La morosidad en Argentina alcanzó el nivel más alto de las últimas dos décadas. El endeudamiento de los hogares y el estallido de la irregularidad en las billeteras virtuales dibujaron un escenario crítico en el sistema financiero.

El nivel de morosidad en el sector privado trepó hasta 7,6% en mayo pasado, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Se trata del pico después de 19 meses consecutivos de aumentos.

El deterioro en el pago de los créditos se concentra con especial fuerza en las familias, donde el índice de morosidad en los bancos escaló del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026, reflejando una crisis de ingresos estructural que golpea directamente a los hogares argentinos.

Los préstamos personales y las tarjetas de crédito son los productos más castigados. La mora en préstamos personales alcanzó el 14,9%, mientras que en tarjetas de crédito llegó al 12,5%.

Juntos, estos dos tipos de crédito representan el 73% del saldo irregular total del sistema. La concentración del problema en estos instrumentos refleja cómo las familias intentan sostener el consumo básico a través del endeudamiento.

Las billeteras virtuales muestran cifras de morosidad que superan los peores momentos de la pandemia

En las fintech y billeteras virtuales, la situación presenta números aún más preocupantes. La mora saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo periodo analizado.

Este porcentaje incluso perforó el récord histórico que se había registrado durante la pandemia de covid. Las billeteras virtuales, que operan con menores controles de riesgo crediticio, se convirtieron en el epicentro de la crisis de impagos.

El informe destaca que de los 20,9 millones de deudores que existen en el sistema, 5,8 millones ya se encuentran en situación de mora. Los datos surgen de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU).

Esto significa que casi 3 de cada 10 personas con deudas no pueden cumplir con sus pagos. La magnitud del problema alcanza proporciones que exigen una mirada de política pública urgente.

Los jóvenes y las provincias del interior lideran el ranking de incumplimiento

En cuanto al perfil del deudor afectado, el trabajo refleja que casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 34 años son morosos, y en la franja de hasta 24 años la tasa de irregularidad alcanza el 40,9%, revelando que las generaciones más jóvenes enfrentan las mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros.

En relación al género, la cantidad de morosos se reparte casi equitativamente. Los varones representan el 50,2% de los morosos, mientras las mujeres alcanzan el 49,8%.

Sin embargo, existen diferencias en el tipo de endeudamiento: los varones tienden a endeudarse más con bancos tradicionales, mientras las mujeres recurren con mayor frecuencia a billeteras virtuales.

A nivel geográfico, la región de Cuyo y el NOA presentan los niveles más altos de incumplimiento. La Rioja lidera con 22,8% de morosidad, seguida por San Luis con 20,1% y Catamarca con 20,0%.

En el otro extremo, La Pampa registra el nivel más bajo con 9,1%, mientras que CABA alcanza el 10,1%. La brecha entre provincias revela desigualdades estructurales en el acceso al empleo y los ingresos.

Las empresas también sufren pero la construcción es el sector más golpeado

Aunque la morosidad corporativa es menor a la de los hogares, también muestra una tendencia ascendente. El nivel de irregularidad en empresas alcanza el 3,0%, pero afecta de manera desigual al entramado productivo.

La construcción es el sector más afectado con un 7,0% de irregularidad. Le siguen el sector de alojamiento y servicios de comida con 6,9%, y las actividades administrativas con 5,5%.

Estos sectores, intensivos en mano de obra y altamente sensibles al ciclo económico, reflejan el impacto de la recesión sobre las empresas que operan en la economía real.

El Gobierno y los economistas chocan por las causas reales de la morosidad récord

El informe de CEPA confronta directamente el diagnóstico oficial. El Gobierno atribuye la morosidad al «desconocimiento financiero», a «gastos irresponsables» o a la especulación con una posible devaluación.

Por el contrario, el estudio concluye que la causa estructural es la fuerte caída del salario real tanto a nivel público como privado, que acumula una retracción de entre el 8,7% y el 18,7% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mostrando que el endeudamiento refleja una insuficiencia de ingresos y no consumos irresponsables.

Según CEPA, el problema se agrava por tasas de interés reales muy elevadas y un escaso control del riesgo por parte de las billeteras virtuales. La combinación de salarios deprimidos y crédito caro genera una trampa de endeudamiento.

Al escenario crítico actual se le suma que recientemente el presidente del BCRA, Alejandro Werning, afirmó que comenzará un nuevo ciclo crediticio «más saludable y selectivo». Esto significa que las entidades proveedoras de crédito dejarán de considerar sujeto de crédito a aquellos que refinancian sus deudas.

CEPA remarcó al respecto que resulta irreal que el crédito se vuelva en el corto plazo un motor de crecimiento como el Gobierno espera. Con 5,8 millones de personas en mora y salarios reales cayendo, la expansión del crédito enfrenta límites estructurales que no se resuelven solo con ajustes de política monetaria.

El campo argentino llegó al tradicional acto de apertura de la Exposición Rural de Palermo con el reclamo histórico intacto —la eliminación total de las retenciones— y se fue sin el anuncio que esperaba. Pero las principales entidades del sector celebraron el discurso del presidente Javier Milei con una valoración que excede lo tributario: el reconocimiento explícito al agro como motor de la economía y, sobre todo, la ratificación del equilibrio fiscal como condición innegociable antes de avanzar en cualquier quita impositiva.

El tono lo marcó Milei desde el arranque. “Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes», afirmó ante productores y dirigentes rurales en el predio de Palermo, en un acto que se realizó un domingo —en lugar del tradicional sábado— por cuestiones de agenda presidencial. El mandatario llegó pasadas las 11 acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

El discurso de casi 40 minutos no incluyó anuncios de nuevas bajas de derechos de exportación, algo que ya había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su visita al predio el jueves de la semana pasada. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, había dicho Caputo el jueves, en referencia al esquema escalonado de reducción de retenciones anunciado en mayo.

Ese plan prevé un costo fiscal de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028, con bajas mensuales que alcanzan a todos los cultivos desde el año próximo. En soja -el principal producto de exportación argentino-, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes a lo largo de 2027, desde 23,75% hasta 21%, para luego bajar medio punto mensual durante 2028.

El pasaje del discurso que más resonó en el sector fue la respuesta de Milei al reclamo del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien minutos antes había pedido que los derechos de exportación “dejen de existir, por ley y para siempre” y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos USD 215.000 millones por ese concepto. La respuesta presidencial fue una ecuación: el crecimiento de los sectores energético y minero financiará la eliminación definitiva de las retenciones.

“Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido. Entendemos que eliminarlas es una obsesión para nuestro Gobierno y hemos dado muchos avances en esa dirección. No le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos”, afirmó Milei. Y precisó: “El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento de un campo pujante en las próximas décadas”.

La lógica oficial es que la pérdida de recaudación que implica avanzar hacia la quita total de derechos de exportación pueda compensarse con los ingresos provenientes del despegue exportador del petróleo, el gas y la minería —sectores que hoy generan divisas crecientes y que, a diferencia del agro, no cargan con retenciones de la misma magnitud.

El discurso de Pino combinó la exigencia con el reconocimiento. El titular de la SRA enumeró los logros de la gestión Milei —reducción de la inflación, equilibrio fiscal, estabilidad cambiaria, baja del riesgo país— y cuantificó en unos USD 6.000 millones la suma que el campo no pagó en retenciones durante el mandato actual, dinero que, según dijo, se reinvirtió “en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras”. Pero la demanda de fondo no cedió: “Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”.

Sin embargo, Pino también apuntó contra los impuestos provinciales y las tasas municipales, en línea con el discurso económico oficial. Acusó a las provincias de crear “aduanas internas, prohibidas por la misma Constitución Nacional” mediante el cobro de gravámenes por el traslado de mercadería entre distritos, y reclamó el fin del “manejo arbitrario del impuesto a los ingresos brutos” y de las tasas viales “que no se traducen en obras”.

Sobre las limitaciones en materia de infraestructura, dijo que el atraso en caminos rurales, trenes, puertos y obras de prevención de inundaciones —mencionó en particular la cuenca del río Salado— forma parte del “famoso costo argentino” que daña la competitividad del sector. Milei respondió a ese punto con dos anuncios concretos: la privatización del Belgrano Cargas y la adjudicación de la hidrovía, presentados como herramientas para reducir los costos logísticos del agro.

La recepción del discurso presidencial entre las principales entidades del sector fue positiva. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC —la cámara de las empresas agroexportadoras que representa alrededor del 50% de las exportaciones argentinas—, destacó que Milei “ratificó el camino a través de las negociaciones de apertura de mercados y las nuevas inversiones portuarias y de industrialización de soja y girasol”. Para Idígoras, la adjudicación de la vía navegable troncal y la próxima licitación del Belgrano Cargas son “los motores de las exportaciones del país” y generarán “más producción, más empleo y más exportaciones”.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano valoró que Milei haya puesto el foco en la certidumbre y la hoja de ruta a largo plazo, algo que considera indispensable para un sector cuyas actividades “exceden los períodos presidenciales”. Magnano reconoció que el escenario ideal hubiera sido la quita total de retenciones, pero entendió los límites del Gobierno: “Ha dado hasta donde puede sin comprometer el equilibrio fiscal, que es una de las variables innegociables”, afirmó, y agregó que ese camino “me parece correcto”.

Esa última frase sintetiza el estado de ánimo del sector tras la Rural: el campo sigue sin las retenciones cero que reclama desde hace décadas, pero encuentra en el superávit fiscal —una conquista que el propio agro siempre exigió como condición de sustentabilidad macroeconómica— una razón para acompañar el ritmo gradual que propone el Gobierno. La cosecha 2025-2026, con una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y más de 164 millones de toneladas de granos, muestra que el sector produce a máxima capacidad incluso con “una mano atada a la espalda”, como dijo el propio Milei.

El vino argentino sigue atravesando un período de caída de consumo en el mercado interno que parece no tener fin. Según estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el dato que resume la magnitud del fenómeno es el del consumo per cápita. Tras un 2025 marcado por un récord histórico negativo, el 2026 continúa mostrando una tendencia a la baja.

Para entender este fenómeno, resulta interesante primero repasar lo ocurrido en el pasado inmediato. En 2025 los argentinos tomaron 16,1 litros de vino por habitante, la cifra más baja de toda la serie histórica. Ese registro profundiza una caída que viene de arrastre desde hace varias décadas. Sin ir más lejos, en apenas veinte años, el promedio se redujo a poco más de la mitad.

Lo que más preocupa a la industria es que el arranque de 2026 no muestra señales de que esa tendencia se revierta. El acumulado de los primeros cinco meses del año arrojó un consumo de 6,07 litros per cápita, contra los 6,11 litros en el mismo período de 2025.

Es un dato que debe leerse con cuidado: la comparación corresponde al acumulado enero-mayo de ambos años y no debe confundirse con el consumo total del año pasado completo, que fue el de 16,1 litros mencionado anteriormente. Son magnitudes de distinta naturaleza, ya que una corresponde a cinco meses y la otra a los doce del año. Pero sí queda claro que, mes a mes, el ritmo de consumo viene por debajo del de 2025, que a su vez ya había sido un año de mínimos históricos.

Al observar el detalle mensual del INV se advierte que la comparación no fue pareja a lo largo del cuatrimestre. Enero y marzo de este año mostraron un consumo per cápita levemente superior al de igual mes de 2025, mientras que febrero, abril y -sobre todo- mayo marcaron retrocesos más marcados.

En el quinto mes del año, el consumo per cápita fue de 1,22 litros por habitante, frente a los 1,30 litros del mismo mes del año pasado, una baja de 5,6 por ciento. Ese resultado terminó de inclinar el acumulado a la baja y explica buena parte de la diferencia entre los primeros cinco primeros meses de ambos años.

El comportamiento del consumo per cápita está directamente asociado a la evolución del mercado interno, que también mostró un año arranque flojo. En mayo de 2026 se comercializaron 568.853 hectolitros en todo el país, un volumen 5,5% menor al de igual mes de 2025. Ese resultado también implicó una caída de 2,2% respecto de abril de este año, lo que muestra que la demanda no logró sostener el repunte que había mostrado en marzo.

En el acumulado de los cinco meses, el mercado interno totalizó 2.821.143 hectolitros, una baja de 0,4% frente a igual período de 2025. Se trata de una diferencia más acotada que la registrada en el mes de mayo aislado, lo que indica que hubo meses del cuatrimestre previo con mejor desempeño relativo, como marzo, que había crecido 8,8% interanual.

Detrás de esos números agregados también se observan corrimientos en el tipo de vino que eligen los consumidores. En el acumulado a mayo, los vinos sin mención varietal crecieron 12,8% frente a 2025, mientras que los varietales cayeron 26,3% en el mismo período.

Los vinos blancos, por su parte, aumentaron 4,9% en lo que va del año, en contraste con los vinos de color, que retrocedieron 2,1%. Ese desplazamiento hacia productos de menor valor relativo convive con la caída general del volumen comercializado y forma parte del mismo proceso de ajuste que atraviesa el consumo interno.

En cuanto a los envases, la tendencia también se sostuvo: el tetra brik creció 7,7% en el acumulado a mayo y ya representa más de un tercio de las ventas totales, mientras que la botella, que sigue siendo el formato mayoritario, retrocedió 3,8% en el mismo lapso. Entre ambos envases concentran más del 97% de lo que se despacha en el mercado interno, por lo que cualquier variación en sus proporciones termina definiendo el comportamiento general de las ventas de vino en el país.