Javier Milei presentó este domingo una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central. El Presidente publicó una extensa columna en Clarín donde detalló cinco cambios institucionales que buscan impedir que futuros gobiernos vuelvan a financiar el gasto público con emisión monetaria.

El mandatario defendió una transformación radical del BCRA. Sostuvo que la entidad es responsable del deterioro del peso argentino desde su creación en 1935.

Según Milei, el objetivo central de la reforma es «poner fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia» provocados por el uso del Banco Central como herramienta para cubrir déficits fiscales mediante la impresión de pesos.

A lo largo del texto, el jefe de Estado insistió en su diagnóstico conocido. «La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario», repitió.

Incluso planteó una pregunta más radical. ¿Debería existir el Banco Central? Y si existe, ¿bajo qué reglas debería funcionar?

La respuesta que da su propuesta es clara: el BCRA debe tener límites institucionales muy estrictos. Límites que eviten que la política vuelva a recurrir a la maquinita.

Por qué Milei quiere cambiar el Banco Central desde sus cimientos

En su columna, el Presidente repasó la evolución de la inflación argentina desde 1935. Criticó especialmente la reforma de la Carta Orgánica que impulsó el kirchnerismo en 2012.

Según Milei, ese cambio multiplicó los objetivos del BCRA. La entidad pasó a ocuparse del empleo, el desarrollo económico y la equidad social, además de preservar la estabilidad monetaria.

Esa multiplicidad de metas, argumentó el mandatario, sirvió como excusa para justificar la emisión. El Banco Central dejó de ser un guardián del peso y se convirtió en un financista del Estado.

El nuevo marco normativo que propone Milei busca establecer límites institucionales permanentes para evitar que el Banco Central vuelva a ser utilizado con fines políticos y garantizar que ningún gobierno futuro pueda volver a emitir para cubrir déficits.

La reforma también apunta a modificar el esquema de las Letras Intransferibles. Ese mecanismo permitió al gobierno anterior financiar gasto con reservas internacionales.

Las cinco propuestas concretas que impulsa el Gobierno

En el tramo final de su texto, Milei detalló los cambios específicos que busca incorporar a la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Son cinco modificaciones que estructuran su visión.

Primera propuesta: un único objetivo para el BCRA. La reforma elimina todos los otros mandatos y establece una sola misión: preservar el valor de la moneda.

Según el Presidente, esa modificación reconoce que la inflación tiene un origen exclusivamente monetario. No puede haber estabilidad de precios sin estabilidad monetaria.

Segunda propuesta: prohibición absoluta de financiar al Estado. El cambio impide que el Banco Central le preste dinero al Tesoro nacional, las provincias o los municipios.

También prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario. El objetivo es cortar de raíz la emisión para cubrir déficit fiscales.

Tercera propuesta: mayor independencia del presidente del BCRA. La reforma busca fortalecer la autonomía de las autoridades del Banco Central.

El mecanismo de designación no cambiaría. Pero la remoción del presidente y del directorio requeriría una mayoría agravada. Dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

Cuarta propuesta: limitar el uso de las ganancias del Banco Central. Los resultados derivados de la valorización de activos pasarían a integrar una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias de la administración de cartera solo podrían destinarse a cancelar deuda pública.

Esa modificación apunta a evitar que las utilidades del BCRA se usen para financiar gasto corriente. El dinero debe quedarse dentro de la entidad o reducir pasivos.

Quinta propuesta: derogar los cambios de 2012. El Presidente plantea eliminar las modificaciones introducidas durante el kirchnerismo en la Carta Orgánica.

Entre ellas, el esquema de Letras Intransferibles que permitió financiar al Estado con reservas internacionales. Ese mecanismo quedó en el centro de las críticas libertarias.

Qué otras reformas acompañan el cambio en el Banco Central

Milei aclaró que la reforma del BCRA debe complementarse con otras iniciativas. El cambio en la entidad monetaria no funciona solo.

Mencionó el equilibrio fiscal permanente, conocido como «déficit cero». También un mecanismo de «shutdown» para limitar el gasto público cuando se exceden los techos previstos.

Además incluyó una nueva ley de mercado de capitales. Y la desregulación del mercado de seguros, otra de las banderas del Gobierno.

En el cierre de su columna, el Presidente volvió a su frase central. Ese paquete de reformas permitirá terminar con «91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia».

Reiteró que el objetivo de su administración es consolidar un esquema institucional permanente. Un esquema que impida el regreso de la emisión monetaria para financiar al Estado, sin importar quién gobierne.

El vino argentino sigue atravesando un período de caída de consumo en el mercado interno que parece no tener fin. Según estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el dato que resume la magnitud del fenómeno es el del consumo per cápita. Tras un 2025 marcado por un récord histórico negativo, el 2026 continúa mostrando una tendencia a la baja.

Para entender este fenómeno, resulta interesante primero repasar lo ocurrido en el pasado inmediato. En 2025 los argentinos tomaron 16,1 litros de vino por habitante, la cifra más baja de toda la serie histórica. Ese registro profundiza una caída que viene de arrastre desde hace varias décadas. Sin ir más lejos, en apenas veinte años, el promedio se redujo a poco más de la mitad.

Lo que más preocupa a la industria es que el arranque de 2026 no muestra señales de que esa tendencia se revierta. El acumulado de los primeros cinco meses del año arrojó un consumo de 6,07 litros per cápita, contra los 6,11 litros en el mismo período de 2025.

Es un dato que debe leerse con cuidado: la comparación corresponde al acumulado enero-mayo de ambos años y no debe confundirse con el consumo total del año pasado completo, que fue el de 16,1 litros mencionado anteriormente. Son magnitudes de distinta naturaleza, ya que una corresponde a cinco meses y la otra a los doce del año. Pero sí queda claro que, mes a mes, el ritmo de consumo viene por debajo del de 2025, que a su vez ya había sido un año de mínimos históricos.

Al observar el detalle mensual del INV se advierte que la comparación no fue pareja a lo largo del cuatrimestre. Enero y marzo de este año mostraron un consumo per cápita levemente superior al de igual mes de 2025, mientras que febrero, abril y -sobre todo- mayo marcaron retrocesos más marcados.

En el quinto mes del año, el consumo per cápita fue de 1,22 litros por habitante, frente a los 1,30 litros del mismo mes del año pasado, una baja de 5,6 por ciento. Ese resultado terminó de inclinar el acumulado a la baja y explica buena parte de la diferencia entre los primeros cinco primeros meses de ambos años.

El comportamiento del consumo per cápita está directamente asociado a la evolución del mercado interno, que también mostró un año arranque flojo. En mayo de 2026 se comercializaron 568.853 hectolitros en todo el país, un volumen 5,5% menor al de igual mes de 2025. Ese resultado también implicó una caída de 2,2% respecto de abril de este año, lo que muestra que la demanda no logró sostener el repunte que había mostrado en marzo.

En el acumulado de los cinco meses, el mercado interno totalizó 2.821.143 hectolitros, una baja de 0,4% frente a igual período de 2025. Se trata de una diferencia más acotada que la registrada en el mes de mayo aislado, lo que indica que hubo meses del cuatrimestre previo con mejor desempeño relativo, como marzo, que había crecido 8,8% interanual.

Detrás de esos números agregados también se observan corrimientos en el tipo de vino que eligen los consumidores. En el acumulado a mayo, los vinos sin mención varietal crecieron 12,8% frente a 2025, mientras que los varietales cayeron 26,3% en el mismo período.

Los vinos blancos, por su parte, aumentaron 4,9% en lo que va del año, en contraste con los vinos de color, que retrocedieron 2,1%. Ese desplazamiento hacia productos de menor valor relativo convive con la caída general del volumen comercializado y forma parte del mismo proceso de ajuste que atraviesa el consumo interno.

En cuanto a los envases, la tendencia también se sostuvo: el tetra brik creció 7,7% en el acumulado a mayo y ya representa más de un tercio de las ventas totales, mientras que la botella, que sigue siendo el formato mayoritario, retrocedió 3,8% en el mismo lapso. Entre ambos envases concentran más del 97% de lo que se despacha en el mercado interno, por lo que cualquier variación en sus proporciones termina definiendo el comportamiento general de las ventas de vino en el país.

Luego de varias semanas de análisis y negociaciones políticas, el Gobierno prepara una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca modificar el esquema aprobado anteriormente y generar mayores incentivos para que los contribuyentes incorporen fondos que todavía permanecen fuera del circuito formal.

El proyecto será debatido en la Cámara de Diputados después del receso por las vacaciones de invierno y el oficialismo apunta a repetir la alianza legislativa que permitió aprobar la primera versión de la norma, con respaldo de bloques dialoguistas como el PRO, la UCR, Innovación Federal y sectores provinciales.

Sin embargo, más allá de la discusión política, el punto central de la iniciativa pasa por los cambios que propone sobre el régimen tributario y la relación entre los contribuyentes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El objetivo oficial es reducir los obstáculos que, según el Gobierno, todavía generan temor entre los ahorristas que tienen dólares no declarados o bienes que permanecen fuera del sistema financiero.

En qué consiste la nueva Ley de Inocencia Fiscal y las diferencias con el blanqueo

La Ley de Inocencia Fiscal busca modificar la forma en la que el fisco analiza determinadas inconsistencias entre los ingresos declarados por una persona y la evolución de su patrimonio.

La idea central del Gobierno es otorgar mayor previsibilidad a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y reducir el nivel de incertidumbre que, según el oficialismo, desalienta a muchos contribuyentes a formalizar sus ahorros.

En este sentido, la iniciativa apunta principalmente a dos cambios. Por un lado, ampliar el alcance del régimen simplificado de Ganancias y, por otro lado, modificar el margen de diferencia patrimonial que puede habilitar una revisión por parte del organismo recaudador.

A diferencia de un blanqueo tradicional, donde el Estado establece un mecanismo excepcional para declarar activos no registrados bajo determinadas condiciones, el esquema busca modificar reglas permanentes del sistema tributario.

El objetivo oficial es que una mayor cantidad de fondos ingresen al circuito formal mediante bancos, inversiones y consumo registrado.

En lugar de partir de la sospecha sobre el ciudadano, el esquema busca que sea el Estado el que deba acreditar la existencia de irregularidades cuando pretenda cuestionar una declaración.

En otras palabras, cambia el paradigma: el contribuyente deja de ser considerado potencialmente infractor por defecto y pasa a contar con una mayor presunción de exactitud de sus declaraciones juradas.

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que todavía existe una importante cantidad de dólares que permanecen fuera del sistema financiero formal.

Según estimaciones oficiales mencionadas durante la presentación de la iniciativa, el monto podría ubicarse en torno a los u$s170.000 millones, una cifra que el Gobierno busca incentivar para que vuelva a circular dentro de la economía.

Qué cambia en el régimen simplificado de Ganancias

Uno de los principales cambios que impulsa el proyecto está vinculado con el régimen simplificado de Ganancias, una herramienta que actualmente tiene un alcance limitado. Según la normativa vigente mencionada por el Gobierno, el beneficio está destinado a contribuyentes que cumplen determinados parámetros de ingresos y patrimonio.

En concreto, pueden acceder quienes registran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio total que no supera los $10.000 millones.

La modificación propuesta busca ampliar el universo de personas alcanzadas para que más contribuyentes puedan adherir al esquema simplificado.

La lógica oficial es que, al contar con reglas más claras y menos exposición a revisiones posteriores, más personas tengan incentivos para declarar sus activos y mantenerlos dentro del sistema formal.

Quiénes podrían quedar excluidos del nuevo régimen simplificado

La posibilidad de ampliar el régimen simplificado de Ganancias también abrió un debate sobre quiénes deberían poder acceder a ese beneficio.

En ese contexto, Unión por la Patria planteó que los funcionarios públicos y sus familiares, considerados contribuyentes políticamente expuestos, queden excluidos del esquema.

La propuesta surgió luego de que trascendiera que el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni utilizó la Ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada patrimonial.

A partir de ese caso, el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto paralelo que prohíbe a los funcionarios de los tres poderes del Estado adherir al régimen simplificado de Ganancias mientras permanezcan en funciones.

Por el momento, esa restricción no forma parte del proyecto impulsado por el Gobierno, sino que constituye una iniciativa presentada por la oposición y deberá debatirse durante el tratamiento legislativo.