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El Gobierno reorganizó el Registro Nacional de Armas y amplió sus funciones

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El Gobierno reorganizó el Registro Nacional de Armas (RENAR) con la firma del decreto 770/2026. Se enfocó en los objetivos y atribuciones dentro de una estructura que viene implementando transformaciones en el último tiempo.

La norma, publicada este viernes en Boletín Oficial, expresa las funciones específicas, la estructura del organigrama y la participación del organismo en investigaciones por delitos.

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En lo que refiere a los alcances de su accionar, el decreto señala el registro, autorización, control y fiscalización de toda actividad vinculada a la fabricación, comercialización, tenencia, portación, importación, exportación y destrucción de armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y materiales afines, con la única excepción del armamento perteneciente a las Fuerzas Armadas.

En el listado de objetivos principales, el Gobierno resume que tendrá competencia sobre todo el universo de materiales controlados en manos civiles y de las fuerzas de seguridad, pero no sobre el armamento militar. Esto también incluye el manejo del Banco Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos, donde se registran las armas de fuego municiones y otros materiales que luego serán destruidos.

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El RENAR participará de campañas públicas, colaborará en investigaciones de delitos vinculados a armas de fuego y explosivos y llevará adelante operativos e inspecciones territoriales.

Más allá del control y el registro, el decreto también le asigna al organismo un rol activo en materia de prevención de la violencia armada y combate al tráfico ilícito de armas. A eso se suma la obligación de producir estadísticas periódicas sobre hechos y actividades vinculadas al uso de armas, información que deberá compartir con los organismos encargados de diseñar estrategias contra el tráfico ilícito.

El Ministerio de Seguridad podrá modificar el segundo nivel sin incremento de unidades ni de partidas presupuestarias

El organismo quedará a cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario, asistido por un subdirector ejecutivo con rango de subsecretario, ambos designados directamente por el Poder Ejecutivo. El decreto aprueba además la estructura de primer y segundo nivel operativo, aunque faculta al titular del Ministerio de Seguridad a modificar este segundo nivel sin incremento de unidades ni de partidas presupuestarias, siempre que cuente con la intervención previa de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional.

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Al mismo tiempo, adecua los cargos de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva en el nomenclador del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con incorporaciones, derogaciones y homologaciones que no implican un aumento en la cantidad de unidades organizativas ni en el presupuesto asignado.

Juan Pablo Allan, titular de RENAR (Fuente)

El decreto también elimina dos objetivos que figuraban en el decreto 50 del año 2019. Se trata de punto 12 de la Secretaría de Seguridad Nacional y el punto 11 de la Subsecretaría de Intervención Federal, dependiente de esa misma secretaría. Ambos estaban vinculados a las funciones que hasta ahora se superponían con las competencias propias del RENAR, y su supresión busca despejar esas duplicaciones dentro del organigrama del Ministerio.

La norma también deroga la decisión administrativa 479/2016 y la Resolución de la ex-ANMaC 20/2016, que habían aprobado la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del anterior organismo descentralizado. Con ese paso, el decreto cierra formalmente el ciclo institucional de la ANMaC y consolida al RENAR como el único marco normativo vigente para el control de materiales controlados en el país.

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Inscripción de usuarios de explosivos y sustancias controladas

Inscripción de usuarios de explosivos y sustancias controladas
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las últimas medidas tomadas por el organismo actuante estableció la plataforma Trámites a Distancia (TAD) como el único canal válido para que usuarios de explosivos, nitrato de amonio, pirotecnia y otras sustancias controladas tramiten su inscripción o reinscripción ante el organismo.

La medida, oficializada a través de la resolución 47/2026 publicada el 11 de este mes, digitaliza por completo un procedimiento que hasta ahora podía realizarse en soporte papel, sin alterar los requisitos técnicos, jurídicos ni de seguridad vigentes.

La norma establece que toda documentación cargada en TAD tendrá carácter de declaración jurada, siendo el solicitante el único responsable de su autenticidad, integridad y veracidad. Además, fija que la fecha y hora registradas por el sistema serán las que rijan en los procesos administrativos.

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Las solicitudes presentadas por fuera de la plataforma no serán admitidas, salvo que la Dirección Ejecutiva del RENAR lo autorice expresamente ante situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o indisponibilidad del sistema. Las áreas técnicas del organismo conservan la facultad de requerir documentación adicional durante la tramitación de cada expediente.

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El Club Político Argentino reclama elevar la inversión en Ciencia y Tecnología

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El Club Político Argentino (CPA) reclamó que la ciencia y la tecnología se conviertan en una prioridad de gobierno indiscutible. Por medio de un comunicado, la organización advirtió que los fondos destinados a Investigación y Desarrollo (I+D) cayeron a menos de la mitad de su promedio histórico -que rondaba el 0,5% del PBI- y subrayó la necesidad de iniciar de inmediato un plan de recuperación presupuestaria que permita alcanzar el 1% del producto en el mediano plazo.

En su declaración, la entidad enfatizó que el sector no puede ser considerado una variable de ajuste económico. “La ciencia y la tecnología deben ser prioritarias en la agenda estatal. No son un gasto postergable. Los países competitivos sostuvieron por décadas la inversión en investigación básica y aplicada”, resaltó el CPA y alertó sobre las graves consecuencias que genera el desfinanciamiento en el sistema científico nacional.

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Fuga de talentos y pérdida de competitividad

Según advirtió, el recorte presupuestario ya está impactando en la pérdida de proyectos estratégicos y en el éxodo de profesionales altamente calificados. “Se pierden proyectos valiosos y, peor, capital humano difícil de recuperar”, expresó, al tiempo que enfatizó que “la libertad y la prosperidad de una sociedad dependen de su capacidad de decidir con conocimiento propio”.

En contraste con la situación local, la entidad de intelectuales que preside Ricardo Gerardi recordó que en los países desarrollados la inversión en I+D alcanza un 2% del PBI. Por eso, urgió a revertir el rumbo argentino comenzando de forma progresiva a partir del Presupuesto 2027, que se discute en estos momentos en la Cámara de Diputados. “Es necesario que crezca la inversión pública en ciencia y tecnología, que alcance el 1% del PBI en el mediano plazo, y para ello deberíamos comenzar progresivamente a partir del año próximo con el presupuesto que entre en ejecución”, dice el texto.

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Propuestas institucionales y áreas clave

Para acompañar el incremento de fondos, la institución propuso una serie de reformas estructurales orientadas a perfeccionar el sistema de innovación nacional. Entre los ejes centrales, sostiene la necesidad de “mejorar las instituciones del sistema científico” y “estrechar su vínculo con el sector productivo”.

Asimismo, instó a no descuidar campos tecnológicos estratégicos globales. El CPA planteó la urgencia de “sostener las áreas sensibles (IA, tecnologías cuánticas, biotecnología, ciberseguridad), allí donde la brecha puede volverse gravosa e irreversible”.

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Al finalizar su comunicado, el Club Político Argentino concluyó que “fortalecer la ciencia y los talentos argentinos significa asumir que el conocimiento es hoy la principal ventaja competitiva de las naciones”.




Ciencia,Conforme a

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La oposición convocó una sesión en Diputados para derogar el DNU 70: también tratarán endeudamiento y discapacidad

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Diferentes bloques de la oposición convocaron para el jueves 15 de octubre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario extremadamente incómodo para el oficialismo. En primer lugar, tras la polémica que desencadenó el fallo de la Corte Suprema que liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros, la oposición buscará derogar definitivamente el mega DNU 70/2023, que desreguló amplios sectores de la economía.

Además, los opositores apuestan a sumar masa crítica que garantice el quórum con la inclusión de otros dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

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La convocatoria a la sesión especial lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques como el de Natalia de la Sota y Marcela Pagano, por lo que todavía falta sumar cerca de 20 votos, principalmente de espacios que responden directamente a los gobernadores. Todos ellos se encuentran en París, junto al presidente Milei, en el marco de la Argentina Week que se celebra en ese país para buscar inversiones.

Javier Milei junto a gobernadores en Francia

Ante la consulta de Infobae, diputados de los bloques del “centro” reconocieron que los votos no están asegurados para imponerse en ninguno de los tres temas. No obstante, destacaban la importancia de no dejar pasar mucho tiempo para capitalizar que la problemática de la venta de tierras a extranjeros volvió a quedar en el centro del debate público.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Pero ahora buscan alternativas para correr de la discusión la validez del mega decreto.

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El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

Entre otros puntos, el decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. Por ejemplo, que reinstaure la Ley de Alquileres o vuelva a intervenir las cuotas de las prepagas.

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En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión. Esa fue la sugerencia que hizo Miguel Ángel Pichetto a través de las redes sociales.

Miguel Pichetto

Endeudamiento

Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

Comisión de Finanzas

En cambio, la oposición quedó dividida en dos posturas sin lograr unificar criterios. El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas -el cordobés Ignacio José Garcia Aresca decidió ausentarse para no firmar el dictamen- propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

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Además, quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

Por su parte, el proyecto de Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

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Durante la sesión del próximo 15 de octubre se pondrá en debate en primer lugar el proyecto oficialista y la oposición deberá primero sumar más votos para rechazarlo. Recién ahí se discutirán los textos alternativos.

Emergencia en Discapacidad

Las negociaciones en torno a la reforma en el área de Discapacidad generaron fuertes turbulencias y pases de factura internos en el Gobierno. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un fuerte ajuste en el área de discapacidad. Ese ajuste no tenía ningún punto de contacto con las negociaciones que La Libertad Avanza estaba llevando adelante en el Congreso con aliados y gobernadores.

Tras dos semanas de tensión, que incluyeron algunos desplantes entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió la Casa Rosada y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

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La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

No obstante, desde la oposición advierten que la forma en la que quedaron redactados los artículos esconden las verdaderas intenciones del oficialismo. Puntualmente, plantean que el artículo 5 separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso (“imposibilitada para trabajar, o con discapacidad que posea CUD”). Por lo tanto, “consolida dos pensiones: por invalidez laboral y por discapacidad”, con diferente acceso al programa Incluir Salud. Por lo tanto, su proyecto se limita a prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad vigente.

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La ambigüedad de la redacción fue advertida incluso por los aliados del Gobierno que firmaron el dictamen. De hecho, exigieron que se aclaren todas posibles interpretaciones como condición para acompañar. Hasta el momento no recibieron respuesta de La Libertad Avanza.

Milei – Gobernadores / Argentina week Paris

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POLITICA

Juicio del caso Cuadernos: mostraron el allanamiento a una bóveda de la casa de Cristina Kirchner en El Calafate

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En la audiencia de este jueves del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, un policía a cargo de los allanamientos en los domicilios de la expresidenta Cristina Kirchner habló de una puerta “dura” que daba a un ambiente sin señal de celular. La fiscalía pidió que se exhibieran fotos y videos del lugar, donde se encontraron objetos de valor, tales como medallas, bastones presidenciales y documentación.

Allanamientos en lo de Cristina Kirchner

“Era un recipiente, no sé cómo llamarlo, si bóveda o ambiente privatizado, donde había elementos de interés de la familia”, declaró el comisario retirado Adrián Martín Lotocki. Se trataba de un acceso que tenía una estructura doble, de acuerdo a lo exhibido en la audiencia. Por un lado, la puerta, descripta como “dura”, y detrás de ella un revestimiento extra.

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Imagen de uno de los allanamientos en lo de Cristina Kirchner, en el domicilio de Río Gallegos

El excomisario narró los esfuerzos de la Gendarmería para abrir la puerta que daba a ese ambiente en el domicilio de la expresidenta en Calafate. “¿Era blindada esa puerta?“, preguntó la fiscalía. ”Aparentemente sí“, respondió el testigo. La protección a ese ambiente no se agotaba con la puerta. Las imágenes dan cuenta de un revestimiento adicional que se observa por detrás de la puerta, de color blanco. “La puerta estaba apoyada sobre un sector diferente”, describió el excomisario.

Imágenes del allanamiento en una de las casas de Cristina Kirchner en el sur

Personal de Gendarmería debió destrabar esa puerta que, al momento del allanamiento, estaba cerrada. Los videos mostraron los esfuerzos de los efectivos para abrirla. Durante la audiencia se habló de la puerta y del revestimiento que parecía de madera, pero su interior poseía material más duro. El policía retirado no recordó precisamente qué material era. “Puede ser hierro”, dijo.

Según los investigadores, las grabaciones también reflejaron que en el interior de ese ambiente que se ubica, según el excomisario, “antes de subir al primer piso”, había cajas con “cosas de valor”, que fueron remitidas a la Justicia. “Mucha documentación, biblioratos, una carta de San Martín a O’Higgins, elementos de valor, bastones presidenciales”, comentó el testigo.

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La declaración del excomisario incluyó contrapuntos con la fiscalía, que preguntó varias veces cómo era la puerta, su soporte, el revestimiento y no encontraba respuestas certeras sobre su composición. Pese a mostrar fotos y videos, el testigo nunca aseveró esos detalles que preguntaba la fiscalía. “Me llamó mucho la atención que prácticamente no supiera qué es una puerta”, reclamó la fiscal Fabiana León.

“Se lo que es una puerta, pero yo no soy experto en el material de la puerta”, respondió Lotocki. “¿Usted piensa que hizo el relato correctamente en todos sus detalles?“, volvió a preguntar la fiscal. Y el testigo indicó que contestó ”lo que sí recordaba».

La fiscal León manifestó su descontento: “Lamentablemente, después quieren los abogados, pero más aún la fiscalía, lo que quiere es saber la verdad, no interrogar testigos que dicen no recordar”.

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La posible bóveda que se exhibió en videos y fotos, con su supuesta doble protección confeccionada con la puerta y el revestimiento extra, ocupó buena parte de la audiencia. La fiscalía quiso profundizar sobre ella con fotos y videos, más allá del contenido allí encontrado durante el allanamiento.

Las grabaciones exhibieron cómo el personal de Gendarmería desarmó esa estructura. Y las fotos, la manera en que los efectivos de seguridad encontraron dicho ambiente que “llamó la atención”.

“¿Había visto alguna vez alguna habitación o un acceso con características así?“, consultaron los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF). ”No, nunca lo había visto», respondió el excomisario. Acto seguido, el abogado Juan Manuel Ubeira, que ha defendido a Cristina Kirchner, preguntó: “¿Cuántos allanamientos hizo usted a domicilios de expresidentes de la Nación»?. El testigo señaló que “este nomás”.

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Previo a los detalles de la puerta “dura” en el domicilio del Calafate, la fiscalía había comenzado con preguntas sobre el allanamiento en la casa de la familia Kirchner en Río Gallegos, donde también participó Lotocki.

Le preguntaron por bolsos y dijo: “No me acuerdo”. La misma actitud adoptó cuando la fiscalía lo consultó sobre cajas de seguridad. Fue después de ello que comenzaron a mostrarle fotos del allanamiento en el domicilio de Río Gallegos, distinto del de Calafate. En ese pasaje de la audiencia, fueron seis fotos que reflejaron dos cajas fuertes. Una estaba vacía y otra tenía objetos en su interior.

Los vuelos oficiales a Santa Cruz

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Luego de la declaración de expolicías, fue el turno de un exbrigadier de la Fuerza Aérea, Alfredo Horacio Amaral. Formó parte de la delegación a cargo del avión presidencial Tango 01 y su declaración aportó detalles de cómo eran los traslados durante la presidencia de Néstor Kirchner, quiénes lo acompañaban y qué ocurría con el equipaje que viajaba desde Buenos Aires hacia el sur. “Al principio íbamos a Río Gallegos y después a Calafate”, mencionó al comienzo de su interlocución.

Amaral indicó que generalmente los vuelos se realizaban durante fines de semana, “una vez por mes”. Señaló que solían esperar la llegada de la comitiva presidencial a la aeroestación militar de Aeroparque, donde supuestamente el equipaje debía pasar por escáneres. Pese a haber dicho eso, no recordó si se realizaban esos controles porque, tal como afirmó, él se encontraba dentro de la aeronave.

Con el equipaje y traslado de bolsos podían pasar dos cosas, según relató: los más pesados viajaban en bodega y los de menores dimensiones con la tripulación. “Había ocasiones en las cuales, antes de salir, llegaba un vehículo de Presidencia trasladando el equipaje presidencial y en ese vehículo venía Daniel Muñoz”, recordó.

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Daniel Muñoz era el secretario del expresidente Néstor Kirchner. Falleció hace una década. Su nombre aparece en expedientes como el que el juez Ariel Lijo elevó a juicio oral, donde se investiga si el exhombre de confianza de los Kirchner formó parte de una estructura que lavó al menos US$70 millones presuntamente provenientes de recaudación ilegal de la obra pública.




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