Un violento episodio se registró este viernes en la planta del servicio de correo privado OCA de Avellaneda cuando un grupo del Sindicato de Camioneros irrumpió en las instalaciones y paralizó la actividad en rechazo a una serie de despidos que, según denuncian, fueron anunciados por la compañía.

Los trabajadores de la empresa denunciaron que una “patota” del gremio al mando de Jorge Luis Amador, secretario de la rama de Correos, ingresó en la planta COB de Avellaneda, golpeó a uno de los empleados de seguridad y llevó a cabo una asamblea en el lugar.

No hubo toma de la planta pero sí una paralización de las actividades, aclararon las fuentes.

Desde el Sindicato de Camioneros, en tanto, señalaron ante la consulta de que OCA concretará una mudanza de esa sede en el corto plazo y que se anunciaron despidos de parte del personal, razón por la cual se movilizó la rama de Correos del gremio.

“Vinieron los de Camioneros en patota, con camperas de correo Ocasa, estaban todos asustados por cómo vinieron, y diciendo que los mandó Hugo Moyano”, denunciaron trabajadores de la empresa, en referencia al secretario general del gremio.

Ocasa es una empresa de logística cuyos trabajadores también son representados por el Sindicato de Camioneros.

Desde la empresa agregaron que “todos quedaron asombrados porque se estaba trabajando normal y se asustaron porque aparecieron de golpe”.

En la interna de Camioneros por el distanciamiento que Hugo Moyano mantiene con su hijo Pablo -secretario adjunto del gremio-, los trabajadores de la rama Correos responden al patriarca del clan. De todos modos, padre e hijo acercaron posiciones en el último tiempo.

Pablo Moyano, por su parte, participó este jueves de la marcha hacia San Cayetano junto a un nutrido grupo de gremios, centrales sindicales y organizaciones sociales, como parte del espacio opositor que viene construyendo para plantar bandera frente al gobierno de Javier Milei.

Durante esa actividad, el número dos de Camioneros se permitió incluso bromear sobre la situación de su hermano Facundo, imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad y lesiones leves en el contexto de violencia de género.

“Mi pibe se llama Facundo Moyano, yo todos los días hablo con mi hijo Facundo Moyano”, dijo el dirigente camionero por toda respuesta.

La protesta en OCA

En uno de los videos de la asamblea puede advertirse cómo el grupo ingresa a la planta con la arenga “Somos Camioneros, es la banda de Correos”.

Como parte de los discursos, uno de los dirigentes del gremio advirtió que “esta manga de atorrantes dice que hay que echar gente y ellos van a quedar aplastando el culo en una oficina” (SIC).

“Acá, si hay que irse, nos vamos todos, compañeros. Vamos a empezar a discutir qué es lo que quieren hacer”, advirtió el orador ante los trabajadores.

Por su parte, según pudo averiguar este medio, el empleado de seguridad agredido por la patota radicó la denuncia en sede policial.

La planta COB es un centro operativo y de logística postal ubicado en Mariano Ferreyra 302 de la localidad de Piñeyro, en Avellaneda.

El gobierno nacional presentó una denuncia ante la Justicia federal para que se investigue un “atentado al orden constitucional y a la vida democrática” durante la manifestación realizada ayer en las inmediaciones del Congreso Nacional mientras el Senado debatía el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

“Los hechos que denunciamos se habrían cometido contra instituciones, poderes y miembros públicos federales en ocasión en la que desarrollaban sus labores y que operaban en el marco de sus funciones”, se sostuvo en la presentación hecha por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional.

Ayer, luego de casi seis horas de manifestación pacífica, la protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se desvirtuó a partir de las 17, cuando la Policía Federal Argentina (PFA utilizó gases para desalojar a los manifestantes que enfrentaban el vallado que protegía al Congreso de la Nación.

Los ataques de grupos reducidos de manifestantes, que rompieron veredas y cordones para hacerse de escombros y lanzarlos a los uniformados, además de destruir e incendiar cestos y contenedores de basura, convivieron con la avanzada de grupos de infantería de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que utilizaron carros hidrantes, gases, balas de goma y divisiones motorizadas para dispersar y perseguir a los violentos y a quienes protestaban sin provocar desmanes.

Hubo 18 detenidos acusados de resistencia a la autoridad, quienes quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal, que conduce el fiscal Federico Tropea.

No se descarta que, además, a algunos de los sospechosos se les impute el delito de daños. De los 18 detenidos, 10 ya fueron liberados durante la jornada. Los restantes deben aún declarar y enfrentar la imputación, según informaron fuentes policiales. No trascendieron las identidades de los detenidos.

Pero el Gobierno sostiene que lo sucedido debe investigarse como un delito de jurisdicción federal.

“Solicitamos a la justicia federal que inicie una exhaustiva investigación con el fin de corroborar la existencia de los hechos denunciados, se individualicen a los responsables y a todos aquellos que hayan colaborado o participado o instigado, propendido a la generación del escenario delictivo y antidemocrático que se denuncia. Los hechos que denunciamos se habrían cometido contra instituciones, poderes y miembros públicos federales en ocasión en la que desarrollaban sus labores y que operaban en el marco de sus funciones”, sostuvieron los funcionarios en la denuncia, a la que tuvo acceso .

Además, se sostuvo: “Como es de público conocimiento, un cúmulo considerable de manifestantes arrojaron piedras, escombros y otros objetos contundentes contra los efectivos de las fuerzas federales de seguridad que se encontraban apostados en el lugar, en el marco de sus tareas de prevención y a fin de garantizar el orden, la seguridad y el ejercicio regular del derecho a manifestarse de aquellos ciudadanos que se apersonaran pacíficamente en el lugar. Sobre ello se advirtió la rotura de baldosas y bancos públicos con el fin de utilizar sus fragmentos como objetos contundentes contra efectivos policiales, siendo algunos de ellos lesionados, como asimismo se produjeron cuantiosos daños en estructuras edilicias y vehículos policiales”.

Pugnaloni y Franco solicitaron que se ordenen “con premura” medidas de prueba para identificar a los responsables.

“El Ministerio de Seguridad Nacional se encuentra en proceso de análisis de los acontecimientos delictivos reseñados precedentemente, a fin de evaluar el acompañamiento de elementos de convicción idóneos para la investigación, estando desde ya a su entera disposición para lo que considere oportuno y necesario a tales fines”, se explicó en la presentación.