POLITICA
El Gobierno se despega del funcionario que reconoció que tiene departamentos y sociedades sin declarar en EEUU
En el Gobierno hay quienes no salen de su asombro. En los últimos días se conoció que el secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, una suerte de controller de las secretarías de Transporte y Obras Públicas, omitió detallar la compra de siete departamentos en Miami en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante la ARCA.
No hay dudas de que las propiedades son suyas porque lo admitió ante el periodista Nicolás Wiñaski, que reveló la información en A24 y Clarín. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, le confesó, agregando que además de pagar impuestos por los departamentos en Estados Unidos, ahora lo hará en Argentina.
Cinco de estas propiedades fueron confirmadas por el registro oficial inmobiliario del condado de Palm Beach, según consignó La Nación. Estas se habrían vehiculizado parte de estas adquisiciones a través de dos sociedades constituidas en Delaware, una jurisdicción reconocida por el bajo nivel de transparencia fiscal y societaria en Estados Unidos. Genova LLC y Waki LLC fueron inscriptas en 2021 y 2025, respectivamente, con Frugoni como titular y beneficiario final. Estas tampoco no fueron anoticiadas ni ante los organismos correspondientes.
De acuerdo a un desglose elaborado por el periodista Hugo Alconada Mon, entre los inmuebles destaca por su documentación directa el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en Delray Beach, adquirido el 1 de julio de 2021 por USD 215.000. El detalle de las propiedades abarca el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, Lantana (valuado en USD 187.000); una unidad en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach (USD 216.000); el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, West Palm Beach (USD 193.000) y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, South Palm Beach (USD 212.000).
Ante las revelaciones, Frugoni enfrenta acusaciones judiciales por la omisión de las propiedades, una situación que podría implicar sanciones penales y administrativas en virtud de la ley de Ética Pública.
La primera presentación la realizó el abogado Alejandro Díaz Pascual, siendo sorteada en el juzgado federal que preside el juez Daniel Rafecas. Quien también hizo una denuncia fue el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, en donde detalla que las adquisiciones se realizaron entre 2020 y 2022, superando el “millón y medio de dólares”.
Frugoni trabajó en AUSA —la empresa porteña de autopistas— desde 2008, primero como gerente general y luego presidente, cargo que ocupó hasta inicios del año pasado. En la denuncia de Del Gaiso se detalla que su evolución patrimonial da lugar a interpretaciones sospechosas. En su declaración jurada de 2019 registraba 98.000 dólares en caja y 3 millones de pesos en acciones, mientras que tras la compra de los inmuebles en Miami y nuevas inversiones, su patrimonio creció en un corto plazo hasta superar 40 millones de pesos en acciones en 2023.
“Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $ 200. Tenía depositados fondos propios en Estados Unidos, y está acreditado en una escritura, 400.000 dólares, cobrando el sueldo como presidente de AUSA”, publicó Del Gaiso en su cuenta de X.
La Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) lo multó en más de una ocasión a lo largo de los últimos años por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Su sanción administrativa lo inscribe actualmente en el registro de sujetos incumplidores al Régimen de Integridad Pública de la ciudad, por lo que está inhabilitado a postularse a cargos públicos en la administración porteña.
El Ministerio de Economía tiene tal magnitud que Luis Caputo creó áreas de coordinación para articular de manera más eficiente las distintas secretarías que están bajo su órbita. La de Infraestructura se creó en enero de este año, materializando la llegada de Frugoni en reemplazo de Martín Maccarone, que mantuvo el mismo rol pero sin ser designado. El área tiene una importancia estratégica central porque tiene un rol central en las políticas de obras públicas, los servicios de transporte y las concesiones viales.
Infobae consultó a voceros autorizados del Ministerio de Economía para obtener comentarios sobre el caso, pero no recibió respuesta hasta la publicación de esta nota. Si bien no corren rumores de un desplazamiento, el caso no es tomado a la ligera por otros sectores del Gobierno. En rigor, el secretario de Coordinación de Infraestructura no es conocido para quienes no circulan el Palacio de Hacienda.
Un funcionario de alto rango de la Casa Rosada opinó que lo revelado por estos días configura “un hecho gravísimo” y que “tiene que explicarlo”. “Es raro que se le haya olvidado. Lo único que me imagino que pudo haber sido es que haya pensado que por tener propiedades en Estados Unidos no hacía falta inscribirlas en Argentina”, agregó.
El caso de Frugoni se inscribe en una secuencia de cuestionamientos recientes a miembros del Gobierno por la omisión de bienes en declaraciones juradas. En Balcarce 50 se encargan de marcar una frontera entre el caso de Frugoni y el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”, dijo a Infobae una fuente inobjetable que cuenta con acceso directo al despacho presidencial. Otro funcionario que camina por los pasillos de la Casa de Gobierno opinó en igual sentido: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.
POLITICA
Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: comienza la última semana de producción de pruebas
Tras una semana de receso, el juicio oral por la tragedia del ARA San Juan retomará esta semana su actividad en los tribunales federales de Río Gallegos.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini escuchará a cuatro expertos de la Armada Argentina en la última semana de producción de prueba del proceso.
Los testigos convocados son el capitán de navío Arturo Marfort, los contralmirantes Gustavo Trama y Alejandro Kenny, y el capitán de navío Jorge Bergallo.
Marfort actuó como experto técnico en el Consejo General de Guerra y elaboró un informe sobre las posibles causas del hundimiento, la secuencia de eventos previos, los escenarios de pérdida de la nave y el estado de alistamiento del submarino al momento de su partida.
Por su parte, Trama, Kenny y Bergallo integraron la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa creada tras la tragedia y aportarán evaluaciones técnicas sobre la documentación reunida, las hipótesis analizadas y las probabilidades asignadas a cada escenario.
Las declaraciones de los expertos se realizarán el lunes y martes. El miércoles está prevista una ampliación de indagatoria, el jueves se celebrará la audiencia de familiares —donde los allegados de las 44 víctimas podrán expresar sus reflexiones y reclamos— y luego vendrán los alegatos finales.
En esta etapa final, la fiscalía expondrá el 22 de junio, las querellas el 23, la defensa de Villamide el 24, y las defensas de los restantes imputados a comienzos de julio. Las réplicas están fijadas para el 25 de junio, las últimas palabras el 8 de julio y el veredicto pendiente.
En la última jornada se comprobó que siete meses antes de la tragedia, la Armada Argentina ya contaba con un diagnóstico técnico preciso sobre distintas fallas de la nave.
El 30 de abril de 2017, el Consejo Asesor del Arma Submarina se reunió en Mar del Plata para evaluar el estado de la flota y las restricciones presupuestarias y técnicas que afectaban su sostenibilidad.
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El acta de esa reunión, incorporada al expediente judicial, expuso una serie de fallas y demoras en el mantenimiento que afectaban directamente al ARA San Juan.
Entre las averías mencionadas se encontraban inconvenientes en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio, fallas en sensores, ruidos en la línea de eje y filtraciones entre un tanque de combustible y un tanque de baterías.
La causa
El juicio investiga la responsabilidad penal de cuatro exoficiales de la Armada: el contralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa. Se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.
La acusación sostiene que, tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017 no se adoptaron las medidas de seguridad previstas, como ordenar la navegación en superficie ni convocar de inmediato a especialistas.
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El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en una misión de patrullaje. El 15 de noviembre se produjo la falla crítica.
El submarino, con 44 tripulantes a bordo, desapareció y su casco resistente fue hallado un año después a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, donde se confirmó que sufrió una implosión. El juicio comenzó el 6 de marzo de este año y entra en su etapa final con estas últimas audiencias.
ARA San Juan, juicio, Río Gallegos
POLITICA
Millones de dólares en efectivo, drogas y una empresa sin rubro: el patrimonio inexplicable del exjefe de ARSAT preso por corrupción
El caso de Facundo Leal, exfuncionario de tercera línea, que atravesó bajo el radar las gestiones del peronismo y de los libertarios, sorprendió por una derivación inesperada. El miércoles 28 de mayo, efectivos de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico ingresaron a un departamento de la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, para ejecutar una orden de allanamiento en el marco de una causa por corrupción en ARSAT. Lo que encontraron no tenía relación directa con el objetivo inicial del procedimiento.
Dentro del departamento hallaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo. También encontraron 803.754 dólares en efectivo, 2.486.200 pesos argentinos y billetes de seis países: Uruguay, Brasil, México, Colombia, la Unión Europea y Tanzania. El secretario del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro dispuso la detención inmediata de Leal, de 51 años, en calidad de incomunicado.
Esa misma noche se libró una segunda orden para el departamento que Leal ocupaba en Mendoza, sobre la avenida Boulogne Sur Mer. Allí, donde el exfuncionario convivía con su pareja —que no estaba presente al momento del procedimiento—, la Delegación Unidad Operativa Federal encontró otros 1.787.600 dólares en efectivo, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones.
En total, entre los dos domicilios, se secuestraron 2.591.354 dólares en billetes, sin declarar y sin explicación oficial hasta el momento de publicación de esta nota. Consultado por los efectivos, Leal se identificó como un simple empresario agropecuario.
La causa
La investigación que terminó con Leal detenido no nació de una denuncia por corrupción, sino de un robo. A principios de 2024, empleados de ARSAT descubrieron que un depósito en San Fernando, donde se resguardaba equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica, había sido saqueado. El predio era operado por una firma de logística contratada por la empresa estatal en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. Según las constancias de la causa, las cámaras no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo cortado.
ARSAT no es una empresa marginal del Estado: es el proveedor mayorista de fibra óptica y de conexiones satelitales del país, y el operador de la infraestructura sobre la que corre buena parte de las comunicaciones digitales de la Argentina. Tiene desplegados casi 40.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo del territorio nacional, una red construida principalmente durante los gobiernos kirchneristas. Lo robado en ese depósito de San Fernando formaba parte de los insumos para mantener y ampliar esa infraestructura estratégica para las comunicaciones y el funcionamiento de la economía.
La causa quedó en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez. El foco inicial fue el robo, pero a medida que avanzaron las medidas de prueba la pesquisa se corrió hacia cómo se había contratado a esa empresa de logística y qué relaciones vinculaban a sus dueños con funcionarios de ARSAT. La reconstrucción, publicada en detalle por una investigación del diario La Nación, estableció que el proceso licitatorio fue una ficción: las tres firmas que compitieron formaban parte de la misma estructura societaria y familiar. En el expediente, además del juzgado de Mirabelli y la fiscalía de Domínguez, participa la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Leonardo Rodríguez.
Los contratos acumularon, entre órdenes directas y prórrogas, más de un millón novecientos mil dólares. Las prórrogas las firmaron Leal y otros dos gerentes, sin intervención del directorio que el reglamento interno exigía. Los teléfonos secuestrados contenían mensajes que, según La Nación, documentaban el circuito de pagos entre los contratistas y funcionarios de la empresa. La fiscalía pidió indagatoria para 10 personas por defraudación, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Leal es uno de ellos.
El patrimonio
Las declaraciones juradas que Leal presentó ante la Oficina Anticorrupción entre 2021 y 2025, a las que accedió Infobae, trazan una curva que Leal deberá explicar ante la Justicia.
Al inicio de 2021, su patrimonio total declarado ascendía a 58 millones de pesos. Al cierre de ese año, 78,9 millones. Al cierre de 2022, 118,2 millones. Al cierre de 2023, 340,8 millones. Y en la declaración inicial que presentó al asumir la presidencia del ORSNA, el organismo nacional de la aeronáutica civil, en junio de 2025, 528 millones de pesos. En cuatro años, el patrimonio declarado se multiplicó casi por nueve.
El salto más abrupto se produjo entre 2022 y 2023: el patrimonio creció 222 millones de pesos en un solo año. Es el período en el que se firmaron las prórrogas del contrato con la empresa de logística y se emitieron nuevas órdenes de compra.
El vehículo que concentró ese crecimiento fue una empresa unipersonal registrada bajo el CUIT personal de Leal, cuya actividad no quedó especificada en ninguna de las declaraciones. En 2021 figuraba valuada en 3,1 millones de pesos; en 2022 subió a 12,6 millones; en 2023 trepó a 90,5 millones; y en la declaración de 2025 ya sumaba 220,4 millones de pesos. Qué produce esa empresa, de dónde provienen sus ingresos y a qué clientes presta servicios son preguntas que la causa buscará responder.
El efectivo en pesos declarado siguió la misma trayectoria ascendente: 8,2 millones en 2021; 36,6 millones en 2022; 77,1 millones en 2023; y 94,8 millones en 2024. La flota de vehículos acompañó la curva: a la Amarok 2014 que ya tenía al ingresar al Estado se sumó en 2022 una Amarok Black Style V6 —la versión de alta gama— y en 2023 un Can-Am Maverick X3, un vehículo utilitario deportivo de importación.
El dato central, sin embargo, no está en lo que figura en las declaraciones, sino en lo que falta. En ninguna de las cinco DDJJ analizadas por Infobae aparece una tenencia significativa de dólares en efectivo. La última, correspondiente a su baja como funcionario del ORSNA a principios de 2024, consignó exactamente un centavo de dólar en efectivo. Semanas después de presentar esa declaración, la policía le secuestró más de 2,5 millones de dólares físicos distribuidos en dos domicilios de dos provincias distintas.
El perfil de Leal
Facundo Leal lleva casi dos décadas dentro del Estado nacional. Abogado mendocino, ingresó a la Administración de Aviación Civil y escaló posiciones dentro de ARSAT desde 2020. Llegó a la presidencia de la empresa en agosto de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, con quien compartió actos públicos.
En el mapa del poder peronista, no fue un cuadro neutral. Fuentes políticas consultadas por este medio señalaron que su ascendencia se apoyó en el grupo de dirigentes que respondía al albertismo. Con ese respaldo tuvo poder suficiente para desplazar a un funcionario de rango ministerial que ocupaba un cargo en ARSAT, un episodio que derivó en el traslado de ese funcionario a otra área del gobierno nacional. También se le atribuye haber ganado, en su momento, una disputa interna con La Cámpora por el control de la empresa.
Esa transversalidad fue lo que le permitió continuar tras el cambio de gobierno. “Era el tipo que conocía los detalles de la administración de ARSAT, todos los negocios y había acumulado más enemigos que amistades”, explicó a este medio una fuente que trabajó en esos años. Cuando Javier Milei asumió en diciembre de 2023, Leal continuó al frente de ARSAT durante los primeros meses de transición, hasta que la nueva gestión designó a su propio equipo. En la Casa Rosada señalaron que su permanencia en esa dependencia tuvo más que ver con la ausencia de cuadros propios para ocupar lugares estratégicos del Estado.
Su vínculo con la gestión libertaria llegó por otra vía. Luis Pierrini, secretario de Transporte, era su amigo personal: ambos mendocinos, con años de relación. Pierrini llegó al gobierno de Milei a través de Juan Pazo, hombre clave en el entorno del ministro de Economía Luis Caputo, quien lo acercó a la estructura libertaria. Ya en la secretaría, Pierrini armó su equipo con colaboradores de confianza: llevó a Leal desde ARSAT para ponerlo al frente del ORSNA y colocó a Gerardo Boschin —el mismo funcionario que hoy figura como imputado en la causa de Mirabelli— en la presidencia de Trenes Argentinos.
Así, en junio de 2025, Leal fue designado presidente ad honorem del ORSNA mediante el Decreto 390 firmado por Milei y el ministro Caputo. No fue su primer cargo en el Estado bajo gestiones no peronistas: en total, Leal ejerció funciones durante casi dos años dentro de la administración libertaria. Fuentes del gobierno de Mauricio Macri consultadas por Infobae aclararon, sin embargo, que durante esa gestión —que tuvo a Rodrigo De Loredo y a Raúl Martínez al frente de ARSAT— Leal no ocupó roles de gerencia ni de administración en la empresa.
Cuando Pierrini dejó la secretaría en enero de 2026 —en medio de una polémica por el uso de una aeronave privada vinculada a Pablo Toviggino, de la AFA, para viajar a Barcelona—, Leal también dejó el cargo.
Fuentes con acceso a la causa consultadas por Infobae indicaron que la investigación corresponde a hechos ocurridos durante su gestión en el gobierno anterior y que su paso por el ORSNA no integra el expediente. Al momento de los allanamientos, Leal seguía figurando en la nómina de ARSAT como empleado de planta permanente.
El estado de la causa
La investigación tramita ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, bajo la conducción del juez Mirabelli y la fiscalía del doctor Domínguez. El secreto de sumario fue dispuesto tras la detención. Leal prestó declaración indagatoria.
La defensa de Leal, según fuentes al tanto de la investigación consultadas por Infobae, apunta a sostener que las drogas halladas correspondían a consumo personal y que no existen elementos que acrediten comercialización. El dinero es el flanco más difícil: deberá acreditar su origen y su titularidad. Una de las hipótesis que manejan sus allegados es la venta de propiedades. Las declaraciones juradas, sin embargo, no registran ninguna operación inmobiliaria que justifique esa magnitud de efectivo en moneda extranjera.
POLITICA
Autos y efectivo: investigan al expresidente de Trenes Argentinos del mileísmo, que habría recibido coimas con el gobierno anterior
Gerardo Boschin, presidente de Trenes Argentinos hasta enero y gerente de compras de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández, es uno de los principales involucrados en el caso de corrupción en la empresa de los satélites que derivó en los allanamientos y la detención de Facundo Leal, el extitular de Arsat al que le descubrieron US$2,35 millones y drogas en sus propiedades.
Boschin figura actualmente como empleado de ambas empresas, tanto Arsat como Operadora Ferroviaria.
Según la investigación a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, Boschin fue el primero en recibir el contacto de los privados que resultaron beneficiados por un contrato de Arsat para proveer un depósito donde debía resguardarse material, arreglado presuntamente con coimas.
Boschin fue el que filtró el estado interno del expediente a los empresarios mientras el proceso administrativo avanzaba. También firmó las órdenes de compra. Y, según los mensajes recuperados de los teléfonos secuestrados, fue uno de los funcionarios a los que la firma contratada llevaba dinero en efectivo a las oficinas de Arsat.
La causa FSM1924/2024 se originó en el robo de equipos de la Red Federal de Fibra Óptica en el depósito de San Fernando de la firma Argentina Logistic Services S.A. —ALS—, contratada por ARSAT sin licitación para custodiar infraestructura de telecomunicaciones del Estado. A medida que los investigadores avanzaron sobre los teléfonos secuestrados, el expediente incorporó una línea de corrupción en la contratación que ubica a Boschin en el centro del esquema.
A lo largo de 2021, mientras el proceso administrativo de contratación avanzaba dentro de ARSAT, Boschin mantuvo comunicación con Diego Padilla (vicepresidente de ALS) sobre los pasos internos. El 6 de octubre de 2021, cuando el dictamen jurídico favorable todavía no había salido, Padilla le escribió: “Hola Gerardo, ¿cómo va? Me tienen con una pistola en la cabeza.” Boschin respondió con una foto de Santiago Pando (el presidente de ALS) en la gerencia de ARSAT y el mensaje: “a mi tb, tu representante no quiere cerrar nada.”
Días después, ante una nueva consulta de Padilla sobre el estado del expediente, Boschin respondió: “Si, me dijeron de legales que mañana me mandan el dictamen y sacamos la OC. Te confirmo mañana sin falta.” El 26 de octubre, cuando el dictamen jurídico ya estaba firmado, Padilla le escribió a su socio Fernando Paredes: “ya salió lo del depósito de ARSAT. No digas nada porque es off the record.”
El 4 de noviembre, con la firma del presidente de ARSAT en el expediente, Boschin le mandó un audio a Padilla: “oía hermano, buen día, cómo estás?, si, si avanzando, ya está en proceso de firmas, así que vamos nomas, ya firmo yo, firma Pagani, así que si todo anda bien entre mañana y el lunes te saco la orden de compra firmada.”
Las órdenes de compra
La firma de Boschin aparece en todas las órdenes de compra relevantes del expediente. Como subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT firmó, entre 2021 y 2024: la OC 00009392 por US$18.800 en fletes internacionales (enero 2021), la OC 00009443 por US$919 (febrero 2021), la OC 00010632 por US$766.099 en alquiler de espacio de guardado (noviembre 2021), la OC 00010640 por $8.000.000 en alquiler de grúas (noviembre 2021), la OC 00010781 por $8.800.000 en transporte (diciembre 2021), la OC 00010869 por US$136.000 en carga y descarga (enero 2022), la OC 00011811 por $15.000.000 en transporte (julio 2022), la OC 00011843 por US$114.914 en servicio de depósito (agosto 2022), la OC 00012617 por US$766.099 en alquiler de espacio de guardado (diciembre 2022) y la OC 00014610 por US$104.000 (diciembre 2023).
El 15 de noviembre de 2021, cinco días después de firmada la primera orden de compra por US$766.099, Boschin registró a su nombre una Volkswagen Highline, en el Registro Seccional 13016 de Mendoza.
El 26 de julio de 2023, Facundo Leal —que en ese momento ya era gerente general de ARSAT— le transfirió a Boschin la Volkswagen Amarok Extreme. La fiscalía cruzó esa transferencia con la cronología de las órdenes de compra.
Los pagos en efectivo
El 16 de mayo de 2022, Fernando Paredes le escribió a Diego Padilla: “Hoy vamos todo con Sofi. El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo. Otra cosa cobrada no hay.” El destinatario del efectivo identificado en el mensaje es Boschin.
En otro intercambio recuperado de los celulares, Padilla instruyó a los suyos para que sobredimensionaran los servicios contratados y generaran márgenes: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas. Más carga de las grandes. Que inventes.” La fiscalía interpreta esas instrucciones como el mecanismo para inflar el valor de las órdenes de compra y sostener el flujo de retornos.
Otro mensaje, de octubre de 2021, da cuenta de un pago anterior: “¿Te dio la otra carga de 100 lucas?» La respuesta de Padilla fue afirmativa: “Sippp”.
Boschin dejó la subgerencia de Compras de ARSAT y en 2024 asumió como presidente de Trenes Argentinos, la empresa estatal que gestiona los servicios ferroviarios de pasajeros, dentro de la estructura del gobierno de Javier Milei. Renunció en enero de 2025, en simultáneo con otros funcionarios del área de Transporte, cuando el secretario de ese entonces, Luis Pierrini, dejó el cargo. “La banda de los mendocinos”, les decían. Muchos impulsados por Pierrini, que adquirió un repentino poder de la mano de Leonardo Scatturice, el empresario cercano a Santiago Caputo.
Boschin fue allanado en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires, en dos de Mendoza y en uno de Nordelta. No fue detenido, aunque se secuestraron elementos de interés para la causa.
Camila Dolabjian,Conforme a
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