POLITICA
El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política para ordenar su agenda en el Congreso
Luego del feriado, el Gobierno vuelve a reunir este martes desde las 13 a la mesa política para tratar de avanzar con su agenda legislativa. La nueva cumbre en Casa Rosada, liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, será luego del revés legislativo en el Senado por la Ley de Propiedad Privada que llevó a la exclusión de la Ley de Tierras y el retiro de Manejo del Fuego.
En su último encuentro, la mesa política definió sumar de forma rotativa a los diferentes ministros del Gabinete. En esta edición, había sido convocada la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero no podrá asistir por compromisos de agenda.
Así, la reunión contará con sus integrantes habituales. Entre ellos se encuentra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo, el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.
Según explicaron fuentes oficiales a TN, el nuevo encuentro apuntará a discutir el estado de una serie de proyectos considerados prioritarios por la Casa Rosada. Entre ellos aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal, que ya tienen dictamen en Diputados y se discutirán en el recinto el próximo 26 de agosto.
En paralelo, el Ejecutivo quiere empujar en el Senado la reforma al régimen de Zona Fría para reducir los subsidios para las tarifas de gas y la reforma electoral, una iniciativa clave para las aspiraciones reeleccionistas de Javier Milei.
Como anticipó TN, desde el Ejecutivo aseguran que están próximos a conseguir el respaldo para el proyecto que, entre otros puntos, trata de la suspensión de las PASO para las elecciones ejecutivas del 2027. En Balcarce 50 marcan el objetivo de darle media sanción a la ley en el Senado en septiembre, por lo cual comenzaron a acelerarse las gestiones de alianzas con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales para asegurar los votos.
Los cálculos que hacen en Nación incluyen, además de los 21 legisladores propios liderados por Patricia Bullrich, los 10 votos que esperan conseguir de la UCR y los 7 del interbloque Impulso País. Adelantaron que en ese caso tendrían unos 35 apoyos. Sumado a dos federales, el oficialismo estima conseguir el quórum de 37.
Sin embargo, el jefe de bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, puso en duda el acompañamiento de su espacio a la eliminación de las primarias. “No se puede cambiar el sistema electoral según las encuestas”, sentenció el misionero en medio de las negociaciones que mantiene el Gobierno con el partido liderado por Mauricio Macri.
En paralelo, el Gobierno acelera el diálogo electoral de cara a 2027 y abre la puerta a realizar acuerdos en CABA, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut y Santa Fe, entre otros distritos. Por supuesto, los acuerdos están condicionados al apoyo de las leyes oficialistas en el Congreso.
En ese sentido, una llamada entre Karina Milei y Mauricio Macri derivó la semana pasada en la primera cumbre entre LLA y el PRO para comenzar a trabajar en la agenda legislativa y los términos de una posible alianza.
Leé también: La Casa Rosada acelera los acuerdos electorales con los gobernadores tras dar el primer paso de una alianza con el PRO
Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene vínculos con los gobernadores y este mismo martes a las 15.30 recibirá a un grupo de mandatarios del Norte Grande. El encuentro tendrá como objetivo evaluar el proyecto de zonas cálidas, una promesa pendiente del oficialismo. Al día siguiente, mantendrá una reunión con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
Con esta estrategia, el Gobierno trabaja para asegurarse las mayorías en el Congreso y tratar de evitar que se repita lo sucedido con Propiedad Privada, donde el oficialismo debió resignar dos capítulos clave para garantizar su media sanción.
Karina Milei
POLITICA
Paro del subte: Jorge Macri apoyó la detención de los metrodelegados e intimó a garantizar el servicio – Nexofin
Tras la detención de dos metrodelegados por la Policía de la Ciudad que derivó en una interrupción gremial de todas las líneas de Subte y premetro, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió a respaldar los arrestos bajo orden judicial.
“En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple”, enfatizó. En ese sentido, Macri resaltó que no va a aceptar “extorsiones mafiosas” y que quienes interrumpan un servicio esencial “van presos, sin vueltas”.
Los metrodelegados interrumpieron las líneas de Subte y Premetro: todos los detalles
Jorge Macri insistió en que no va a permitir que “les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”, sobre los metrodelegados.
La advertencia del Gobierno porteño
Desde el Gobierno porteño intimaron al gremio que nuclea a los trabajadores del Subte y premetro a que retomen del servicio en aras de garantizar, por lo menos, la guardia mínima del 50%.
Asimismo, explicaron que la detención de los metrodelegados responde a una acción por parte de trabajadores de la línea B que consistió en liberar el paso de los usuarios, en lo que se habría tratado de una medida de fuerza.
Ello activó el accionar de la Policía, a lo que se sumaron dos metrodelegados, que terminaron con una orden de arresto junto al que liberó los molinetes.
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POLITICA
Torrendell defendió la política educativa en Diputados y cuestionó cómo las universidades gastan sus recursos
En plena disputa por el financiamiento de las universidades nacionales, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la política presupuestaria y puso bajo la lupa la administración de los recursos del sistema.
Durante su exposición en el Congreso, el funcionario del Ministerio de Capital Humano cuestionó las cifras de matrícula informadas por las casas de estudio, advirtió sobre los bajos índices de graduación y aseguró que el costo fiscal por cada graduado ronda los $80 millones.
“La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, afirmó el secretario, que responde a la ministra Sandra Pettovello. Su presentación se inscribió en la defensa del proyecto de presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, que contempla transferencias a las universidades nacionales por $7,7 billones, frente a los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La semana pasada se realizó la quinta marcha universitaria que concentró manifestantes en las inmediaciones del Congreso para reclamar el cumplimiento de la ley de presupuesto universitario.
Hoy, la administración libertaria celebró una decisión judicial que no resuelve la cuestión de fondo, pero le da aire en su puja fiscal con las universidades. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a dos recursos de queja del Estado y habilitó la revisión de resoluciones del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, que obligaron al gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas universitarias, y hasta multó económicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir la cautelar.
La Cámara deberá determinar si corresponde ratificar ese fallo. Las resoluciones fueron firmadas por los camaristas José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán.
Para rebatir los cuestionamientos sobre el financiamiento, Torrendell sostuvo que las universidades representarán el 3,88% del gasto total de la administración pública nacional en 2027, frente al 3,52% de 2025 y un promedio del 3,81% durante las últimas dos décadas. “Dentro del presupuesto nacional, las universidades no perdieron lugar, lo ganaron”, afirmó.
Uno de los ejes de su exposición fue el costo de funcionamiento del sistema. Según los cálculos que presentó, cada graduado representa un costo fiscal consolidado de aproximadamente $80 millones, mientras que las universidades reciben, en promedio, $12,4 millones anuales por estudiante equivalente a tiempo completo.
Las diferencias entre instituciones también quedaron bajo la lupa. Torrendell aseguró que ocho universidades reciben más del doble del promedio nacional y mencionó los casos de Tierra del Fuego, Patagonia, San Juan Bosco y Chilecito, donde la asignación alcanza o supera los $37 millones por estudiante equivalente. “Son diferencias que nadie ha explicado y que la sociedad que la financia merece conocer”, cuestionó.
El funcionario también objetó la manera en que se contabiliza la matrícula. Según los registros de 2024 que presentó, las universidades nacionales informaron 1.972.000 estudiantes de pregrado y grado, aunque solo 881.000 aprobaron al menos dos materias durante el año. Al aplicar un criterio de equivalencia a tiempo completo, la cifra se reduce a 642.000. Este último indicador mide la dedicación académica y no la cantidad de personas matriculadas.
En ese contexto, apuntó directamente contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reportó 349.286 estudiantes en el anuario estadístico oficial, frente a los 105.391 informados a la consultora QS para su ranking internacional. “Una misma universidad no puede tener dos cifras según quién pregunte”, afirmó. La comparación, sin embargo, requiere precisar si ambos relevamientos utilizan los mismos criterios.
Torrendell también cuestionó los índices de abandono y graduación. Afirmó que el 44,5% de los ingresantes a universidades estatales abandona sus estudios al término del primer año y que apenas el 18,7% se gradúa dentro del tiempo teórico de la carrera, frente al 40,8% registrado en las instituciones privadas. “De cada 10 estudiantes que entran a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma”, sintetizó.
La exposición incluyó un cruce con los diputados kirchneristas por la expansión del sistema universitario. Torrendell señaló que, de las 62 universidades nacionales existentes, 26 fueron creadas entre 2003 y 2023, el 42% del total. El dato despertó un aplauso entre los legisladores opositores, al que el funcionario respondió con una crítica: sostuvo que la celebración estaría justificada si esa expansión se hubiera traducido en mejores resultados educativos. “El problema no es multiplicar instituciones sino lograr retención de matrícula, graduación y aprendizaje”, retrucó.
En ese tramo, también citó al papa Francisco para cuestionar una expansión centrada, según su planteo, en “ocupar espacios y presupuesto” en lugar de impulsar procesos orientados a la excelencia y la inclusión universitaria.
El viraje en la política educativa
La defensa del presupuesto universitario formó parte de una exposición más amplia en la que Torrendell cuestionó la distribución del gasto educativo durante las gestiones anteriores. “Se gastó mucho, pero no se gastó en que los chicos realmente aprendieran”, afirmó.
Según explicó, en 2023 el 34,5% de los recursos nacionales destinados a apoyar la educación básica en las provincias se distribuía entre más de 200 programas educativos sin impacto pedagógico evaluado. Otro 20% se destinaba a equipamiento digital y un 21% a incentivos salariales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que cuestionó por no estar vinculados a mejoras en la enseñanza.
Frente a ese esquema, defendió la concentración de recursos en el Plan Nacional de Alfabetización y Matemática y destacó que el 76,9% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en lengua en la evaluación Aprender 2025, diez puntos porcentuales más que en 2023, según los datos que presentó.
“No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor”, insistió Torrendell, al sintetizar el criterio con el que el Gobierno busca defender su política educativa en medio de la disputa por los recursos.
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POLITICA
En el peor momento en décadas de la relación entre Argentina y Reino Unido, Chile se acerca a Londres y defiende la ruta comercial a Malvinas
En plena escalada entre Buenos Aires y Londres por los recursos petroleros de las Malvinas, y la controversia por la inminente reapertura comercial entre Punta Arenas y las Islas, Chile multiplicó sus gestos de acercamiento con el Reino Unido: el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió ayer, lunes, en la capital británica con su par Ed Miliband para lanzar una “asociación estratégica” bilateral. Este movimiento se suma a la gira que realizó por el sur chileno el embajador británico en Santiago, David Concar, que incluyó encuentros con autoridades militares, científicas y municipales de la región de Magallanes.
Según se informó de manera oficial, Pérez Mackenna y Miliband repasaron una agenda que abarcó minerales críticos, inversiones, comercio exterior y la situación geopolítica del cono sur. “Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido. Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica”, declaró el canciller chileno tras el encuentro.
Una semana antes de que Pérez Mackenna aterrizara en Londres, el embajador Concar ya había desplegado su propia ofensiva diplomática en el extremo sur de Chile. El 13 de octubre arribó a Punta Arenas en lo que la embajada británica describió como su primera visita a Magallanes desde que asumió el cargo.
La agenda no fue protocolar. El diplomático se reunió con el comandante de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, contraalmirante Juan Soto, en un encuentro donde ambas partes repasaron la histórica colaboración naval entre las dos armadas y proyectaron trabajo conjunto en ciencia antártica. También visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH), donde conoció las iniciativas de investigación polar que impulsa Santiago, y sostuvo reuniones con la Universidad de Magallanes y el Centro Internacional Cabo de Hornos, con foco en resiliencia climática en el entorno subantártico.
Concar se reunió además con la gobernadora subrogante de la región, Hina Carabante, y con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. En este último encuentro abordó directamente la controversia por el buque Danstar, la embarcación de 72 metros de eslora que la naviera chilena Easter Island planea enviar a las Malvinas con alimentos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. “Se trata de una iniciativa comercial privada”, sostuvo el embajador británico, según consignó Infobae, al tiempo que evitó entrar en la polémica con Argentina y reiteró la posición de Londres sobre la soberanía del archipiélago y el principio de autodeterminación de sus habitantes.
El telón de fondo de estos acercamientos es el conflicto más agudo entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas desde la guerra de 1982. El 13 de octubre, el gobierno de Javier Milei presentó ante el TIDM, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para detener el proyecto Sea Lion, un yacimiento con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de petróleo ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La producción está prevista para 2028.
“Argentina busca preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental e impedir actividades autorizadas unilateral e ilegalmente por el Reino Unido”, señala la solicitud de 49 páginas presentada ante el tribunal.
La respuesta británica fue contundente. Miliband —el mismo canciller que horas después recibiría a su par chileno— calificó las acciones de Buenos Aires como “coerción económica” contra los isleños y anunció nuevas medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a empresas británicas frente a las sanciones argentinas. “Los habitantes de las Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, afirmó en un comunicado. Cómo señaló Infobae, Londres podría vetar el ingreso de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la OCDE.
En las semanas previas, la Argentina había intensificado la presión: amenazó con sanciones a las empresas involucradas en Sea Lion, inició causas penales contra sus ejecutivos y accionistas, y anunció planes para una base naval en Tierra del Fuego.
La ruta Punta Arenas-Malvinas
A la disputa petrolera se suma un frente que involucra directamente a Chile. La naviera Easter Island firmó un contrato con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC) para restablecer una conexión marítima comercial que funcionó durante más de un siglo pero se interrumpió a comienzos de la década de 2010. El primer viaje del Danstar está previsto para noviembre o, a más tardar, principios de diciembre.
La ruta recortaría a la mitad la distancia que hoy recorren las mercancías hacia las islas: unos 900 kilómetros desde Punta Arenas frente a los casi 2.000 desde Montevideo, la única conexión actual con Sudamérica. El buque navegaría por el Estrecho de Magallanes —cuya soberanía corresponde a Chile según el Tratado de Límites de 1881— y no por el paso Drake.
Argentina, sin embargo, mantiene vigente el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa a todo buque que se proponga navegar entre puertos continentales y las islas o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.
En este marco, la semana pasada un grupo de diputados peronistas encabezado por el excanciller Santiago Cafiero presentó un proyecto de resolución para citar al embajador de Chile en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.
La iniciativa reclama que el diplomático informe sobre tres ejes: la posición oficial del gobierno de Kast respecto de la apertura de la ruta y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la cuestión Malvinas; la eventual participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; y la posible utilización de la conexión para abastecer proyectos de explotación hidrocarburífera como Sea Lion.
En paralelo, el diputado Guillermo Michel impulsó un proyecto de ley para denunciar el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes entre ambos países. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, argumentó a este medio.
La semana pasada, el biministro de Economía y Minería chileno, Daniel Mas, defendió la ruta comercial. “Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas, y se puede hacer, que se haga”, sostuvo y calificó la operación como “un negocio entre privados”.
El diputado Nicolás Trotta, en una columna de opinión en Infobae, planteó: “Si Santiago elige el negocio con los usurpadores, debemos estar dispuestos a suspender esas exportaciones y a sancionar a las empresas que abastezcan el saqueo”.
A su vez, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, también se sumó al reclamo con una carta dirigida al embajador Uriarte Herrera en la que expresó “malestar y preocupación” por las actividades comerciales en Punta Arenas vinculadas al archipiélago.
Edward Miliband,Reino Unido,Chile,relaciones bilaterales
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