El gobierno de Javier Milei no se sostiene en una aprobación mayoritaria. En estudios de opinión como el de Hugo Haime recibe el apoyo de 33% de los consultados. Pero 53% se declara opositor. Sin embargo, ese desbalance no se proyecta sobre el sistema político.

La Libertad Avanza no está expuesta al desafío de una oposición competitiva.

Todavía no apareció el líder o la agrupación que ofrezca una alternativa creíble capaz de politizar la disidencia y el desencanto.

Esa ausencia no significa que Milei navegue solitario en un océano de poder. El oficialismo choca contra la rigidez de otro tipo de límite. El principal es la Justicia, que, por buenas y malas razones, parece ocupar el fastidioso rol de la oposición convencional.

El motivo principal es que el Gobierno parece estar contaminado de numerosos casos de corrupción. La idea de que los libertarios venían a quebrar una continuidad muy poco edificante respecto de experiencias anteriores resulta cada vez más discutible. No sólo porque se multiplican las sospechas sobre irregularidades. También porque Milei y sus colaboradores han desistido de promover una mejora en la calidad institucional. Esa displicencia encarna en algunas designaciones relevantes. La postulación del juez Ariel Lijo para la Corte, o las de Mariano Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola para gestionar el Ministerio de Justicia, no pueden ser entendidas como síntomas de una vocación por regenerar la vida institucional.

La percepción de ese desinterés gana espacio entre los observadores locales. Pero también modela la imagen de la administración en el exterior. La manifestación más reciente es el documento del Fondo Monetario Internacional titulado Argentina: Consulta del Artículo IV de 2026, Segunda Revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas del FMI (EFF) y Solicitud de Modificación de Desempeño (Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria). En el Box 9 de ese documento, que se refiere a “Gobernanza y Marco Anti-Corrupción”, los técnicos del Fondo analizan las limitaciones institucionales que afectan al progreso económico argentino.

El texto contiene un párrafo en el que se elogian varias iniciativas de desregulación que, al remover controles estatales, evitan el establecimiento de “peajes” asociados al riesgo de sobornos. La liberalización, que incluye simplificación de procedimientos y eliminación de subidios, es siempre una gran política anti-corrupción.

Sin embargo, en un segundo pasaje, el staff del Fondo plantea una preocupación frente a varios “desafíos”, que es el eufemismo con el que los organismos internacionales se refieren a “problemas”. Allí se recuerda que la Argentina figuró en el puesto 36 sobre 100 en el índice de percepción de corrupción de Transparency International. Después especifica algunas fallas, en lo que podría subtitularse como el párrafo “Adorni” del informe. Dice así: “Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse: los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan verificación limitada, baja transparencia, publicación demorada y aplicación desigual. Los regímenes de conflicto de intereses siguen limitados por reglas poco rigurosas y una débil capacidad de control”.

Los especialistas del Fondo ponen el foco después en un drama estratégico: la decadencia del Poder Judicial, que debe ser el que garantice que la corrupción no será favorecida por la impunidad: “Persisten preocupaciones sobre la limitada independencia judicial y la politización, ya que evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y una rendición de cuentas limitada de funcionarios de alto rango, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de fiscales y jueces y la transparencia judicial”.

La agenda pública de estos días ilustra con infinidad de casos escandalosos la pintura que presenta ese informe firmado en Washington. Se puede seguir afirmando que el Gobierno carece de oposición. Pero el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tambalea. No porque el Congreso esté por imponerle la moción de censura prescripta por el artículo 101 de la Constitución. A Adorni ni siquiera se lo interpeló, entre otras razones, porque la fracción kirchnerista que conduce la bancada peronista se negó a firmar la convocatoria para hacerlo.

Adorni puede caer por lo que sucede en Tribunales. Investigado por el juez Lijo y por el fiscal Gerardo Pollicita, el pródigo vecino de Indio Cua podría ser llamado a indagatoria antes de la feria de julio. Es difícil que la Justicia someta a un jefe de Gabinete a ese procedimiento sin que se hayan configurado razones poderosas para, después, procesarlo. Ese eventual desenlace de Adorni provoca un entusiasmo sibilino en algunas celebridades del oficialismo. Pablo Quirno, por ejemplo, sueña con ascender desde la Cancillería a la Jefatura. ¿Martín Menem estaba destinado a esa posición hasta que apareció la cuenta “Periodista Rufus”? La combativa Pilar Ramírez, ojos y oídos de Karina Milei, levanta el perfil en la Legislatura con la intención de “deslomarse” con la candidatura porteña que deja vacante el viajero de Aruba y Punta del Este. Provocaciones para Patricia Bullrich, a quien le hacen saber que La Libertad Avanza todavia no tiene pensado un destino para ella. A pesar de que es la figura con mejor perfil en las encuestas de toda la clase política.

Los hermanos Milei siguen sosteniendo a Adorni con una obstinación cada día menos comprensible. Por lo tanto, alientan a que se sospechen explicaciones cada día menos presentables. Casi todas suponen algún grado de complicidad. Aunque hay una que discurre por otro carril: como el “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo, fue, después de Ricardo Lorenzetti, el principal impulsor de Lijo hacia la Corte, en las inmediaciones de Karina Milei se pregutan si el juez no será un alfil de las “Fuerzas del Cielo” en la cruenta guerra que se libra en el gabinete. Lijo fue también un aliado de Caputo en la frustrada promoción de Guillermo Montenegro al Ministerio de Justicia, en reemplazo de Cúneo Libarona. No lo lograron. En lugar de Montenegro llegó Juan Bautista Mahiques, quien compite con Lijo por convertirse en procurador general de la Nación.

Estas especulaciones se sostienen en una premisa tácita: es imposible que Adorni esté atravesando su calvario porque, sospechoso de haber acumulado un patrimonio difícil de explicar, se enfrentó a un magistrado decidido a hacer Justicia. Es Lijo quien impide que se observe con naturalidad la causa Adorni. Sencillo: su comportamiento como juez ha sido siempre tan arbitrario que, si se muestra severo, obliga a pensar en alguna rareza. Da la impresión de que es este juez, a quien Milei se cansó de ensalzar cuando lo quería en la Corte Suprema, el que aparece retratado en el texto del Fondo cuando se habla de “demoras en causas de alto perfil”. Un ejemplo: Lijo mantiene abierto un expediente por el extrañísimo ingreso de la familia Eskenazi en YPF desde el año 2007. Sin ir tan lejos, el rigor que aplica para Adorni contrasta con la molicie con que lleva adelante la causa sobre supuesta percepción de sobornos y otras fechorías en la administración de los permisos de importación (Siras) durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. Y no será por culpa del fiscal, Franco Piccardi, que se ha mostrado muy incisivo en la investigación.

Es verdad que Adorni colabora bastante con el escarnio al que lo someten en Comodoro Py. Todavía no consiguió que le cierren las cuentas para presentar, de una vez por todas, la declaración jurada que demuestre que adquirió todos sus bienes en el marco de la ley. Esta demora vale más que cualquier fantasía conspirativa para comprender su situación. Sin embargo, sería un error invalidar la alarma de los técnicos del Fondo sobre el grado de politización de la Justicia. Al designar a Mahiques como ministro, Milei se asoció a una facción de Comodoro Py. Hoy paga, en alguna medida, las consecuencias de haberse inoculado la lucha interna de una corporación que tiene códigos cifrados. Mejor dicho: no de una sino de dos corporaciones. Porque sobre la guerra de sectores de la Justicia Federal se superpone el conflicto entre bandas de espionaje.

Si Mahiques había prometido a Milei despejar las amenazas que llegaban, sobre todo a él y a su hermana, desde Comodoro Py, todavía no consiguió cumplir con la promesa. Fue mucho más eficiente cuidando los intereses de sus amigos de la AFA, beneficiarios de un enredo procesal que los mantiene a resguardo de cualquier sanción. Además, el ministro está cubriendo numerosas vacantes judiciales con magistrados que prometerían un destino sin preocupaciones para Claudio “Chiqui” Tapia y, sobre todo, para Pablo Toviggino, a quien él llama “Tovi”.

Al revés: para el Gobierno, algunos movimientos se volvieron más agresivos, como el de la causa $Libra, que no deja dormir a la señorita Milei. Se tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, acaso el magistrado más subordinado al tenebroso Antonio Stiuso. Más para fantasear: el espía jubilado mantiene, en especial a través de su secretario privado Lucas Nejamkis, una relación bastante estrecha con el “Mago” Caputo, quien desde su cómoda posición de asesor contratado controla los servicios de Inteligencia.

Como si se confirmaran las preocupaciones del Fondo Monetario, la Justicia federal es hoy el campo de una guerra entre magistrados que se comportan como jefes de clanes en disputa. Una de las batallas enfrenta a dos figuras polémicas: María Servini de Cubría y el titular de un juzgado de Lomas de Zamora, Federico Villena. El enredo parece inverosímil. Villena se habría cansado de que Servini lo despedace en trasnochadas sobremesas a lo largo de semanas. La llamó varias veces para pedir explicaciones. Como la “Chuchi” no atendía, insistió con cierta tozudez. En tribunales aseguran que la jueza recurrió a su eterno asesor, el tenebroso Stiuso, quien tiene con Villena un viejo enfrentamiento.

El supuesto acoso telefónico a Servini se convertiría en una excusa para voltear a Villena y colocar en su lugar a Juan Tomás Rodríguez Ponte, secretario de Lijo que fue propuesto para cubrir un juzgado de Lomas de Zamora. Lijo es otro amigo de Stiuso y, sobre todo, de Nejamkis. El secretario privado aspira desde hace tiempo a reemplazar a su ya antiguo jefe. Los chicos crecen. Siempre según la misma versión, Stiuso habría aconsejado a Servini denunciar a Villena en el juzgado de su leal Martínez de Giorgi, donde ya existe un expediente en el que el juez de Lomas es mencionado. Los motivos del enfrentamiento entre Villena y Stiuso son siempre los mismos: el control de la riquísima Aduana de Ezeiza, que está bajo la jurisdicción de Lomas de Zamora. Para Stiuso hay una preocupación más específica: las operaciones aduaneras de Tabacalera Sarandí, de su benefactor Pablo Otero. Una curiosidad: la denuncia de Arca por supuestos fraudes de esa empresa con distribuidores fantasmas fue radicada en el juzgado de Servini.

La Justicia se está convirtiendo en la principal oposición a Milei. El periodismo decente, que para el Gobierno representa al 5% de la profesión, explica que se trata de una patraña estimulada sólo por razones políticas. El otro 95%, que integra la prensa corrupta, plantea de que la politización judicial no permite ignorar que los casos de presunta corrupción se multiplican. No todos tienen que ver con Karina Milei y sus alfiles, los Menem. Sergio Rodríguez, el titular de la procuradoría anti-corrupción, puso la lupa sobre algunas rarezas de la licitación que colocó a la transportadora Transener en manos de los hermanos Neuss, amigos del “Mago” Caputo. Los Neuss “compitieron” contra José Luis Manzano, quien se habría presentado en la licitacion a pedido de alguna figura oficialista. Los beneficiarios de la licitación, que protagonizan una carrera acelerada en la apropiación de sectores extensísimos del parque energético, ahora aspiran también a quedarse con Metrogas. De nuevo aparece allí Manzano. La expansión de los Neuss inquieta dentro y fuera del país. No se termina de entender si invierten capital o, discípulos libertarios de los kirchneristas Eskenazi, sólo aportan una conexión política. Para comprenderlo del todo habrá que esperar al juicio.

La plasticidad de Manzano es proverbial. En la Argentina ocupa la primera fila del empresariado oficialista, cargo que se ganó en buena medida con aportes a la fundación “Faro”. Es el organismo recaudatorio de la Libertad Avanza, donde el precio de la mesa en una cena puede alcanzar los 300 millones de pesos. Esa caja es el único territorio en el que la señorita Milei y el “Mago” Caputo no pelean.

El mismo Manzano que se envuelve en la bandera libertaria en la Argentina “acompaña” a los amigos del socialista Pedro Sánchez en Madrid. El gobierno de España, al que Milei aborrece, acaba de adjudicarle una frecuencia de televisión abierta. El canal será tan oficialista que lo llaman “TelePedro”. Esta ambivalencia del audaz “Tocoto” sólo tiene comparación con la de otro empresario binacional: Hugo Sigman. El principal caudillo de la industria farmacéutica aplaudió en la entrega de los premios Goya a Dolores Fonzi, quien alertó a los españoles sobre una ultraderecha como la de Milei, dispuesta a entregar hasta el agua. Al mismo tiempo, en Manhattan, durante la Argentina Week, Leando Sigman, hijo de Hugo, ocupaba el rol de vocero del Gobierno en defensa de la política sanitaria, de la que es un protagonista principal como contratista del Pami. Sigman, que en su momento se benefició de los servicios de allegados a Stiuso, debe prestar declaración indagatoria ante Lijo, por su rol de proveedor frustrado de vacunas durante la cuarentena. Como diría “La Cautiva”: “Todo tiene que ver con todo”.