INTERNACIONAL
Las lluvias dan margen al Canal de Panamá para evitar nuevos recortes este año

La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, prevé que la vía interoceánica mantenga 32 tránsitos diarios hasta diciembre, sin aplicar nuevos recortes durante los meses restantes de 2026.
Las lluvias de finales de agosto y septiembre mejoraron los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela y dieron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un margen mayor al previsto para sostener sus operaciones.
Durante el Simposio Industrial de Sostenibilidad, Energía y Agua, Espino de Marotta explicó que las condiciones hídricas han evolucionado mejor que en los escenarios iniciales.
La ACP ya había reducido la capacidad de 36 a 32 buques diarios y el calado máximo de los Neopanamax de 50 a 48 pies. Por ahora, espera mantener ambos parámetros mientras observa las lluvias de octubre y noviembre.
La administradora sostuvo que la recuperación no elimina la presión de la próxima estación seca. La prioridad será almacenar suficiente agua para abastecer a la población y permitir el paso de buques durante los meses sin lluvias.
«Si tenemos un octubre y noviembre muy buenos», dijo, el Canal podría evitar nuevos recortes de tránsitos y afrontar el verano en mejores condiciones que durante la sequía de 2023.
Los primeros 21 días de septiembre dejaron precipitaciones superiores al promedio histórico en la cuenca canalera, después de cuatro meses con déficit de lluvias. El 25 de septiembre, el lago Gatún registraba 84,64 pies y Alhajuela, 242,92 pies.
La mejoría de ambos embalses sostiene la operación actual de la vía, aunque la ACP seguirá evaluando sus reservas antes de la estación seca.
Espino de Marotta recordó que las restricciones de 2023 obligaron a reducir los tránsitos hasta 24 buques diarios durante parte de la crisis hídrica.
Para las navieras, explicó, la previsibilidad es fundamental: deben conocer con anticipación cuánto pueden cargar y cuándo podrán cruzar. Una reducción frecuente de calado o cupos afecta la confiabilidad comercial del Canal, incluso cuando la vía continúa operando.
La respuesta a largo plazo es el proyecto del lago de río Indio, aprobado por la Junta Directiva de la ACP en 2025. La administradora explicó que permitirá almacenar agua para enviarla por gravedad hacia Gatún mediante un túnel de aproximadamente 8,7 kilómetros. La obra contempla una presa principal y tres auxiliares, con una inversión estimada de $1.500 millones.
De ese monto, alrededor de $400 millones se destinarían a mitigación ambiental y reasentamiento, según las cifras expuestas por Espino de Marotta. El diseño conceptual registra un avance cercano al 35% y la ACP proyecta licitar la construcción en 2027.
La administradora calcula que el nuevo lago dará seguridad hídrica durante 50 años y permitirá sostener tanto el consumo humano como la actividad canalera.
Uno de los trabajos en marcha consiste en preparar las conexiones viales de la zona. Espino de Marotta informó que ya fueron adjudicadas tres carreteras permanentes, por un monto conjunto cercano a $30 millones, para mejorar la comunicación entre comunidades y facilitar el desarrollo del proyecto. La ACP estima que unas 8.000 personas se beneficiarán de estas vías.

La entidad también actualiza la línea base ambiental del proyecto y prevé presentar el estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente en el primer trimestre de 2027.
La evaluación será de categoría III e incluirá espacios de participación pública en Panamá Oeste, Colón y Coclé. En paralelo, se identifican terrenos para el reasentamiento de las familias que viven en la futura área del lago.
Espino de Marotta describió ese reasentamiento como la parte más compleja de Río Indio. Tras nueve meses de conversaciones y más de 200 reuniones, la ACP acordó un marco de compensación con las comunidades. El plan incluye nuevos terrenos con título de propiedad, viviendas y apoyo para restablecer las actividades económicas de las familias afectadas.
Para el año fiscal 2027, que comienza en octubre de 2026, el presupuesto del Canal prevé ejecutar $82 millones en Río Indio. Estos recursos corresponden a la etapa de desarrollo del proyecto y forman parte de la inversión total prevista para el futuro lago. La ACP ha señalado que financiará la iniciativa con recursos propios.
La estrategia de inversión incluye además dos nuevas terminales portuarias, en Corozal y Telfers, una a cada lado del Canal.

Según la administradora, aportarían capacidad para movilizar entre cinco y seis millones de contenedores adicionales. La ACP recibió propuestas para la precalificación el 9 de julio y evalúa qué empresas podrán participar en la siguiente fase de los procesos.
Otro proyecto es un corredor energético por la ribera oeste, planteado para transportar productos como propano, butano o etano.
La ACP recibió propuestas de precalificación el 23 de julio y trabaja en la definición del alcance antes de avanzar con la licitación. Espino de Marotta señaló que el traslado de estos productos por tierra liberaría capacidad en las esclusas Neopanamax para otros buques.
La administradora mencionó igualmente un corredor logístico estimado en unos $1.780 millones, que extendería la conectividad por la ribera oeste hasta el puente Atlántico.
Estas iniciativas forman parte de la visión de crecimiento del Canal para la próxima década. Mientras avanzan sus estudios y procesos de selección, la prioridad inmediata sigue siendo conservar agua para mantener los 32 tránsitos diarios hasta diciembre.
INTERNACIONAL
Unearthed: El-Sayed called for repealing law that made sex without disclosing HIV status a felony

Democratic Senate nominee Abdul El-Sayed once called for repealing a Michigan law that made it a felony for people who knew they had HIV to have sex without first informing their partner — a position he is standing by eight years later as he campaigns in one of the nation’s most competitive Senate races
As he unsuccessfully ran for Michigan governor in 2018, El-Sayed repeatedly took aim at the law. The law carried a prison sentence of up to four years for people who knew they were HIV-positive and engaged in sexual penetration without first informing their partner of their HIV status.
«You should not be criminalized for a disease. That is absolutely wrong. It’s hateful. It’s discriminatory, and we can, as a state, do better. You can count on me for that,» El-Sayed said as he ran for governor.
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Fast-forward eight years and El-Sayed, an epidemiologist and a former health director for Detroit-anchored Wayne County, is battling former Republican Rep. Mike Rogers in the midterm race to succeed retiring Democratic Sen. Gary Peters. The showdown in Michigan is a must hold for the Democrats as they try to win back control of the Senate from the GOP.
As he ran for the 2018 Democratic gubernatorial nomination — a contest he lost to now-two-term Gov. Gretchen Whitmer — El-Sayed’s campaign website stated, «Repeal HIV/AIDS criminalization laws and the exclusion of transgender Michiganders from state Medicaid.»
When asked in 2018 if he supported the decriminalization of HIV through legislation that would create two levels of misdemeanors, El-Sayed said at the time, «One of the big things that we have to recognize about HIV is that no disease can be illegal. The continuing forward of these laws on the books stigmatize people with the disease.»
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Whitmer also supported changing the law, which dated to 1988, saying as she ran for governor, «It’s wrong to criminalize sickness, which is what this law has effectively done. It absolutely should be revisited.»
The law was reformed in early 2019, after passing a GOP-controlled legislature with broad bipartisan support. The revised statute limited the felony provisions to vaginal and anal intercourse involving an intent to transmit HIV or cases in which HIV was actually transmitted, reduced certain non-transmission offenses to misdemeanors and protected medically suppressed people from prosecution under the law’s reckless-disregard provision.
«Abdul supports the bipartisan reform bill that passed in 2019 through a Republican legislature that eliminated the discriminatory laws on the books,» campaign spokesperson Roxie Richner told Digital. «As a public health professional, Abdul has fought to support programs that stem the spread of diseases, including HIV.»
Richner added that «the Trump administration has completely exacerbated this crisis by defunding the organizations and programs that do frontline care to prevent transmission and exposure in the first place. In the US Senate, Abdul will fight back against Donald Trump and RFK Jr’s attempts to dismantle our public health infrastructure and ensure all Americans have access to the care they need.»
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El-Sayed also stands by his past comments on fighting discrimination aimed at those with HIV.
Last week, as he landed an endorsement from the Human Rights Campaign, a leading LGBTQ advocacy group, El-Sayed highlighted that if elected to the Senate, «I’ll fight to ensure every Michigander can live without discrimination and never have to wonder whether their rights will still be there tomorrow.»
El-Sayed, who narrowly edged more moderate Democratic Rep. Haley Stevens in August in a contentious primary that further exposed the rift between the party’s left-wing and establishment factions, would become the nation’s first Muslim senator if elected.
He has made support for «Medicare for all» a major component of his campaign. El-Sayed has also called for abolishing Immigration and Customs Enforcement and has been a vocal critic of Israel during its war against Hamas, characterizing Israel’s actions in Gaza as «genocide» against Palestinians.
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INTERNACIONAL
WATCH: Former Dem Lt Gov reveals why he resigned after sexual harassment probe rocked state

FIRST ON FOX: Former New Jersey Lt. Gov. Dale Caldwell insisted on camera Friday that he resigned «to make a difference» rather than impede Gov. Mikie Sherrill, while directly disputing the findings of a sexual harassment and ethics probe that forced him from office.
Caldwell’s departure came just one day after Democratic Gov. Mikie Sherrill publicly called for his resignation following a months-long independent ethics investigation. The 61-page report described repeated ethics violations, including a «substantiated» finding of sexual harassment and repeated improper efforts to secure a state job promotion for a woman with whom he was romantically involved.
Speaking on camera for the first time since his resignation to a reporter outside his home, Caldwell slammed the state’s investigative report as «specious,» «ridiculous» and «poorly done,» adding he resigned to keep any «distraction» away from the Sherrill administration.
«I’m not resigning because of that ridiculous report,» Caldwell said on camera. «I’m resigning because I don’t want to be a distraction to the Mikie Sherrill administration.
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«If I’m going to impede anybody else’s ability to be successful, then I can move on to something else,» Caldwell added, citing his history as a university president and working at the Deloitte consulting firm.
When pressed about the allegations in the report, Caldwell encouraged people to go read it for themselves but said he was only providing specifics through his attorney for now.
«I just think it was poorly done. It was poorly done. I mean, I just think that there are ways that they could have done better. And I was just disappointed in the legal, the legal work in that,» Caldwell added.
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Caldwell also mentioned that he spoke with Gov. Sherrill via text message Friday, noting «she’s a wonderful person» and «she really means well» but did not provide any more specifics on that conversation.
«This is one of those things that happens. And as I said, I’m going to continue to work as a private citizen,» Caldwell said. «I’m freed up to do a lot more things. So, I’m looking forward to supporting the administration and really supporting folks.»
According to the probe into Caldwell’s behavior, conducted by an independent law firm hired by the state, Caldwell violated ethics rules after telling a female staffer that «you young women are looking for young sperm» after she told him her younger friend was not interested in a romantic relationship with him.
Investigators concluded the remark constituted sexual harassment and found Caldwell’s denial that he made it was not credible. Other findings from the probe included violations of the code of conduct and ethics around bringing guests to ticketed events without reimbursement and seeking a promotion for a state employee with whom he had a romantic relationship.
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Lawyers for Caldwell said Thursday they «strongly disputed the three findings in the investigation» because its conclusions «go further than the evidence supports,» according to NBC News.
But Sherrill pushed back on the criticism from Thomas Calcagni, Caldwell’s lawyer, of the investigation, saying she thought it was «very thorough,» adding it «lays out exactly what the investigation looked into, who they contacted and spoke to, and I think lays out a pattern and practice of long-term concerning behavior.»
She also called the claims of sexual harassment «substantiated» and said Caldwell continued to violate standards despite «multiple» violations and ethics trainings.
Caldwell was also serving as New Jersey’s secretary of state, heading an office that oversees elections. Sherrill said Friday that the state’s acting comptroller, Shirley Emehelu, would become acting secretary of state with just weeks to go until the midterm elections.
Under the New Jersey State Constitution, a vacancy in the office of the lieutenant governor must be permanently filled by the governor within 45 days. Addressing the transition, Sherrill confirmed she will appoint a permanent successor within that constitutionally mandated 45-day window but stated she does not plan to name an acting lieutenant governor in the interim.
Without an interim lieutenant governor in place, the line of gubernatorial succession falls to Senate President Nicholas Scutari in the event of an emergency or if Sherrill leaves the state before a permanent appointment is made.
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INTERNACIONAL
El policía cubano que perdió su trabajo por creer en Dios: tres décadas de persecución, multas y una familia vigilada

Carlos Alberto Montoya Policía en 1994 pasó de ser oficial cubano a denunciar décadas de hostigamiento político, religioso y económico después de comunicar a sus superiores que asistía a una iglesia y quería acercarse a Dios. Tres décadas más tarde, afirma que teme ser detenido nuevamente y que la persecución también afectó a su esposa y a sus hijos, según relató a Diario de Cuba.
Montoya tenía alrededor de 20 años cuando informó a sus jefes sobre su fe, poco antes del Maleconazo del 5 de agosto de 1994. Dice que la respuesta incluyó burlas, amenazas, su expulsión de la Unión de Jóvenes Comunistas y el intento de separarlo de forma deshonrosa de la Policía.
“Los resultados fueron terribles: no solamente la burla, sino también las amenazas, la expulsión de la militancia de la Unión de Jóvenes Comunistas y el intento de expulsarme deshonrosamente de la Policía”, recordó.
La fe religiosa como motivo de expulsión del Ministerio del Interior
La Contrainteligencia Militar lo detuvo después del Maleconazo y, tres días más tarde, le notificaron que había sido dado de baja del Ministerio del Interior. Montoya sostiene que permaneció privado de libertad pese a que ya no pertenecía a esa institución.
“Ya yo estaba fuera del MININT y, aun así, seguía siendo acosado y estaba preso por disposición de la Contrainteligencia Militar”, afirmó.

Durante varios días fue trasladado entre distintos lugares mientras aguardaba un supuesto proceso judicial. Finalmente regresó a su casa hasta la celebración de lo que describe como un “juicio de honor”, una reunión interna sin carácter penal.
Participaron oficiales de su rango y superiores que, según su relato, reconocieron sus resultados profesionales y su valor como militar. El cuestionamiento no se centraba en su desempeño, sino en que había adoptado la fe pentecostal.
“El problema es que Montoya ahora es pentecostal. Empezó a visitar la iglesia y ahora es cristiano. ¿Qué creen ustedes?”, recuerda que planteó el capitán político de su unidad ante los demás oficiales.
Sus antiguos compañeros le formularon preguntas hipotéticas sobre si su fe limitaría sus capacidades como agente. Uno de ellos le preguntó cómo actuaría si sorprendía a un cristiano robando en una bodega.
Montoya respondió que debía detenerlo: “Si es un cristiano que está robando, ya no está actuando como cristiano, porque la Biblia dice: ‘No robarás’. Tiene que ir preso”.
Otro oficial recurrió al mandamiento “No matarás” para preguntarle si sería capaz de proteger a un compañero durante un operativo. “Yo no confío en estar contigo en un operativo, porque si mañana alguien va a matarme y mi salvación depende de que tú mates a esa persona, como la Biblia dice ‘No matarás’, ¿qué haces? ¿Dejas que me maten?”, le dijo, según rememoró.

Montoya admitió que entonces, por su edad y su escaso conocimiento religioso, no pudo responder con claridad. “Cuando eso pase, ya veremos qué sucede. No sé qué pasará”, contestó.
Despidos, una multa y presión sobre sus hijos
La salida del Ministerio del Interior dio paso, según su denuncia, a una persecución laboral. Montoya asegura que agentes de la Seguridad del Estado acudían a cada empleo que conseguía y lograban que lo despidieran al poco tiempo de incorporarse.
“Dondequiera que yo iba a trabajar, ellos iban y me botaban. Al otro día de incorporarme me decían: ‘Usted no puede seguir trabajando’”, sostuvo.
El expolicía interpreta que el objetivo era someterlo mediante la precariedad económica e impedirle sostener a su familia. Como parte de esa presión, menciona una sanción de 48,000 pesos que, según afirma, buscaba obligarlo a entregar la licencia de su negocio.
“¿Para qué? Para que dejara el negocio y volviera a un estado de pobreza, sin economía para sostener a mi esposa y a mis hijos”, denunció.
Cuando se casó y formó una familia, desde 1999, sus hijos también quedaron expuestos a las consecuencias del conflicto. Criados en la fe de sus padres y en un hogar abiertamente anticomunista, se negaban a saludar la bandera y a cantar el Himno de Bayamo en la escuela.

Montoya afirma que las autoridades escolares los suspendieron y humillaron. En una ocasión, recuerda, una maestra intentó levantar por la fuerza la mano de su hijo Yohanan para obligarlo a saludar la bandera.
El padre considera que esas experiencias pueden llevar a los niños a rechazar la religión por asociarla con castigos o, por el contrario, a identificar al sistema político como responsable de la represión. “Gracias a Dios, mis dos hijos terminaron siendo anticomunistas y mantuvieron la fe”, dijo.
La Comunidad Noájida de Cuba y las secuelas del hostigamiento
Montoya es moreh, un término hebreo que significa maestro o instructor, de la Comunidad Noájida de Cuba. El noajismo, también llamado movimiento Bnei Noaj, es una corriente monoteísta destinada a personas no judías y vinculada con la tradición del judaísmo.
Sus seguidores no se convierten al judaísmo, sino que observan las Siete Leyes de Noé: las prohibiciones de idolatría, blasfemia, asesinato, robo, relaciones sexuales ilícitas y consumo de una parte extraída de un animal vivo, además del deber de establecer sistemas de justicia. La tradición judía diferencia esos preceptos de los 613 mandamientos destinados al pueblo judío.
No considera una deshonra haber formado parte de la Policía. Por el contrario, sostiene que esa experiencia le permitió contrastar lo que aprendió dentro del aparato represivo con los derechos humanos y las garantías constitucionales.
“Para mí no es una vergüenza haber sido policía. Doy gracias a Dios porque estuve ahí y ahora sé lo que es eso”, afirmó. También dijo conocer “el impacto espiritual y psicológico de vivir bajo represión y bajo un constante asedio político”.
Las secuelas, asegura, siguen presentes en su vida diaria. Padece insomnio y permanece alerta ante la posibilidad de que lo arresten otra vez.
“No puedo conciliar el sueño. No duermo porque pienso que en algún momento voy a ser arrestado, que en algún momento van a llevarme”, confesó.

Sus hijos lo llaman con frecuencia para saber cómo se encuentra, mientras que su esposa se comunica con él cada pocos minutos cuando sale a trabajar. La familia teme que vuelva a ser detenido o desaparezca.
“Ellos temen que yo sea secuestrado de nuevo”, explicó.
En una etapa llevó una cadena para defenderse ante un posible ataque de policías o agentes vestidos de civil. Aún lucha, dice, contra pensamientos violentos vinculados con la posibilidad de sufrir una nueva agresión.
“Si me atacan en la calle, si me mandan a un esbirro vestido de civil para golpearme, pienso qué haría, si lo mato. Es un daño psicológico muy malo”, admitió.
“Soy una persona enferma. No duermo bien”, concluyó. “Estamos dañados psicológicamente por todo esto”.
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