CÓRDOBA.- El riojano Ricardo Quintela renovó los reclamos por la disputa de límites con San Juan. Ahora dudó de la validez de los acuerdos limítrofes vigentes desde 1968 y planteó que deberían ser revisados por carecer de legitimidad democrática. Sumó ese ingrediente a la resolución judicial que, a instancias de una presentación de la Fiscalía de Estado riojana, suspendió por 30 días algunas actividades del proyecto de cobre Vicuña.

Ese proyecto está instalado en San Juan pero su logística atraviesa La Rioja. La semana pasada, la jueza María Greta Decker -de la Cámara de Chilecito- suspendió por 30 días las actividades vinculadas al proyecto minero, bloqueó el tránsito de maquinaria y suministros y cerró los caminos estratégicos en territorio riojano.

La magistrada consideró que no se presentó el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente en La Rioja. Vicuña es el proyecto minero más importante de San Juan y uno de los más significativos del país, por lo que la tensión es seguida de cerca por la Casa Rosada.

En una entrevista en AM750, Quintela sostuvo que la soberanía sobre la zona donde se asienta el yacimiento y sobre el área de Ischigualasto (el parque provincial sanjuanino) debe ser definida por el Senado nacional. Planteó que los límites vigentes fueron firmados por gobernadores de facto durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. No fue un único tratado “integral”, sino que formó parte de un conjunto de acuerdos técnicos y administrativos que luego fueron convalidados por normativa nacional.

“El conflicto es con la empresa -afirmó Quintela-, pero la provincia de San Juan debe tener un gesto de generosidad. Lo he hablado antes con (Sergio) Uñac, no con el gobernador actual”. Eso dijo sobre la polémica por la minera, y agregó la necesidad de redefinir límites.

Ante el reclamo riojano por la minera, el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, precisó hace unos días que en el informe de impacto ambiental que le pide la Justicia de La Rioja a la empresa en relación al camino, “San Juan no tiene nada que ver”.

El mandatario afirmó que la legalidad de la jurisdicción sanjuanina sobre el proyecto Josemaría es inobjetable: “Evidentemente eso es un convenio resuelto hace mucho tiempo, por dos gobernadores de la provincia y una ley representada por el Congreso de la Nación”.

“De continuar con esta política de opresión, de asfixia al pueblo argentino, naturalmente no llega al 10 de diciembre. Consideramos que rápidamente la sociedad, más temprano que tarde, va a reaccionar para que modifique la política”, insistió Quintela cuando lo consultaron sobre el fallo judicial que lo absolvió de las acusaciones de intimidación pública, sedición y atentado contra el orden constitucional.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 dispuso a comienzos de este mes el archivo definitivo de la causa al considerar que las expresiones de los dirigentes se dieron en un contexto de debate político.

El juez federal Ariel Lijo avanzó con la causa por los funcionarios y legisladores que sacaron créditos del Banco Nación por centenares de miles de dólares y pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga un exhaustivo análisis de los préstamos otorgados en los últimos tres años.

Lo hizo luego de que el fiscal Gerardo Pollicita requirió e impulsó la causa contra once acusados, entre ellos cuatro funcionarios, seis diputados y un empleado legislativo, al tiempo que pidió realizar una decena de medidas de prueba para saber si los créditos se otorgaron cumpliendo los requisitos del banco.

Lijo concentra las causas más sensibles que tiene el gobierno en su contra: la causa de los sobreprecios y cartelización en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el caso del supuesto enriquecimiento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora el caso de los créditos del Banco Nación.

Los denunciados por la legisladora Mónica Frade de la Coalición Cívica son Juan Pablo Carreira, conocido en X como “Juan Doe”, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, dedicada a desmentir a periodistas ($113 millones); Pedro Inchauspe, director del Banco Central ($510 millones); y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior ($510 millones).

También fueron apuntados Federico Furiase, secretario de Finanzas ($376 millones); Emiliano José Mongilardi, director de YPF ($309 millones); Sharif Menem, sobrino y mano derecha de Martín Menem ($357 millones); y los diputados libertarios Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

El Banco Nación se presentó en la causa y aportó un informe con los antecedentes de estos créditos, dijeron fuentes de la entidad a .

Lijo le solicitó al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, que a la mayor brevedad posible efectúe “una amplia auditoría de la política de otorgamiento de créditos hipotecarios” del Banco Nación para identificar “posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos hipotecarios y quiénes habrían sido sus destinatarios”.

Por eso, el juez les pidió “individualizar y analizar la política crediticia” del Banco Nación, además de revisar “la reglamentación aplicable, la normativa interna vigente, las comunicaciones, circulares, manuales de procedimiento e instructivos”. Es decir, todo aquello que sirva para dejar claros los hechos.

Además, Lijo dispuso informar del asunto a la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación.

La AGN es un organismo que depende del Congreso y está integrado por las diversas fuerzas políticas. Es de todos los organismos de control el que exhibe mayor independencia.

La medida de Lijo se dio luego de que el fiscal Pollicita impulsara el caso. Pollicita pidió y Lijo dispuso que Santiago Bausili, presidente del Banco Central, informe el marco legal y normativo, las comunicaciones, circulares y todos los instrumentos técnicos que regulan el procedimiento de otorgamiento de créditos hipotecarios para las entidades financieras, incluido el Banco de la Nación Argentina.

Debe informar los cambios que hubo desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Asimismo, debe informarse los cargos que ocupan Furiase e Inchauspe, receptores de créditos.

En septiembre de 2024, bajo la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman, el Banco Nación, para salir a competir con otras entidades en las licitaciones destinadas a pagar los sueldos de la administración pública, ofertó productos bancarios como créditos, destinados a empleados y funcionarios

El juez Lijo le pidió al Banco Nación los legajos de cliente y las carpetas de los créditos que otorgó entre 2023 y la actualidad, con relación a Furiase, Carreira, Inchauspe, Núñez, Mongilardi, Mariano Campero, Santurio, Villaverde, Bongiovanni, Sharif Menem, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio.

Son todos legisladores y funcionarios mencionados en diversas denuncias que tomaron información de informes periodísticos que alertaban sobre los créditos.

Lo que se investiga en esta causa es si los créditos se otorgaron de manera indebida, irregular, por fuera de los requisitos previstos en la normativa.

En ese marco, el juez Lijo quiere los informes de titularidad del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal o de las jurisdicciones, sus recibos de sueldo, comprobantes de facturación, de consumos, gastos o ingresos presentados por el titular del préstamo y las personas asociadas al crédito.

También procura verificar los contratos de preaprobación del crédito firmados por los interesados y las cuentas mediante las cuales se pagaría el crédito, además de los movimientos registrados.

El juzgado busca también tener los manuales de “Riesgos crediticios” del banco. Pretende que se informe si en los casos denunciados se cumplieron “estándares normativos” y si se emitió algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

El juez requirió los documentos mediante los cuales se compraron las propiedades, las constancias de evaluación crediticia, copia de las escrituras, forma de pago de los montos abonados por el cliente y comisiones abonadas.

Lijo le pidió al Banco Nación que haga un informe con las modificaciones o flexibilizaciones sufridas por el marco legal y normativo y cómo se informó de ellas a los clientes, empleados y funcionarios.

También deberán enviar al juzgado todos los expedientes administrativos completos a partir de los cuales se originaron las líneas de crédito reguladas para empleados del sector público.

El juez quiere conocer el proceso de otorgamiento de un crédito hipotecario, cuánto demora, los pasos internos que recorre el legajo, la documentación requerida, las áreas del banco involucradas y los informes y tareas que se realizan hasta la aprobación.

A su vez, Lijo pretende saber el número total de créditos hipotecarios efectivamente otorgados, desde el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, discriminándose la cantidad nominal de créditos y el monto dinerario insumido. También, según se trate de empleados, funcionarios de la administración pública nacional, de organismos descentralizados, autárquicos y legisladores nacionales.

Debe informarse la cantidad nominal de crédito, el monto de dinero otorgado y el porcentaje de la cartera de créditos hipotecarios otorgados desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Deberá informar el Banco Nación si detectó irregularidades, inconsistencias o eventuales incumplimientos de la normativa financiera en relación con esas operaciones.

A la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, le pidió que informe los cargos que ocuparon en la administración pública nacional los investigados Furiase, Carreira, Núñez y Mongilardi.

En tanto, a la Cámara de Diputados le solicitó que le informe desde cuándo tienen mandato y en qué bloque los legisladores de LLA investigados, y el cargo que ocupó Sharif Menem desde diciembre de 2023.