POLITICA
El juez Ariel Lijo concentrará todas las causas por los negocios millonarios con el dólar blue durante el cepo
El juez federal Ariel Lijo quedó finalmente a cargo de todas las causas por la maniobra realizada por un grupo de financistas durante la gestión del kirchnerismo que conseguían dólares al precio oficial y los vendían en el mercado paralelo con millonarias ganancias.
Así quedó establecido luego de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti se inhibió de seguir interviniendo en una causa de 2021 contra una casa de cambios.
Antes de la feria judicial, la jueza María Servini ya le había enviado a Lijo su expediente tras una intervención de la Cámara Federal.
De esta manera, Ariel Lijo concentró las tres causas principales vinculadas al “rulo financiero”, una maniobra que tiene en vilo a exfuncionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central de la gestión de Sergio Massa y Miguel Angel Pesce.
En la causa “Marvic”, la jueza Capuchetti, a instancias del fiscal Eduardo Taiano, dijo que hay un “núcleo fáctico común”: la presunta utilización de agencias de cambio y otras entidades para acceder a moneda extranjera al tipo de cambio oficial mediante operaciones sin respaldo económico real o sustentadas en documentación apócrifa, con el fin de lucrar con el diferencial cambiario.
Capuchetti mencionó específicamente operaciones de N y M Cambio S.A. y Marvic S.A.
“Hay una vinculación objetiva, hay relaciones personales, societarias y operativas entre las personas con transferencias entre agencias que aparecen en más de una investigación y las medidas de prueba apuntan a reconstruir operaciones semejantes con las mismas fuentes de información”, argumentó la jueza al momento de aceptar la inhibición;
El expediente principal en manos de Ariel Lijo fue impulsado por el fiscal Franco Picardi e investiga hechos ocurridos entre 2020 y 2023.
Según la hipótesis, financistas, operadores cambiarios y funcionarios públicos habrían intervenido en un mecanismo destinado a conseguir divisas al tipo de cambio oficial mediante distintas casas de cambio para luego derivarlas al mercado paralelo.
Los investigados habrían montado estructuras societarias y operativas diseñadas para eludir las restricciones cambiarias y acceder a volúmenes de divisas muy superiores a los permitidos.
Los indicios muestran que contaban con el beneplácito de autoridades del Banco Central.
El objetivo, según el expediente, era dificultar la trazabilidad de los fondos y obtener billetes físicos que luego se comercializaban en el mercado informal: cuanto más grande la brecha entre oficial y blue, mayor el negocio.
La investigación sumó una segunda línea vinculada con un supuesto circuito de gestión irregular de autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), donde intermediarios habrían facilitado aprobaciones administrativas a cambio de sobornos a funcionarios de distintos organismos, entre ellos el Banco Central.
Las coimas habrían sido de entre el 10% y el 15% para obtener permisos de importación durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Massa en Economía.
Las pruebas sobre los trámites irregulares surgieron del teléfono de Martín Migueles, que aportó su clave cuando lo allanaron. El fiscal Picardi identificó a varios de los interlocutores de Migueles y al menos cuatro empresas involucradas.
La causa arrancó en julio del año pasado a partir de una serie de audios aportados por el expolicía Carlos “El Lobo” Smith, contratado por Elías Picirillo, entonces marido de Jésica Cirio, para “apretar” a otro empresario, Francisco Hauque, quien le debía supuestamente seis millones de dólares.
Picirillo le armó una causa a Hauque plantándole cocaína y un arma para presionarlo, con la ayuda del expolicía Smith. Para mejorar su situación, Smith aportó un pendrive con los audios que prueban las maniobras a las que se dedicaba Picirillo, hoy preso en prisión domiciliaria, y Hauque.
En esa causa hay menos cinco funcionarios y 34 empresas en la mira del fiscal. Las casas de cambio investigadas registraron ventas por $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024, con el 91,5% concentrado en 2023.
Entre las personas investigadas se destacan Piccirillo, su exsocio Martín Migueles, Francisco Hauque y Matías Bocca, además de los cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA.
A ellos se agregan los allanados Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”, el financista Fernando Rubén Tacchi y Alejandro “El Turco” Calian.
En un anillo más reciente aparecen Jorge Blanco, a quien un dictamen de Picardi describe como socio de Piccirillo y ubica, a través del Banco Sucrédito, en el presunto circuito de billetes físicos hacia el blue, y el banquero y excandidato Juan Napoli.
La Justicia levantó el secreto fiscal, bancario y bursátil de Napoli Inversiones, y el expediente registra supuestas ventas de dólares de Sucrédito a casas de cambio por US$484 millones.
Entre las casas de cambio y entidades investigadas se destacan Arg Exchange, de Piccirillo y Migueles, que compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar entre enero y diciembre de 2023, Fast Cambio (que según el dictamen del fiscal le compró US$91,7 millones a SuCrédito, mientras Arg Exchange adquirió de Fast Cambio unos US$48 millones), y Fenus y Centenera, que aparecen entre las casas de cambio que recibieron transferencias en pesos de multiplicidad de personas sin registrar operaciones de cambio a su nombre, según el sumario del BCRA que menciona también a Gallo Cambios como origen de dólares.
Los funcionarios del BCRA investigados son Diego Volcic, inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras; Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de ese sector; Fabián Violante, gerente de Entidades Financieras; y María Fernández, inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras.
Todos fueron allanados y sus dispositivos secuestrados; algunos aparecen mencionados en las conversaciones grabadas entre Piccirillo y Hauque.
En medio del tironeo por las causas, Hauque salió a mencionar a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández como el extitular del BCRA Miguel Ángel Pesce. La omisión a otros funcionarios que dependían de Massa generó sospechas y un cruce de reclamos. Los mensajes llegaron a Comodoro Py.
La hipótesis de Picardi es que podrían haber realizado actividades contrarias a sus funciones para favorecer a casas de cambio y financieras vinculadas a Piccirillo.
María Servini ya le había enviado a Lijo su expediente tras una intervención de la Cámara Federal.,surgieron del teléfono de Martín Migueles,el banquero y excandidato Juan Napoli.,Hauque salió a mencionar a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández,Hernán Cappiello,Nicolás Pizzi,Conforme a
POLITICA
En la carrera para lograr la reelección, Rogelio Frigerio se prepara para eliminar las PASO en Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio tiene los votos en la Legislatura para dejar sin efecto las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año próximo.
En el entorno de Frigerio, la hipótesis que más fuerza tiene es que finalmente avanzará con la eliminación de las primarias, según confesó a Infobae una fuente de primera línea. Sin embargo, no es la única alternativa que se baraja. El oficialismo mantendrá el misterio hasta el último segundo. Aunque el peronismo entrerriano se encuentra desmembrado y sin conducción, tampoco quiere mostrar sus cartas ni anticipar cómo jugará la mano.
La táctica tiene un límite temporal. Según las estimaciones que hacen en la provincia, la decisión debería estar tomada entre fin de año y mediados de febrero. En ese lapso todavía se puede frenar el mecanismo e ir en forma directa a una votación general. Cruzar esa frontera implicaría convalidar las PASO.
Las primarias se vienen realizando en Entre Ríos desde 2011. En un principio no eran obligatorias. Competían solo las fuerzas que tuvieran que resolver una interna. Pero a partir de 2015 eso cambió. Y todos los frentes debieron pasar esa instancia. En 2024, Frigerio impulsó una reforma política integral que las sostuvo. Allí se introdujo también la boleta única de papel (BUP) para reemplazar a la papeleta tradicional.
Qué podría pasar en 2027
El actual mandatario es el candidato natural del oficialismo. En 2025, el frente Juntos por Entre Ríos (JxER) que construyó Frigerio en 2021 se alió a La Libertad Avanza. La alianza aplastó al peronismo en las urnas. Eso le permitió conseguir los dos senadores por la mayoría y tres de los cinco diputados nacionales en juego.
La posibilidad de que la conjunción JxER + LLA se repita en 2027 es concreta. Hay varias razones de peso.
La primera es que Frigerio ha sido un aliado confiable y fiel de la Casa Rosada. La única oposición que mostró desde diciembre de 2023 a los planes oficiales pasó por la negativa a la fijación de retenciones a las economías regionales. La idea fue descartada.
La segunda es que los libertarios no tienen un candidato propio para competir por el sillón de Urquiza. El dirigente agropecuario Sebastián Etchevehere encarnó la postulación en 2023. El resultado electoral no fue malo, pero se debió a que iba colgado en la lista con Javier Milei. Ahora Etchevehere fue raleado de la primera plana de LLA Entre Ríos y terminó condenado al ostracismo.
Frigerio tendrá, además, el control pleno de la lapicera para definir las listas. No será una tarea fácil ordenar y dejar satisfecho al amplio abanico ideológico que hay en su armado. A la mesa se sientan radicales, socialistas, peronistas disidentes, ex K y podrían tener que agregar sillas para los libertarios. El gobernador tendrá la oportunidad de reordenar el espacio, descartar a los que no han cumplido y premiar a los que sí.
El primer casillero a completar será quién lo acompañe en la fórmula. En estos años, la actual vicegobernadora radical Alicia Aluani se ha mantenido en línea con Frigerio y ha superado el trato con un Senado que comenzó siendo adverso pero que se terminó volviendo dócil.
El peso de los números
Los comicios de 2023 le dejaron al gobernador una mayoría holgada en la Cámara de Diputados pero un voto por detrás del justicialismo en el Senado. El bloque oficialista contaba con 8 escaños contra 9 de la oposición.
En dos años y medio, “la crisis del PJ agrietó a la bancada opositora hasta partirla”. Dos senadoras peronistas, Nancy Miranda y Gladys Domínguez, votaron leyes claves con el oficialismo. Y tiempo después dieron un portazo y armaron sus propios monobloques.
Ahora la tortilla se dio vuelta. Frigerio quedó en una posición 8 + 2 contra siete. Con este escenario, aprobar la iniciativa electoral que archive, al menos por esta vez, las PASO podría ser un trámite.
Rogelio Frigerio
POLITICA
Afiliados de Camioneros interrumpieron la actividad de una planta de OCA en protesta por despidos
Un violento episodio se registró este viernes en la planta del servicio de correo privado OCA de Avellaneda cuando un grupo del Sindicato de Camioneros irrumpió en las instalaciones y paralizó la actividad en rechazo a una serie de despidos que, según denuncian, fueron anunciados por la compañía.
Los trabajadores de la empresa denunciaron que una “patota” del gremio al mando de Jorge Luis Amador, secretario de la rama de Correos, ingresó en la planta COB de Avellaneda, golpeó a uno de los empleados de seguridad y llevó a cabo una asamblea en el lugar.
No hubo toma de la planta pero sí una paralización de las actividades, aclararon las fuentes.
Desde el Sindicato de Camioneros, en tanto, señalaron ante la consulta de que OCA concretará una mudanza de esa sede en el corto plazo y que se anunciaron despidos de parte del personal, razón por la cual se movilizó la rama de Correos del gremio.
“Vinieron los de Camioneros en patota, con camperas de correo Ocasa, estaban todos asustados por cómo vinieron, y diciendo que los mandó Hugo Moyano”, denunciaron trabajadores de la empresa, en referencia al secretario general del gremio.
Ocasa es una empresa de logística cuyos trabajadores también son representados por el Sindicato de Camioneros.
Desde la empresa agregaron que “todos quedaron asombrados porque se estaba trabajando normal y se asustaron porque aparecieron de golpe”.
En la interna de Camioneros por el distanciamiento que Hugo Moyano mantiene con su hijo Pablo -secretario adjunto del gremio-, los trabajadores de la rama Correos responden al patriarca del clan. De todos modos, padre e hijo acercaron posiciones en el último tiempo.
Pablo Moyano, por su parte, participó este jueves de la marcha hacia San Cayetano junto a un nutrido grupo de gremios, centrales sindicales y organizaciones sociales, como parte del espacio opositor que viene construyendo para plantar bandera frente al gobierno de Javier Milei.
Durante esa actividad, el número dos de Camioneros se permitió incluso bromear sobre la situación de su hermano Facundo, imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad y lesiones leves en el contexto de violencia de género.
“Mi pibe se llama Facundo Moyano, yo todos los días hablo con mi hijo Facundo Moyano”, dijo el dirigente camionero por toda respuesta.
La protesta en OCA
En uno de los videos de la asamblea puede advertirse cómo el grupo ingresa a la planta con la arenga “Somos Camioneros, es la banda de Correos”.
Como parte de los discursos, uno de los dirigentes del gremio advirtió que “esta manga de atorrantes dice que hay que echar gente y ellos van a quedar aplastando el culo en una oficina” (SIC).
“Acá, si hay que irse, nos vamos todos, compañeros. Vamos a empezar a discutir qué es lo que quieren hacer”, advirtió el orador ante los trabajadores.
Por su parte, según pudo averiguar este medio, el empleado de seguridad agredido por la patota radicó la denuncia en sede policial.
La planta COB es un centro operativo y de logística postal ubicado en Mariano Ferreyra 302 de la localidad de Piñeyro, en Avellaneda.
la marcha hacia San Cayetano junto a un nutrido grupo de gremios, centrales sindicales y organizaciones sociales,imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad y lesiones leves,Hugo Moyano,OCA Correo,Conforme a
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Se reactivó la causa de la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia: el fiscal ordenó medidas y espera una audiencia clave
La causa que investiga la mansión en Pilar entró en una nueva etapa luego de que la jueza Verónica Straccia decidiera delegar la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial, que según pudo saber TN ya tomó las primeras medidas de prueba desde que tiene el expediente que apunta a determinar quién es el verdadero dueño de la propiedad.
La casa está a nombre de Real Central SRL, de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, supuestos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Según pudo saber TN de fuentes judiciales, el fiscal pidió terminar con las medidas de prueba que estaban pendientes y se resolvieron cuestiones de competencia. Por ahora se desconoce cuáles son las acciones requeridas por Navas Rial.
Este medio pudo saber que el fiscal opina que el caso, en el que se investiga posible lavado de dinero, debe investigarse en Capital Federal, en donde habría comenzado la maniobra de lavado en la que podría estar involucrada la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Es que uno de los elementos considerados de relevancia dentro del expediente es el hallazgo de una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano. Según consta en la investigación, esa tarjeta estaba vinculada con gastos relacionados con los vehículos encontrados en la propiedad. Además, Pantano ocupaba un cargo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino.
En el caso está en la mira una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, con helipuerto, caballerizas, pileta, canchas deportivas y una flota de autos de colección, valuada en más de US$17 millones. A su vez, los autos del garage de la mansión, están valuados en otros 3 millones de dólares.
Uno de los aspectos que intenta reconstruir la investigación es el recorrido societario de la empresa propietaria del inmueble. Según surge del expediente, la firma originalmente se denominaba Central Parks Drinks SRL, contaba con un capital social de 300.000 pesos y el 16 de mayo de 2024 cambió su nombre por Real Central SRL, además de elevar su capital a 58 millones de pesos. Apenas dos semanas después concretó la compra del predio de Pilar.
De cualquier manera tanto la jueza como el fiscal miran con atención lo que ocurrirá el próximo 12 de agosto, cuando la Cámara Federal de Casación Penal realice una audiencia en la que se escucharán a las partes y se analizará todo lo realizado hasta el momento en el expediente.
Los denunciantes de la Coalición Cívica creen que Mariano Borinsky y Barroetaveña podrían devolver el caso a Charvay, juez de Campana.
El expediente por la mansión viene protagonizando desde hace meses una disputa de competencia entre la Justicia Federal de Campana —donde está radicado el inmueble— y el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. En mayo, la Cámara de Casación anuló el fallo que había enviado la causa a Campana y ordenó dictar una nueva resolución sobre qué tribunal debe investigar. El conflicto quedó así en manos de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
Pero una llamativa decisión de Borinsky y Barroetaveña para escuchar a las partes vuelve a dilatar la investigación.
La hipótesis que analiza la Justicia sostiene que Pantano y Conte no tendrían un perfil patrimonial compatible con una operación de semejante magnitud y que habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino, tesorero de la AFA.
Leer más: Tras el revés por la Ley de Tierras, el Gobierno realiza cambios en el paquete de desregulación y define cómo enviarlo al Congreso
La delegación del caso en Navas Rial cobra relevancia también por sus antecedentes en otras investigaciones vinculadas con la conducción de la AFA. El fiscal impulsó la acusación contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes en la causa por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social, expediente en el que la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero y de la propia entidad como persona jurídica.
Además, amplió esa investigación a partir de una denuncia de ARCA por presunta evasión agravada mediante el uso de facturas falsas y promovió nuevas medidas de prueba para determinar si existieron otras maniobras tributarias irregulares.
Fuentes judiciales señalan en marcar a Navas Rial como un fiscal de bajo perfil, técnico y contundente en sus decisiones judiciales.
Claudio Tapia, Pablo Toviggino, AFA
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