El Ministerio Público de Guatemala investiga un número indeterminado de denuncias contra Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno durante la presidencia de Alejandro Giammattei, por presunto lavado de dinero y crimen organizado.

El fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, aseguró que las pesquisas también alcanzan a familiares y allegados del exfuncionario y anticipó nuevas diligencias en una causa bajo reserva.

Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que el miércoles 23 de septiembre realizó 13 allanamientos en propiedades vinculadas a la familia de Martínez. Los operativos incluyeron la residencia de sus padres en Jocotenango, Sacatepéquez; inmuebles en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, lugar de origen del exfuncionario; y propiedades en la ciudad de Guatemala.

Durante los procedimientos, ejecutados con apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y la Policía Nacional Civil, fueron incautados teléfonos celulares, dispositivos USB y documentos vinculados con la administración gubernamental. García Luna calificó esa intervención como la primera de una serie de acciones judiciales relacionadas con el caso.

El fiscal general confirmó las pesquisas durante la presentación de su informe de gestión tras sus primeros cuatro meses al frente de la institución. Afirmó: “Del señor Miguel Martínez yo le puedo decir que hay un sinnúmero de denuncias, todas se están investigando, la mayoría son en lavado de dinero, pero también en crimen organizado”.

El poder de Martínez durante el gobierno de Giammattei

Martínez, conocido en el ámbito político como “Miguelito”, ocupó la jefatura del Centro de Gobierno gracias a su cercanía personal con Giammattei. La comisión fue creada en enero de 2020 para supervisar a los ministerios y concentró atribuciones que generaron cuestionamientos de distintos sectores.

La entidad contó con un presupuesto superior a Q 6 millones y su titular percibía un salario mensual de Q 42 mil. El Centro de Gobierno fue disuelto en diciembre de ese mismo año, después de roces con el entonces vicepresidente Guillermo Castillo y críticas de organizaciones sociales.

García Luna señaló que no divulgará la cantidad de expedientes abiertos ni las fiscalías que intervienen en cada uno, debido a razones de estrategia procesal. Las actuaciones, explicó, no se limitan al exfuncionario y abarcan a personas de su círculo directo con algún vínculo familiar o personal.

Consultado sobre una posible filtración antes de los allanamientos, reconoció que ese fenómeno “es evidente” en algunos casos dentro del Ministerio Público. También sostuvo que el departamento de prensa de la institución difundirá con mayor apertura la información pública disponible.

Las sanciones de Estados Unidos y Reino Unido

Los señalamientos contra Martínez también derivaron en sanciones internacionales. El 1 de diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en las restricciones de la Ley Global Magnitsky por presuntamente solicitar sobornos durante la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el covid-19 e intervenir en adjudicaciones de contratos públicos en beneficio de sus intereses.

La medida implicó el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones dentro de su sistema financiero. Reino Unido adoptó restricciones similares en abril de 2025.

El exjefe del Centro de Gobierno demandó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros ante la Corte del Distrito de Columbia, representado por el abogado Alexei Schacht. En julio de 2026, la jueza federal Beryl A. Howell rechazó su petición al determinar que el Departamento del Tesoro contaba con pruebas sustanciales para mantener las sanciones.

Tras esa decisión, la defensa presentó en agosto pasado un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia para intentar revertir el bloqueo de sus activos en el exterior.

García Luna rechazó que las investigaciones respondan a criterios políticos y aseguró que el Ministerio Público no mantiene relación directa con funcionarios de gobiernos actuales o anteriores. “No somos políticos, no somos de ningún partido político y eso nos da la solvencia de poder investigar cualquier denuncia de forma objetiva, imparcial”, sostuvo.

Durante la gestión de la anterior fiscal general, Consuelo Porras, varias denuncias contra Martínez fueron desestimadas y ninguna prosperó.

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La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, prevé que la vía interoceánica mantenga 32 tránsitos diarios hasta diciembre, sin aplicar nuevos recortes durante los meses restantes de 2026.

Las lluvias de finales de agosto y septiembre mejoraron los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela y dieron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un margen mayor al previsto para sostener sus operaciones.

Durante el Simposio Industrial de Sostenibilidad, Energía y Agua, Espino de Marotta explicó que las condiciones hídricas han evolucionado mejor que en los escenarios iniciales.

La ACP ya había reducido la capacidad de 36 a 32 buques diarios y el calado máximo de los Neopanamax de 50 a 48 pies. Por ahora, espera mantener ambos parámetros mientras observa las lluvias de octubre y noviembre.

La administradora sostuvo que la recuperación no elimina la presión de la próxima estación seca. La prioridad será almacenar suficiente agua para abastecer a la población y permitir el paso de buques durante los meses sin lluvias.

«Si tenemos un octubre y noviembre muy buenos», dijo, el Canal podría evitar nuevos recortes de tránsitos y afrontar el verano en mejores condiciones que durante la sequía de 2023.

Los primeros 21 días de septiembre dejaron precipitaciones superiores al promedio histórico en la cuenca canalera, después de cuatro meses con déficit de lluvias. El 25 de septiembre, el lago Gatún registraba 84,64 pies y Alhajuela, 242,92 pies.

La mejoría de ambos embalses sostiene la operación actual de la vía, aunque la ACP seguirá evaluando sus reservas antes de la estación seca.

Espino de Marotta recordó que las restricciones de 2023 obligaron a reducir los tránsitos hasta 24 buques diarios durante parte de la crisis hídrica.

Para las navieras, explicó, la previsibilidad es fundamental: deben conocer con anticipación cuánto pueden cargar y cuándo podrán cruzar. Una reducción frecuente de calado o cupos afecta la confiabilidad comercial del Canal, incluso cuando la vía continúa operando.

La respuesta a largo plazo es el proyecto del lago de río Indio, aprobado por la Junta Directiva de la ACP en 2025. La administradora explicó que permitirá almacenar agua para enviarla por gravedad hacia Gatún mediante un túnel de aproximadamente 8,7 kilómetros. La obra contempla una presa principal y tres auxiliares, con una inversión estimada de $1.500 millones.

De ese monto, alrededor de $400 millones se destinarían a mitigación ambiental y reasentamiento, según las cifras expuestas por Espino de Marotta. El diseño conceptual registra un avance cercano al 35% y la ACP proyecta licitar la construcción en 2027.

La administradora calcula que el nuevo lago dará seguridad hídrica durante 50 años y permitirá sostener tanto el consumo humano como la actividad canalera.

Uno de los trabajos en marcha consiste en preparar las conexiones viales de la zona. Espino de Marotta informó que ya fueron adjudicadas tres carreteras permanentes, por un monto conjunto cercano a $30 millones, para mejorar la comunicación entre comunidades y facilitar el desarrollo del proyecto. La ACP estima que unas 8.000 personas se beneficiarán de estas vías.

La entidad también actualiza la línea base ambiental del proyecto y prevé presentar el estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente en el primer trimestre de 2027.

La evaluación será de categoría III e incluirá espacios de participación pública en Panamá Oeste, Colón y Coclé. En paralelo, se identifican terrenos para el reasentamiento de las familias que viven en la futura área del lago.

Espino de Marotta describió ese reasentamiento como la parte más compleja de Río Indio. Tras nueve meses de conversaciones y más de 200 reuniones, la ACP acordó un marco de compensación con las comunidades. El plan incluye nuevos terrenos con título de propiedad, viviendas y apoyo para restablecer las actividades económicas de las familias afectadas.

Para el año fiscal 2027, que comienza en octubre de 2026, el presupuesto del Canal prevé ejecutar $82 millones en Río Indio. Estos recursos corresponden a la etapa de desarrollo del proyecto y forman parte de la inversión total prevista para el futuro lago. La ACP ha señalado que financiará la iniciativa con recursos propios.

La estrategia de inversión incluye además dos nuevas terminales portuarias, en Corozal y Telfers, una a cada lado del Canal.

Según la administradora, aportarían capacidad para movilizar entre cinco y seis millones de contenedores adicionales. La ACP recibió propuestas para la precalificación el 9 de julio y evalúa qué empresas podrán participar en la siguiente fase de los procesos.

Otro proyecto es un corredor energético por la ribera oeste, planteado para transportar productos como propano, butano o etano.

La ACP recibió propuestas de precalificación el 23 de julio y trabaja en la definición del alcance antes de avanzar con la licitación. Espino de Marotta señaló que el traslado de estos productos por tierra liberaría capacidad en las esclusas Neopanamax para otros buques.

La administradora mencionó igualmente un corredor logístico estimado en unos $1.780 millones, que extendería la conectividad por la ribera oeste hasta el puente Atlántico.

Estas iniciativas forman parte de la visión de crecimiento del Canal para la próxima década. Mientras avanzan sus estudios y procesos de selección, la prioridad inmediata sigue siendo conservar agua para mantener los 32 tránsitos diarios hasta diciembre.

FIRST ON FOX: Former New Jersey Lt. Gov. Dale Caldwell insisted on camera Friday that he resigned «to make a difference» rather than impede Gov. Mikie Sherrill, while directly disputing the findings of a sexual harassment and ethics probe that forced him from office.

Caldwell’s departure came just one day after Democratic Gov. Mikie Sherrill publicly called for his resignation following a months-long independent ethics investigation. The 61-page report described repeated ethics violations, including a «substantiated» finding of sexual harassment and repeated improper efforts to secure a state job promotion for a woman with whom he was romantically involved.

Speaking on camera for the first time since his resignation to a reporter outside his home, Caldwell slammed the state’s investigative report as «specious,» «ridiculous» and «poorly done,» adding he resigned to keep any «distraction» away from the Sherrill administration.

«I’m not resigning because of that ridiculous report,» Caldwell said on camera. «I’m resigning because I don’t want to be a distraction to the Mikie Sherrill administration.

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«If I’m going to impede anybody else’s ability to be successful, then I can move on to something else,» Caldwell added, citing his history as a university president and working at the Deloitte consulting firm.

When pressed about the allegations in the report, Caldwell encouraged people to go read it for themselves but said he was only providing specifics through his attorney for now.

«I just think it was poorly done. It was poorly done. I mean, I just think that there are ways that they could have done better. And I was just disappointed in the legal, the legal work in that,» Caldwell added.

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Caldwell also mentioned that he spoke with Gov. Sherrill via text message Friday, noting «she’s a wonderful person» and «she really means well» but did not provide any more specifics on that conversation.

«This is one of those things that happens. And as I said, I’m going to continue to work as a private citizen,» Caldwell said. «I’m freed up to do a lot more things. So, I’m looking forward to supporting the administration and really supporting folks.»

According to the probe into Caldwell’s behavior, conducted by an independent law firm hired by the state, Caldwell violated ethics rules after telling a female staffer that «you young women are looking for young sperm» after she told him her younger friend was not interested in a romantic relationship with him. 

Investigators concluded the remark constituted sexual harassment and found Caldwell’s denial that he made it was not credible. Other findings from the probe included violations of the code of conduct and ethics around bringing guests to ticketed events without reimbursement and seeking a promotion for a state employee with whom he had a romantic relationship.

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Lawyers for Caldwell said Thursday they «strongly disputed the three findings in the investigation» because its conclusions «go further than the evidence supports,» according to NBC News.

But Sherrill pushed back on the criticism from Thomas Calcagni, Caldwell’s lawyer, of the investigation, saying she thought it was «very thorough,» adding it «lays out exactly what the investigation looked into, who they contacted and spoke to, and I think lays out a pattern and practice of long-term concerning behavior.» 

She also called the claims of sexual harassment «substantiated» and said Caldwell continued to violate standards despite «multiple» violations and ethics trainings.

Caldwell was also serving as New Jersey’s secretary of state, heading an office that oversees elections. Sherrill said Friday that the state’s acting comptroller, Shirley Emehelu, would become acting secretary of state with just weeks to go until the midterm elections.

Under the New Jersey State Constitution, a vacancy in the office of the lieutenant governor must be permanently filled by the governor within 45 days. Addressing the transition, Sherrill confirmed she will appoint a permanent successor within that constitutionally mandated 45-day window but stated she does not plan to name an acting lieutenant governor in the interim.

Without an interim lieutenant governor in place, the line of gubernatorial succession falls to Senate President Nicholas Scutari in the event of an emergency or if Sherrill leaves the state before a permanent appointment is made.

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