POLITICA
El Gobierno se despega del funcionario que reconoció que tiene departamentos y sociedades sin declarar en EEUU
En el Gobierno hay quienes no salen de su asombro. En los últimos días se conoció que el secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, una suerte de controller de las secretarías de Transporte y Obras Públicas, omitió detallar la compra de siete departamentos en Miami en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante la ARCA.
No hay dudas de que las propiedades son suyas porque lo admitió ante el periodista Nicolás Wiñaski, que reveló la información en A24 y Clarín. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, le confesó, agregando que además de pagar impuestos por los departamentos en Estados Unidos, ahora lo hará en Argentina.
Cinco de estas propiedades fueron confirmadas por el registro oficial inmobiliario del condado de Palm Beach, según consignó La Nación. Estas se habrían vehiculizado parte de estas adquisiciones a través de dos sociedades constituidas en Delaware, una jurisdicción reconocida por el bajo nivel de transparencia fiscal y societaria en Estados Unidos. Genova LLC y Waki LLC fueron inscriptas en 2021 y 2025, respectivamente, con Frugoni como titular y beneficiario final. Estas tampoco no fueron anoticiadas ni ante los organismos correspondientes.
De acuerdo a un desglose elaborado por el periodista Hugo Alconada Mon, entre los inmuebles destaca por su documentación directa el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en Delray Beach, adquirido el 1 de julio de 2021 por USD 215.000. El detalle de las propiedades abarca el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, Lantana (valuado en USD 187.000); una unidad en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach (USD 216.000); el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, West Palm Beach (USD 193.000) y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, South Palm Beach (USD 212.000).
Ante las revelaciones, Frugoni enfrenta acusaciones judiciales por la omisión de las propiedades, una situación que podría implicar sanciones penales y administrativas en virtud de la ley de Ética Pública.
La primera presentación la realizó el abogado Alejandro Díaz Pascual, siendo sorteada en el juzgado federal que preside el juez Daniel Rafecas. Quien también hizo una denuncia fue el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, en donde detalla que las adquisiciones se realizaron entre 2020 y 2022, superando el “millón y medio de dólares”.
Frugoni trabajó en AUSA —la empresa porteña de autopistas— desde 2008, primero como gerente general y luego presidente, cargo que ocupó hasta inicios del año pasado. En la denuncia de Del Gaiso se detalla que su evolución patrimonial da lugar a interpretaciones sospechosas. En su declaración jurada de 2019 registraba 98.000 dólares en caja y 3 millones de pesos en acciones, mientras que tras la compra de los inmuebles en Miami y nuevas inversiones, su patrimonio creció en un corto plazo hasta superar 40 millones de pesos en acciones en 2023.
“Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $ 200. Tenía depositados fondos propios en Estados Unidos, y está acreditado en una escritura, 400.000 dólares, cobrando el sueldo como presidente de AUSA”, publicó Del Gaiso en su cuenta de X.
La Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) lo multó en más de una ocasión a lo largo de los últimos años por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Su sanción administrativa lo inscribe actualmente en el registro de sujetos incumplidores al Régimen de Integridad Pública de la ciudad, por lo que está inhabilitado a postularse a cargos públicos en la administración porteña.
El Ministerio de Economía tiene tal magnitud que Luis Caputo creó áreas de coordinación para articular de manera más eficiente las distintas secretarías que están bajo su órbita. La de Infraestructura se creó en enero de este año, materializando la llegada de Frugoni en reemplazo de Martín Maccarone, que mantuvo el mismo rol pero sin ser designado. El área tiene una importancia estratégica central porque tiene un rol central en las políticas de obras públicas, los servicios de transporte y las concesiones viales.
Infobae consultó a voceros autorizados del Ministerio de Economía para obtener comentarios sobre el caso, pero no recibió respuesta hasta la publicación de esta nota. Si bien no corren rumores de un desplazamiento, el caso no es tomado a la ligera por otros sectores del Gobierno. En rigor, el secretario de Coordinación de Infraestructura no es conocido para quienes no circulan el Palacio de Hacienda.
Un funcionario de alto rango de la Casa Rosada opinó que lo revelado por estos días configura “un hecho gravísimo” y que “tiene que explicarlo”. “Es raro que se le haya olvidado. Lo único que me imagino que pudo haber sido es que haya pensado que por tener propiedades en Estados Unidos no hacía falta inscribirlas en Argentina”, agregó.
El caso de Frugoni se inscribe en una secuencia de cuestionamientos recientes a miembros del Gobierno por la omisión de bienes en declaraciones juradas. En Balcarce 50 se encargan de marcar una frontera entre el caso de Frugoni y el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”, dijo a Infobae una fuente inobjetable que cuenta con acceso directo al despacho presidencial. Otro funcionario que camina por los pasillos de la Casa de Gobierno opinó en igual sentido: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.
EL CALAFATE.– El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, hizo lugar a una medida cautelar y suspendió la aplicación de la nueva ley de Glaciares en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz.
El juez argumentó que existe el riesgo de una “regresión ambiental” y la afectación de “ecosistemas sensibles y recursos esenciales como el agua”. Su fallo puso el foco en privilegiar la prevención del daño antes que la reparación posterior.
De esa forma, la justicia federal volvió a situarse en el centro del debate sobre el manejo de los recursos naturales y las facultades del Congreso.
El Gobierno nacional, que ahora deberá presentarse en la causa, impulsó la modificación con el fin de fomentar inversiones que impulsen la extracción de cobre y litio.
La reforma acota la protección del ambiente glaciar y periglacial únicamente a las áreas cuya función hídrica esté científicamente comprobada.
La acción judicial, tramitada bajo la carátula de amparo ambiental, fue impulsada por el arco político oficialista de El Calafate, encabezado por el intendente kirchnerista Héctor Belloni, la presidenta del Concejo Deliberante local, Celia Beatriz Barría, el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni.
Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma, argumentando que reduce los estándares de protección y habilita actividades industriales en zonas antes vedadas.
El juez Vazquez sostuvo que los niveles de protección alcanzados por la legislación vigente no pueden ser disminuidos sin una justificación suficiente, ya que esto vulneraría el sistema de presupuestos mínimos previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Para el juez Vázquez, la cuestión no es meramente técnica, sino que involucra la supervivencia de ecosistemas de alta fragilidad.
Un punto destacado por el tribunal es la interdependencia entre la preservación ambiental y la economía local. El fallo hace especial hincapié en que la zona de influencia de El Calafate y El Chaltén depende directamente de la integridad del sistema del Parque Nacional Los Glaciares. La actividad turística, considerada uno de los motores económicos de Santa Cruz, se sustenta en la conservación de estos paisajes, por lo que cualquier degradación de los recursos naturales comprometería la sustentabilidad del desarrollo regional.
En uno de los pasajes del fallo, Vázquez asegura: “la cuestión planteada en autos no se agota en una mera discusión normativa, sino que involucra la ponderación de distintos modelos de aprovechamiento de los recursos naturales, con implicancias directas en la sustentabilidad ambiental, el desarrollo económico y la calidad de vida de las comunidades locales”.
Desde el punto de vista procesal, el juez decidió apartarse del encuadre de “proceso colectivo de clase” sugerido inicialmente por el Ministerio Público Fiscal, optando por el trámite de amparo ambiental. Fundamentó esta decisión en la necesidad de actuar con celeridad para proteger un “bien colectivo indivisible” como es el ambiente, evitando estructuras procesales que pudieran demorar una tutela judicial efectiva.
La medida cautelar ordena al Estado Nacional abstenerse de aplicar, ejecutar o autorizar cualquier acto administrativo basado en la reforma que pueda afectar glaciares o zonas periglaciares en Santa Cruz. Si bien el alcance de la resolución especifica que se limita al territorio provincial, la decisión sienta un precedente judicial que podría ser replicado en otras jurisdicciones cordilleranas.
Por último, el juzgado ha requerido al Estado Nacional la producción de un informe circunstanciado en un plazo de 10 días, paso previo a la discusión sobre el fondo de la inconstitucionalidad planteada. Mientras tanto, la cautelar mantiene vigente el “piso de protección” de la ley original, reafirmando que, en materia ambiental, la prevención debe prevalecer sobre cualquier intento de flexibilización normativa.
Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
El Gobierno le respondió al Reino Unido y se tensiona la discusión por Malvinas: “Fueron, son y serán argentinas”
En un contexto internacional marcado por nuevas tensiones diplomáticas en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei y el canciller argentino, Pablo Quirno, reafirmaron este jueves la histórica posición del país respecto de sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
“Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, expresó Milei en la red social X, replicando un texto compartido por su funcionario.
El pronunciamiento, llegó tras recientes declaraciones de altos funcionarios británicos y versiones periodísticas que sugerían que Estados Unidos podría modificar su tradicional neutralidad sobre el conflicto y expresar algún tipo de apoyo al reclamo argentino.
En su comunicado, Quirno sostuvo que la Argentina “reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. Recordó que la ocupación británica de 1833 constituyó “un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste”. El canciller subrayó que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía y, mediante la Resolución 2065 (XX), instó a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía de negociaciones bilaterales.
Quirno remarcó que ese llamado de la ONU fue reiterado por organismos multilaterales y regionales como el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), la OEA, el Mercosur, la CELAC, el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 y China. El mensaje reiteró así la posición argentina de que la comunidad internacional respalda la necesidad de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa.
El canciller rechazó expresamente la argumentación británica basada en el principio de libre determinación de los pueblos, señalando que “los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un ‘pueblo’ por las Naciones Unidas”. Desde la perspectiva argentina, “no resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte”, por lo que carece de validez el referéndum celebrado en las islas en 2013.
Es que más temprano, el vocero del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, había manifestado: “Las Islas Falkland han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido».
En otro tramo de su mensaje, Quirno denunció las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales en la zona, en particular la llamada “Decisión Final de Inversión” anunciada por las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp para el desarrollo del yacimiento “Sea Lion”. Advirtió que estas acciones buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y violan resoluciones de las Naciones Unidas.
El canciller concluyó el mensaje reiterando la disposición de la Argentina a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para dar fin a la disputa y a la situación colonial, y agradeció el apoyo recibido de la comunidad internacional en defensa de la soberanía nacional sobre las islas y los espacios marítimos.
El pronunciamiento se produjo después de que versiones periodísticas sugirieran que la administración estadounidense estaría analizando —en el marco de la recomposición de la relación bilateral con la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei— un gesto político hacia el reclamo nacional, aunque sin confirmaciones oficiales por parte de Washington. En paralelo, funcionarios británicos reiteraron la posición histórica de Londres de considerar “resuelta” la cuestión de soberanía y de sostener el principio de autodeterminación para los isleños, lo que fue categóricamente rechazado por la diplomacia argentina.
Todo comenzó con un correo electrónico del Pentágono que fue filtrado y reproducido por la agencia de noticias Reuters. En el mismo, se mencionaba que, ante la negativa del Reino Unido a colaborar con Estados Unidos en la guerra en Irán, el gobierno del país norteamericano evalúa la revisión del apoyo diplomático estadounidense a las reclamaciones europeas sobre “posesiones imperiales”, en particular las Islas Malvinas.
El mensaje de Quirno, concluye: “Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”.
POLITICA
Pro cuestionó la decisión de la Casa Rosada de prohibir el ingreso de los periodistas acreditados
La conducción de Pro cuestionó hoy, a través de un comunicado, la decisión del Gobierno de prohibir el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada.
“El periodismo no está para congraciar, está para informar”, expresa el comunicado.
De esa forma, la fuerza liderada por Mauricio Macri trazó diferencias con el Gobierno en la relación con los periodistas.
La decisión de impedir el ingreso de los acreditados se tomó en medio de una fuerte escalada de ataques de Javier Milei contra la prensa, que fueron de la mano del avance de causas judiciales contra funcionarios.
Pro remarcó que la tarea periodística “en democracia” es “indispensable”.
“Garantizar una prensa libre no es una opción: es una obligación de cualquier Gobierno”, remata el comunicado del macrismo, que fue difundido a través de las cuentas del partido en las redes sociales.
El Gobierno argumentó que les quitó el permiso para acceder a los representantes de todos los medios a raíz de la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, por una grabación en pasillos de la Casa Rosada. La propia normativa interna del Ejecutivo considera una falta filmar en zonas no autorizadas y solo en caso de reincidencia lo penaliza con el retiro de una acreditación.
Pese a eso, en las últimas horas Milei intensificó sus ataques contra los periodistas en las redes sociales.
decisión del Gobierno de prohibir el ingreso de la prensa acreditada,Conforme a
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