre todo, de Nejamkis. El secretario privado aspira desde hace tiempo a reemplazar a su ya antiguo jefe. Los chicos crecen. Siempre según la misma versión, Stiuso habría aconsejado a Servini denunciar a Villena en el juzgado de su leal Martínez de Giorgi, donde ya existe un expediente en el que el juez de Lomas es mencionado. Los motivos del enfrentamiento entre Villena y Stiuso son siempre los mismos: el control de la riquísima Aduana de Ezeiza, que está bajo la jurisdicción de Lomas de Zamora. Para Stiuso hay una preocupación más específica: las operaciones aduaneras de Tabacalera Sarandí, de su benefactor Pablo Otero. Una curiosidad: la denuncia de Arca por supuestos fraudes de esa empresa con distribuidores fantasmas fue radicada en el juzgado de Servini.
La Justicia se está convirtiendo en la principal oposición a Milei. El periodismo decente, que para el Gobierno representa al 5% de la profesión, explica que se trata de una patraña estimulada sólo por razones políticas. El otro 95%, que integra la prensa corrupta, plantea de que la politización judicial no permite ignorar que los casos de presunta corrupción se multiplican. No todos tienen que ver con Karina Milei y sus alfiles, los Menem. Sergio Rodríguez, el titular de la procuradoría anti-corrupción, puso la lupa sobre algunas rarezas de la licitación que colocó a la transportadora Transener en manos de los hermanos Neuss, amigos del “Mago” Caputo. Los Neuss “compitieron” contra José Luis Manzano, quien se habría presentado en la licitacion a pedido de alguna figura oficialista. Los beneficiarios de la licitación, que protagonizan una carrera acelerada en la apropiación de sectores extensísimos del parque energético, ahora aspiran también a quedarse con Metrogas. De nuevo aparece allí Manzano. La expansión de los Neuss inquieta dentro y fuera del país. No se termina de entender si invierten capital o, discípulos libertarios de los kirchneristas Eskenazi, sólo aportan una conexión política. Para comprenderlo del todo habrá que esperar al juicio.
La plasticidad de Manzano es proverbial. En la Argentina ocupa la primera fila del empresariado oficialista, cargo que se ganó en buena medida con aportes a la fundación “Faro”. Es el organismo recaudatorio de la Libertad Avanza, donde el precio de la mesa en una cena puede alcanzar los 300 millones de pesos. Esa caja es el único territorio en el que la señorita Milei y el “Mago” Caputo no pelean.
El mismo Manzano que se envuelve en la bandera libertaria en la Argentina “acompaña” a los amigos del socialista Pedro Sánchez en Madrid. El gobierno de España, al que Milei aborrece, acaba de adjudicarle una frecuencia de televisión abierta. El canal será tan oficialista que lo llaman “TelePedro”. Esta ambivalencia del audaz “Tocoto” sólo tiene comparación con la de otro empresario binacional: Hugo Sigman. El principal caudillo de la industria farmacéutica aplaudió en la entrega de los premios Goya a Dolores Fonzi, quien alertó a los españoles sobre una ultraderecha como la de Milei, dispuesta a entregar hasta el agua. Al mismo tiempo, en Manhattan, durante la Argentina Week, Leando Sigman, hijo de Hugo, ocupaba el rol de vocero del Gobierno en defensa de la política sanitaria, de la que es un protagonista principal como contratista del Pami. Sigman, que en su momento se benefició de los servicios de allegados a Stiuso, debe prestar declaración indagatoria ante Lijo, por su rol de proveedor frustrado de vacunas durante la cuarentena. Como diría “La Cautiva”: “Todo tiene que ver con todo”.
Carlos Pagni,Conforme a
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"Nos falta una maestra": los sindicatos docentes se movilizan hoy a la casa de Corrientes en el centro porteño
Los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocaron para este jueves a un paro, duelo y movilización por el asesinato de Nancy Godoy, una docente correntina de 52 años, cuyo cuerpo fue hallado ayer tras haber estado desaparecida casi veinte días en esa provincia.
A través de un comunicado en la red social X, la organización gremial llamó a realizar la medida de fuerza en el marco de una acción sindical para exigir justicia y el esclarecimiento del crimen. Esta mañana, a las 8.30, maestros y afiliados nucleados en los sindicatos del sector concentrarán en la casa de la provincia de Corrientes, ubicada en Maipú 271.
“CTERA ha resuelto una jornada nacional de duelo con paro nacional, con acciones en las provincias. Llamamos también a adherir a la comunidad educativa, a los otros sindicatos y a los papás. Ha sido asesinada una maestra rural en el marco de desarrollar su tarea. Venimos bregando por justicia, venimos luchando contra los femicidios. Este año llevamos asesinadas 129 mujeres”, expresó en las redes sociales Sonia Alesso, secretaria general de la confederación docente.
Godoy era directora suplente de la Escuela Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Asumió en ese cargo en agosto de 2026. Llevaba diez años sin conseguir un cargo docente estable. La institución tenía ocho alumnos matriculados.
Previo a la desaparición de Godoy, la profesional había denunciado problemas en el estado de la escuela, entre ellos falta de mantenimiento y condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases.
El cuerpo de la docente fue hallado este miércoles, tras ser buscada durante más de tres semanas, mientras la investigación en curso busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.
“Como miles de maestras que trabajan en la ruralidad, que recorren caminos y horas para llegar a su lugar de trabajo, Nancy fue a trabajar y fue asesinada. Es inaceptable el asesinato de un maestro. Para nosotros, para CTERA, para las maestras, los maestros, los profesores y las profesoras, la muerte es un límite”, reclamó Alesso.
En el comunicado sindical, desde CTERA reclamaron “al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional” que “asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección” que afrontan los maestros como Godoy.
El femicidio de Godoy se suma a la historia de otras víctimas fatales que impactaron en el ámbito educativo y que, en respuesta, desataron acciones sindicales de huelga a nivel nacional, como el de Carlos Fuentealba, asesinado en una represión policial en 2007 en la provincia de Neuquén, o el de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, que fallecieron en una escuela de Moreno por una explosión de gas en 2018.
Con esos antecedentes, se espera que la huelga nacional tenga un fuerte impacto y haya ausencia de clases en todo el país.
Hasta el momento hay cinco detenidos: el capataz Ireneo Zarza, en cuya tapera donde vivía apareció el cuerpo de Nancy, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas. Los tres están imputados por el delito de femicidio. También está sospechada Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.
El cuerpo de Godoy fue localizado semi-sumergido en un bañado de una zona de monte, dentro de la estancia y a varios kilómetros de la escuela. El lugar es de difícil acceso, por lo que los investigadores debieron organizar un operativo especial para llegar hasta allí y realizar las pericias.
La causa continúa en etapa de investigación y las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de la docente y establecer qué ocurrió.
“No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, precisó uno de los fiscales a cargo de la causa, Javier Gustavo Mosquera.
Nancy Godoy,CTERA,paro docente,femicidio,Argentina
POLITICA
En medio de la tensión diplomática y la fuga de Bolsonaro, Quirno coincidirá con su par de Brasil en una reunión de cancilleres del G20
El Gobierno tiene previsto enviar al canciller Pablo Quirno a Estados Unidos para participar de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, que se realizará este viernes 30 y sábado 31 de octubre en Atlanta. El encuentro será encabezado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y contará con la presencia del canciller brasileño, Mauro Vieira, en medio de las tensiones diplomáticas por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Miami a través de la Argentina.
La Cancillería brasileña confirmó que está prevista la participación de Vieira en la cumbre, mientras que en el Gobierno argentino ratifican que Quirno proyecta viajar, aunque todavía no tiene una agenda bilateral cerrada. La coincidencia abre la posibilidad de un contacto entre ambos representantes después del episodio de Puerto Iguazú. Por el momento, ninguna de las dos administraciones confirmó que haya solicitado una reunión para abordar la situación del senador brasileño.
El encuentro tendrá lugar después de que Bolsonaro agradeciera públicamente a Javier Milei y Donald Trump por su llegada a Estados Unidos. En una carta difundida este miércoles desde Miami, el dirigente destacó el coraje, el sentido de la justicia y el respeto por la legalidad del Presidente argentino. También agradeció al mandatario estadounidense por recibirlo junto con su familia. La Casa Rosada todavía no respondió institucionalmente a esas declaraciones ni precisó qué colaboración brindó durante el traslado.
La declaración del senador tuvo además una modificación significativa después de su primera difusión. Bolsonaro reemplazó la presentación inicial como verdadero presidente electo de Brasil por una referencia a sí mismo como líder del país, aunque mantuvo más adelante su afirmación de que ganó las elecciones. La carta también fue corregida después de que circulara una versión con una inscripción incorrecta en el escudo brasileño. El asesor presidencial Santiago Caputo republicó desde su cuenta de X la versión modificada del documento.
Bolsonaro reiteró sus acusaciones de fraude en el balotaje del domingo, en el que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, sin presentar pruebas que respaldaran su denuncia. El excandidato cuestionó la actuación del Supremo Tribunal Federal y anunció que pretende conducir la oposición desde Estados Unidos. La modificación de la carta no implicó que reconociera el resultado electoral ni que abandonara sus cuestionamientos a las autoridades brasileñas.
Trump también se pronunció sobre la llegada del senador y confirmó que su administración autorizó su ingreso a Estados Unidos. El mandatario afirmó que le permitieron entrar al país, pero aseguró que no pretende intervenir en la controversia brasileña. Además, volvió a cuestionar las circunstancias de las elecciones presidenciales. La declaración constituye un reconocimiento público de la autorización estadounidense, aunque no confirma una coordinación operativa con la Argentina ni la concesión de asilo político.
La Cancillería de Brasil evitó anticipar medidas diplomáticas contra la Argentina ante una consulta sobre posibles pedidos de explicaciones, protestas formales o una reducción de las relaciones bilaterales. Itamaraty respondió que la situación jurídica del senador fue determinada por una decisión del Supremo Tribunal Federal y recomendó consultar a ese organismo. La respuesta no anunció ninguna medida contra el Gobierno argentino, pero tampoco descartó expresamente esa posibilidad.
El balotaje en Brasil, los insultos de Javier Milei a periodistas en la cena de la Fundación Faro, la negativa presidencial a reconocer el triunfo de Lula da Silva y la negociación en torno a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comprimieron en una semana todas las tensiones que el PRO acumula: ser oficialismo y ser oposición. El resultado –o el efecto colateral-, fue una convergencia discursiva con Patricia Bullrich que, pragmática, comenzó un operativo para diferenciarse de las posiciones más extremas del Presidente.
La señal más reciente llegó el domingo, horas después del balotaje en Brasil. Mientras Javier Milei —que había respaldado abiertamente a Flávio Bolsonaro durante la campaña y compartido publicaciones que cuestionaban el proceso electoral— guardaba silencio, la cuenta oficial del PRO en X fue una de las primeras voces de la dirigencia argentina en reconocer el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva.
“El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente. Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática”, publicó el partido. El texto concluyó con una felicitación directa al mandatario reelecto y con una declaración de vocación de “diálogo y cooperación” en la relación bilateral.
A título personal, Mauricio Macri también se pronunció el lunes: “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”. En otro comunicado, elaborado por la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido, conducida por Fulvio Pompeo, se advirtió que “los resultados electorales importan: cambian prioridades, alianzas y rumbos”.
“Para Argentina consideramos que es estratégico el vinculo con Brasil. Tenemos muchos temas de interés común y de largo plazo. También compartimos desafíos”, señaló Pompeo a Infobae. El contraste con Milei y el gobierno nacional quedó evidente en varios planos. Milei todavía se niega a reconocer el triunfo de Lula y colaboró para que Flávio Bolsonaro viaje rumbo a Estados Unidos, desde donde se autoproclamó “verdadero presidente electo de Brasil” y agradeció a Donald Trump y al mandatario argentino.
Desde el PRO, además, ampliaron el análisis a un contexto regional más amplio, como los procesos electorales en Israel, Estados Unidos y España: “Hace falta una diplomacia inteligente, capaz de construir relaciones estratégicas incluso con quienes piensan distinto”.
En la misma línea se manifestó Bullrich. “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia, escribió la senadora y excandidata presidencial por Juntos por el Cambio. La exministra de Seguridad reconoció las profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero las subordinó a una lectura pragmática: países que comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación. La declaración se alineó punto por punto con los comunicados del PRO, y contrasta con el silencio —y los antecedentes— del Presidente.
Bullrich también dedicó un párrafo a Bolsonaro, el candidato derrotado al que Milei había apoyado abiertamente, para deslizar una advertencia sobre la calidad democrática: “Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia”.
La semana pasada el partido ya se había desmarcado de Milei tras las descalificaciones del Presidente hacia su par de España, Pedro Sánchez, y una periodista durante su visita a Madrid, y los agravios contra la prensa en la cena de la Fundación Faro, donde sostuvo que los periodistas que cubrieron la causa $LIBRA “se tienen que quemar en la hoguera” y los llamó “hijos de puta”, “ensobrados” y “mercenarios de la mentira”.
La conducción nacional del partido trabajó un borrador con una postura más fuerte contra Milei. Finalmente, se resolvió difundir un texto más moderado: “La libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas son valores que se cuidan todos los días, no solo durante una elección”.
Las críticas más duras quedaron a cargo de dirigentes que, en su mayoría, prefieren trazar una distancia mayor con el oficialismo. María Eugenia Vidal, titular de la Fundación Pensar, advirtió que el Presidente “cruza un límite” y que “la libertad no se defiende desde una hoguera, sino con respeto y coherencia”. Silvia Lospennato opinó que “normalizar la violencia verbal es jugar con fuego”. Martín Goerling, titular del bloque PRO en el Senado, y el precandidato presidencial Hernán Lacunza también expresaron sus reparos.
Un mes antes, el 23 de septiembre, otra llamada de atención. Esta vez, el contexto fue la política en materia de discapacidad: el PRO cuestionó de forma directa al Gobierno por incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que, según el partido, “debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”. “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó”, afirmó el texto, que concluyó con una frase que sintetiza la postura del partido frente a la alianza con LLA: “Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos.”
El encuadre doctrinario de todos estos movimientos lo dio el diputado nacional Fernando de Andreis, uno de los colaboradores más cercanos a Macri. En una extensa publicación en X, explicó que las intervenciones públicas del PRO responden a una decisión consciente de abrir debates de largo plazo que la “urgencia de la coyuntura” desplaza de la agenda. “Brasil, por su historia y su peso estratégico, es un socio clave: cuidar ese vínculo requiere diálogo, cooperación y una mirada práctica sobre los desafíos comunes”, escribió.
En esta línea, el partido ahora podría abrir otra ventana de diferenciación: el estado de la infraestructura y la paralización de la obra pública. Mientras tanto, tiene que definirse la organización de los acuerdos electorales de cara a 2027, con la mesa que coordina el jefe de Gabinete, Diego Santilli, desde Casa Rosada.
El partido a dos velocidades
El contraste entre la retórica pública y doctrinaria y la práctica parlamentaria, las dos velocidades que configura al partido en su relación con LLA, quedó en evidencia con la negociación en torno al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el oficialismo anunció por cadena nacional y pretendía dictaminar con urgencia.
Después de semanas de negociaciones y postergaciones por falta de acuerdos, La Libertad Avanza aceptó modificaciones sustanciales para sumar las 60 firmas que obtuvo el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, celebrado este martes. El PRO, que reclamó cambios, y la Unión Cívica Radical (UCR) fueron decisivos para alcanzar ese número.
Son diferencias de práctica y de tono, sobre todo entre dirigentes como Vidal, Lacunza o Lospennato, quienes priorizan la preservación de una identidad republicana e institucional que los distinga del estilo y los excesos de LLA de cara a las legislativas de 2027, y el ala ejecutiva, encabezada por De Andreis y Cristian Ritondo, que garantiza la gobernabilidad de Milei en Diputados.
En cuanto a Bullrich, en el PRO reconocen como “una buena noticia” los últimos movimientos de la senadora, aunque los circunscriben a una clave electoral. “Le habla a nuestro electorado, al que votó a Milei en segunda vuelta pero hoy no está conforme con el Gobierno”, admitió un importante dirigente a Infobae. De todas formas, aseguran, no hay relación entre los ex aliados, salvo a nivel institucional, en el Senado, a través de Goerling. El propio Macri, y muchos en el partido, no cicatrizan que la exministra haya negociado en soledad su incorporación el gobierno de Milei, y renunciado a la identidad amarilla para sumarse a las filas de LLA. Es una herida que aún no cierra.
Javier Milei,Patricia Bullrich,La Libertad Avanza
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