POLITICA
La Casa Rosada espera mayor tensión con algunos gobernadores dialoguistas y busca evitar un impacto en el Congreso

El Gobierno se prepara para una escalada de tensión con gobernadores dialoguistas a medida que avance el calendario hacia las elecciones de 2027 y trabaja en un esquema para contener el impacto sobre el Congreso. En el Ejecutivo dan por hecho que varios mandatarios que aportaron votos desde el inicio de la gestión comenzarán a tomar distancia porque La Libertad Avanza se prepara para competir contra sus oficialismos provinciales.
En ese grupo ubican a Osvaldo Jaldo (Tucumán) Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Martín Llaryora (Córdoba), entre otros. La relación con cada uno tiene características diferentes, pero todos mantuvieron algún nivel de interlocución con Nación y sus espacios acompañaron iniciativas del oficialismo en el Congreso.
En Balcarce 50 creen que las críticas aumentarán de manera progresiva a medida que se definan candidaturas y alianzas. La lectura oficial es que los gobernadores necesitarán diferenciarse de Milei frente a sus electorados y buscarán polarizar con los candidatos libertarios en sus territorios sin que eso implique necesariamente una ruptura completa de los canales institucionales. “Va a ser igual que en 2025”, expresan en Nación.
Frente a ese escenario, la Casa Rosada comenzó a discutir un plan de contención que permita separar la competencia electoral de los acuerdos de gobernabilidad. Entre las posibilidades que mencionan en el Ejecutivo aparecen fijar reglas mínimas de campaña -internamente hablan de “no pegar abajo del cinturón”-, coordinar condiciones de competencia y mantener negociaciones específicas sobre la agenda provincial, los recursos nacionales y los proyectos que necesitan votos en el Congreso.
El objetivo inmediato es cerrar una etapa de acuerdos legislativos antes de que la campaña domine por completo la relación con las provincias. En Nación apuntan a sostener entendimientos al menos hasta diciembre para avanzar con una serie de reformas y luego habilitar una dinámica de mayor confrontación electoral. La apuesta es preservar durante los próximos meses los votos de aliados con los que después La Libertad Avanza competirá abiertamente.
El diagnóstico se apoya en las dificultades que ya enfrenta el oficialismo en el Senado. En la Casa Rosada hablan de un “embudo legislativo” por la acumulación de proyectos que pretende sancionar y que todavía requieren negociaciones: la reforma electoral, el Súper RIGI, la Ley General de Sociedades, los cambios en Etiquetado Frontal, Hojarasca y Zonas Frías, entre otras iniciativas.
Las trabas parlamentarias también alimentaron las tensiones internas entre Patricia Bullrich, los Menem y Federico Sturzenegger sobre el ritmo y la estrategia para aprobar las reformas. Las diferencias quedaron expuestas durante el tratamiento del paquete de propiedad privada, cuando el Gobierno debió modificar su hoja de ruta ante la falta de respaldos y retirar capítulos para evitar un rechazo más amplio.
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Los primeros movimientos de algunos gobernadores refuerzan esa preocupación. Sáenz y Passalacqua avanzan en un reordenamiento de sus diputados nacionales con una lógica de negociación “ley por ley”, mientras que los espacios vinculados con Jaldo y Jalil también buscan coordinar reclamos provinciales. En el Gobierno no interpretan esos movimientos como un pase automático a la oposición, pero sí como una señal de que cada respaldo será más costoso de construir.
La Casa Rosada busca utilizar como referencia el entendimiento alcanzado esta semana con los gobernadores del Norte Grande por las denominadas zonas cálidas. Caputo y Diego Santilli acordaron con Jalil, Sáenz, Leandro Zdero, Sadir y Juan Pablo Valdés trabajar en un esquema que contemple el mayor consumo eléctrico de las provincias con temperaturas más altas. La negociación avanzó en paralelo a la discusión que mantiene el Gobierno por la modificación del régimen de Zonas Frías en el Senado.
En Balcarce 50 consideran que ese formato puede replicarse para otros reclamos concretos: abrir una mesa sobre un problema provincial, establecer una respuesta posible de Nación y mantener al mismo tiempo una conversación política sobre las reformas. En el Ejecutivo evitan presentar esos mecanismos como un intercambio automático de recursos por votos y sostienen que cada acuerdo dependerá del contenido de los proyectos y de las demandas de cada distrito.
La estrategia tampoco será idéntica con todos los gobernadores. La Libertad Avanza proyecta acuerdos electorales con algunos oficialismos provinciales y competencia directa contra otros. Esa diferencia es central para la Casa Rosada: donde exista una alianza para 2027, espera una coordinación parlamentaria más estable. Donde haya candidatos enfrentados, pretende al menos conservar reglas de convivencia que impidan que la disputa territorial termine bloqueando toda la agenda nacional.
El Gobierno trabaja además sobre el supuesto de que el peronismo avanzará hacia algún nivel de ordenamiento interno antes de las elecciones. En Nación observan los acercamientos opositores a mandatarios que colaboraron con Milei durante estos años y creen que la presión para que algunos de ellos se alejen de la Casa Rosada crecerá a medida que se consoliden las alternativas para 2027.
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Ese escenario vuelve más importante para el oficialismo ampliar su base legislativa por fuera de los gobernadores con los que competirá. La conducción nacional busca reforzar los acuerdos con el PRO, sectores de la UCR e integrantes de espacios provinciales para reducir la dependencia de mandatarios dialoguistas. El Senado es la principal preocupación porque allí el número propio continúa siendo insuficiente para garantizar las votaciones.
En paralelo, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem mantienen la instrucción de fortalecer la estructura de La Libertad Avanza en los distritos donde hoy gobiernan aliados. La decisión implica una tensión inevitable: el Gobierno necesita durante 2026 a dirigentes provinciales cuyos espacios pretende desplazar en 2027, pero no quiere frenar por ese motivo el crecimiento territorial del partido ni resignar candidatos propios.
La hoja de ruta que proyectan en la Casa Rosada consiste en extender la convivencia política durante los próximos meses, acelerar las leyes pendientes y administrar la posterior confrontación electoral. En Nación asumen que la tensión crecerá, pero buscan evitar que la campaña transforme esa disputa en una ruptura anticipada.
Gobernadores, Javier Milei
POLITICA
El Gobierno suma una función a Cancillería: alinear la política exterior al reclamo por Malvinas

El Gobierno oficializó este viernes la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La medida busca regular las acciones de todos los organismos públicos que puedan incidir en las relaciones internacionales de la Argentina y reforzar la postura diplomática sobre la soberanía de las islas Malvinas.
A través del Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que todas las dependencias de la Administración Pública Nacional deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre cualquier reunión, comunicación, negociación o acuerdo con autoridades extranjeras u organismos internacionales.
La norma toma como sustento la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre el archipiélago y fija su recuperación como un objetivo “permanente e irrenunciable” del Estado.
El esquema normativo dispone que cada área estatal designe a un enlace institucional para canalizar los datos hacia Cancillería. En caso de detectar actividades que puedan afectar la política exterior, se podrán formular advertencias y recomendaciones “debidamente fundadas”.
Además, las jurisdicciones podrán pedir la asistencia de diplomáticos del Servicio Exterior de la Nación para participar en gestiones estratégicas, mientras que quedan excluidas de este control las gestiones puramente financieras ante bancos multilaterales.
La postura sobre Malvinas
La instrumentación del nuevo mecanismo se conecta con las medidas que anunció el presidente Javier Milei durante una cadena nacional emitida desde el Salón Blanco de la Casa Rosada.
En su mensaje, el mandatario advirtió sobre las operaciones de exploración petrolera en el Atlántico Sur y cuestionó la falta de acatamiento británico a las resoluciones internacionales. También denunció el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la plataforma continental argentina.
“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”, declaró Milei al respecto.
En ese marco, el Gobierno anunció la ampliación de recursos para el Ministerio de Defensa, destinados a construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
En el plano legislativo, el Ejecutivo enviará un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la norma 26.659 y sancionar a las firmas sin autorización. Esta iniciativa contempla también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la inclusión de declaraciones juradas obligatorias en trámites de hidrocarburos y en el RIGI.
Finalmente, como parte de las acciones diplomáticas, el país envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 gobiernos involucrados en proyectos no autorizados dentro de la zona en disputa, tal como informo .
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POLITICA
Causa Sueños Compartidos: hoy se conoce el veredicto contra los hermanos Schoklender, De Vido y José López por presunto desvío de fondos

Hoy se conocerá el veredicto del juicio por el caso Sueños Compartidos. El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py resolverá si condena a los nueve acusados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de casas sociales, entre ellos los exfuncionarios Julio De Vido y José López y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones.
La audiencia comenzará a las 9:30 y los acusados podrán hablar por última vez ante los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Después de ese momento, el tribunal definirá el horario en el que dará a conocer el veredicto. El juicio oral lleva seis meses y llega ahora a su etapa decisiva.
El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron que los nueve acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Para Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y el exfuncionario Abel Fatala solicitaron seis años de prisión.
Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin pidieron cuatro años. En el caso de los exfuncionarios, además, reclamaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los acusadores también solicitaron el decomiso de bienes por $206 millones, el monto que, según la investigación, fue desviado de los fondos destinados al programa. La Fiscalía pidió que esa cifra se actualice por inflación cuando la sentencia quede firme y que el dinero sea destinado a programas de viviendas sociales.
Qué pasó con los fondos de Sueños Compartidos
La causa investiga la ruta del dinero que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales. En ese período se giraron cerca de $900 millones para el programa Sueños Compartidos.
La acusación sostiene que unos $206 millones fueron desviados. Parte de ese dinero, según la investigación, habría terminado en empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, que eran los apoderados del programa.
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Las obras se llevaron adelante en distintos puntos del país, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. Sin embargo, muchas casas no llegaron a construirse y también hubo trabajadores que no cobraron sus salarios o a quienes no se les hicieron los aportes correspondientes.
Quiénes están acusados
Además de los hermanos Schoklender, entre los principales acusados están Julio De Vido, que fue ministro de Planificación Federal, y José López, exsecretario de Obras Públicas. También están imputados exfuncionarios nacionales y autoridades vinculadas con el área de vivienda de Santiago del Estero.
La investigación apunta a determinar qué responsabilidad tuvo cada uno en el manejo y destino de los fondos. El programa dependía de contrataciones de obra pública para levantar viviendas y hospitales en diferentes provincias.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que existió un esquema coordinado entre funcionarios nacionales y los responsables de Sueños Compartidos. Según el fiscal Velasco, los hermanos Schoklender accedieron a obras mediante contrataciones directas y luego parte de los fondos habría sido desviada.
Qué dijeron las defensas
Las defensas pidieron la absolución de todos los acusados. Uno de sus principales argumentos fue que la causa está prescripta y que, por ese motivo, no corresponde una condena.
El tribunal deberá analizar ahora los argumentos de las partes y determinar si los hechos investigados quedaron probados. También tendrá que establecer, en caso de una condena, qué responsabilidad corresponde a cada uno de los acusados.
El expediente tiene además un segundo tramo por presunto lavado de dinero. Esa investigación apunta al supuesto recorrido de parte de los fondos que fueron desviados y a su llegada a empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.
Sueños Compartidos, Schoklender, Julio De Vido, José López
POLITICA
“¿Dónde está Kicillof?”: Patricia Bullrich cruzó al gobernador por la inseguridad en la Provincia

Un violento asalto a un comisario mayor retirado en El Palomar desató un duro enfrentamiento en redes sociales entre la senadora Patricia Bullrich y el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso.
La legisladora cuestionó duramente al gobernador Axel Kicillof y criticó el fallo judicial que frenó el nuevo Régimen Penal para adolescentes, advirtiendo que los menores “quedarían libres por la locura de la jueza garantista”.
En su publicación, Bullrich arremetió contra la gestión provincial al preguntar “¿Dónde está Kicillof?” y exigir respuestas sobre la inseguridad, señalando que el mandatario ignora los reclamos porque los ciudadanos “viven con miedo, rodeados de violencia y terror”.
7:14 AM, dejando a su hija en la escuela y termina herido por el tiro de un delincuente.
El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista.
¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 10, 2026
Por su parte, Javier Alonso le respondió con dureza a la exministra, exigiéndole explicaciones y cuestionando la falta de transferencias financieras. El funcionario provincial sentenció que las autoridades nacionales “no gestionan, no invierten, no les importa el prójimo”, limitándose a la confrontación digital.
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Axel Kicillof,El Palomar,Javier Alonso,Patricia bullrich
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