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POLITICA

La Justicia ordenó nuevas medidas en la causa por los créditos del Banco Nación y pidió legajos de funcionarios

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El juez Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y asesores vinculados al oficialismo. La decisión respondió a un pedido del fiscal Gerardo Policita e incluyó una auditoría general de los préstamos y la solicitud de documentación detallada sobre los beneficiarios.

Entre las medidas, el magistrado requirió los legajos de Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio. Se trata de integrantes del Ministerio de Economía, directores de organismos, diputados nacionales y asesores.

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La resolución también alcanzó al Banco Central, al que se le pidió que informe qué cargos ocuparon Furiase e Inchauspe desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, junto con los decretos, resoluciones y actos administrativos correspondientes.

Auditoría y documentación de los créditos

El eje central de la medida apunta a relevar en detalle cómo se otorgaron los créditos. Lijo ordenó acceder a las carpetas presentadas por los beneficiarios, que incluyen información sobre ingresos, solicitudes y las propiedades a adquirir, con el objetivo de verificar si cumplían con las condiciones requeridas.

Felipe Núñez y Federico Furiase, los dos funcionarios de Luis Caputo que tomaron créditos hipotecarios en el Banco Nación. (Foto: X/@Felii_N)

Además, el juez solicitó al Banco Central que remita todo el marco legal, normativo y las comunicaciones vigentes sobre los procedimientos para la adjudicación de créditos hipotecarios en el sistema financiero, en el que se inscribe el Banco Nación.

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La operatoria de los préstamos otorgados por el Banco Nación alcanzó montos de hasta US$350.000.

Funcionarios y cargos bajo análisis

Entre los nombres incluidos en el requerimiento judicial aparecen figuras con roles clave en la gestión económica y legislativa de Javier Milei. Furiase se desempeña como secretario de Finanzas, mientras que Inchauspe es director del Banco Central. Núñez integra el Banco de Inversión y Comercio Exterior.

También figuran Juan Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial; Mongilardi, director de YPF; y un grupo de diputados nacionales como Campero, Santurio, Villaverde, Bongiovanni, Frías y Carrancio. A ellos se suma Sharif Menem, asesor del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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Tras la difusión del caso, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron a respaldar a los funcionarios involucrados.

“Los tomaron por recomendación mía”, afirmó Caputo, y agregó que “no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral” en el otorgamiento de los créditos. El ministro calificó de “realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”.

La causa quedó ahora centrada en el análisis de la documentación y en la auditoría ordenada por el juez, que buscará determinar si existieron irregularidades en el acceso a los préstamos.

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Créditos hipotecarios, Banco Nación, Banco Central, BNA

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El intendente de Berazategui declaró como testigo en una causa que investiga una supuesta oferta económica para atacarlo

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El intendente de Berazategui, Carlos Balor (Partido Justicialista), declaró como testigo en una fiscalía de esa localidad por una causa en la que se investiga un supuesto plan para atentar contra su vida. El jefe comunal, sucesor en el cargo de Juan José Mussi (fallecido hace casi un año), manifestó preocupación por su familia y relató que tomó conocimiento de la situación por el relato de un concejal.

Balor prestó declaración testimonial en la fiscalía Nº2 de Berazategui, en la que desde el 3 de noviembre está radicada una denuncia de un comerciante que afirma haber recibido un ofrecimiento de US$50.000 para atacar al jefe comunal. El denunciante es Alejandro Villarreal, que acusa a Roberto Chorne, un dirigente que desde hace meses realiza pintadas en Berazategui deslizando una posible candidatura a la intendencia.

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En la denuncia, a la que tuvo acceso , Villarreal (propietario de una parrilla) dijo que conoce a Chorne desde hace 20 años y que, a mediados de septiembre, el hombre se acercó a su domicilio “en un automóvil Mercedes Benz, de alta gama, color beige”, y le mostró “cinco fajos con billetes de dólares estadounidenses (sería la suma de 50.000 dólares) y un arma tipo pistola marca Bersa modelo Thuder Mini con una funda negra”.

Siempre según la denuncia de Villarreal, tras exhibirle el dinero y el arma, Chorne le consultó: “¿Harías un laburo en San Miguel O Palomar para apagarle la luz a uno?”. El denunciante afirma haber rechazado el ofrecimiento y que, a continuación, Chorne le dijo: “¿Y al ‘Turco’ Balor?“. Tras otra negativa, el denunciante dijo en sede policial que Chorne le manifestó: “Yo necesito sacarlo del juego al Turco Balor y después te doy un gabinete”. En la denuncia consta que Villarreal señalo también que “tiempo atrás estuvo privado de su libertad y que el señor Chorne conoce su pasado”.

Al declarar como testigo este jueves, Balor contó un concejal se contactó con él y le dijo que se encontraba acompañado por una persona que le contó “que le ofrecieron plata y un arma para ir contra él”, según informaron a desde la Municipalidad de Berazategui. Balor le respondió que, “si es verdad, esa persona debería hacer la denuncia donde corresponda”.

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“A los días, lo notificaron de que esa persona había hecho la denuncia contra quien le había ofrecido dinero y un arma. Carlos manifestó su preocupación por su familia, que es ajeno a las denuncias que se hacen entre ellos en este momento, y que no cuenta con más información”, sostuvieron desde la comuna.

El viernes pasado, la casa de Chorne, ubicada en la calle 147 de Berazategui, fue allanada por orden de la fiscal Silvia Borrone. En el procedimiento, se secuestraron una pistola marca Bersa modelo Thunder, con un cargador y 15 municiones calibre 9 milímetros; otro cargador con 11 municiones calibre 40; una caja con 50 municiones calibre 22 milímetros, y una caja de color azul para transporte de armamento. El acusado no estaba en el domicilio, pero sí su esposa y su hijo.

Chorne, en tanto, se desligó de las acusaciones. En un video que subió a sus cuentas de redes sociales, habló de “las pavadas que están saliendo” (por la acusación en su contra) en “los medios locales pagos por el municipio, pagos por el señor Carlos Balor”.

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“Inventaron algo tremendamente descabellado en mi contra, me allanaron mi casa por un expresidiario al que le pagaron para que me haga una denuncia falsa”, sostuvo Balor en un video que subió a su cuenta de TikTok, en el que aseguró ser “legítimo usuario” de las armas que le secuestraron.



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Suspensión de las PASO: el Gobierno acelera los acuerdos con los gobernadores y confía en lograr la media sanción en el Senado

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Después de negociaciones hasta última hora para firmar el dictamen de la reforma electoral, la Casa Rosada asegura que cuenta con los votos para suspender las PASO la próxima semana en el Senado y este jueves ratificó el avance de los acuerdos políticos con los gobernadores aliados, que deberán aportar los votos en el Congreso.

Así lo hizo esta mañana el jefe de Gabinete, Diego Santilli, principal interlocutor del Gobierno con las provincias, durante la inauguración de la Cumbre de la Minería en Mendoza. Allí, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, Santilli se mostró junto a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

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Tal como adelantó TN, además de la articulación de Patricia Bullrich con los bloques aliados en el Senado, Santilli logró cerrar el acompañamiento de los gobernadores dialoguistas al proyecto electoral oficialista. La prenda de negociación fue la conformación de listas legislativas nacionales conjuntas en lugar del sistema de listas colectoras que solicitaban los mandatarios radicales y que finalmente fue retirado del texto por la resistencia de algunos espacios y la propia exministra de Seguridad.

“Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobernador Cornejo en materia nacional, que tiene que ver con la integración en el Senado y en Diputados”, ratificó en rueda de prensa el jefe de Gabinete, que aclaró que continúan las negociaciones por la competencia provincial, donde las definiciones serán tomadas más adelante.

Diego Santilli y Martín Menem con gobernadores aliados en Mendoza. (Foto: X @alfredocornejo)

Ese es uno de los puntos más sensibles en la negociación con las provincias, donde los gobernadores reclaman que se les respete sus territorios y el control de sus legislaturas locales, además de su representación en el Congreso nacional. En el caso de Mendoza, esa discusión tiene un nombre propio: Luis Petri. El exministro de Defensa aspira disputar la gobernación, algo que podría romper el vínculo del oficialismo con Alfredo Cornejo, que quiere que su sucesor salga de su propio espacio, Cambia Mendoza.

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Esa discusión, que se replica en las diferentes provincias donde La Libertad Avanza considera que llega con buen margen para competir, hace meses genera diferencias internas en la mesa política del Gobierno, donde aparecen dos grupos que pujan entre cerrar los acuerdos electorales con los gobernadores lo antes posible para garantizar el apoyo en el Congreso y brindar certidumbre a los mercados; y quienes buscaban demorar el cierre de las negociaciones para garantizar el peso del armado de La Libertad Avanza en los distritos.

El Gobierno ratificó el principio de acuerdo electoral con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que aportará sus votos en el Senado para la suspensión de las PASO. (Foto: X @alfredocornejo)
El Gobierno ratificó el principio de acuerdo electoral con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que aportará sus votos en el Senado para la suspensión de las PASO. (Foto: X @alfredocornejo)

Sin embargo, la Casa Rosada busca postergar para 2027 la definición de nombres propios, la distribución de bancas y la decisión de si compite o no en cada provincia, en un año donde la gran mayoría de los distritos apunta a desdoblar sus elecciones. Aun así, cerca del ministro coordinador aseguran que los términos pactados alcanzan para conseguir los 37 votos necesarios en el Senado para lograr la media sanción de una de las prioridades políticas de Javier Milei: suspender las PASO.

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La Corte Suprema dejó firme la destitución del exjuez federal Walter Bento

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La Corte Suprema dejó firme la destitución de Walter Bento como juez federal de Mendoza, al confirmar la validez del jury que lo encontró responsable por mal desempeño. Bento, además, está condenado en la justicia penal a 18 años de prisión y una multa de más de $540 millones como jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas y al lavado de activos.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo había removido en noviembre de 2023. Casi tres años después, fue condenado por un tribunal oral.

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Ahora la Corte Suprema de Justicia revisó su destitución. El máximo tribunal desestimó el recurso de queja que presentó Bento contra ese fallo.

Sostuvo la Corte que Bento no logró demostrar “patentes violaciones a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio”, que es el único supuesto en que el máximo tribunal puede revisar un juicio político.

Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:Carlos Fernando Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo LorenzettiCorte Suprema

Firmaron la decisión los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Leopoldo Bruglia, Carolina Robiglio y Juan Fernando Perozziello Vizier.

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El titular de la Corte, Horacio Rosatti, quien también preside el Consejo de la Magistratura que investigó a Bento, se excusó de intervenir y el máximo tribunal aceptó su apartamiento.

El mismo día, la Corte resolvió otra queja de Bento, la del expediente CSJ 2380/2023, contra el rechazo de las recusaciones que había planteado durante el jury.

Bento era juez federal de Mendoza con competencia electoral desde 2005. Es decir, controlaba las elecciones nacionales en esa jurisdicción.

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Fue destituido el 8 de noviembre de 2023 por seis votos contra uno: votó en disidencia el entonces presidente del Jurado, Javier de la Fuente.

Ese mismo día, Bento quedó detenido. En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza lo condenó a 18 años de prisión como jefe de una asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.

El Jurado de Enjuiciamiento lo removió por maniobrar para entorpecer la investigación en su contra, haber vendido un inmueble sin declarar su condición de persona políticamente expuesta, haber obtenido un crédito hipotecario para vivienda única pese a tener varias propiedades, haber omitido información en sus declaraciones juradas y haberse inscripto en un concurso para la Cámara Federal de Casación Penal a pesar de que no reunía las condiciones.

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El principal planteo de la defensa, a cargo de Mariano Fragueiro Frías, fue la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que reformó el Consejo de la Magistratura y dejó en el Jurado un solo representante de los abogados.

El artículo 115 de la Constitución dice que el jury se integra con “legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal”. Según Bento, ese plural obliga a que haya al menos dos miembros por estamento.

“Su razonamiento es endeble”, respondió la Corte. Para rebatirlo, concluyó que la Constitución usa un “plural genérico”. Es decir, el artículo indica qué sectores deben integrar el Jurado, no cuántos representantes tiene cada uno.

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Bento también cuestionó la imparcialidad de dos legisladores de Juntos por el Cambio que integraban el jury.

El exjuez había argumentado que se violó su presunción de inocencia, porque lo habían destituido por delitos que todavía no tenían condena.

La Corte respondió que el planteo era “ostensiblemente infundado” y recordó que el jury había dejado de lado las acusaciones penales al destituirlo para centrarse en sus conductas “impropias para un juez federal”.

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En su fallo, la Corte enumeró esas acciones de Bento. Por ejemplo, señaló que el juez destituido pidió informes a la Dirección Nacional de Migraciones y al Registro de la Propiedad Inmueble para saber si había restricciones sobre él o sobre sus bienes; o pidió a la empresa telefónica el cambio del chip de un celular que la justicia le había requerido días antes.

Y dejó una nota manuscrita en su caja de seguridad, dirigida al juez que lo investigaba, que fue encontrada en el allanamiento: “Puigdengolas lee!!! Por favor”, le decía en alusión al juez Eduardo Puigdéngolas que lo procesó como líder de una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de beneficios judiciales.

La Corte señaló que Bento no negó esos hechos durante el juicio político y que incluso admitió algunos. Dijo que la nota de la caja fuerte había sido un “pedido de clemencia” ante “la impotencia que sufría ante la vulneración de sus derechos como imputado”.

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