POLITICA
El juez Lijo pidió un amplio informe a la AGN por los créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores de Milei
El juez federal Ariel Lijo avanzó con la causa por los funcionarios y legisladores que sacaron créditos del Banco Nación por centenares de miles de dólares y pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga un exhaustivo análisis de los préstamos otorgados en los últimos tres años.
Lo hizo luego de que el fiscal Gerardo Pollicita requirió e impulsó la causa contra once acusados, entre ellos cuatro funcionarios, seis diputados y un empleado legislativo, al tiempo que pidió realizar una decena de medidas de prueba para saber si los créditos se otorgaron cumpliendo los requisitos del banco.
Lijo concentra las causas más sensibles que tiene el gobierno en su contra: la causa de los sobreprecios y cartelización en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el caso del supuesto enriquecimiento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora el caso de los créditos del Banco Nación.
Los denunciados por la legisladora Mónica Frade de la Coalición Cívica son Juan Pablo Carreira, conocido en X como “Juan Doe”, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, dedicada a desmentir a periodistas ($113 millones); Pedro Inchauspe, director del Banco Central ($510 millones); y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior ($510 millones).
También fueron apuntados Federico Furiase, secretario de Finanzas ($376 millones); Emiliano José Mongilardi, director de YPF ($309 millones); Sharif Menem, sobrino y mano derecha de Martín Menem ($357 millones); y los diputados libertarios Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
El Banco Nación se presentó en la causa y aportó un informe con los antecedentes de estos créditos, dijeron fuentes de la entidad a .
Lijo le solicitó al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, que a la mayor brevedad posible efectúe “una amplia auditoría de la política de otorgamiento de créditos hipotecarios” del Banco Nación para identificar “posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos hipotecarios y quiénes habrían sido sus destinatarios”.
Por eso, el juez les pidió “individualizar y analizar la política crediticia” del Banco Nación, además de revisar “la reglamentación aplicable, la normativa interna vigente, las comunicaciones, circulares, manuales de procedimiento e instructivos”. Es decir, todo aquello que sirva para dejar claros los hechos.
Además, Lijo dispuso informar del asunto a la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación.
La AGN es un organismo que depende del Congreso y está integrado por las diversas fuerzas políticas. Es de todos los organismos de control el que exhibe mayor independencia.
La medida de Lijo se dio luego de que el fiscal Pollicita impulsara el caso. Pollicita pidió y Lijo dispuso que Santiago Bausili, presidente del Banco Central, informe el marco legal y normativo, las comunicaciones, circulares y todos los instrumentos técnicos que regulan el procedimiento de otorgamiento de créditos hipotecarios para las entidades financieras, incluido el Banco de la Nación Argentina.
Debe informar los cambios que hubo desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Asimismo, debe informarse los cargos que ocupan Furiase e Inchauspe, receptores de créditos.
En septiembre de 2024, bajo la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman, el Banco Nación, para salir a competir con otras entidades en las licitaciones destinadas a pagar los sueldos de la administración pública, ofertó productos bancarios como créditos, destinados a empleados y funcionarios
El juez Lijo le pidió al Banco Nación los legajos de cliente y las carpetas de los créditos que otorgó entre 2023 y la actualidad, con relación a Furiase, Carreira, Inchauspe, Núñez, Mongilardi, Mariano Campero, Santurio, Villaverde, Bongiovanni, Sharif Menem, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio.
Son todos legisladores y funcionarios mencionados en diversas denuncias que tomaron información de informes periodísticos que alertaban sobre los créditos.
Lo que se investiga en esta causa es si los créditos se otorgaron de manera indebida, irregular, por fuera de los requisitos previstos en la normativa.
En ese marco, el juez Lijo quiere los informes de titularidad del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal o de las jurisdicciones, sus recibos de sueldo, comprobantes de facturación, de consumos, gastos o ingresos presentados por el titular del préstamo y las personas asociadas al crédito.
También procura verificar los contratos de preaprobación del crédito firmados por los interesados y las cuentas mediante las cuales se pagaría el crédito, además de los movimientos registrados.
El juzgado busca también tener los manuales de “Riesgos crediticios” del banco. Pretende que se informe si en los casos denunciados se cumplieron “estándares normativos” y si se emitió algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
El juez requirió los documentos mediante los cuales se compraron las propiedades, las constancias de evaluación crediticia, copia de las escrituras, forma de pago de los montos abonados por el cliente y comisiones abonadas.
Lijo le pidió al Banco Nación que haga un informe con las modificaciones o flexibilizaciones sufridas por el marco legal y normativo y cómo se informó de ellas a los clientes, empleados y funcionarios.
También deberán enviar al juzgado todos los expedientes administrativos completos a partir de los cuales se originaron las líneas de crédito reguladas para empleados del sector público.
El juez quiere conocer el proceso de otorgamiento de un crédito hipotecario, cuánto demora, los pasos internos que recorre el legajo, la documentación requerida, las áreas del banco involucradas y los informes y tareas que se realizan hasta la aprobación.
A su vez, Lijo pretende saber el número total de créditos hipotecarios efectivamente otorgados, desde el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, discriminándose la cantidad nominal de créditos y el monto dinerario insumido. También, según se trate de empleados, funcionarios de la administración pública nacional, de organismos descentralizados, autárquicos y legisladores nacionales.
Debe informarse la cantidad nominal de crédito, el monto de dinero otorgado y el porcentaje de la cartera de créditos hipotecarios otorgados desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.
Deberá informar el Banco Nación si detectó irregularidades, inconsistencias o eventuales incumplimientos de la normativa financiera en relación con esas operaciones.
A la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, le pidió que informe los cargos que ocuparon en la administración pública nacional los investigados Furiase, Carreira, Núñez y Mongilardi.
En tanto, a la Cámara de Diputados le solicitó que le informe desde cuándo tienen mandato y en qué bloque los legisladores de LLA investigados, y el cargo que ocupó Sharif Menem desde diciembre de 2023.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Comenzaron las elecciones estudiantiles en la UBA, en un contexto marcado por los recortes de Milei
En un clima recalentado por la decisión del gobierno de Javier Milei para frenar la actualización de los salarios docentes y los programas de becas contemplados en la ley de financiamiento universitario, que el oficialismo impugnó ante la Corte Suprema de Justicia, comenzaron esta semana las elecciones estudiantiles en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La votación se extiende hasta el viernes en las 13 facultades de la UBA y las proyecciones de distintas fuentes universitarias anticipan que el resultado afianzará el liderazgo del Frente Reformista –una alianza de radicales, socialistas, peronistas no kirchneristas e independientes– y ratificará el perfil opositor al Gobierno.
Las principales disputas se esperan en Filosofía y Letras, donde la lista kirchnerista El Colectivo (La Cámpora y Patria Grande) desplazó por poco margen hace dos años a la izquierda, que fue dividida, y en Veterinaria, donde el Partido Obrero defenderá el único bastión que le queda al trotskismo en la UBA.
La elección es obligatoria para los 304.000 alumnos de la UBA, aunque no todos tienen regularidad. Hace dos años votaron poco más de 160.000.
El Frente Reformista mantiene el control de ocho de las trece facultades: Derecho, Ciencias Económicas, Medicina, Psicología, Farmacia y Bioquímica, Odontología, Ingeniería y Agronomía. El kirchnerismo, a través de listas referenciadas con La Cámpora (Máximo Kirchner) y Patria Grande (Juan Grabois), predomina en cuatro: Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Ciencias Sociales, Filosofía y Letras y Ciencias Exactas. La izquierda, que hasta 2019 dominó el mapa estudiantil en la UBA solo controla el claustro en Veterinaria. En varias facultades, el Frente de Izquierda, que responde a Myriam Bregman, compite con otras listas de vertientes cercanas, como Ya Basta, de Manuela Castañeiras (Nuevo MAS)
En momentos en que la comunidad universitaria enfrenta los recortes presupuestarios del Gobierno, intentará hacer pie en la UBA la agrupación Somos Libres, la expresión universitaria de La Libertad Avanza, que presenta listas en cinco facultades: Ingeniería, Medicina, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Farmacia y Bioquímica. La corriente libertaria compite por tercera vez en la UBA y responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la legisladora porteña Pilar Ramírez.
La expresión universitaria en el peronismo se identifica principalmente con La Cámpora. Pero también tiene ganado un espacio La Mella, identificada con Patria Grande (Grabois), especialmente en Ciencias Sociales. No se observa, en cambio, una influencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que se inició en la política en la universidad y más allá de que su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, lo que podría dar pie a una incipiente construcción.
Como ocurre cada cuatro años, con la votación estudiantil −a la que seguirán luego las votaciones de los claustros de graduados y de profesores− se pone en marcha el proceso que derivará a fin de año en la renovación de los decanos de las 13 unidades académicas y en la elección de los consejeros que participarán de la asamblea universitaria para consagrar al futuro rector de la universidad. El actual titular, el médico Ricardo Gelpi, está habilitado para acceder a un nuevo mandato, aunque no definió aún si buscará su reelección.
“No debería haber grandes cambios en la relación de fuerzas”, estimó un observador que conoce el paño de la UBA. La elección se desarrolla durante toda la semana, hasta el viernes, aunque en algunas facultades se concentra la votación en dos días (en Farmacia, martes y jueves, y en Odontología, miércoles y jueves) e incluso en una sola jornada (en Ingeniería, el miércoles).
La caída del salario docente, que el Frente Reformista estima en un 50%, se suma a otros indicadores negativos, como la reducción del presupuesto y del número de becas universitarias, atribuidos a la gestión de Milei. “El conflicto pone a todos del mismo lado”, estiman cerca de la conducción de la UBA, al asignarle un carácter plebiscitario a los resultados de la votación.
A diferencia de la izquierda combativa, la conducción reformista de la UBA desestima los paros de profesores y de los no docentes. “Se evita la toma de facultades y se promueve, en cambio, el paro ‘a la japonesa’, como la protesta realizada la semana pasada en la plaza Houssay, donde alumnos, profesores y médicos ofrecieron clases públicas y servicios de salud gratuitos a la comunidad, que beneficiaron a más de 6000 vecinos”, explicaron a .
“Los paros son funcionales al Gobierno, que quiere desfinanciar y paralizar a la universidad”, declaró hace unos días el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, una voz influyente en el Consejo Superior, donde ocupa un asiento en representación del claustro de profesores.
Las principales fuerzas de la UBA reclaman al gobierno de Milei la convocatoria a paritarias, como lo fija el artículo 5 de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso en octubre pasado y que la administración libertaria impugnó ante la Corte Suprema. La misma norma obliga a una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles.
En 2024, Somos Libres se había presentado como expresión del mileísmo en cuatro facultades: Medicina, Ciencias Económicas, Ingeniería y FADU. Ahora suman presencia en Farmacia y en Ciencias Sociales, pero declinaron postular candidatos en FADU. “Priorizamos ahora las facultades en las que pensamos que nos puede ir mejor”, explicó a Juan Martín Agosti, líder de la corriente en Medicina, donde en 2024 duplicaron los votos que habían logrado en 2022.
“La expectativa es salir segundos en Medicina y en Económicas, y pelear el primer puesto en Ingeniería”, arriesgó Agosti.
Somos Libres es parte de Universitarios por la Libertad, agrupación nacional que empezó a competir en distintas universidades, como Rosario, donde La Libertad Avanza conquistó algunos consejeros y delegados.
Frente al debate sobre el financiamiento universitario, el referente de Somos Libres dijo que “los estudiantes están muy preocupados por conocer lo que propone el Gobierno: auditorías, manejo transparente del presupuesto, una ejecución más eficiente y una apertura parcial de la facultad cuando hay paros docentes”, resumió.
Mariano De Vedia,Universidad de Buenos Aires,Javier Milei,La Cámpora,Conforme a,,Revés judicial. Alberto Fernández, más cerca de ir a juicio oral por la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez,,Revés para el Gobierno. La Justicia frenó la eliminación del plan Volver al Trabajo, un foco de tensión con los piqueteros,,Minutos de diferencia. La Cámara de Tucumán recusó al juez de Santiago del Estero que había beneficiado a Tapia y Toviggino,Universidad de Buenos Aires,,La inscripción es hasta el 15 de mayo. La UBA lanza cursos gratuitos sobre IA aplicada,,“Todo es incierto”. El fuerte impacto del conflicto por el financiamiento universitario entre los estudiantes,,Según el nuevo CEO de Mercado Libre. Qué habilidades buscan las empresas en tiempos de la inteligencia artificial
POLITICA
Llega Milei desde Israel y aumenta la tensión libertaria por el enfrentamiento entre Karina y Caputo
El presidente de la Nación Javier Milei aterrizará cerca del mediodía en Aeroparque. Tras su tercer viaje por Israel, el mandatario deberá ordenar -o convivir- con una interna cada vez más intensa que existe entre el universo que rodea a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei y su asesor más importante, Santiago Caputo. Desde que Milei dejó el país los cruces públicos se reprodujeron sin pausa. Primero a través de mensajes por X, luego en streamings oficialistas y por último en decisiones de la gestión que desgastan a las segundas líneas del gobierno. Los ejemplos abundan.
Un senador libertario vio el proyecto de discapacidad presentado por el Gobierno y preguntó cuál era la estrategia para llevar adelante una iniciativa que traería un choque de frente con la oposición y sectores aliados. La respuesta lo preocupó. La iniciativa había ingresado el martes por la tarde/noche desde el ministerio de Salud, área comandada por Mario Lugones. “Lo habíamos apuntado en la reunión de la mesa política del viernes”, subrayó un funcionario a este cronista. Pero la estrategia era nula. “Inentendible que nos hayan tirado así, sin preguntar si había agua en la pileta. Cosa que no la hay”, señaló. “Esta guerra se lleva puesto todo si no frenan”, agregó.
Un proveedor del Estado en áreas de Educación lo graficó así: “Algunos no ponen el gancho a determinadas cosas porque creen que pueden quedar presos de la interna y que armen operaciones con tal de lastimar al de enfrente”. En el archivo está el convencimiento del sector que rodea a Karina de que fueron los caputistas los que armaron las jugadas de ANDIS y luego del Banco Nación, donde los Menem quedaron apuntados el año pasado. Otro ejemplo que se observa por estas horas es por la demora en la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Falta que lo vote la Cámara de Diputados, como una de las condiciones del acuerdo con Estados Unidos. El proyecto es resistido por laboratorios nacionales. El equipo de Karina Milei confiaba llegar con los votos para fines de abril. Sin embargo, Cancillería y Salud no estarían en sintonía.
El desorden político que muestra el oficialismo aceleró los pasos de la oposición. Pero cada movimiento del gobernador Axel Kicillof se parece a una mala noticia para La Cámpora (y porque no, Sergio Massa). El mandatario se puso al frente del reclamo ante ANSES y estuvo sentado en la audiencia en la Corte Suprema. ¿La deuda? Por 2,3 billones de pesos. Enfrente estuvo quien posee el poder de administrar pagos en épocas de frazada corta, el secretario de Hacienda, Jorge Guberman. Kicillof se llevó una respuesta de la Corte, quien le exigió a Nación que lleve una solución para el próximo 10 de junio. Capítulo aparte para una Corte Suprema que debe resolver esa cuestión, sumado al pedido de per saltum que hizo el Ejecutivo por la reforma laboral y el financiamiento universitario.
Buenos Aires pasa por un año frágil en materia de Presupuesto. La caída en la recaudación, sumado al ahogamiento por parte del Poder Ejecutivo, llevó a que desde La Plata se pase el mensaje a los ministerios de un ajuste cercano al 20%. “Hay áreas en esos parámetros”, reconoció un ministro bonaerense a Infobae. Sin embargo, el mayor ruido provino del aviso del recorte al plan MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y, para contrarrestar esa caída, un refuerzo del Servicio Alimentario Escolar (SAE). El primero consta de una caja de víveres que se lleva cada familia de joven en escuela pública. Funcionó durante la pandemia y luego no se sacó. El segundo es lo que se paga para que cada estudiante desayune, almuerce y meriende en la institución.
“La plata no alcanza. Van a sacar esa caja y aumentar un 30% el SAE que en realidad será actualizar los precios actuales de los proveedores que están por debajo por la inflación”, explicó un funcionario al tanto de la situación.
La decisión causó alarma en intendentes. El senador Mario Ishii (intendente de José C. Paz en licencia) exigió la emergencia alimentaria. “Parece que le redactó La Cámpora el proyecto. Nunca menciona el ajuste de Milei”, retrucó un hombre del entorno del gobernador. La pregunta es si hay margen para un ajuste en esa área. Un cura de zona oeste que pidió el anonimato mencionó el estado de situación de determinados barrios de emergencia: “Hace dos años venían entre 40 y 50 personas por día a comer. Hoy son más de 120 y tuvimos que poner doble turno. Si se cae la caja, me imagino que muchos terminarán en la parroquia. Y no llegamos con todo”.
Ese desorden libertario apuró también movimientos de los espacios de derecha, como el PRO. La incursión de Mauricio Macri en Chaco y Corrientes fue en ese sentido. “Antes ustedes no preguntaban qué hacía Mauricio. No teníamos móvil de TV. De golpe su conferencia de prensa causó atención. Por algo fue”, explicó uno de los armadores que se entusiasma con ver al expresidente recorriendo más provincias. La campaña parece haber acelerado al ritmo del ruido político. ¿Piensa Macri en una candidatura nacional? Todo está en escena.
El Gobierno, por su parte, cree que jugará a esa presión para forzar una alianza en la Ciudad de Buenos Aires que mantenga al PRO al frente a cambio de entregar el resto de los distritos. Pero más allá de las intenciones de Macri, en la provincia de Buenos Aires no parece haber margen para un experimento distinto al violeta: “No hay opción: si queremos ganar, hay que ir juntos. Tenemos que hacer un proceso donde después veremos la selección de candidato”, sentenció el diputado del PRO Cristian Ritondo en diálogo con Infobae a la mañana.
Los laboratorios electorales están a la orden del día. ¿Habrá PASO? Los libertarios buscan eliminarlas, tal como lo anunció ayer a última hora el Presidente. Para buscar el apoyo del PRO sumaron al proyecto original el articulado de “Ficha Limpia”. ¿Así estarán los votos? La primera ronda de poroteo que hizo este medio marcó una luz amarilla. “El problema con estos proyectos es que le conviene sólo al oficialismo”, explicó un diputado radical.
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POLITICA
Por un proyecto minero, Quintela se pelea con Orrego y pide al Senado que revea los límites entre La Rioja y San Juan
CÓRDOBA.- El riojano Ricardo Quintela renovó los reclamos por la disputa de límites con San Juan. Ahora dudó de la validez de los acuerdos limítrofes vigentes desde 1968 y planteó que deberían ser revisados por carecer de legitimidad democrática. Sumó ese ingrediente a la resolución judicial que, a instancias de una presentación de la Fiscalía de Estado riojana, suspendió por 30 días algunas actividades del proyecto de cobre Vicuña.
Ese proyecto está instalado en San Juan pero su logística atraviesa La Rioja. La semana pasada, la jueza María Greta Decker -de la Cámara de Chilecito- suspendió por 30 días las actividades vinculadas al proyecto minero, bloqueó el tránsito de maquinaria y suministros y cerró los caminos estratégicos en territorio riojano.
La magistrada consideró que no se presentó el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente en La Rioja. Vicuña es el proyecto minero más importante de San Juan y uno de los más significativos del país, por lo que la tensión es seguida de cerca por la Casa Rosada.
En una entrevista en AM750, Quintela sostuvo que la soberanía sobre la zona donde se asienta el yacimiento y sobre el área de Ischigualasto (el parque provincial sanjuanino) debe ser definida por el Senado nacional. Planteó que los límites vigentes fueron firmados por gobernadores de facto durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. No fue un único tratado “integral”, sino que formó parte de un conjunto de acuerdos técnicos y administrativos que luego fueron convalidados por normativa nacional.
“El conflicto es con la empresa -afirmó Quintela-, pero la provincia de San Juan debe tener un gesto de generosidad. Lo he hablado antes con (Sergio) Uñac, no con el gobernador actual”. Eso dijo sobre la polémica por la minera, y agregó la necesidad de redefinir límites.
Ante el reclamo riojano por la minera, el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, precisó hace unos días que en el informe de impacto ambiental que le pide la Justicia de La Rioja a la empresa en relación al camino, “San Juan no tiene nada que ver”.
El mandatario afirmó que la legalidad de la jurisdicción sanjuanina sobre el proyecto Josemaría es inobjetable: “Evidentemente eso es un convenio resuelto hace mucho tiempo, por dos gobernadores de la provincia y una ley representada por el Congreso de la Nación”.
“De continuar con esta política de opresión, de asfixia al pueblo argentino, naturalmente no llega al 10 de diciembre. Consideramos que rápidamente la sociedad, más temprano que tarde, va a reaccionar para que modifique la política”, insistió Quintela cuando lo consultaron sobre el fallo judicial que lo absolvió de las acusaciones de intimidación pública, sedición y atentado contra el orden constitucional.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 dispuso a comienzos de este mes el archivo definitivo de la causa al considerar que las expresiones de los dirigentes se dieron en un contexto de debate político.
absolvió de las acusaciones de intimidación pública, sedición y atentado contra el orden constitucional,Gabriela Origlia,Conforme a
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