En un clima recalentado por la decisión del gobierno de Javier Milei para frenar la actualización de los salarios docentes y los programas de becas contemplados en la ley de financiamiento universitario, que el oficialismo impugnó ante la Corte Suprema de Justicia, comenzaron esta semana las elecciones estudiantiles en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La votación se extiende hasta el viernes en las 13 facultades de la UBA y las proyecciones de distintas fuentes universitarias anticipan que el resultado afianzará el liderazgo del Frente Reformista –una alianza de radicales, socialistas, peronistas no kirchneristas e independientes– y ratificará el perfil opositor al Gobierno.

Las principales disputas se esperan en Filosofía y Letras, donde la lista kirchnerista El Colectivo (La Cámpora y Patria Grande) desplazó por poco margen hace dos años a la izquierda, que fue dividida, y en Veterinaria, donde el Partido Obrero defenderá el único bastión que le queda al trotskismo en la UBA.

La elección es obligatoria para los 304.000 alumnos de la UBA, aunque no todos tienen regularidad. Hace dos años votaron poco más de 160.000.

El Frente Reformista mantiene el control de ocho de las trece facultades: Derecho, Ciencias Económicas, Medicina, Psicología, Farmacia y Bioquímica, Odontología, Ingeniería y Agronomía. El kirchnerismo, a través de listas referenciadas con La Cámpora (Máximo Kirchner) y Patria Grande (Juan Grabois), predomina en cuatro: Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Ciencias Sociales, Filosofía y Letras y Ciencias Exactas. La izquierda, que hasta 2019 dominó el mapa estudiantil en la UBA solo controla el claustro en Veterinaria. En varias facultades, el Frente de Izquierda, que responde a Myriam Bregman, compite con otras listas de vertientes cercanas, como Ya Basta, de Manuela Castañeiras (Nuevo MAS)

En momentos en que la comunidad universitaria enfrenta los recortes presupuestarios del Gobierno, intentará hacer pie en la UBA la agrupación Somos Libres, la expresión universitaria de La Libertad Avanza, que presenta listas en cinco facultades: Ingeniería, Medicina, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Farmacia y Bioquímica. La corriente libertaria compite por tercera vez en la UBA y responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la legisladora porteña Pilar Ramírez.

La expresión universitaria en el peronismo se identifica principalmente con La Cámpora. Pero también tiene ganado un espacio La Mella, identificada con Patria Grande (Grabois), especialmente en Ciencias Sociales. No se observa, en cambio, una influencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que se inició en la política en la universidad y más allá de que su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, lo que podría dar pie a una incipiente construcción.

Como ocurre cada cuatro años, con la votación estudiantil −a la que seguirán luego las votaciones de los claustros de graduados y de profesores− se pone en marcha el proceso que derivará a fin de año en la renovación de los decanos de las 13 unidades académicas y en la elección de los consejeros que participarán de la asamblea universitaria para consagrar al futuro rector de la universidad. El actual titular, el médico Ricardo Gelpi, está habilitado para acceder a un nuevo mandato, aunque no definió aún si buscará su reelección.

“No debería haber grandes cambios en la relación de fuerzas”, estimó un observador que conoce el paño de la UBA. La elección se desarrolla durante toda la semana, hasta el viernes, aunque en algunas facultades se concentra la votación en dos días (en Farmacia, martes y jueves, y en Odontología, miércoles y jueves) e incluso en una sola jornada (en Ingeniería, el miércoles).

La caída del salario docente, que el Frente Reformista estima en un 50%, se suma a otros indicadores negativos, como la reducción del presupuesto y del número de becas universitarias, atribuidos a la gestión de Milei. “El conflicto pone a todos del mismo lado”, estiman cerca de la conducción de la UBA, al asignarle un carácter plebiscitario a los resultados de la votación.

A diferencia de la izquierda combativa, la conducción reformista de la UBA desestima los paros de profesores y de los no docentes. “Se evita la toma de facultades y se promueve, en cambio, el paro ‘a la japonesa’, como la protesta realizada la semana pasada en la plaza Houssay, donde alumnos, profesores y médicos ofrecieron clases públicas y servicios de salud gratuitos a la comunidad, que beneficiaron a más de 6000 vecinos”, explicaron a .

“Los paros son funcionales al Gobierno, que quiere desfinanciar y paralizar a la universidad”, declaró hace unos días el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, una voz influyente en el Consejo Superior, donde ocupa un asiento en representación del claustro de profesores.

Las principales fuerzas de la UBA reclaman al gobierno de Milei la convocatoria a paritarias, como lo fija el artículo 5 de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso en octubre pasado y que la administración libertaria impugnó ante la Corte Suprema. La misma norma obliga a una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles.

En 2024, Somos Libres se había presentado como expresión del mileísmo en cuatro facultades: Medicina, Ciencias Económicas, Ingeniería y FADU. Ahora suman presencia en Farmacia y en Ciencias Sociales, pero declinaron postular candidatos en FADU. “Priorizamos ahora las facultades en las que pensamos que nos puede ir mejor”, explicó a Juan Martín Agosti, líder de la corriente en Medicina, donde en 2024 duplicaron los votos que habían logrado en 2022.

“La expectativa es salir segundos en Medicina y en Económicas, y pelear el primer puesto en Ingeniería”, arriesgó Agosti.

Somos Libres es parte de Universitarios por la Libertad, agrupación nacional que empezó a competir en distintas universidades, como Rosario, donde La Libertad Avanza conquistó algunos consejeros y delegados.

Frente al debate sobre el financiamiento universitario, el referente de Somos Libres dijo que “los estudiantes están muy preocupados por conocer lo que propone el Gobierno: auditorías, manejo transparente del presupuesto, una ejecución más eficiente y una apertura parcial de la facultad cuando hay paros docentes”, resumió.

CÓRDOBA.- El riojano Ricardo Quintela renovó los reclamos por la disputa de límites con San Juan. Ahora dudó de la validez de los acuerdos limítrofes vigentes desde 1968 y planteó que deberían ser revisados por carecer de legitimidad democrática. Sumó ese ingrediente a la resolución judicial que, a instancias de una presentación de la Fiscalía de Estado riojana, suspendió por 30 días algunas actividades del proyecto de cobre Vicuña.

Ese proyecto está instalado en San Juan pero su logística atraviesa La Rioja. La semana pasada, la jueza María Greta Decker -de la Cámara de Chilecito- suspendió por 30 días las actividades vinculadas al proyecto minero, bloqueó el tránsito de maquinaria y suministros y cerró los caminos estratégicos en territorio riojano.

La magistrada consideró que no se presentó el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente en La Rioja. Vicuña es el proyecto minero más importante de San Juan y uno de los más significativos del país, por lo que la tensión es seguida de cerca por la Casa Rosada.

En una entrevista en AM750, Quintela sostuvo que la soberanía sobre la zona donde se asienta el yacimiento y sobre el área de Ischigualasto (el parque provincial sanjuanino) debe ser definida por el Senado nacional. Planteó que los límites vigentes fueron firmados por gobernadores de facto durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. No fue un único tratado “integral”, sino que formó parte de un conjunto de acuerdos técnicos y administrativos que luego fueron convalidados por normativa nacional.

“El conflicto es con la empresa -afirmó Quintela-, pero la provincia de San Juan debe tener un gesto de generosidad. Lo he hablado antes con (Sergio) Uñac, no con el gobernador actual”. Eso dijo sobre la polémica por la minera, y agregó la necesidad de redefinir límites.

Ante el reclamo riojano por la minera, el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, precisó hace unos días que en el informe de impacto ambiental que le pide la Justicia de La Rioja a la empresa en relación al camino, “San Juan no tiene nada que ver”.

El mandatario afirmó que la legalidad de la jurisdicción sanjuanina sobre el proyecto Josemaría es inobjetable: “Evidentemente eso es un convenio resuelto hace mucho tiempo, por dos gobernadores de la provincia y una ley representada por el Congreso de la Nación”.

“De continuar con esta política de opresión, de asfixia al pueblo argentino, naturalmente no llega al 10 de diciembre. Consideramos que rápidamente la sociedad, más temprano que tarde, va a reaccionar para que modifique la política”, insistió Quintela cuando lo consultaron sobre el fallo judicial que lo absolvió de las acusaciones de intimidación pública, sedición y atentado contra el orden constitucional.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 dispuso a comienzos de este mes el archivo definitivo de la causa al considerar que las expresiones de los dirigentes se dieron en un contexto de debate político.